Constitución Española - Principios y Organización

La Constitución es un documento elaborado por una asamblea representativa, que refleja el consenso entre las fuerzas políticas del momento. Es ratificada por el pueblo español a través de un referéndum.

La Constitución es la norma jurídica suprema del Estado. Todos, incluidos los poderes públicos y la familia real, deben someterse a su contenido.

La Constitución es el documento que contiene los valores y principios fundamentales del Estado. Sirve como base para las leyes ordinarias y orgánicas, guía a los poderes públicos y a los ciudadanos en sus acciones.

La Constitución fue elaborada buscando el acuerdo entre todas las posiciones representadas en la Asamblea Constituyente. Para lograrlo se incluyeron conceptos generales, con el objetivo de ser concretados posteriormente a través de otras leyes.

El preámbulo de la Constitución es la introducción que explica los motivos y los objetivos que se buscan al crearla.

El articulado de la Constitución está dividido en 10 títulos, con un título preliminar que presenta los principios del orden constitucional.

El Título 1 de la Constitución se centra en los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El Título 6 de la Constitución trata la organización del Poder Judicial, es decir, los tribunales y los jueces.

Es compon dels articles que estableixen les directrius per a l'administració dels recursos públics i l'economia del sector públic.

Aquest títol regula l'organització territorial de l'Estat, incloent les diverses regions i la seva autonomia.

El Títol 9è defineix el Tribunal Constitucional i el seu paper com a garant de la Constitució.

Aquest títol conté els articles que regulen el procés per a modificar la Constitució.

La part de la Constitució que defineix els principis bàsics i els valors fonamentals de l'Estat, com ara la llibertat i la justícia.

La part de la Constitució que explica l'estructura i el funcionament dels òrgans de l'Estat.

Aquest títol defineix la naturalesa de l'Estat espanyol com a social, democràtic i de dret, i estableix els valors superiors de la seva ordenament jurídic.

Aquest principi indica que el poder de l'Estat resideix en el poble i que els seus representants deriven la seva autoritat del poble.

El Estado social es un modelo de Estado que se basa en la intervención del Estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Incluye la provisión de servicios públicos como salud, educación y pensiones, así como la regulación de la economía para garantizar la justicia social.

La soberanía nacional en el Estado democrático significa que el poder reside en el pueblo, por lo que el pueblo es quien tiene la última palabra en la toma de decisiones.

El Estado democrático se basa en la participación ciudadana, lo que significa que los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones a través de la votación, la participación en partidos políticos y la organización social.

El pluralismo político se refiere a la existencia de distintos partidos políticos y opiniones en el sistema democrático, lo que permite a los ciudadanos elegir entre diferentes opciones.

La Carta Magna, también conocida como la Constitución, es la norma jurídica suprema que establece los principios fundamentales del Estado.

El Estado democrático garantiza las libertades públicas, como la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de asociación.

Las políticas de redistribución de la riqueza buscan garantizar la equidad social, mediante la provisión de servicios y la regulación de la economía para reducir la desigualdad

El Estado se basa en el principio de legalidad, lo que significa que todas las acciones del Estado deben estar respaldadas por las leyes.

En situaciones de gravedad, el gobierno puede suspender ciertos derechos fundamentales para restablecer el orden.

Se activa para situaciones de desastres naturales graves, limitando algunos derechos, pero no suspendiéndolos.

Se activa ante desórdenes violentos prolongados. Permite al gobierno restringir derechos por 30 días, prorrogables a 30 más.

Se declara ante situaciones de gran desórdenes públicos y revueltas militares. El control lo toman las autoridades militares.

Establecen los principios generales de actuación de los poderes públicos en lo referente a la política social y económica.

Se activa para situaciones de grave peligro, como desastres naturales o desórdenes sociales. El gobierno puede restringir la libertad de expresión y la libertad de reunión.

Un tipo de restricción que limita la libertad de movimiento en determinadas zonas o horarios.

Tribunales especiales creados en situaciones de emergencia, manejados por el ejército.

La Constitución Española reconoce el derecho a la participación ciudadana en las decisiones políticas.

La Constitución Española establece la división de poderes en el Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Esto evita que un solo poder se concentre en todas las funciones del gobierno.

La Constitución Española reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas, como la libertad de expresión, el derecho a la educación, etc.

La Constitución Española define a España como una monarquía parlamentaria. Esto significa que el rey es el jefe de estado, pero no tiene poder político. El poder político lo ejercen las Cortes Generales, elegidas por el pueblo.

La Constitución Española establece un modelo de Estado de las autonomías, donde las comunidades autónomas tienen sus propios gobiernos y poderes.

La Constitución Española reconoce la existencia de pueblos y nacionalidades históricas dentro de España, pero no admite el derecho a la autodeterminación. Esto significa que las regiones no pueden separarse de España.

Las Fuerzas Armadas de España tienen la misión de defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país.

Los derechos y libertades del capítulo II del Título I de la Constitución Española son directamente aplicables ante los tribunales de justicia, sin necesidad de desarrollo legislativo. Esto significa que un ciudadano puede basar sus reclamaciones en estos derechos sin necesidad de que previamente se haya creado una ley específica sobre ellos.

El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de proteger los derechos fundamentales de la sección I del capítulo II del Título I (art. 14-29 + art. 30.2). Los ciudadanos pueden recurrir ante él para que se protejan sus derechos, a través de un recurso de amparo constitucional.

Los tribunales ordinarios también pueden proteger los derechos fundamentales de la sección I del capítulo II, a través de un recurso de amparo judicial. Este recurso se puede utilizar en los procedimientos ordinarios o en otros más específicos.

Los derechos fundamentales de la sección II del capítulo II del Título I (art. 30-38) se pueden invocar ante los tribunales ordinarios, pero solo a través de los procedimientos legales establecidos en las leyes de procedimiento. No se aplica el principio de preferencia y sumariedad en estos casos.

Los derechos del capítulo III del Título I (art. 38-52) se pueden invocar ante los tribunales según lo establecido en las leyes que los desarrollen. Esto significa que es necesario que se creen leyes específicas para poder reclamar estos derechos ante un juez.

El desarrollo de los derechos y libertades constitucionales se debe llevar a cabo mediante normas con rango de ley. En el caso de un derecho considerado fundamental, este desarrollo debe realizarse a través de una Ley Orgánica.

Los principios incluidos en el Título I de la Constitución Española establecen directrices generales para el legislador. Estas directrices le obligan a tener en cuenta estos principios al regular las normas, con el fin de asegurar que las leyes se ajusten a los valores fundamentales que se mencionan.