Constitución Española

• Este documento comprende la Constitución Española

Preámbulo

• La Nación española proclama su voluntad de asegurar la justicia, la libertad, la seguridad y promover el bienestar de sus integrantes
• Se compromete a mantener la convivencia democrática bajo la Constitución y las leyes, estableciendo un orden económico y social equitativo
• Busca consolidar un Estado de Derecho que garantice la primacía de la ley como expresión de la voluntad ciudadana
• Se propone salvaguardar los derechos humanos, las culturas, las tradiciones, los idiomas y las instituciones de todos los españoles y pueblos de España
• Impulsa el avance cultural y económico para asegurar una calidad de vida digna para todos
• Promueve una sociedad democrática avanzada
• Busca colaborar en el fortalecimiento de relaciones pacíficas y de cooperación efectiva entre todas las naciones del mundo
• Las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica esta Constitución

Título Preliminar

• España se define como un Estado social y democrático de Derecho, defendiendo como valores supremos la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
• La soberanía nacional reside en el pueblo español, de donde emanan los poderes del Estado
• La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria
• La Constitución se basa en la unidad irrompible de la Nación española, la cual es la patria común e indivisible de todos los españoles
• Se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la componen, así como la solidaridad entre todas ellas
• El castellano es la lengua española oficial del Estado
• Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a utilizarla
• Las demás lenguas españolas también serán oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas, según lo establezcan sus Estatutos
• La riqueza de las diversas modalidades de lenguas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial atención y protección
• La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la franja amarilla de doble anchura que cada una de las rojas
• Las Comunidades Autónomas pueden reconocer sus propias banderas y utilizarlas junto a la bandera de España en edificios públicos y actos oficiales
• Madrid es la capital del Estado
• Los partidos políticos expresan el pluralismo político, contribuyendo a la formación y expresión de la voluntad popular, siendo instrumentos fundamentales para la participación política
• La creación y actividad de los partidos políticos son libres siempre que respeten la Constitución y la ley
• Su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos
• Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales
• Tanto su formación como actividad son libres dentro del marco constitucional y legal
• Su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos
• Las Fuerzas Armadas, incluyendo el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen la misión de asegurar la soberanía e independencia de España
• También deben defender la integridad territorial así como el ordenamiento constitucional
• Una ley orgánica regulará la organización militar conforme a los principios constitucionales
• Tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
• Los poderes públicos deben promover condiciones para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas, eliminando obstáculos e impulsando la participación ciudadana en todos los ámbitos

Título I: Derechos y Deberes Fundamentales

• La dignidad humana, los derechos inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son los cimientos del orden político y la paz social
• Las normas sobre derechos fundamentales y libertades se interpretan según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España

Capítulo Primero: Españoles y Extranjeros

• La nacionalidad española se adquiere, conserva o pierde según lo establecido por la ley
• Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad
• El Estado puede establecer acuerdos de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos con vínculos particulares con España
• En estos países, los españoles pueden naturalizarse sin perder su nacionalidad, aunque estos países no reconozcan reciprocidad a sus ciudadanos
• La mayoría de edad en España se alcanza a los dieciocho años
• Los extranjeros en España gozan de las libertades públicas aseguradas en este Título, según los términos de los tratados y leyes
• Solo los españoles tienen los derechos del artículo 23, salvo que tratados o leyes establezcan lo contrario, basándose en reciprocidad, para el sufragio en elecciones municipales
• La extradición se concede solo cumpliendo un tratado o la ley, bajo el principio de reciprocidad, excluyendo delitos políticos, sin considerar actos de terrorismo como tales
• La ley define cómo ciudadanos de otros países y apátridas pueden acceder al derecho de asilo en España

Capítulo Segundo: Derechos y Libertades

• Los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por origen, raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición personal o social

Sección 1ª: Derechos Fundamentales y Libertades Públicas

• Todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin tortura ni tratos inhumanos o degradantes
• La pena de muerte queda abolida, excepto lo dispuesto en leyes penales militares en tiempos de guerra
• Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, limitado solo por el mantenimiento del orden público protegido por la ley
• Nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias
• Ninguna confesión tiene carácter estatal
• Los poderes públicos consideran las creencias religiosas de la sociedad, cooperando con la Iglesia Católica y otras confesiones
• Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad, no pudiendo ser privada de ella excepto conforme a la ley
• La detención preventiva debe ser breve, solo el tiempo necesario para aclarar los hechos
• El detenido debe ser liberado o presentado ante la autoridad judicial en un plazo máximo de 72 horas
• Todo detenido debe ser informado inmediatamente de sus derechos y razones de detención, sin obligación de declarar
• Se garantiza asistencia legal al detenido en diligencias policiales y judiciales
• La ley regulará el procedimiento de "habeas corpus" para la puesta a disposición judicial inmediata de personas detenidas ilegalmente
• La ley también determinará el plazo máximo de prisión preventiva
• Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
• El domicilio es inviolable; no se puede entrar o registrar sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en flagrante delito
• Se garantiza el secreto de las comunicaciones, especialmente postales, telegráficas y telefónicas, excepto por resolución judicial
• La ley limitará el uso de la informática para proteger el honor, la intimidad personal y familiar, y para asegurar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos
• Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, así como a entrar y salir de España según lo establezca la ley
• Este derecho no puede ser limitado por motivos políticos o ideológicos
• Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito, o cualquier otro medio de reproducción
• También se protege la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como la libertad de cátedra
• A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión
• La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades
• El ejercicio de estos derechos no puede ser restringido mediante ningún tipo de censura previa
• La ley regula la organización y control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público
• Se garantiza el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España
• Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia
• Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial
• Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas sin autorización previa
• En reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se debe comunicar previamente a la autoridad, que solo puede prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes
• Se reconoce el derecho de asociación
• Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito
• Las asociaciones deben inscribirse en un registro solo para fines de publicidad
• Las asociaciones solo pueden ser disueltas o suspendidas por resolución judicial motivada
• Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar
• Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o a través de representantes, elegidos libremente en elecciones periódicas mediante sufragio universal
• Tienen derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos, cumpliendo los requisitos establecidos por las leyes
• Todas las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva para el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin indefensión
• Todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas con todas las garantías
• A utilizar medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia
• La ley regula los casos en que, por parentesco o secreto profesional, no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos
• Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito, falta o infracción administrativa en el momento de cometerse, según la legislación vigente
• Las penas privativas de libertad y medidas de seguridad deben orientarse a la reeducación y reinserción social, no pudiendo consistir en trabajos forzados
• Los condenados a prisión gozan de los derechos fundamentales de este Capítulo, salvo los limitados por la condena, la ley penitenciaria y la política penitenciaria
• En todo caso, tienen derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad
• La Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad directa o subsidiariamente
• Se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración civil y en las organizaciones profesionales
• Todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza
• La educación busca el desarrollo pleno de la personalidad humana, respetando los principios democráticos y los derechos y libertades fundamentales
• Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde a sus convicciones
• La enseñanza básica es obligatoria y gratuita
• Los poderes públicos garantizan el derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza, participación de todos los sectores y creación de centros docentes
• Se reconoce a personas físicas y jurídicas la libertad de crear centros docentes respetando los principios constitucionales
• Profesores, padres y alumnos (en su caso) participan en el control y gestión de centros sostenidos con fondos públicos, según determine la ley
• Los poderes públicos inspeccionan y homologan el sistema educativo para asegurar el cumplimiento de las leyes
• Los poderes públicos apoyarán a los centros que cumplan con los requisitos legales
• Se reconoce la autonomía de las Universidades, según la ley establezca
• Todos tienen derecho a sindicarse libremente
• La ley puede limitar o exceptuar este derecho para las Fuerzas o Institutos armados, Cuerpos sometidos a disciplina militar y regula las peculiaridades para funcionarios públicos
• La libertad sindical incluye fundar sindicatos, afiliarse al de su elección y formar o afiliarse a confederaciones u organizaciones sindicales internacionales
• Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato
• Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para defender sus intereses
• La ley que regule este derecho establecerá garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad
• Todos los españoles tienen derecho a la petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley
• Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercer este derecho individualmente y conforme a su legislación específica

Sección 2ª: Derechos y Deberes de los Ciudadanos

• Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España
• La ley determina las obligaciones militares de los españoles y regula la objeción de conciencia con garantías, pudiendo imponer una prestación social sustitutoria
• Se puede establecer un servicio civil para fines de interés general
• Mediante ley se pueden regular los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública

De los principios rectores de la política social y económica

• Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, a través de un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio
• El gasto público se asigna equitativamente, programado y ejecutado eficientemente y económicamente
• Las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público solo pueden establecerse conforme a la ley
• Hombres y mujeres tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica
• La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, derechos y deberes de los cónyuges, causas y efectos de separación y disolución
• Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia
• La función social de estos derechos delimitará su contenido conforme a las leyes
• Nadie puede ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, con la debida indemnización y conforme a las leyes
• Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, conforme a la ley
• También se aplicará a las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22
• Todos los españoles tienen el deber y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción laboral y a una remuneración suficiente para sus necesidades y las de su familia, sin discriminación por razón de sexo
• La ley regulará un estatuto de los trabajadores
• La ley regulará las particularidades del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas
• La estructura interna y funcionamiento de los Colegios deben ser democráticos
• La ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre representantes de trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios
• Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo
• La ley que regule este derecho incluirá las garantías esenciales para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, respetando las limitaciones que se establezcan
• Se reconoce la libertad de empresa dentro de la economía de mercado
• Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, conforme a las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación
• Los poderes públicos protegen social, económica y jurídicamente a la familia
• Dentro de la ley, se asegura la protección integral de los hijos sin importar su filiación e igualdad jurídica, así como la protección a las madres sin importar su estado civil
• La ley permitirá la investigación de la paternidad
• Los padres deben prestar asistencia a sus hijos, dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los otros casos que indique la ley
• Los niños tienen garantizada la protección por los acuerdos internacionales que velan por sus derechos
• Los poderes públicos deben generar condiciones favorables para el progreso social y económico y una distribución de la renta más equitativa, dentro de una política de estabilidad económica, fomentando el pleno empleo
• También, fomentar una política que asegure la formación y readaptación profesional, seguridad e higiene en el trabajo y descanso mediante la limitación de la jornada laboral, vacaciones pagadas y promoción de centros adecuados
• Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, asegurando asistencia y prestaciones sociales ante necesidad, especialmente desempleo; la asistencia y prestaciones complementarias serán libres
• El Estado protegerá los derechos económicos y sociales de trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno
• Se reconoce el derecho a la protección de la salud
• Los poderes públicos organizan y protegen la salud pública a través de medidas preventivas y servicios necesarios, conforme a la ley
• Asimismo, se fomentará la educación sanitaria, la física y el deporte, además de facilitar la utilización del ocio
• Los poderes públicos promoverán y facilitarán el acceso a la cultura, al cual todos tienen derecho
• Se promoverá la ciencia e investigación científica y técnica en favor del interés general
• Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo personal y el deber de conservarlo
• Los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, protegiendo y mejorando la calidad de vida, defendiendo y restaurando el medio ambiente con solidaridad colectiva
• Quienes violen estas disposiciones recibirán sanciones penales o administrativas y deberán reparar el daño causado
• Los poderes públicos garantizan la conservación y promueven el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de sus bienes, sancionando penalmente cualquier atentado
• Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, correspondiendo a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer normas para hacer este derecho efectivo, regulando el uso del suelo para evitar la especulación
• La comunidad participa en las plusvalías generadas por la acción urbanística pública
• Los poderes públicos fomentan la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural
• Las personas con discapacidad ejercen los derechos de este Título en condiciones de igualdad, con una protección especial establecida por ley
• Se impulsarán políticas que garanticen su autonomía personal e inclusión social en entornos accesibles así como la participación de sus organizaciones
• Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y menores con discapacidad
• Los poderes públicos garantizarán pensiones adecuadas y actualizadas para asegurar la suficiencia económica de los ciudadanos en la tercera edad, promoviendo su bienestar a través de servicios sociales específicos para su salud, vivienda, cultura y ocio
• Los poderes públicos garantizan la defensa de consumidores y usuarios, protegiendo su seguridad, salud e intereses económicos mediante procedimientos eficaces
• También, se promueve su información y educación, se fomentan sus organizaciones y se les oye en cuestiones que les afecten
• La ley regulará el comercio interior y la autorización de productos comerciales
• La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de sus intereses económicos
• Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos

Capítulo Cuarto: Garantías de las Libertades y Derechos Fundamentales

• Los derechos y libertades reconocidos vinculan a todos los poderes públicos
• Su ejercicio solo puede regularse por ley, siempre respetando su contenido esencial, y se tutelarán según lo dispuesto en el artículo 161, 1, a)
• Cualquier ciudadano puede solicitar la protección de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la Sección primera del Capítulo segundo ante los tribunales ordinarios
• Esto se hará mediante un procedimiento preferente y sumario, y, si es necesario, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
• El recurso de amparo será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30
• El reconocimiento, respeto y protección de los principios del Capítulo tercero informarán la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos
• Solo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria conforme a lo que dispongan las leyes que los desarrollen
• Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, designado por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en este Título
• EL Defensor del Pueblo podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales

Capítulo Quinto: Suspensión de los Derechos y Libertades

• Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18 (apartados 2 y 3), 19, 20 (apartados 1, a) y d), y 5, 21, 28 (apartado 2) y 37 (apartado 2) podrán ser suspendidos al declarar el estado de excepción o de sitio
• Se exceptúa el apartado 3 del artículo 17 en caso de declaración de estado de excepción
• Una ley orgánica puede determinar la forma y los casos en que, de forma individual, con intervención judicial y control parlamentario, pueden suspenderse los derechos reconocidos en los artículos 17 (apartado 2) y 18 (apartados 2 y 3) para personas determinadas en investigaciones sobre bandas armadas y terroristas
• EL uso injustificado o abusivo de estas facultades genera responsabilidad penal por violación de los derechos y libertades reconocidos en las leyes

Título II: De la Corona

• El Rey es el Jefe del Estado, simbolizando su unidad y permanencia, y modera el funcionamiento de las instituciones
• Asume la máxima representación del Estado español en relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes
• Su título es Rey de España, pudiendo usar otros títulos pertenecientes a la Corona
• La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad
• Sus actos deben ser refrendados según el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2
• La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero
• La sucesión sigue un orden regular de primogenitura y representación, prefiriendo la línea anterior a las posteriores, el grado más próximo al más remoto, el varón a la mujer y, en igualdad de sexo, la persona de más edad a la de menos
• El Príncipe heredero tiene la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor
• Si se extinguen todas las líneas con derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión
• Las personas con derecho al trono que contraigan matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales quedan excluidas de la sucesión
• Las abdicaciones, renuncias y cualquier duda en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por ley orgánica
• La Reina consorte o el consorte de la Reina no tienen funciones constitucionales, salvo la Regencia
• Cuando el Rey es menor de edad, el padre o la madre del Rey, o el pariente más próximo mayor de edad según el orden constitucional es el regente y ejerce hasta la mayoría del Rey
• Si el Rey se inhabilita, el Príncipe heredero mayor de edad es el Regente
• Si no lo hay. se procederá como en el apartado anterior hasta la mayoría de edad del Príncipe
• Si no hubiera persona a quien corresponda, la Regencia será nombrada por las Cortes Generales, con uno, tres o cinco personas
• Para ser Regente, se requiere ser español y mayor de edad
• La Regencia se ejerce por mandato constitucional y en nombre del Rey
• Tutor del Rey menor será quien nombre el Rey difunto en testamento, siendo mayor de edad y español de nacimiento, sino el padre o la madre mientras sean viudos
• En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, no pudiendo acumularse los cargos de Regente y tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey
• El ejercicio de la tutela también es incompatible con todo cargo o representación política
• El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, jurará desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas
• El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes prestarán el mismo juramento y el de fidelidad al Rey
• Corresponde al Rey sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales; convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución; proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo
• También nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente; expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes
• Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; el mando supremo de las Fuerzas Armadas
• Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales y el Alto Patronazgo de las Reales Academias
• El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y los representantes extranjeros en España están acreditados ante él
• El Rey manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes
• Previa autorización de las Cortes Generales, corresponde al Rey declarar la guerra y hacer la paz
• Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno, y en su caso, por los Ministros competentes
• La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso
• De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden
• El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma
• El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa

Título III: De las Cortes Generales

• Las Cortes Generales representan al pueblo español, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado
• Ejerce la potestad legislativa, aprueba los Presupuestos, controla la acción del Gobierno y tiene las demás competencias que le atribuye la Constitución
• Las Cortes Generales son inviolables

Capítulo Primero: De las Cámaras

• Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso
• Los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo
• Las reuniones de Parlamentarios sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, ni podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios
• El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley
• La circunscripción electoral es la provincia
• Las poblaciones de Ceuta y Melilla tendrán cada una un Diputado
• La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población
• La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional
• El Congreso es elegido por cuatro años, terminando el mandato de los Diputados cuatro años después de su elección
• Son electores y elegibles todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos
• La ley reconoce y el Estado facilita el ejercicio del sufragio a los españoles fuera del territorio de España
• Las elecciones tendrán lugar entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato
• El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones
• El Senado es la Cámara de representación territorial
• En cada provincia se elegirán cuatro Senadores, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto
• En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción, correspondiendo: tres a cada una de las islas mayores; y uno a cada una de las islas menores
• Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán dos Senadores
• Las Comunidades Autónomas designarán un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio
• La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, asegurando la representación proporcional
• El Senado es elegido por cuatro años, terminando el mandato de los Senadores cuatro años después o el día de la disolución de la Cámara
• La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, que comprenderán: componentes del Tribunal Constitucional; altos cargos de la Administración del Estado; el Defensor del Pueblo; Magistrados, Jueces y Fiscales en activo; y militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo
• La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, según la ley electoral
• Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones
• Durante su mandato, gozarán de inmunidad, pudiendo ser detenidos solo en caso de flagrante delito, no pudiendo ser inculpados ni procesados sin autorización de la Cámara respectiva, y siendo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo competente en causas contra ellos
• Diputados y Senadores percibirán una asignación fijada por sus Cámaras
• Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, presupuestos, y regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales
• Los Reglamentos y su reforma requieren mayoría absoluta
• Eligen a sus Presidentes y miembros de las Mesas, presidiendo el Presidente del Congreso las sesiones conjuntas
• Ejercen los Presidentes todos los poderes administrativos y de policía en sus sedes
• Las Cámaras se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio
• Las Cámaras pueden reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros
• Las convocatorias extraordinarias deben tener un orden del día determinado y se clausuran al agotarlo
• Las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas del Título II
• Las decisiones previstas en los artículos 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se adoptan por mayoría de cada Cámara
• Si no hay acuerdo, se intenta obtenerlo en una Comisión Mixta con igual número de Diputados y Senadores
• Si no se aprueba de esta forma, el Congreso decide por mayoría absoluta
• Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones
• Las Cámaras pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley
• El Pleno podrá recabar cualquier debate y votación delegada
• Se exceptúan la reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos del Estado
• El Congreso y el Senado, y ambas conjuntamente, pueden nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público
• Sus conclusiones no son vinculantes para los Tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales; sin perjuicio, las conclusiones pueden comunicarse al Ministerio Fiscal para que ejecute las acciones oportunas
• Es obligatorio comparecer ante las Cámaras
• La ley regulará las sanciones por incumplimiento
• Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas por escrito, prohibiendo la presentación directa por manifestaciones ciudadanas
• Las Cámaras pueden remitir peticiones al Gobierno, quien está obligado a explicarse si las Cámaras lo exigen
• En cada Cámara hay una Diputación Permanente con un mínimo de veintiún miembros de los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia
• Las Diputaciones Permanentes están presididas por el Presidente de la Cámara respectiva, teniendo como funciones: la prevista en el artículo 73, asumir las facultades de las Cámaras de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de disolución o expiración de mandato, y velar por los poderes de las Cámaras cuando no estén reunidas
• Finalizado su mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes siguen ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales
• La Cámara correspondiente, al reunirse, repasa los asuntos y decisiones tratadas por su Diputación Permanente
• Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros
• Esos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución, las leyes orgánicas o los Reglamentos de las Cámaras
• El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable
• Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o conforme al Reglamento

Capítulo Segundo: De la Elaboración de las Leyes

• Son leyes orgánicas las que desarrollan los derechos fundamentales y libertades públicas, aprueban los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las otras previstas en la Constitución
• Su aprobación, modificación o derogación exige la mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto
• Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior
• La delegación legislativa debe otorgarse mediante una ley de bases (para textos articulados) o por una ley ordinaria (para refundir textos legales)
• Debe otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio
• La delegación se agota con la publicación de la norma correspondiente, no es implícita ni por tiempo indeterminado y no permite la subdelegación a otras autoridades
• Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto, alcance y los principios que han de seguirse
• La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye la regularización, aclaración y armonización
• Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, las leyes de delegación pueden establecer fórmulas adicionales de control
• Las leyes de bases no pueden: autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo
• Cuando una proposición de ley o enmienda contradice una delegación legislativa en vigor, el Gobierno puede oponerse a su tramitación
• En ese caso, puede presentar una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación
• Las disposiciones del Gobierno con legislación delegada se titulan Decretos Legislativos
• En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales llamadas Decretos-leyes, sin afectar el ordenamiento de las instituciones básicas, los derechos, deberes y libertades del Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas ni el Derecho electoral general
• Los Decretos-leyes deben someterse inmediatamente a debate y votación de totalidad en el Congreso, convocado si no estuviere reunido, en los treinta días siguientes a su promulgación
• El Congreso debe pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación, para lo que el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario
• Durante este plazo, las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia
• La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, conforme a la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras
• Las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando para su defensa ante la Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea
• Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular, exigiendo un mínimo de 500.000 firmas acreditadas y no permitiendo dicha iniciativa en materias de ley orgánica, tributarias, internacionales o relativas a la prerrogativa de gracia
• Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios
• La tramitación de las proposiciones de ley se regula por los Reglamentos de las Cámaras, sin impedir la prioridad debida a los proyectos de ley por el artículo 87
• Las proposiciones de ley que tome en consideración el Senado (artículo 87), se remitirán al Congreso para su trámite como tal proposición
• Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica en el Congreso, su Presidente lo comunica al del Senado, que lo somete a deliberación
• El Senado puede, en dos meses, vetar o enmendar el proyecto, aprobando el veto por mayoría absoluta
• Si el Senado veta, este no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta el texto inicial
• El plazo del Senado para vetar o enmendar el proyecto se reduce a veinte días naturales si es urgente
• El Rey sancionará (quince días) y promulgará las leyes aprobadas por las Cortes Generales y ordenará su publicación inmediata
• Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum