1. Obligaciones y Contratos Mercantiles

El Derecho mercantil se caracteriza por su ritmo rápido, mientras que el Derecho civil por su ritmo lento. Esta distinción ha sido tradicionalmente utilizada para justificar la regulación diferenciada de contratos y obligaciones en ambos ámbitos.

Se plantea la posibilidad de unificar el Derecho privado, aproximando las normas que regulan contratos y obligaciones tanto en el ámbito mercantil como en el civil.

El sistema jurídico español regula ampliamente las obligaciones en el ámbito mercantil. Gran parte del Derecho mercantil codificado se centra en las obligaciones.

Una obligación es un vínculo jurídico que obliga a una persona (deudor) a realizar una prestación a favor de otra (acreedor).

Los elementos de una obligación son: los sujetos (deudor y acreedor), el objeto (la prestación que se debe) y el vínculo jurídico (la razón por la cual el deudor debe la prestación).

Las fuentes de las obligaciones mercantiles son el derecho, el contrato, el cuasicontrato, los actos ilícitos y la ley.

Las obligaciones mercantiles tienen características especiales relacionadas principalmente con el plazo para su cumplimiento, la exigibilidad de las obligaciones puras y el plazo esencial.

El plazo de una obligación es el tiempo en el que se debe cumplir la prestación. En el Derecho mercantil, los plazos son generalmente más cortos que en el Derecho civil.

La relación jurídica entre dos personas en la que una de ellas se obliga a entregar un bien o servicio a la otra.

La parte que tiene derecho a recibir el bien o servicio.

La parte que se obliga a entregar el bien o servicio.

El bien o servicio que el deudor se obliga a entregar al acreedor.

El deber jurídico del deudor de realizar la prestación.

El sometimiento del deudor al poder coactivo del acreedor en caso de incumplimiento.

El elemento que une al acreedor y al deudor.

Las causas que dan origen a una obligación.

El artículo 50 del Código de Comercio establece que en contratos mercantiles, las normas de Derecho Civil prevalecen sobre los usos mercantiles, excepto en casos específicos como requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción del contrato, así como la capacidad de los contratantes.

En contratos mercantiles, el rápido cumplimiento de las obligaciones es fundamental, y este aspecto es más crucial que en el ámbito civil debido a la naturaleza dinámica del comercio.

El artículo 61 del Código de Comercio prohíbe a los tribunales otorgar plazos adicionales a los deudores en materia mercantil, a diferencia del Código Civil que lo permite bajo ciertas circunstancias.

El artículo 50 in fine de la Ley 19/1985 de cambio y cheque establece excepciones a la regla general de negación de plazos de gracia en casos específicos, como cuando el librado está en concurso o ha habido un embargo infructuoso de sus bienes.

Las obligaciones puras en el ámbito mercantil son exigibles a los 10 días después de contraídas, salvo que estén sometidas a plazo por las partes o la ley, o que la obligación lleve aparejada ejecución.

El código civil, contrario al Código de Comercio, considera las obligaciones civiles puras exigibles "desde luego", es decir, desde el mismo momento en que nacen.

El artículo 62 del Código de Comercio establece un plazo de 10 días para la exigibilidad de las obligaciones puras en el ámbito mercantil, salvo que estén sometidas a plazo por las partes o la ley, o que la obligación lleve aparejada ejecución.

La exigibilidad inmediata en el ámbito mercantil podría afectar el flujo de crédito y hacer que el comercio sea menos fluido. Por eso, se establece un breve plazo para facilitar la operación comercial.

En el caso del cheque, su cobro es inmediato. También se rompe la regla general en la compraventa mercantil, la cual se rige por las normas específicas que establecen el plazo de pago.

El artículo 337 del Código de Comercio regula la compraventa mercantil y establece plazos específicos para el pago, dejando de lado la regla general del plazo de 10 días.

La regla general del plazo de 10 días se rompe en casos concretos como el cheque y la compraventa mercantil, donde se aplican plazos específicos que establecen las propias leyes.

La exigibilidad inmediata en el ámbito mercantil podría afectar el flujo de crédito y hacer que el comercio sea menos fluido. Por ello, se establece el plazo de 10 días como mecanismo para facilitar el tráfico mercantil.

En este tipo de término, la prestación pierde sentido si se realiza después del plazo establecido. Es decir, el cumplimiento fuera de plazo es imposible. Un ejemplo sería la entrega de productos perecederos.

En este tipo de término, el incumplimiento del plazo otorga al acreedor la facultad de rescindir el contrato. El término no es esencial por naturaleza, sino que su importancia proviene de la ley o el acuerdo de las partes.

Según el artículo 33.c) de la Convención de Viena, este plazo se refiere al tiempo razonable que se tiene para la entrega de las mercancías tras la firma del contrato.

La jurisprudencia ha considerado que un plazo de hasta 15 días es un

Cuando el vendedor no cumple con la entrega de las mercancías en el plazo acordado, se considera que ha incumplido el contrato de compraventa.

El artículo 329 del Código de Comercio (C. de c.) establece las consecuencias de la falta de cumplimiento del vendedor en la entrega de la mercancía.

La ley o el contrato pueden establecer un plazo límite para el cumplimiento de una obligación.

Si una obligación no tiene un plazo establecido, se considera que debe cumplirse inmediatamente.