Delitos relacionados con menores y tecnologías

Muchas personas con pensamientos suicidarios no se suicidean nunca, algunas intentan suicidio sin intención de morir, o intentan herir a otros (terrorismo suicida).

En derecho español, el suicidio es una conducta no reconocida por la ley, solo se castiga la inducción y cooperación necesaria en un suicidio de otra persona.

El artículo 143 castiga el indujo, cooperador y el ejecutor de la muerte en un suicidio, pero distingue entre suicidio y eutanasia.

Eutanasia implica decisión de morir de la persona que sufre una enfermedad grave, crónica e imposibilitante o grave, incurable o grave y crónica y esto permite que el que la causa o coopere activamente quede libre de responsabilidad penal.

El título de la vida no deseada se considera un bien jurídico protegido, lo que reduce considerablemente el reconocimiento del derecho a disponer de la propia vida.

Las conductas del suicidio, inducción y auxilio han sido descritas de diferentes maneras, algunos la consideran conductas autónomas, otros formas de participación en un hecho ajeno elevada a la condición de delito, con dificultades para establecer una conducta de participación referida a un hecho atípico como el suicidio.

El piloto de un avión que se suicida poniendo a riesgo la vida de otros o el cuidador de una persona que se suicida de forma discreta sin que nadie se entere, pueden resultar responsables de otras personas o de daños, pero no pueden ser castigados por los resultados a terceros producidos por su decisión de morir.

La capacidad del sujeto suicida para consentir afecta a todas las conductas del artículo 143, la capacidad para consentir en la propia muerte se asocia con la condición jurídico-penal de imputable, pero la valoración del consentimiento debe hacerse examinando si el sujeto estaba en condiciones de comprender y valorar lo que quería hacer.

La falta de imputabilidad es un criterio orientador pero no puede ser el único, la inimputabilidad derivada de la drogodependencia es de contornos imprecisos y variable apreciación, por lo que solamente ser otra persona dependiente de drogas no sería suficiente para calificar la conducta del auxiliador.

La violencia interpersonal se divide en dos subcategorías: violencia intrafamiliar o de pareja, que suele producirse entre miembros de la familia o compañeros sentimentales y suele ocurrir en el hogar.

El terrorismo se define por su objetivo-estructural y teleológico, sin embargo, su diversidad mantiene abierta la cuestión de "teraorismo o terrorismos".

Desde el año 2000, CEMETI ha intentado que los Estados Miembros aprueben un Convenio General sobre el Terrorismo Internacional, sin éxito debido a la controversia sobre la definición de terrorismo.

El término "terrorismo" se usa abusivamente para connotar violentas o peligrosas conductas, como el terrorismo machista o empresarial.

El Combate del terrorismo internacional se basa en alcanzar un consenso sobre la definición de terrorismo, de lo contrario, las declaraciones contra el terrorismo se hacen en el vacío.

Según CEMETI, el terrorismo comúnmente refiere a actos de violencia contra civiles con fines políticos o ideológicos.

La definición de terrorismo, según el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, refiere a cualquier acto que cause la muerte o lesiones graves a civiles en situaciones de conflicto armado con la intención de intimidar a la población o obligar a un gobierno o organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto.

Según la Resolución 1566 del Consejo de Seguridad, el terrorismo se refiere a actos criminales cometidos con la intención de causar muerte o lesiones graves o tomar rehenes para provocar terror en la población o obligar a un gobierno o organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto.

Ambas pretensiones rechazadas por CEMETI: incluir el "terrorismo de Estado" y el "derecho de resistencia" en la definición.

El primer obstáculo impide que la definición incluya el "terrorismo de Estado" porque ya están cubiertos por tratados internacionales existentes contra ataques a la población civil por parte de los Estados.

El segundo obstáculo impide que la definición incluya el "derecho de resistencia" porque "derecho a resistirse" no está universalmente reconocido y nunca justificaría el asesinato o ataque indiscriminado contra civiles.

El homicidio es un indicador completo, comparable y preciso para medir la violencia. (UNODC, 2014)

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio del Interior publican datos estadísticos sobre homicidios.

El grado de esclarecimiento policial es alto, alcanzando el 90%.

Los homicidios se pueden dividir en cinco franjas horarias: madrugada, mañana, tarde, noche y desconocido.

La mayoría de los homicidios se producen con armas blancas (41,10%), seguidos de armas de fuego (16,30%).

El arma fue de oportunidad en el 36,28% de los casos (316), y para el 21,93% (191) fue portada.

Medios asfixiantes fueron usados en el 5,05% de los casos, y el 5,17% se desconoció.

Objetos contundentes y fuerzas del agresor fueron usadas en el 11,48% y 13,09% de los casos, respectivamente.

La Ley Orgánica 1/2015 reformó los delitos de homicidio y asesinato.

El artículo 138.1 CP regula el delito de homicidio y se castiga con 10 a 15 años de prisión.

El artículo 138.2 CP define tipos agravados de homicidio, que se castigan con penas superiores.

Tipos agravados por circunstancias específicas incluyen menor de edad, persona específicamente vulnerable, y delitos contra la libertad sexual.

El artículo 570 bis CP define una organización criminal como una agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o indefinido que se reúnen para cometer delitos.

El artículo 570 ter CP define grupo criminal como la unión de dos o más personas que tengan como finalidad o objeto la perpetración concertada de delitos.

Atentados contra autoridades están castigados con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses.

Los atentados contra miembros del gobierno o funcionarios públicos están castigados con penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas Integrales de Protección contra la Violencia de Género (LOPIVG) es una ley española que aborda la violencia que se ejerce sobre las mujeres, basada en recomendaciones internacionales.

Entre estas recomendaciones se destacan la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos de 1993, la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, y la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing en 1995.

LOPIVG establece medidas de protección integral contra la violencia de género, con objetivos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, y jurídicos.

Violencia de género se define en el artículo 1 de la LOPIVG como acto de violencia física y psicológica, incluyendo amenazas y coacciones, que se dirigen a mujeres por el hecho de serlo.

La LOPIVG no solo protege a las mujeres, sino también a "personas especialmente vulnerables que convivan con el autor", como los hijos menores o sujetos a su tutela, guarda, acogimiento o custodia.

LOPIVG ha sido reformada por la LO 8/2015, que considera a las madres como víctimas de violencia de género cuando se ejerce contra sus hijos y hijas menores o sujetos a su tutela, guarda o custodia.

LOPIVG comprende varios apartados, destacando el Título V que modifica el Código Penal en relación a delitos de violencia de género, estableciendo un tratamiento especial para condenados por tales delitos para que no se aplique el régimen general de suspensión condicional de las penas.

Un ejemplo de violencia vicaria es el caso de un padre que mata a sus hijas pequeñas con el objetivo de causar daño a su exmujer.

La LOPIVG tiene varios apartados que abordan diferentes aspectos, desde la sensibilización a la tutela penal, y modifica el Código Penal en relación a diversas infracciones de violencia.

Históricamente, la infancia no tenía un concepto específico y los niños se consideraban propiedad de los padres, lo que llevó a prácticas como el infanticidio, abandono e incluso el abuso sexual.

Antes de la Ilustración, el interés por la infancia y el niño desprotegido era desconocido y la violencia hacia ellos era habitual.

Con la Revolución Industrial, los niños sufrieron una explotación laboral masiva y la mortalidad infantil era muy alta.

A partir de la mitad del siglo XX, el reconocimiento de los derechos del niño y la lucha contra la violencia hacia ellos comenzó a tomar importancia.

La Declaración Universal de los Derechos del Niño se aprobó en 1948, pero la protección legal y constitucional de los niños no comenzó a establecerse hasta la Convención de los Derechos del Niño de 1989.

La definición de maltrato infantil según la Asamblea General de las Naciones Unidas incluye toda forma de violencia, perjuicio, abuso físico, negligencia, malos tratos o explotación hacia los niños menores de 18 años.

El fenómeno de la violencia intrafamiliar hacia los niños y niñas es complejo y debe estudiarse desde diversas perspectivas.

En 1962, H. Kempe publicó el famoso trabajo sobre el síndrome del niño apaleado, lo que llevó a modificaciones legislativas en varios países.

El maltrato infantil se refiere a cualquier acción o omisión por adultos cercanos o instituciones que pongan en peligro la salud física o mental o la seguridad de un menor de 18 años.

La violencia hacia los niños y niñas abarca desde el niño apaleado hasta las violencias psicológicas, el abuso sexual y la negligente atención a sus necesidades para un crecimiento y desarrollo adecuado.

El delito de solicitudes sexuales por parte de funcionario público es un tipo de delito contra la Administración Pública (art. 443 CP).

La libertad sexual está protegida por la ley para personas mayores de 16 años (arts. 178-180 CP).

La libertad sexual se refiere a la facultad de determinarse autónomamente en el ámbito de la sexualidad, incluyendo la elección de quien, cuándo y cómo mantener encuentros sexuales consensuados, y el rechazo de proposiciones no deseadas (ORTS BERENGUER).

La tutela penal de la libertad sexual se aplicará independientemente de la clase de vida o relación personal de la víctima (ORTS BERENGUER).

La agresión sexual cometida contra una persona con quien existe una relación de pareja puede implicar la aplicación de penas agravadas (art. 180. 1.4ª. CP).

Las prácticas sexuales con un cadáver no afectan a una persona y no hay coerción de la voluntad, por lo que no se considera un delito contra la libertad sexual (ORTS BERENGUER).

La tutela penal de la libertad sexual se desvanece por la indemnidad sexual de las menores de 16 años, lo que significa que no tienen derecho a no ser molestados o sufrir daños sexuales (arts. 181 a 183 bis).

Los delitos contra la libertad sexual son difíciles de probar debido a la naturaleza privada o clandestina en que suelen cometirse (EL TS ha admitido que la prueba de los hechos acaecidos puede basarse en la declaración de la víctima solo).

La Ley General de la Justicia Penal (LOGILS) modifica el Código Penal (CP) y supprime la tradicional distinción entre agresiones sexuales y abusos sexuales, pero se mantiene la discusión en el ámbito de la penalidad (LOGILS).

Todo atentado contra la libertad sexual sin consentimiento se considera agresión sexual (arts. 178-180 CP).

Los requisitos que debe reunir la declaración de la víctima para desmantelar la presunción de inocencia se mencionan en las sentencias STS 12-02-2016 y STS 31-5-2019 en la plataforma Teams.

La discapacidad se define como una situación permanente que limita o impide la participación plena y efectiva de una persona en la sociedad, y una persona con discapacidad necesitada de especial protección requerirá asistencia o apoyo para ejercer su capacidad jurídica y tomar decisiones respecto de su persona, derechos y intereses debido a sus deficiencias intelectuales o mentales permanentes (art. 26 CP).

Hay cuatro tipos básicos de agresiones sexuales (art. 178) y otras cualificadas (violación del art. 179), y ambas modalidades están subjectas al catálogo de agresiones específicas previstas en el art. 180.

Los artículos deben estar relacionados con las Disposiciones comunes recogidas en el Capítulo VI (arts. 190 a 194 bis) y se abordan preguntras como la reincidencia internacional derivada de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, cuestiones de perseguibilidad, la ausencia de perdón del ofendido, la imposición de medida de libertad vigilada, y agravaciones específicas.

La acción nuclear está situada en los "actos que atentan contra la libertad sexual", lo que debe interpretarse como actos que se refieren a partes del cuerpo inequívocamente caracterizadas por su aptitud para producir satisfacción sexual.