Derecho Internacional y la Guerra

El primer intento de regular el derecho a la guerra se hizo con el Pacto de la Sociedad de Naciones (1919). Este pacto se basó en dos pilares principales: la seguridad colectiva y el arreglo pacífico de controversias. Sin embargo, el pacto no era efectivo ya que permitía a los Estados recurrir a la guerra en ciertos casos.

El Tratado Briand-Kellogg (1928) fue un tratado internacional firmado por la mayoría de los países del mundo en el que se prohibía el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Este tratado fue un precursor del actual sistema de derecho internacional que prohíbe la guerra. Sin embargo, el tratado no tenía un mecanismo de control.

La Carta de las Naciones Unidas, creada tras la Segunda Guerra Mundial, es el principal documento que establece el marco legal para las relaciones internacionales. La carta prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, pero a diferencia del Tratado de París, incluye un mecanismo de control para hacer cumplir la prohibición.

El Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza de fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Aunque el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza, no define específicamente qué tipo de fuerza está prohibida. En general, se considera que la prohibición se aplica al uso de la fuerza militar, pero no a la presión económica o política.

El Artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe cualquier forma de coacción que obligue a un estado a actuar de forma contraria a sus principios. Este artículo está diseñado para evitar que los estados más poderosos presionen a los estados más débiles.

Las normas que se han convertido en ley internacional a través de la práctica constante de los estados, incluso si no se han codificado en tratados.

El conjunto de normas que rigen la conducta de los estados en tiempo de guerra y conflicto armado, con el fin de proteger a los civiles y minimizar el sufrimiento.

La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares indica que la práctica de los estados ha creado normas consuetudinarias sobre el derecho internacional humanitario, a pesar de que no están escritas en formalmente en tratados.

Un factor clave para determinar si una norma ha adquirido carácter consuetudinario es la amplia ratificación de los tratados relacionados con dicha norma.

La práctica internacional consistente en la aplicación de las normas de derecho internacional humanitario consuetudinario se refleja en la jurisprudencia internacional, como la de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto en Gaza.

El delito de agresión es reconocido como un crimen de guerra en el Estatuto de Roma de la CPI, por el cual se considera un acto de agresión el uso de la fuerza armada por un estado contra otro en contravención de la Carta de las Naciones Unidas.

El Estatuto de Roma de la CPI define el delito de agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía o integridad territorial de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU.

La Resolución 3314 de la ONU define los actos de agresión, incluyendo el ataque a un país o territorio, el bombardeo por aire, el bloqueo naval, etc.

El Derecho Internacional de los DDHH se aplica en conflictos armados, pero está limitado por el DIH. Esta limitación se justifica por el principio de lex specialis, donde la norma específica (DIH) prevalece sobre la norma general (DDHH).

Se refiere a la aplicación de normas legales fuera del territorio de un Estado, por ejemplo, en territorios ocupados. Este principio se aplica en conflictos armados, aunque el Estado no tenga control total.

Las normas de DIH se aplican en todas las etapas de un conflicto, desde su inicio hasta la ocupación de territorio. Este principio es independiente del grado de resistencia militar que haya en el territorio.

La norma específica anula a la norma general. Esto significa que en situaciones de conflicto armado, las normas del DIH prevalecen sobre las normas generales del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos.

Este principio se usa para determinar dónde un Estado puede ejercer su jurisdicción. Generalmente, la jurisdicción se limita al territorio del Estado, pero puede extenderse a situaciones extraterritoriales.

La disposición jurídica que se aplica en un conflicto armado depende de la clasificación del conflicto. Pueden ser internacionales, internos o híbridos.

El artículo 2 común de los Convenios de Ginebra establece que el DIH se aplica en cualquier conflicto armado, independientemente de que se declare la guerra o no. También se aplica a las potencias que no son parte en los convenios.

El artículo 3 común de los Convenios de Ginebra protege a las personas durante un conflicto armado interno, asegurándoles ciertos derechos básicos.

Se refiere a los conflictos armados que tienen lugar dentro de un estado, pero que no involucran a otros países.

Un grupo armado debe tener una estructura organizada, como un mando, reglas y disciplina, para ser considerado parte en un conflicto armado no internacional.

Un grupo armado debe tener la capacidad militar de llevar a cabo acciones militares, incluyendo estrategias, tácticas y logística.

Para ser considerado un conflicto armado no internacional, la violencia debe ser prolongada y de una intensidad considerable.

Los actos terroristas no son considerados conflictos armados no internacionales.

Motines, actos esporádicos de violencia y otros actos similares, que no representan un conflicto organizado, no se consideran conflictos armados no internacionales.

La existencia de un conflicto armado no internacional no afecta la responsabilidad del gobierno para restablecer el orden público y defender la integridad territorial.

El cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un factor importante para determinar la organización de un grupo armado.

Un conflicto que comienza como interno puede volverse internacional si otro Estado interviene con tropas.

Un conflicto interno se puede convertir en internacional si uno de los participantes actúa en nombre de otro Estado.

El Informe de la Comisión Internacional de Investigación sobre Siria en 2014 identificó la transformación de un conflicto entre el gobierno y algunos grupos armados en múltiples conflictos con la participación de numerosos actores y frentes.

La participación de terceros actores, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares, Estados y grupos armados transfronterizos, contribuye a la internacionalización de los conflictos.

El DIH solo reconoce dos categorías de conflictos: internacionales y no internacionales.

La internacionalización de conflictos internos puede llevar a que se conviertan en conflictos híbridos.

El Tribunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia (TPIY) en el caso Tadic estableció que un conflicto entre dos o más Estados es internacional.

Los conflictos que comienzan como internos pueden convertirse en internacionales debido a diferentes circunstancias.

La organización horizontal puede considerarse como un solo actor armado si cumple con los requisitos de organización e intensidad, o si dos o más grupos, aunque individualmente no los cumplan, tienen vínculos lo suficientemente fuertes como para funcionar en conjunto.

Los conflictos armados no internacionales se caracterizan por la participación de múltiples grupos armados que pueden no estar coordinados entre sí.

La Corte Penal Internacional (CPI) se rige por el principio de complementariedad, lo que significa que solo juzga cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo. La CPI puede intervenir en casos de crimen de agresión, pero solo si el Estado involucrado no ha iniciado o completado su propio proceso judicial

Los conflictos internacionalizados son aquellos en los que participan elementos extranjeros, como apoyo de estados extranjeros, bases militares extranjeras o ataques desde el extranjero. Aunque no están definidos en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), estos conflictos tienen implicaciones internacionales importantes.

Los conflictos concurrentes son aquellos que involucran a múltiples actores con diferentes objetivos, lo que significa que pueden existir varios conflictos dentro de un mismo territorio. Esto añade complejidad a la situación y plantea retos para aplicar el DIH.

La doctrina del control global se refiere al control total o parcial de un territorio por parte de un actor externo, como un estado extranjero. Esta doctrina puede ser relevante en la clasificación de los conflictos y en la aplicación del DIH.