Derecho de la UE y Derecho Español

El proceso por el cual un país miembro de la Unión Europea otorga a las instituciones de la UE el derecho de ejercer ciertas competencias.

La integración de la UE en la Constitución Española. Se regula la forma en que las instituciones de la UE ejercen sus competencias.

Solo se autoriza el ejercicio de las competencias, no las propias competencias. El Estado no puede transferir sus competencias.

Se requiere la aprobación de la mayoría absoluta en el Congreso y la mayoría simple en el Senado. No se necesitan referendos.

Aquellas Constituciones que reconocen explícitamente la posibilidad de otorgar el derecho a las instituciones de la UE para ejercer competencias.

Aquellas Constituciones que aceptan los actos de las instituciones de la UE, reconociendo implícitamente que la UE tiene competencias específicas.

Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales forman parte del ordenamiento interno español, una vez publicados oficialmente en el país.

Las normas derivadas de la UE que son adoptadas en virtud del derecho originario. Se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Derecho derivado se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y no en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La publicación en el DOUE cumple con el requisito de publicidad normativa del artículo 9.3 de la Constitución Española.

El Derecho derivado, una vez publicado en el DOUE, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico español. Esto significa que se aplica en España, aunque conserva su autonomía propia.

El desarrollo y la ejecución del Derecho derivado se realiza a través de dos mecanismos: el desarrollo directo por parte de las instituciones de la UE (Parlamento Europeo, Consejo, Comisión, etc.) y la ejecución directa por parte de las Comunidades Autónomas.

El desarrollo directo del Derecho derivado se aplica a los actos legislativos y no legislativos. Los actos legislativos son elaborados por el Parlamento Europeo y el Consejo, mientras que los no legislativos son elaborados por el Consejo, la Comisión, el Consejo Europeo y el BCE.

La ejecución directa del Derecho derivado se realiza a través de las Comunidades Autónomas, utilizando herramientas y procedimientos propios del derecho nacional.

El artículo 93.2 de la Constitución Española establece que las Cortes Generales o el Gobierno son responsables de garantizar el cumplimiento de los tratados y las resoluciones de organismos internacionales o supranacionales.

Los tratados y el Derecho derivado de ellos pueden generar derechos y obligaciones directamente exigibles por los particulares. Estas obligaciones pueden ser invocadas en los tribunales y ante la administración.

La modificación, derogación o suspensión unilateral de un tratado no está permitida. Esta disposición se establece en el artículo 96.1 de la Constitución Española.

Los Tratados de la Unión Europea en España forman parte del ordenamiento jurídico interno. Esto significa que se consideran normas internas del país, al igual que las leyes nacionales.

Los Tratados de la Unión Europea tienen primacía sobre las leyes nacionales, es decir, son superiores a las leyes de España.

El Tribunal Constitucional de España puede revisar la constitucionalidad de los Tratados de la Unión Europea antes de que España los apruebe.

El artículo 93 de la Constitución Española permite que el Derecho de la Unión Europea tenga pleno efecto en España, respetando siempre los límites de la Constitución.

La Constitución Española permite que las competencias de España se transfieran a la Unión Europea, pero siempre dentro de los límites de la Constitución. España no puede ceder toda su soberanía.

El Tribunal Constitucional de España identifica ciertos elementos esenciales que no se pueden transferir a la Unión Europea, como la unidad nacional, la lengua común, el sistema autonómico, etc.

Existe una jerarquía entre la Constitución Española y el Derecho de la Unión Europea. La Constitución es superior al Derecho de la UE, pero en los ámbitos atribuidos a la UE, su Derecho prevalece sobre la CE.

El Tratado de la Unión Europea es superior a las leyes nacionales y se puede modificar o derogar siguiendo las normas del propio tratado. Por ejemplo, puede ser aprobado en España por las Cortes Generales.

Las normas del Derecho derivado de la Unión Europea tienen su propia fuente de validez: los Tratados. No dependen de la legislación interna de los Estados miembros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es el único órgano con competencia para determinar la validez del Derecho derivado. Si encuentra un error, lo anula para toda la Unión Europea.

El Tribunal Constitucional español no puede revisar la constitucionalidad de las normas del Derecho derivado. Esta competencia corresponde al TJUE.

El TC español declara inconstitucional una ley interna que contradice un Tratado de la UE. Sin embargo, el TC no puede eliminar la ley. La inaplicación corresponde al juez ordinario.

El TC español no considera al Derecho derivado como un parámetro directo de constitucionalidad. Si hay una controversia, redirige la cuestión al TJUE.

Si un juez ordinario considera que una ley española es incompatible con el Derecho derivado, puede dejar de aplicarla sin recurrir al TC. Se realiza el control de manera difusa.

Cualquier juez puede dejar de aplicar una ley interna que contradice el Derecho derivado. Una vez que el TJUE determina la invalidez, se elimina para toda la UE.

No se puede presentar un recurso de amparo ante el TC español contra normas o actos de las instituciones de la UE. La protección de los derechos fundamentales se realiza a través del TJUE.