Derecho Penal: Funciones y Normas

Los elementos necesarios para la autorrealización y desarrollo personal en la sociedad.

Aquello que protege al individuo, como la vida, la salud, la libertad, el honor, etc.

Aquello que protege al conjunto de la sociedad, como la salud pública, el medio ambiente, la seguridad, la justicia, etc.

La valoración de los bienes jurídicos puede cambiar a lo largo del tiempo.

El poder de los grupos dominantes puede influir en la definición de los bienes jurídicos.

Estudio crítico y objetivo del concepto de bien jurídico.

La necesidad de proteger los bienes jurídicos para asegurar la convivencia pacífica.

Un concepto que no se limita a proteger intereses del grupo dominante, sino que busca el bien común y la justicia.

Rama de la ciencia del derecho penal que estudia el delito como un fenómeno social y biopsicológico, analizándolo desde sus causas y proponiendo soluciones para prevenirlo o controlarlo.

Rama de la ciencia del derecho penal que estudia el delito y sus consecuencias como un fenómeno jurídico regulado por normas legales.

Método de investigación utilizado por la criminología que se basa en estudios sociológicos, antropológicos o ambos, para comprender la naturaleza social e individual del delito.

Método de investigación utilizado por la jurídico-dogmática que se enfoca en interpretar y sistematizar las normas jurídicas relacionadas al delito y sus consecuencias.

Es un estudio sistemático y científico del derecho penal, con el objetivo de comprender, organizar y analizar las normas penales.

Proceso de interpretación de textos legales, considerando su origen, contexto, principios y relación con otras normas jurídicas.

Examina, sistematiza y critica el derecho penal positivo, incluyendo no solo el contenido de las normas, sino también la realidad social que regulan, los intereses que protegen y los fines que buscan.

Se basa en un proceso técnico-jurídico para analizar el derecho penal.

La idea de que la amenaza de castigo disuade a las personas de cometer delitos. Se basa en la intimidación para evitar que se realice la conducta prohibida.

Se refiere a la aplicación de la pena al delincuente, buscando evitar que vuelva a cometer el delito. Se enfoca en la rehabilitación y la reinserción social.

La pena debe ser proporcional a la gravedad del delito cometido, no puede ser menor ni mayor que la pena establecida por la ley.

La idea de que la pena debe ser proporcional al daño causado por el delito. La pena debe ser equivalente al mal causado.

La pena debe ser aplicada de forma que inspire respeto por la ley y sus valores en la sociedad.

La norma penal establece un delito como supuesto de hecho y la consecuencia juridica es la pena o una medida de seguridad.

Es un artículo del Código Penal que define un delito específico y su pena.

No hay que confundir la norma penal (una regla jurídica) con un artículo específico del Código Penal (parte de un libro jurídico).

El principio de legalidad se mantiene si la ley establece claramente los elementos de una prohibición, siempre y cuando se permita la referencia a otras normas (legales o reglamentarias) de forma explícita, justificada y para aspectos secundarios o no esenciales de la misma.

Los tratados internacionales ratificados por España forman parte del sistema jurídico interno una vez publicados en el BOE.

Los tratados internacionales, especialmente en materia penal, normalmente no definen delitos ni establecen penas que se puedan aplicar directamente. Se requiere una ley específica para aplicarlos.

Las normas de la Unión Europea, aunque no tienen eficacia penal directa, pueden armonizar el Derecho Penal entre los Estados miembros para luchar contra delitos graves como el terrorismo.

El art. 20.7 del Código Penal exime de responsabilidad criminal a quien actúa en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

La jurisprudencia, aunque no es fuente del Derecho penal, puede complementar el ordenamiento jurídico y afectar la aplicación de la ley.

La reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene un gran valor para el conocimiento del Derecho vigente, aunque no es obligatoria para otros tribunales.

La doctrina científica no es fuente del Derecho penal, pero ofrece análisis y opiniones relevantes sobre la interpretación de la ley.

El principio de protección de bienes jurídicos establece que solo se deben castigar los ataques a los fundamentos esenciales de la convivencia.

El principio de proporcionalidad significa que la pena aplicada debe ser justa y equilibrada con la gravedad de la acción criminal, teniendo en cuenta el bien jurídico afectado.

Este principio limita la intervención penal a los ataques graves o muy graves a bienes jurídicos fundamentales. Por ejemplo, un robo no es tan grave como un asesinato, por lo que la pena será diferente.

El Derecho penal tiene un rol subsidiario, significa que solo debe utilizarse cuando otras alternativas como la mediación o la justicia restaurativa no son suficientes.

El Derecho penal se centra en proteger algunos bienes jurídicos importantes; no intenta proteger absolutamente TODO. Por ejemplo, la ley penal no se enfoca en los delitos más leves, como el robo de un caramelo.

Prohibición de castigar el pensamiento o sentimientos no demostrados. Solo los actos externos que se puedan probar pueden ser castigados.

El Derecho penal debe ser menos intrusivo, evitando penas graves si se pueden lograr los mismos resultados con sanciones menos fuertes.

El Derecho penal no debe usarse cuando se pueden lograr los mismos efectos por otros medios, como una mediación o un programa social.

La analogía «in bonam partem» es la aplicación de una norma a un caso no previsto en ella pero que, en principio, podría ser considerado por similitud con los casos ya regulados. Se utiliza para beneficiar al reo, otorgándole un trato más favorable.

El principio 'non bis in idem' prohíbe que un mismo hecho sea sancionado más de una vez por el mismo organismo.

La analogía 'in bonam partem' es considerada prohibida por el artículo 4.3 del Código Penal (CP), que establece el deber del tribunal de acudir al Gobierno para solicitar la modificación de la ley o la concesión de indultos en casos de aplicación rígida que resulten injustas.

El principio de legalidad exige que las leyes solo puedan aplicarse a los casos que se encuentran expresamente previstos en ellas. No se puede aplicar una ley a un caso que no se menciona en ella.

El 'non bis in idem' tiene consecuencias en la relación entre el derecho penal y otras ramas del ordenamiento jurídico, ya que impide que se sancione un mismo hecho por el derecho penal y el derecho administrativo.

El principio 'non bis in idem' solo se aplica si el sujeto se encuentra en relación de sujeción especial con la Administración. Es decir, si tiene una relación especial con la organización pública.

El 'non bis in idem' también se aplica en el ámbito del derecho penal, evitando que se sancione un mismo hecho con dos penas distintas.

El 'non bis in idem' garantiza que las autoridades de un mismo orden no sancionen repetidamente el mismo hecho a través de procedimientos distintos.