Derecho Económico - Período 2

Estrategia de los gobiernos para dirigir la economía del país, usando herramientas como políticas fiscales, monetarias, cambiarias, etc, para lograr objetivos específicos.

Clasificación de políticas económicas según su objetivo principal: ordenación (mantener/modificar la economía) o resolución de problemas (procesos). Ejemplo: defensa de la competencia o devaluación.

Ajustes a la economía para adaptarse a cambios. Ejemplos: modificar la tasa de interés del Banco Central.

Cambios estructurales en la economía sin alterar el marco general. Ejemplos: reformar el sistema impositivo.

Cambios totales o parciales en los fundamentos de la economía. Ejemplos: nacionalización, privatización.

Acciones que afectan a la economía en su conjunto (agregados). Ejemplo: incremento del gasto público.

Acciones que influyen en decisiones individuales, modificando la asignación de recursos. Ejemplo: incentivos fiscales a exportaciones.

El estado influye en la economía, sociedad y política, pero no las controla completamente.

Programas globales para mejorar la dotación de infraestructura, enfocados en sectores desfavorecidos.

Aumento de la producción y cambios en la estructura productiva.

Generación neta de puestos de trabajo para reducir el desempleo.

Mantener una inflación reducida.

Reducir la diferencia de ingresos, riqueza y provisión de bienes públicos.

Reducir el déficit exterior y mantener reservas de divisas.

Indicador clave para evaluar la capacidad de ahorro y situación económica familiar.

Métricas para evaluar el crecimiento económico (Ej: PIB per cápita).

Derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propia organización, economía y cultura.

El gobierno debe garantizar igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación para todos los pueblos.

Desarrollar la economía de las comunidades indígenas de forma que sea sostenible a largo plazo.

Implicar a las mujeres indígenas en el desarrollo por medio de apoyo económico, salud, educación y toma de decisiones.

Los pueblos indígenas deben ser incluidos en el plan de desarrollo del país, estado y municipio.

Los niños tienen derecho al esparcimiento, la protección y el desarrollo.

Todos tienen derecho a la salud, vivienda digna y un medio ambiente adecuado.

Igualdad de oportunidades, libertad de elección y distribución justa de los bienes.

El derecho a la salud comprende el bienestar físico y mental para ejercer las capacidades al máximo, mejorando la calidad de vida. Incluye protección, fortalecimiento de valores relacionados con la salud, y oportunidades para la conservación, restauración y mejoramiento de la salud. En la práctica, implica servicios de salud efectivos, acceso a servicios e investigación.

Los servicios sociales, como la salud, requieren recursos económicos. Estos pueden proveerse a través del sector privado o con aportaciones del Estado para asegurar el acceso universal.

El derecho a un medio ambiente adecuado es esencial para el desarrollo y bienestar humano. Está ligado a la conducta humana y a las condiciones para el desarrollo del Estado.

Toda persona tiene derecho a participar y acceder a la cultura. El Estado debe facilitar los medios para promover y preservar la cultura.

El Estado tiene la obligación de facilitar recursos para el cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Los padres, tutores y custodios tienen la obligación de exigir el registro de nacimiento. Las autoridades deben emitir actas de nacimiento de manera gratuita para asegurar el derecho a la identidad del menor.

Los individuos tienen derecho a la seguridad humana, incluyendo la integridad física y mental, las condiciones para su desarrollo y bienestar, y la protección de sus derechos.

Personas mayores (mayores de 65 ó 68 dependiendo de la etnia) tienen derecho a pensiones. Personas indígenas y afrodescendientes tienen el derecho a una pensión a partir de los 65 años.

El Estado tiene la responsabilidad de dirigir el desarrollo del país para que sea sostenible e integral. Busca el crecimiento económico, empleo, distribución justa de riqueza e ingresos.

El artículo 5 de la Constitución protege el derecho al trabajo lícito, mientras que el artículo 123 habla del derecho a un trabajo digno y socialmente útil, incluyendo la formación de sindicatos y protección laboral.

El Estado tiene la obligación de planificar el desarrollo económico de su país. Se busca que la planeación involucre a diferentes actores como empresas, trabajadores y ciudadanos.

La nación puede transmitir la propiedad de tierras y aguas a particulares, pero tiene derecho a recuperarlas por utilidad pública, pagando una indemnización.

El Estado puede ser el único que toma decisiones estratégicas, pero también puede colaborar con empresas privadas y organizaciones sociales para impulsar el desarrollo económico.

La rectoría económica del Estado se basa en principios como la planeación, dirección, control y organización.

Los municipios tienen autonomía plena sobre su propia agenda y hacienda pública.

El Estado debe garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. Se busca la competitividad, crecimiento y condiciones de desarrollo sostenibles.

El banco central busca garantizar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y fortalecer la rectoría del desarrollo nacional.

El Banco Central es autónomo, ninguna autoridad puede dar órdenes.

El Estado puede otorgar subsidios en actividades prioritarias, siempre y cuando sean temporales y no afecten las finanzas de la nación.

Se encarga de desarrollar eficientemente las radiodifusiones.

El Estado puede delegar la prestación de servicios públicos a empresas privadas, siempre que sea por interés público.

Un concesionario está sujeto a leyes y ordenamientos expedidos con posterioridad a la concesión, atendiendo a las concesiones de bienes públicos.

El Estado recauda impuestos de las personas y las empresas para financiar sus gastos.

El ejecutivo puede pedir dinero prestado para proyectos de desarrollo, pero el congreso aprueba el monto.