Derecho de la UE y Derecho Español

La Unión Europea (UE) adquiere el derecho a ejercer ciertas competencias, pero no a las propias competencias en sí.

Las competencias se atribuyen a favor de las instituciones de la UE, lo que implica la integración regulada en la Constitución.

Se requiere una ley orgánica para autorizar la celebración de tratados que otorguen competencias a las instituciones europeas.

Se necesita mayoría absoluta en el Congreso y mayoría simple en el Senado para aprobar la ley orgánica.

Las constituciones que explícitamente prevén la atribución de competencias internas a la UE.

Las constituciones que reconocen los actos de las instituciones de la UE, aceptando implícitamente que las competencias son transferidas.

Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno español.

Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales forman parte del ordenamiento español.

El Derecho derivado se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), no en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Derecho comunitario debe ser aplicado en España, pero se le concede cierta autonomía, es decir, España tiene la libertad de establecer el mecanismo de su aplicación.

El desarrollo y ejecución del Derecho derivado puede ser realizado por diferentes órganos según el tipo de acto.

Las leyes derivadas de la UE se aplican en España a través del mecanismo de la ejecución directa. Esto significa que estas leyes se aplican directamente en el ordenamiento jurídico español sin necesidad de una ley española.

Las Comunidades Autónomas juegan un papel importante en la ejecución del Derecho derivado, lo que contribuye a una aplicación más eficiente y cercana a los ciudadanos.

Aunque no se menciona explícitamente en la Constitución, la Unión Europea no puede modificar, derogar ni suspender unilateralmente un tratado.

Las normas del Derecho comunitario, incluyendo los tratados, pueden generar derechos y obligaciones que los ciudadanos pueden hacer valer ante los tribunales.

No se debe confundir la ejecución de los reglamentos con el desarrollo de las directivas.

El artículo 96.1 de la Constitución Española establece que los Tratados internacionales, una vez válidamente celebrados, forman parte del ordenamiento interno español. Esto implica que las leyes españolas deben respetar las normas internacionales, incluyendo los Tratados de la UE.

Los Tratados de la Unión Europea no pueden ser modificados o suspendidos por leyes españolas, solo por los mecanismos establecidos en los propios Tratados o en el Derecho Internacional. Esto garantiza la primacía del Derecho de la UE sobre las leyes internas.

El artículo 93 de la Constitución Española permite que el ordenamiento jurídico de la UE se aplique plenamente en España. Esto facilita la integración de España en la UE.

La Constitución Española establece límites a la atribución de competencias a la UE. Se prohíbe la cesión ilimitada de competencias que ponga en peligro la propia Constitución y el Estado español.

El Tribunal Constitucional (TC) español tiene la función de controlar la constitucionalidad de los Tratados antes de que España los apruebe. En caso de contradicción con la Constitución, es el TC el que decide.

El TC español ha intervenido en dos ocasiones para resolver conflictos entre la Constitución Española y el Derecho de la UE. Primero, sobre el sufragio de ciudadanos UE y segundo, sobre el tratado de Constitución Europea (que finalmente no se aprobó).

El artículo 95.2 de la Constitución Española permite al Gobierno o al Congreso solicitar al TC que declare si un Tratado es o no contradictorio con la Constitución.

Hay límites al Derecho de la UE que no se encuentran expresamente en el artículo 93. Estos límites se refieren a elementos esenciales del Estado español, como el Estado social, la unidad nacional y la lengua común.

Las normas del Derecho derivado (legislación de la UE) deben sus fundamentos a los Tratados. Esto significa que se derivan y basan en el Derecho originario (los tratados constitutivos de la UE).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene la autoridad exclusiva para determinar la validez del Derecho derivado. Esto implica que si un país miembro considera que una ley de la UE es inválida, es el TJUE el que tiene la última palabra.

El Tribunal Constitucional español (TC) no tiene la capacidad de declarar inconstitucional un acto del Derecho derivado. Esto se debe a que la constitucionalidad del Derecho derivado se somete a la competencia exclusiva del TJUE.

Cuando una ley interna entra en conflicto con una norma de la UE, el juez ordinario español no puede declarar la inconstitucionalidad de la ley nacional. La Ley de la UE prevalece y la ley nacional debe ceder ante ella.

El Tribunal Constitucional (TC) no está autorizado a utilizar el Derecho Comunitario (Derecho de la UE) como parámetro directo para determinar la constitucionalidad de una ley nacional. En cambio, redirige la cuestión al TJUE, el cual tiene la autoridad para interpretar el Derecho de la UE.

Si una ley nacional infringe una norma de la UE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede declarar su invalidez y eliminarla con efecto para todo el territorio de la UE (erga omnes).

El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español (TC) no puede utilizarse para defender derechos que hayan sido vulnerados por normas de la UE. De lo contrario, se entra en conflicto con la competencia del TJUE.