Caso Hermanos Landaeta Mejías vs. Venezuela

Se refiere a la protección legal que tiene una persona frente a la detención arbitraria o ilegal. Esto incluye el derecho a ser informado de los motivos de su detención, a tener un abogado y a que se determine la legalidad de su detención por un juez.

Este derecho se refiere a la protección de la vida humana. Implica que el Estado debe tomar medidas para proteger la vida de las personas bajo su jurisdicción, incluso de la violencia y la muerte.

Protege a las personas de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto incluye la obligación del Estado de investigar adecuadamente cualquier alegato de tortura y de llevar ante la justicia a los responsables.

Este derecho garantiza que todos tengan acceso a la justicia, a un juicio justo y a la protección legal. Esto implica que todos pueden acceder a los tribunales, defenderse en un juicio y obtener una solución justa a sus controversias.

Se refiere a la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas sobre posibles violaciones de derechos humanos. Esto incluye investigar muertes sospechosas para determinar si hubo responsabilidad del Estado.

Se refiere a la protección que el Estado debe brindar a los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos para que puedan acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación por el daño sufrido.

La excepción al agotamiento de los recursos internos se refiere a la situación en la que un individuo puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso sin haber agotado todos los recursos legales internos, en ciertas circunstancias específicas.

Se refiere a la situación en la que la Comisión concluyó que no se cumplió con el momento procesal oportuno para presentar la excepción, y en consecuencia, la excepción no era procedente.

El Estado alegó que Igmar Landaeta debía agotar el recurso de casación. Sin embargo, la Comisión consideró que el recurso de casación no era adecuado y efectivo en este caso, ya que solo se enfocaba en impugnar violaciones de la ley y no las irregularidades en la investigación, que por su naturaleza no podían ser resueltas por dicho recurso.

La Comisión señaló que la "pasividad recursiva del Ministerio Público" constituyó una excepción al agotamiento de los recursos internos, debido a que el Ministerio Público no interpuso recursos para impugnar la sentencia absolutoria, a pesar de tener la facultad para hacerlo y de que se trataba de una acción perseguible de oficio con elementos que exigían una respuesta diligente.

El artículo 46.2 a) de la Convención Americana establece una excepción al agotamiento de los recursos internos, que se aplica en casos donde se identifica una pasividad recursiva por parte de las autoridades estatales.

Cuando el Estado presenta una excepción, debe cumplir con los requisitos formales y materiales para que sea procedente.

El Estado argumentó que la Corte no debía reabrir la determinación de admisibilidad, ya que no había un error grave u otra inobservancia procesal por parte de la Comisión que hubiera causado un perjuicio a su derecho de defensa.

La Corte no puede considerar la excepción preliminar porque el Estado no ha demostrado que los recursos disponibles en el sistema judicial hubieran podido proteger los derechos alegados como vulnerados.

La Corte analizará la prueba aportada por ambas partes utilizando los principios de la sana crítica y atendiendo a las normas legales.

Se refiere a la capacidad del Estado de demostrar que los recursos legales disponibles hubieran podido proteger los derechos alegados como vulnerados.

La sentencia no adquiere la calidad de cosa juzgada si no se notifica a las partes procesales y no se dicta una condena o absolución.

La Corte no tiene suficientes elementos para determinar el estado actual del proceso penal.

La Corte analizará los elementos probatorios documentales, testimonios y declaraciones presentados por las partes.

La Corte analizará la prueba para mejor resolver, que fue solicitada por la Corte, para tomar una decisión justa.

La Corte aplicará los principios de la sana crítica para evaluar la prueba, tomando en cuenta las normas legales pertinentes.

Es crucial que el Estado no solo mencione los recursos internos no agotados, sino que también demuestre que estos recursos estaban disponibles, eran apropiados, idóneos y efectivos.

El Estado indicó que debido a la ausencia de interposición del recurso de casación, la sentencia se hizo firme y adquirió el carácter de cosa juzgada.

El Estado argumentó que, aunque no se había presentado el recurso de casación, aún era posible interponerlo debido a la falta de notificación a las partes y a que la Corte de Apelaciones debió condenar o absolver, pero no sobreseer.

La Comisión considera que el recurso de casación no era el método adecuado para impugnar las irregularidades presentadas por los peticionarios.

En este caso, la Comisión señala que no se llevó a cabo una investigación para determinar si la muerte de Igmar Alexander Landaeta tenía alguna relación con la muerte de su hermano Eduardo José, fallecido semanas después por supuestos miembros de la policía del estado Aragua, al igual que el primero.

La Comisión indica que la sentencia de la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, fechada el 10 de noviembre de 2003, demostró que el recurso de casación no era el mecanismo adecuado para resolver las irregularidades alegadas por los peticionarios.

El artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la revisión de una sentencia firme solo puede ser a favor del imputado en casos específicos, como cuando dos o más personas están condenadas por un mismo delito que solo pudo cometer una persona o si la sentencia se basó en el homicidio de alguien que aún vive.

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se admiten documentos que han sido presentados por las partes, la Comisión, o la Corte misma dentro del plazo procesal establecido, y que no han sido controvertidos u objetados. Además, la autenticidad de los documentos no debe ser cuestionada.

En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que las notas de prensa presentadas, podrán ser consideradas como pruebas si recogen hechos notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o si corroboran aspectos relevantes del caso. Para ser validadas deben estar completas o al menos indicar la fuente y la fecha de publicación. La Corte utilizará las notas de prensa junto con el resto de la evidencia y las observaciones de las partes para llegar a una conclusión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la presentación de un escrito dentro del plazo procesal, aún si se ha cometido un error involuntario en la dirección de correo electrónico a la que se envía inicialmente, no afecta la oportunidad de la presentación del escrito. Para ello, se debe demostrar que el error fue involuntario.

Si no se ponen en duda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos admite la autenticidad de los documentos presentados por las partes, la Comisión, o la Corte misma.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los documentos presentados por las partes y la Comisión, dentro del plazo procesal establecido, son admisibles como prueba si no han sido objetados o controvertidos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede solicitar documentos específicos a las partes. Si las partes presentan estos documentos a la Corte después de la audiencia pública, estos documentos se incorporarán al acervo probatorio.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos valora las notas de prensa junto con el resto de la evidencia disponible y las observaciones de las partes, aplicando las reglas de la sana crítica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúa la evidencia de acuerdo a las reglas de la sana crítica, tomando en cuenta todos los aspectos relevantes del caso.

Un documento que contiene la declaración jurada de María Magdalena Mejías, emitida el 23 de enero de 2014, y que se encuentra en el expediente de fondo, folio 773.

Un conjunto de documentos que contienen declaraciones de diferentes personas, incluyendo a Yaiskel Elizabeth Garrido Rodríguez, Francisca Acosta Jaspe, Adeisa de la Trinidad Moffi García, Vicmar Loydinet Colmenares Acosta, José Francisco Hernández Ramírez, Jesús Chávez Cristin y Velmar Quintero.

Se refiere a un vehículo automóvil blanco, sin placas de matrícula, que estaba siendo conducido por dos sujetos que persiguieron e hirieron a Igmar Landaeta.

Dos individuos que, vestidos como civiles, persiguieron a Igmar Landaeta, lo obligaron a caer al suelo, le dispararon y luego lo introdujeron en el automóvil blanco.

La persona que iba en el asiento del pasajero del automóvil blanco. Ella le dijo a los sujetos que habían confundido a Igmar Landaeta con alguien más, y salió corriendo de la zona del incidente.

Un testigo que declaró haber visto a Igmar Landaeta mientras corría por la calle, perseguido por dos individuos en un automóvil blanco sin placas.

Se refiere a un arma de fuego que supuestamente estaba en posesión de alguno de los sujetos involucrados en el incidente.

El número de disparos que los testigos escucharon durante el ataque a Igmar Landaeta, aproximadamente diez.