Criminología Vial y Reformas Legales

El comportamiento de conducir sin licencia, bajo los efectos del alcohol o las drogas, o incluso la conducción suicida, se incluyen en el campo de la delincuencia de tráfico.

El campo de la delincuencia de tráfico abarca desde la acción continua de conducir sin licencia hasta la conducción imprudente que causa un homicidio culposo.

La delincuencia de tráfico es un campo donde la tensión entre situación y autor es crucial porque la acción delictiva puede ser resultado de impulsividad, agresividad o la situación misma.

La clasificación normativa de algunas conductas en el tráfico como delito puede generar controversia, especialmente en relación con la visión puramente jurídica.

Se cuestiona si la delincuencia de tráfico tiene un interés criminológico, ya que algunos argumentan que solo los actos dolosos, no los culposos, tienen un valor criminológico.

"Se ha llegado a decir que “los delitos culposos carecen de interés criminológico, porque solo en el delito doloso el acto está realmente regido por el autor”."

El modelo de prevención de la delincuencia de tráfico, basado en la seguridad vial, ha demostrado eficacia en Europa, Estados Unidos y Australia, a pesar de algunas debilidades.

El modelo de prevención de la delincuencia de tráfico, ha demostrado su eficacia en la reducción de siniestros, pero aún presenta algunas debilidades.

Se refiere a conducir un vehículo bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, lo que puede afectar las facultades psicofísicas del conductor.

Se refiere a conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol, lo que puede afectar las facultades psicofísicas del conductor.

Consiste en conducir un vehículo con una tasa objetiva de alcohol en sangre, sin importar si se evidencia o no una alteración de las facultades psicofísicas.

Para ser considerado un delito, la conducción bajo la influencia de drogas o alcohol debe demostrar una alteración de las facultades psicofísicas del conductor. No basta con haber ingerido la sustancia.

Para determinar la culpabilidad, se consideran pruebas como infracciones de tráfico, accidentes, testimonios de testigos y pruebas de alcoholemia.

El análisis de drogas es más complejo que el de alcohol, ya que no existe una medida precisa para identificar el grado de influencia de las drogas en la conducción.

Las drogas pueden permanecer en el cuerpo por más tiempo del que causan sus efectos secundarios.

Se necesita más evidencia que una simple prueba de drogas para detectar el impacto de las drogas en la conducción.

La incriminación por conducir bajo los efectos del alcohol se simplifica al comprobar la tasa de alcohol en sangre o aire espirado, dejando de lado la necesidad de probar la disminución de las facultades para conducir.

El límite de alcohol en sangre para conducir es de 0.5 g/l, o 0.25 mg/l en aire espirado. Superar este límite es un delito.

Los conductores de vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kg, transporte de pasajeros de más de 9 plazas, transporte público, escolar, de mercancías peligrosas, de urgencia o especiales tienen un límite de alcohol en sangre más bajo, de 0.3 g/l, o 0.15 mg/l en aire espirado.

Tanto la infracción administrativa como el delito se basan en la tasa de alcohol en sangre o aire excedida. La diferencia radica en el nivel de gravedad.

El artículo 379.2 del Código Penal se complementa con el artículo 20 del Reglamento General de Circulación en materia de límites de alcohol para conducir.

Conducir con una tasa de alcohol en sangre superior al límite establecido es una infracción que puede llevar a sanciones administrativas o penales.

Un dispositivo utilizado por las autoridades para detectar el consumo de drogas en saliva.

La cadena de custodia asegura que la muestra de saliva analizada en el laboratorio pertenece al investigado y no ha sido manipulada.

Para garantizar la precisión de los resultados, se realiza una segunda prueba de saliva cuando la primera prueba es positiva o negativa, pero hay indicios de uso de drogas.

Los agentes de policía pueden solicitar una prueba de sangre, orina o similar en un hospital.

Las autoridades pueden grabar imágenes de un conductor que muestre signos externos de consumo de drogas, para constatar el delito.

El delito de conducir temerariamente y poner en peligro la vida de otros se castiga con prisión y la suspensión de la licencia de conducir.

Esta diligencia tecnológica, que permite a los agentes de tráfico grabar imágenes de los investigados, no requiere autorización judicial.

Las disposiciones comunes referentes a las diligencias de investigación tecnológicas se aplican a las grabaciones de imágenes de los investigados.

El delito de abandono del lugar del accidente se consuma cuando se alcanza una distancia que imposibilita poner a disposición de los afectados los datos personales.

El abandono del lugar del accidente debe ser voluntario y sin riesgo propio o de terceros que justifique la huida.

El sujeto activo debe haber intervenido causalmente en el accidente, ya sea por imprudencia o por caso fortuito.

La responsabilidad penal del abandono del lugar del accidente se basa en la obligación de brindar información a las víctimas, lo que implica un deber de actuación.

La configuración del abandono como acción u omisión es relevante porque la obligación de proporcionar información al perjudicado es un deber.

La configuración de este delito como activo se cuestiona porque la obligación de brindar información es fundamental para su existencia.

El legislador no especifica la distancia necesaria para consumar el delito, pero la separación debe impedir el contacto con los afectados.

El delito de abandono del lugar del accidente se parece a la omisión de auxilio, donde la responsabilidad se basa en el deber de ayuda.

El artículo 382 bis del Código Penal español establece que abandonar el lugar de un accidente de tráfico, sin importar la gravedad, tras haberlo causado, es un delito. No es necesario que el conductor haya causado un daño específico, solo que se haya marchado del lugar.

El artículo 382 bis no exige al conductor que haya intentado ayudar a las víctimas. Simplemente no puede marcharse sin dejar sus datos de contacto a las autoridades o a las personas involucradas en el accidente. No es requisito legal que se haya realizado una acción de ayuda específica para evitar sanciones.

La intención del conductor al abandonar el lugar, no es un elemento necesario para la condena. Es decir, no es requisito legal que el conductor haya tenido la intención de evadir la responsabilidad Basta con que se haya marchado para ser considerado culpable.

Un posible argumento para justificar el abandono del lugar del accidente sería si el conductor actúa de manera inmediata para buscar ayuda médica o alertar a las autoridades más cercanas para el lugar del accidente. Sin embargo, este punto no está explicitado en la ley, lo que deja un margen de interpretación judicial.

El artículo 382 bis tiene como objetivo garantizar la satisfacción de las indemnizaciones civiles a las víctimas, así como asegurar que el conductor responsable del accidente pueda ser sometido a pruebas de alcohol y drogas.

Algunos sectores legales creen que el legislador debería hacer referencia a la necesidad de poner a disposición de los demás conductores o la policía los datos identificativos del conductor culpable. Sin embargo, esto podría entrar en conflicto con el derecho a no declararse culpable.

El artículo 382 bis del Código Penal español, a pesar de sus objetivos, ha generado debate por su redacción ambigua. Esto puede dejar a la justicia una tarea de interpretación de la ley y la aplicación práctica del mismo.

La decisión de abandonar el lugar del accidente implica asumir una responsabilidad criminal, independientemente de la intención del conductor. La decisión del conductor de abandonar el lugar del accidente es un factor crucial en la aplicación del artículo 382 bis. La acción del conductor es lo que determina la aplicación legal, más que la intención o el impacto del accidente.