Derecho Foral y Decretos de Nueva Planta

Se aplica a los actos o situaciones que se ajustan a la norma jurídica, otorgándoles protección y validez.

La norma suprema del ordenamiento jurídico, creada por el poder constituyente.

Principio que asegura que las normas de menor rango no pueden contradecir a las de rango superior.

Las normas deben ser publicadas para que puedan ser aplicadas.

Garantías del ciudadano frente al ordenamiento jurídico, asegurando la seguridad y la previsibilidad legal.

Principio que establece que las leyes sancionadoras no se pueden aplicar a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor.

Obligación de los ciudadanos y los poderes públicos de seguir la Constitución y las leyes.

Se aplica a los intentos de eludir la ley utilizando otra norma legal, pero sin aplicar la norma correspondiente.

El Derecho Civil español coexiste con ordenamientos jurídicos privados territoriales llamados Derechos Forales, debido a razones históricas.

Tras la Guerra de Sucesión, Felipe V intentó unificar España política y jurídicamente, derogando algunos derechos regionales y manteniendo otros.

Los Decretos de Nueva Planta mantuvieron los derechos civiles de Aragón, Cataluña y Mallorca, pero sin la posibilidad de crear nuevas normas.

Navarra y el País Vasco no fueron afectados por los Decretos de Nueva Planta debido a su apoyo a Felipe V, manteniendo sus derechos e instituciones.

En la segunda mitad del siglo XIX, se buscaba conservar las peculiaridades legales de cada región, pero estas iniciativas no tuvieron éxito.

La Ley de Bases de 1888 estableció la subsistencia total de los Derechos Forales, pero solo Aragón logró su propio código civil.

Durante la Segunda República, se permitió la creación de leyes propias por las regiones, a través de Estatutos de Autonomía.

Tras la Guerra Civil, se creó un Congreso Nacional de Derecho Civil, donde se propuso la elaboración de un Código Civil con instituciones de Derecho común y foral.

A lo largo del siglo XX, el Derecho civil experimentó una transformación profunda marcada por la adaptación a las realidades sociales cambiantes, la inclusión de nuevas ramas del derecho y la evolución de las instituciones jurídicas.

Los derechos forales son sistemas jurídicos propios de ciertas regiones de España con características propias, como el Derecho Vasco o el Derecho de Aragón. Tras la Guerra Civil Española, su validez se mantuvo en algunos casos y se integró en el sistema legal vigente.

El Código Civil Español es un texto legal fundamental que regula las relaciones jurídicas entre personas y bienes en España. Está compuesto por tres libros: el de las personas, el de las cosas y el de las obligaciones y contratos. No se ha reformado cada diez años, sino que ha sido objeto de reformas y modificaciones a lo largo del tiempo.

Las Compilaciones de Derecho Civil Especial son normas legales de carácter autonómico (regionales en España) que regulan aspectos específicos del Derecho Civil en determinadas comunidades autónomas. Estas normas no pueden regular las fuentes del derecho civil, una competencia reservada al estado.

El Estado es el responsable de regular las normas generales que resuelven los conflictos de leyes, es decir, establecen qué legislación se aplica cuando entran en conflicto diferentes normas jurídicas. También regula las fuentes del derecho civil, que son los pilares fundamentales del sistema legal.

El art. 13 del Código Civil establece el ámbito de aplicación del Código Civil y su relación con los Derechos Forales. El Código Civil se aplica en toda España, pero los Derechos Forales son supletorios (complementarios) del Código Civil en sus respectivos ámbitos de aplicación.

El art. 149.3 de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materias jurídico-civiles, lo que significa que el Código Civil es la ley general aplicable en todo el territorio nacional, actuando como derecho supletorio en las materias de competencia estatal.

Declaración judicial que establece la muerte de una persona desaparecida, incluso sin encontrar su cuerpo, tras cumplirse requisitos temporales y probatorios.

Sucede cuando dos personas llamadas a heredarse mueren en un mismo evento, sin poder determinar quién falleció primero. La ley presume que murieron al mismo tiempo.

La persona pierde su personalidad jurídica y, por lo tanto, todos sus derechos y deberes, al morir.

La muerte se prueba con la inscripción en el Registro Civil, la declaración de fallecimiento y la certificación médica de muerte.

La muerte abre el proceso legal de herencia, donde los bienes y deudas de la persona fallecida se reparten entre sus herederos.

El Ministerio Fiscal puede iniciar de oficio el procedimiento judicial de declaración de fallecimiento en ciertos casos (art. 1942.2 y 3 CC).

Esta presunción legal aplica cuando hay duda sobre cuál de dos personas, llamadas a heredarse, murió primero. Se asume que fallecieron simultáneamente.

Efecto de la declaración judicial que establece la muerte de una persona, incluso sin su cuerpo presente, tras cumplirse requisitos legales.

Normas dictadas por el Gobierno, por autorización de las Cortes Generales, para temas que no requieren una Ley Orgánica.

Leyes que el Gobierno elabora en situaciones de urgente necesidad, sin esperar a la aprobación del Parlamento.

La facultad del Poder Ejecutivo para crear normas de rango inferior a las leyes.

Reglamentos que complementan o explican el contenido de una ley.

Normas que, sin estar basadas en una ley previa, regulan asuntos de carácter organizativo.

El proceso mediante el cual las Cortes Generales revisan y aprueban o rechazan los Decretos-Leyes emitidos por el Gobierno.

El Gobierno, al crear decretos legislativos, no puede permitir que otras autoridades, distintas de él mismo, tomen la responsabilidad de la creación de las normas.

Los Decretos-Leyes no pueden regular temas como la organización básica del Estado, los derechos fundamentales o los procesos electorales.

La autoridad judicial puede decretar la remoción del tutor a solicitud del menor, si este tiene suficiente madurez o es mayor de 12 años.

Causas de remoción del tutor: incurrir en causa legal de inhabilidad, incumplimiento de los deberes del cargo, notoria ineptitud para el ejercicio del cargo, problemas de convivencia graves y continuados con el menor.

Cuando la autoridad judicial decreta la remoción del tutor, se nombra un nuevo tutor.

Personas físicas o jurídicas pueden excusarse del cargo de tutor si se les dificulta su ejercicio.

Causas de la excusa del cargo de tutor: dificultad para la persona nombrada, falta de medios suficientes para la persona jurídica, condiciones de ejercicio no acordes con fines estatutarios.

La excusa significa el nombramiento de un nuevo tutor. Hasta que se resuelva la excusa, el nombrado estará obligado a ejercer su función, de lo contrario se nombrará a un defensor judicial.

La guarda provisional por entidad pública de protección de menores se da cuando se constata que un menor se encuentra en situación de desamparo, comunicando al Ministerio Fiscal.

La entidad pública de protección de menores asume el cuidado provisional de un menor cuando se constata su desamparo.