8. Daños por ilícitos antitrust

El lugar donde se puede presentar una demanda, según las leyes del país donde se presenta.

El lugar donde se encuentra la sede o el domicilio de la persona o empresa demandada.

El lugar donde la empresa tiene una sucursal u oficina, por lo que puede ser demandada ahí.

El lugar donde la empresa demandada tiene una oficina o sucursal, donde se puede demandar.

En este caso, la empresa demandada, puede ser demandada en el domicilio del demandante (consumidor) o en el domicilio de la empresa demandada.

Reglamento que establece las reglas para el envió de documentos legales entre países de la UE.

La empresa que actúa en un país diferente al de su sede central puede no ser obligada a ser demandada en el país de su sede.

Es el proceso de informar a la parte contraria sobre la demanda.

Lucro cesante es la ganancia perdida por la infracción, mientras que el daño emergente es el sobrecoste soportado. Los intereses se calculan desde que ocurrió el daño.

El derecho al pleno resarcimiento es el derecho de la víctima de la infracción a estar en la misma situación que estaría si no se hubiera cometido la infracción.

La legitimación activa es quién puede reclamar la compensación por la infracción. Puede ser tanto el comprador directo como cualquier operardor en niveles inferiores que haya adquirido bienes o servicios del comprador directo.

La legitimación pasiva es quién debe responder por la infracción. Puede ser el infractor, la matriz, la filial o los sucesores económicos del infractor.

La responsabilidad solidaria implica que todos los infractores responden y se responsabilizan con su patrimonio por la totalidad del daño causado, sin importar el grado de culpa.

El régimen de responsabilidad solidaria impropia se aplica en periodo transitorio, donde la responsabilidad se reparte entre los infractores, pero con algunas excepciones.

La jurisdicción internacional determina dónde se puede reclamar la compensación por la infracción. La regla general es el domicilio del demandado, pero hay excepciones como el lugar donde se produjo el daño.

Prescripción es el fin de la posibilidad de ejercer una acción judicial. En este caso, la acción se extingue conforme a la antigua normativa, consolidando la situación.

El momento en que comienza el plazo de prescripción para acciones por infracción de la competencia depende del tipo de resolución.

La Directiva de Daños establece una presunción legal refutable para el nexo causal entre un cártel y el daño causado.

El Código de Procedimiento Civil (LEC) permite presumir judicialmente el nexo causal entre una infracción y el daño, a partir de la jurisprudencia de la Sala 1ª (Camiones).

La Sala 1ª del Tribunal Supremo en el caso Camiones considera que el daño se deriva necesariamente de una infracción del cártel, por lo que se admite una presunción fuerte de nexo causal.

Diversas sentencias en otras áreas (Coches, Estaciones de Servicio) cuestionan la aplicación de la presunción de nexo causal a otros tipos de infracciones de la competencia.

Es fundamental diferenciar el análisis de causalidad del análisis de cuantificación del daño. Uno no presupone el resultado del otro.

Las Resoluciones de la CNMC son relevantes para determinar la existencia de un nexo causal, especialmente si no se fijan explícitamente precios o cantidades.

Un ejemplo como saltarse un semáforo en rojo puede ser sancionable sin que haya un atropellamiento, lo que cuestiona la idea de que cualquier infracción causa necesariamente daño (Kokott, C-8/08).

El derecho a solicitar daños por infracciones de la competencia (artículos 101 y 102 TFUE / 1 y 2 LDC). Se basa en el principio de plena reparación por daños (Courage, Manfredi). La Directiva de Daños solo ayuda a ejercer este derecho, no lo crea.

La Directiva de Daños establece normas armonizadas para facilitar la reclamación de daños. Sin embargo, no se aplica completamente a muchos casos.

Las normas sustantivas de la Directiva no se aplican retroactivamente, se aplican solo a acciones iniciadas después del 26/12/2014. Las normas no sustantivas, como algunas procesales, se pueden aplicar retroactivamente.

Una norma es 'sustantiva' cuando se relaciona con el nacimiento, la imputación y el alcance de la responsabilidad civil extracontractual de las empresas que violan el artículo 101 TFUE por participar en un cártel.

Las reglas sobre carga de la prueba y el nivel de prueba se consideran, en principio, procesales, no sustantivas.

El plazo de prescripción (art. 10) se considera sustantivo, mientras que la facultad de estimación judicial (art. 17.1) se considera procesal. La presunción del daño en caso de cártel (17.2) se considera sustantiva.

Se analiza si la situación del litigio principal se consolidó antes del plazo de transposición de la Directiva o si seguía surtiendo efectos después de ese plazo.

La situación se consolida cuando cesa la infracción. Por ejemplo, en la presunción del daño en caso de cártel, la retroactividad no aplica.

La prueba del daño requiere una "hipótesis razonable y técnicamente fundada" por parte del demandante, mientras que el demandado debe ofrecer una "estimación alternativa mejor fundada". La estimación judicial debe ser "suficiente" y tener en cuenta el estado de la cuestión, el montante económico, la proporcionalidad, la naturaleza y alcance de la infracción.

El estándar de prueba del daño rechaza las "soluciones salomónicas" y busca una cuantificación precisa. La estimación judicial se fija en un 5%, pero puede ajustarse en función de la evidencia presentada por las partes.

La Guía Práctica de la CE y la CNMC ofrece una serie de métodos para acreditar el daño, enfatizando la necesidad de flexibilidad y pragmatismo, considerando la complejidad y el coste de los estudios.

Las Guías Prácticas de la CE y la CNMC recomiendan la utilización de métodos comparativos (sincrónico, diacrónico, mixto) para cuantificar el daño. Se deben considerar los informes de las partes, incluyendo la réplica y la crítica del demandado.

Los tribunales examinan si los informes presentados por los demandantes responden a las expectativas de "razonabilidad" y esfuerzo probatorio adecuadas. La prueba del daño puede ser compleja, pero no imposible.

La prueba del daño requiere una hipótesis razonable y técnicamente fundada, que implique un estudio de impacto y un análisis contrastable de datos. No basta con simples referencias a estudios previos.

La cuantificación del daño se basa en la comparacion con una situación contrafactual, es decir, la que hubiese existido en ausencia de la infracción. La prueba del daño busca la estimación realista del impacto del comportamiento anticompetitivo.

La cuantificación del daño tiene el objetivo de determinar el impacto real de una infracción del derecho de la competencia. El procedimiento debe garantizar la efectividad de la recuperación de los daños y la justicia en el caso.

Informes presentados por los demandados en los que critican la valoración del contrario, concluyen que no hay daño, usan datos propios o no cubren todo el período de la infracción. Estos informes tienden a ser desestimados por las AP, que prefieren estimar el daño.

El daño en competencia desleal debe ser acreditado por el demandante. Se permite el acceso a fuentes de prueba, pero con requisitos estrictos como la pertinencia, proporcionalidad y necesidad.

El 'passing-on' es un mecanismo de defensa que permite al demandado demostrar que ha trasferido el sobrecoste del daño causado por la infracción a terceros, o sea, no lo ha soportado él mismo. La carga de la prueba de la repercusión del daño recae en el demandado. En la práctica, esta defensa es a menudo difícil de probar debido a la falta de información del demandante.

El artículo 78.2 de la Ley de Competencia Desleal (LDC) establece que la carga de la prueba de la repercusión del daño en el 'passing-on' corresponde al demandado. En la práctica, esta prueba suele ser compleja para los demandados debido al acceso limitado a la información del demandante.

En algunos casos, la defensa del 'passing-on' ha tenido éxito, especialmente cuando se ha demostrado una repercusión contractual, como en la saga de gasolineras (con un sistema de coste más precio), demandas de partidos políticos contra el cártel de los sobres (con subvenciones finalistas) o el cártel del seguro decenal (con el coste del seguro repercutido a los compradores de viviendas).

La Directiva de acciones de representación (Dir 2020/1828) busca simplificar y unificar las medidas para proteger los intereses colectivos de consumidores o usuarios afectados por prácticas comerciales ilícitas. Su transposición en España se retrasó indefinidamente.

La transposición de la Directiva de acciones de representación estaba prevista para junio de 2023, pero el proyecto de transposición fue retirado en noviembre de 2024 sin una fecha de entrada en vigor definida.

La transposición nacional de la Directiva de acciones de representación no se ha producido aún.