Constitución y Poder Judicial

La autoridad legal española para conocer y juzgar delitos.

Los tribunales españoles juzgan delitos cometidos en territorio español, buques o aeronaves españoles.

España juzga a sus ciudadanos por delitos cometidos en el extranjero, o extranjeros que adquieren la nacionalidad española después del hecho.

España juzga delitos cometidos fuera de España, relacionados a traición, rebelión, falsificación o delitos contra funcionarios españoles en el extranjero.

Crímenes relevantes (traición, rebelión, falsificación) cometidos fuera del territorio español; la jurisdicción española es competente para juzgarlos considerando la nacionalidad (o si la adquieren después del hecho) del imputado.

El hecho debe ser delito en el lugar donde ocurrió, y no estar cubierto por tratados internacionales. El afectado o el fiscal deben presentar la denuncia ante los tribunales españoles. La persona no debe haber sido absuelta, indultada o procesada en el extranjero (o si sí, debe haber quedado pendiente de condena).

Si una persona ha cumplido parte de una condena en el extranjero, los tribunales españoles pueden juzgarla y reducir proporcionalmente la pena.

Las Audiencias Provinciales tienen su sede en la capital de cada provincia española y su jurisdicción se extiende por toda la provincia. Pueden crear secciones en otras ciudades para llegar a más personas.

Las Audiencias Provinciales resuelven causas penales, civiles y administrativas, incluyendo recursos contra las decisiones de otros tribunales como juzgados de lo penal o de primera instancia.

En el ámbito penal, las Audiencias Provinciales se ocupan de delitos que impliquen más de 5 años de prisión, o penas de otra naturaleza superiores a 10 años.

En el ámbito civil, las Audiencias Provinciales pueden revisar las decisiones de los juzgados de primera instancia en casos como disputas contractuales o casos de familia.

Las Audiencias Provinciales están formadas por un Presidente y varios magistrados, que pueden dividirse en secciones especializadas en diferentes áreas del derecho.

Las Audiencias Provinciales pueden estar compuestas por dos o más magistrados. En algunos casos, pueden tener cuatro o más magistrados.

En procesos ante el Tribunal del Jurado, el juicio se realiza en el ámbito de la Audiencia Provincial, o otros tribunales establecidos por ley.

Las Audiencias Provinciales también son las encargadas de resolver los recursos legales que se presentan contra las decisiones de los juzgados dentro de la provincia.

Las Audiencias Provinciales son responsables de resolver recursos contra decisiones de juzgados de menor rango en áreas como violencia de género, menores y vigilancia penitenciaria.

Órgano judicial supremo que garantiza la supremacía de la Constitución y la correcta aplicación de las leyes.

El TC es independiente de los demás órganos del Estado (Gobierno, Parlamento, etc.), asegurando así su imparcialidad.

El TC tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, es decir, puede revisar leyes en cualquier parte de España.

La Ley que regula el funcionamiento del TC, con el objetivo de garantizar su independencia y funcionamiento.

El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 magistrados, con un mandato de 9 años.

Los magistrados del TC son nombrados por el Rey, a propuesta de diferentes instituciones: Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ.

Para ser magistrado del TC, se necesita ser jurista con al menos 15 años de experiencia como juez, fiscal, abogado, profesor o funcionario.

Los magistrados del TC gozan de independencia en sus funciones, inamovilidad (no pueden ser destituidos), inviolabilidad (no pueden ser perseguidos por sus opiniones) y responsabilidad penal ante la propia Sala de lo Penal del TC.

El TC se organiza en: Presidente, Vicepresidente, Pleno, Sala y Secciones, para poder realizar su trabajo.

El Presidente del TC es elegido por el Pleno por votación secreta, con un mandato de 3 años no renovable.

Las sentencias del TEDH tienen un carácter puramente declarativo, pero pueden tener efectos en el derecho interno español a través del recurso de amparo.

Un recurso de revisión puede ser interpuesto contra una sentencia del Tribunal Supremo si el TEDH ha declarado que la resolución española viola derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Un órgano de las Naciones Unidas que juzga crímenes como el genocidio, la deshumanización y los crímenes de guerra.

La CPI tiene jurisdicción subsidiaria, es decir, solo puede intervenir si el estado no está dispuesto a investigar o enjuiciar los crímenes.

La acción penal en la CPI puede ser iniciada por la fiscalía de oficio, por un estado o por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Un mecanismo legal que permite revisar si una ley o norma es conforme a la Constitución Española, sin necesidad de que haya un caso concreto.

El presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos ejecutivos y asambleas autonómicas cuando la norma afecta su autonomía.

Un proceso en el que un juez o magistrado solicita al Tribunal Constitucional que revise la constitucionalidad de una ley en un caso concreto que está juzgando.

Solo los jueces y magistrados pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad, después de que se haya terminado un proceso.

La sentencia del TC decide si una ley o norma es constitucional o no, y tiene plena validez para todos, incluso si no se ha recurrido a la cuestión de inconstitucionalidad.

La declaración de inconstitucionalidad anula las partes de la ley que son inválidas, pero la ley puede seguir vigente en las partes no afectadas.

Un recurso legal que protege los derechos y libertades fundamentales de las personas, cuando estos han sido vulnerados por los poderes públicos.

El recurso de amparo protege el derecho a la igualdad, los derechos y libertades fundamentales y el derecho a la objeción de conciencia.

Se puede interponer un recurso de amparo cuando se ha vulnerado un derecho fundamental por parte de los poderes públicos, como leyes, actos, omisiones o hechos.

Es un mecanismo esencial para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas, asegurando que las instituciones cumplan con la Constitución.