Constitución Española de 1978

Conjunto de las Fuerzas Militares de España: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. Su función primordial es defender la soberanía, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional del país.

Norma fundamental de España que establece los derechos, deberes y organización del Estado. Define cómo deben actuar los ciudadanos y los poderes públicos.

Todos los ciudadanos y los poderes públicos (gobierno, parlamento, etc.) están obligados a respetar y cumplir la Constitución Española.

Derechos inalienables e inviolables de los individuos, reconocidos por la Constitución Española, como la libre expresión o la libertad de asociación..

Obligación de los poderes públicos a actuar con arreglo a la ley.

Estado civil que define la pertenencia de una persona a España, establecida en la ley.

Edad en que una persona alcanza la capacidad jurídica plena en España, en este caso los 18 años.

Principios fundamentales que rigen el Estado español: Libertad, Justicia, Igualdad y Pluralismo Político.

El poder del Estado reside en el pueblo español.

Monarquía Parlamentaria.

España es una nación indivisible y se reconoce el derecho a la autonomía.

El castellano.

Además del castellano, otras lenguas españolas son oficiales en sus respectivas comunidades.

Tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla más ancha.

Madrid.

Organizaciones que expresan el pluralismo político y participan en la formación de la voluntad popular.

Representan los intereses económicos y sociales de trabajadores y empresarios.

Fundada en la Constitución y la Ley.

Organización interna y funcionamiento de los sindicatos/asociaciones que deben ser democráticos.

Instituciones militares de un estado.

Los extranjeros tienen en España derechos similares a los españoles, pero con algunas diferencias y restricciones, regulados por tratados y leyes.

El derecho a votar y ser votado en elecciones municipales. Los españoles tienen este derecho, pero los extranjeros pueden tenerlo bajo ciertos criterios de reciprocidad, tratados o leyes especificas.

La entrega de una persona a otro estado para su enjuiciamiento o castigo, pero excluyendo delitos políticos (excepto terrorismo).

El derecho que tienen los ciudadanos de otros países y apátridas a refugiarse en España, con las condiciones establecidas en la ley.

Todos los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social.

Todos tienen derecho a la vida, integridad física y moral, y no pueden ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Los individuos y comunidades tienen derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación que el orden público.

Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, y solo se puede restringir en los casos y en la forma previstos por la ley.

El tiempo máximo de detención preventiva es el estrictamente necesario para investigación, con un máximo de 72 horas. Luego, debe ser puesto en libertad o a disposición judicial.

Toda persona detenida debe ser informada de sus derechos y las razones de la detención de forma inmediata y comprensible. No puede ser obligada a declarar.

El detenido tiene derecho a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales, según la ley.

Procedimiento para la puesta en libertad de personas detenidas ilegalmente.

El domicilio está protegido. No se puede entrar sin consentimiento o resolución judicial, salvo en caso de delito flagrante.

Las comunicaciones (cartas, llamadas, etc.) están protegidas. Solo se pueden interceptar con resolución judicial.

La ley limita el uso de la informática para proteger la privacidad de las personas.

Protección del ámbito personal y familiar.

Protección de la reputación.

Los españoles tienen derecho a elegir su residencia y circular libremente por España, y entrar y salir del país.

Derecho a expresar ideas y opiniones sin limitaciones políticas o ideológicas.

Derecho a expresar y difundir ideas libremente por palabra, escrito u otros medios.

Restricción de la publicación o difusión de información sin una resolución judicial.

Derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, sin autorización previa, salvo reuniones con riesgo para el orden público.

Asociaciones que persiguen fines o emplean métodos delictivos están prohibidas.

Derecho del ciudadano a participar en asuntos públicos directamente o por medio de representantes.

No se puede privar a nadie de la posibilidad de defenderse.

Derecho a no declarar en contra de uno mismo en un juicio.

Se considera inocente a una persona hasta que se demuestre lo contrario en un juicio.

Una persona no puede ser acusada de un delito que no estaba definido como tal en el momento de la acción.

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad no pueden incluir trabajos forzados.

La Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad, directa o indirectamente.

Los tribunales de honor no están permitidos en la Administración civil ni en organizaciones profesionales.

Todos tienen derecho a la educación.

Protege los derechos del capítulo II del Título I, que vinculan a todos los poderes públicos (artículos 14 al 38).

Los artículos 14 y la Sección 1ª del Capítulo II (15-29) cubren aspectos como la preferencia, la sumariedad, y la objeción de conciencia.

Los principios del Capítulo III (artículos 39-52) informan a la legislación y la práctica judicial, así como a la actuación pública.

Institución que defiende derechos y supervisa la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

El mandato del Defensor del Pueblo es de 5 años.

Requisitos para ser elegido son ser español, mayor de edad y en pleno disfrute de derechos civiles y políticos (no tienen mandato imperativo alguno).

Goza de inviolabilidad y no puede ser detenido ni retenido, excepto en caso de flagrante delito.

El Defensor puede ser cesado por renuncia, expiración del mandato, muerte, incapacidad, notoria negligencia o condena por delito doloso.