Caso María Benito: Rechazo al Tratamiento Médico para una Muerte Digna (PDF)

GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL Caso María Benito El rechazo al tratamiento médico para ejercer una muerte digna María Benito case The rejection of medical treatment to achieve a dignified dea...

Caso María Benito El rechazo al tratamiento médico María Benito case The rejection of medical treatment Resumen: La sentencia de la demanda de María Benito ratifica soporte vital. La resolución voluntad de retirar su ventilador se desarrolla un análisis saciertos en la argumentación el sostener que el pedido no se necesita un protocolo tal para profundizar y delimitar Abstract: The ruling of the Benito’s claim founded ratifies The Court’s resolution orders remove its mechanical ventilator, the aforementioned ruling in the argumentation that that María’s request is needed for it. However, it scope of the right to a dignified Palabras clave: Rechazo a tratamiento cuación del esfuerzo terapéutico Keywords: Refusal of medical cy of therapeutic effort / * Abogada por la Pontificia de Cambridge, Reino Unido. de Investigación de Derecho Internacional de los Derechos ción de la Defensoría del GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 G A C E TA CONSTITUCIONAL I. INTRODUCCIÓN María Teresa Benito Orihuela es una mujer huancaína de 66 años que fue diag- nosticada en 2014 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La ELA es una enfer- medad de carácter degenerativo, progre- sivo e incurable, que afecta las células ner- viosas del cerebro y la médula espinal, generando la pérdida paulatina del con- trol muscular. A María esta enfermedad la ha dejado completamente paralizada. Lo único que puede mover hoy, son sus ojos, que le permiten escribir a través de un sis- tema de seguimiento visual. Sin embargo, desde hace un tiempo viene perdiendo la vista y debido a una infección ocular de diciembre de 2023, le cuesta mucho más comunicarse. Dado que su enfermedad es solo física y no afecta su capacidad cogni- tiva, María está completamente lúcida y desde esa lucidez viene conversando hace más de cinco años con su hija sobre cómo acceder a una muerte digna cuando ella ya no pueda seguir prolongando su vida en sufrimientos. El precedente de Ana 1 “Artículo 4.- Ninguna persona sentimiento previo o el de dida de hacerlo. Se exceptúa tratamiento médico o quirúrgico de salud, en su caso. (...)”. 2 “Artículo 15.- Toda persona derecho a negarse a recibir negativa. La negativa a recibir el plan terapéutico contra 4.a) A otorgar su consentimiento que vicie su voluntad, para situaciones: a.1) En la oportunidad previa su interrupción. Quedan exceptuadas de riesgo debidamente comprobado (...)”. 174 los servicios de salud3. Además, fue pre- sentado junto a un documento de apoyo y salvaguardias a futuro elevado a escritura pública en febrero de 2023, en la que deja constancia de sus deseos sobre decisio- nes vinculadas a su salud, como no seguir dependiendo de un ventilador mecánico y en el que designa a su hija como apoyo para que haga valer su voluntad cuando ella ya no pueda exteriorizarla a futuro si perdiera su vista. Pese a que el rechazo a tratamiento médico es un derecho funda- mental del paciente y una práctica ruti- naria (Pinedo, 2024), EsSalud señaló: “al no existir eutanasia en nuestro medio, corresponde a las autoridades judicia- les determinar sobre el requerimiento del paciente, para lo que sería necesario considerar una inaplicación de la pena- lización de la intervención activa de los profesionales de la salud para acceder a la solicitud del paciente”. Debido al avance de su enfermedad, a sus sufrimientos y a la inminente pérdida de su vista, María no tenía mucho tiempo para llevar adelante un proceso judicial, como lo hizo, por ejemplo, Ana Estrada. A diferencia de Ana, además, María es dependiente de medidas de soporte vital 3 “Artículo 17.- Derecho a Toda persona debe ser informada tinuar el tratamiento y a que debe registrar en la historia cias de su decisión, así más la firma o huella digital a recibir o continuar el tratamiento encuentre en estado de emergencia 4 Código Penal del Perú “Artículo 112.- El que, consciente para poner fin a no mayor de tres años”. /001CD7E618605745052583280052F800/$F GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 G A C E TA CONSTITUCIONAL que merecen ser puestos bajo análisis. Este artículo tiene como finalidad ahon- dar en ellos. La primera parte desarrolla las razones por las que se optó en el caso interponer un recurso de hábeas corpus interpretado bajo un enfoque diferen- cial y de discapacidad. La segunda ana- liza la decisión de la sala de reconver- tir el hábeas corpus a un amparo y otras referencias que formula sobre el alcance del derecho a una muerte digna, el con- cepto de eutanasia y el análisis bioético del pedido de María. Una tercera pre- senta una crítica al voto en minoría con base en sus referencias sobre la situación médica de María y su interpretación sobre el derecho a la vida. Y, finalmente, el artículo cierra con unas reflexiones finales sobre la trascendencia de esta sen- tencia en los derechos fundamentales de los pacientes y los desafíos para garanti- zar su pleno cumplimiento por parte del personal de salud. II. ¿POR QUÉ UN HÁBEAS CORPUS? El hábeas corpus nace originalmente como un mecanismo de protección de la libertad personal, entendida en tér- minos de su dimensión física. Histórica- mente, ha estado asociado a la libertad ambulatoria y por eso ha sido utilizado 5 Sobre este punto, la doctrina “libertad personal” y la ción menciona el concepto proteger solo la dimensión Eloy Espinosa-Saldaña Barrera sidera que a pesar de sus orígenes, ción doctrinal y jurisprudencial “todos aquellos ámbitos con la salvaguarda” del equilibrio 6 Disponible en el siguiente 176 libertad de una persona con discapacidad psicosocial, sostuvo que este era un caso en el que se requería analizar ciertas con- sideraciones “sobre el derecho a la liber- tad personal, como contenido del derecho a la libertad individual, de las personas con discapacidad” (fundamento 3, énfasis agregado). En otras palabras, el tribunal diferenció una de otra forma de libertad, lo que solo tiene sentido en el entendido de que la primera se refiere a la liber- tad física (ambulatoria), que está com- prendida dentro de la segunda, que alude a un ámbito más amplio vinculado a la autodeterminación. En el referido caso, al haber internado al recurrente en una clínica privada sin su consentimiento, el TC concluye que esta acción vulneró su “derecho a la libertad individual tible de ser tutelado en la vía del hábeas corpus” (ff. jj. 15 y 24, énfasis agregado). Esta lectura tiene aún más sentido en el caso de una persona con discapacidad física, cuya libertad ambulatoria ya ha sido enteramente despojada como resul- tado de la enfermedad que padece. En otras palabras, el único resquicio de liber- tad que le queda a María de ser protegido por el Estado es el de la libertad enten- dida como autodeterminación. Restrin- gir el ámbito de protección de un hábeas corpus a supuestos de arrestos o deten- ciones arbitrarias, como lo hizo la sen- tencia de grado, no solo es contrario al desarrollo evolutivo de este recurso, sino que desnaturaliza su fin tuitivo cuando el recurrente es una persona con disca- pacidad física. Garantizar la igualdad material en el acceso a la justicia requiere aplicar en estos casos un enfoque dife- rencial que reconozca la diversidad y posible desventaja que sufre un grupo en la garantía de sus derechos producto de estas diferencias (Opinión Consultiva GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 G A C E TA CONSTITUCIONAL El caso de María Benito es el segundo en el Perú en el que se discute judicialmente el derecho a una muerte digna luego del precedente de Ana Estrada. La sentencia de la Tercera Sala Constitucional que, en última instancia, declara fundada su demanda le otorga a María la tutela de derechos fundamentales que necesitaba. párr. 42). Por eso, se alegó que el acto lesivo –la decisión de EsSalud petar su derecho a rechazar tratamientos médicos– vulneraba también su libertad individual en su contenido de integridad personal. Conforme señala el inciso 1 del artículo 33 del nCPC, este es uno de los derechos que forman parte de la libertad individual: “La integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o tra- tos inhumanos o humillantes, ni violen- tado para obtener declaraciones”. EsSalud vulneró tres aspectos de este derecho al: i) acentuar y prolongar la afectación a su integridad física, psíquica y moral que ya venía experimentando María; ii) al vul- nerar su derecho a no ser sometida a una situación de tratos crueles e inhumanos; y iii) al mantener deliberadamente una intervención no consentida en su integri- dad corpórea. La demanda de María estuvo acompa- ñada de varios medios probatorios que acreditaban los sufrimientos que ella 178 pp. 173-195 particulares, deben ser prevenidos por el Estado (caso López Soto y otros vs. Vene- zuela, párr. 197). La Corte Constitucional de Colombia ha considerado, por eso, en un caso de muerte digna que “condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones”, equi- vale a un trato cruel e inhumano (Sen- tencia C-239). Por último, la afectación a su integridad personal también se manifestaba en el hecho de que EsSalud, con su decisión, estaba obligando a María a continuar un tratamiento médico invasivo no consen- tido. Como dice el Tribunal Constitucio- nal español en su Sentencia 19/2023, del 22 de marzo de 2023, en la que convalida la constitucionalidad de la ley orgánica que regula la eutanasia (LORE), el ele- mento definitorio de una intromisión en el derecho a la autodeterminación corpo- ral es la falta de consentimiento del titu- lar respecto de cualquier intervención, “aun teniendo [esta] una finalidad cura- tiva, hasta el punto de amparar como ejercicio del derecho a la integridad per- sonal del paciente el rechazo de trata- mientos médicos que pueda conducir a un resultado fatal” (Sentencia 19/2023). En otras palabras, el solo hecho de obli- gar a una persona a seguir un tratamiento invasivo en su esfera corpórea que ya no desea es per se una vulneración a su inte- gridad personal. Finalmente, el hábeas corpus no solo se presentó por la vulneración a la libertad individual, en su contenido de integridad personal, sino también por la a derechos constitucionalmente conexos, conforme al inciso 22 del artículo 33 del nCPC, como la dignidad, el libre desa- rrollo a la personalidad y a una muerte en condiciones dignas. Vulnerar cada GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 G A C E TA CONSTITUCIONAL consentimiento no solo vulneraba su libertad individual, más aún, en su conte- nido de integridad personal, sino también sus derechos conexos a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a una muerte en condiciones dignas. La tutela urgente y célere que ofrece el hábeas cor- pus para cesar con la vulneración de su libertad individual, tomando en inminente riesgo de pérdida de visión que experimentaba María por la progresión de su enfermedad, justificaba con mayor razón acudir a esta vía constitucional. III. ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA SENTENCIA El caso de María generó una discordia al interior de la Tercera Sala Constitucional. El 22 de enero de 2024, la sala notificó que dos de los tres magistrados se encon- traban a favor del pedido de María y uno se oponía. De acuerdo con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se necesitan tres votos para hacer resolu- ción en las cortes superiores. En casos de discordia se llama a un vocal dirimente y se convoca a una vista de la causa para que este último escuche los alegatos y resuelva la disputa. Convocaron a audien- cia el viernes 26 de enero de 2024. El 1 de febrero fuimos notificados de que el juez dirimente Basilio Cueva Chauca se sumó al voto en mayoría de los magistrados Cabrera Giurisich y Paredes Flores, en el que se ordena a EsSalud respetar y 7 En virtud de una interpretación único supuesto en el que el bado para la salud de terceros sona no ha podido expresar 8 Por “adecuación de esfuerzo das tendientes a prolongar didad, dolor o sufrimiento en este. 180 ni de ninguna otra índole, pues se trata de un derecho. De hecho, la sala acierta en precisar que debido a que es un pro- cedimiento médico recogido en la ley, el retiro del ventilador mecánico no necesita de ningún protocolo médico, pues este ya se encuentra regulado en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de los Derechos de los usuarios de los servicios de salud9. Hay que recordar que el médico que res- peta la voluntad de un paciente de recha- zar un tratamiento médico, así sea de soporte vital, actúa conforme al mismo Código de Ética Médica (2023)10, que reconoce una serie de derechos que le asisten al paciente y que son exigibles al personal médico. Así, el artículo 100e recoge el derecho de todo paciente a rechazar tratamiento, en cualquier momento “sin obligación de expresión de causa”; el artículo 100n señala la obliga- ción de los médicos hacia un paciente de respetar “el proceso natural de su muerte, sin recurrir a una prolongación injusti- ficada y dolorosa de su vida”; el artículo 123 reitera el derecho a aceptar o rechazar un tratamiento; el artículo 110 prohíbe expresamente el encarnizamiento tera- péutico; e incluso, el artículo 7 reconoce que la medicina tiene entre sus fines la “búsqueda de una muerte digna y en paz de los seres humanos”. 9 “Artículo 17.- Derecho a Toda persona debe ser informada tinuar el tratamiento y a que debe registrar en la historia cias de su decisión, así como más la firma o huella digital a recibir o continuar el tratamiento encuentre en estado de emergencia 10 Disponible en el siguiente enlace: cion-Codigo-de-etica-ultima-revision- GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 G A C E TA CONSTITUCIONAL señalando que estos no pueden ser cata- logados como tales “solamente por el sim- ple hecho de asistirla con los tratamientos médicos que ella misma autorizó” y que afirmar ello “sería imputarles un delito a los funcionarios de EsSalud”, a lo que añade que esto no puede ser así con base en los montos económicos destinados por parte de EsSalud para tratar a María (ff. jj. 8.2.9 y 8.2.10). Sobre el argumento de la libertad indi- vidual, la demanda de hábeas corpus fue muy clara en señalar que, como lo indica la Constitución y el nCPC, este recurso protege “la libertad individual”, pero, conforme se explicó líneas arriba, esta no se limita a la “libertad personal”. En otras palabras, que la primera pro- tege ámbitos de libertad más amplios que la segunda. Como se señaló, interpre- tar estas disposiciones conforme a un enfoque diferencial y de discapacidad, y según el principio pro homine11, en el caso de una persona con discapacidad física severa como María, debía conside- rar que ella no goza de libertad ambulato- ria y que, por ende, la función tutelar del hábeas corpus debía alcanzarle al único espacio de libertad que tiene: su autode- terminación. Es decir, este recurso no debió analizarse en abstracto, sino apli- cado al caso concreto de María y a las particularidades que definen sus viven- cias. Resulta, cuanto menos, curioso, ade- más, que la sentencia cite los extractos de un artículo entre sus argumentos en el que se sostiene lo siguiente: “a través 11 El principio pro homine es un chos humanos, en virtud del extensiva, cuando se trata de pretación más restringida derechos o a su suspensión 182 luego de darla, por tanto, bastaba a este punto para confirmar una vulne- ración a la esfera física de personal. Y tercero, con relación a los tra- tos crueles e inhumanos, hay que preci- sar que estos no derivan de “asistirla tratamientos médicos que ella como equívocamente se afirma, sino que son el resultado de la decisión de EsSalud de desconocer la voluntad de María ende, de obligarla a seguir un tratamiento no consentido que al acentuar y prolon- gar sus sufrimientos le causan tal inten- sidad de dolores que, por un lado, a calificar como tratos crueles y que, por el otro, como tratos inhumanos, al pro- vocarle una sensación de precariedad en la propia existencia. Como se sostuvo líneas arriba, a dife- rencia de la tortura, los tratos inhumanos no requieren que se come- tan de modo intencional con algún fin o propósito (Méndez, 2013). Por ende, hablar de la intención de los funciona- rios de EsSalud de querer “hacerle a María a través de tratamientos costosos cuando ella manifiesta que estos le están “haciendo mal” es irrelevante. Determi- nar si están cometiendo un delito no es algo que le compete a la justicia consti- tucional, solo a nivel de la justicia penal es relevante hablar de una “intencionali- dad” de los funcionarios para determi- nar si sus conductas fueron o no Ello sin perjuicio de que incluso desde el Derecho Penal es dable considerar que los tratamientos médicos, aun sin un fin curativo, cuando suponen una interven- ción no consentida en la integridad cor- poral, pueden calificar como delito de lesiones (De Vicente, 2021, p. 36). Como afirma Negri (2012), incluso si se “admi- nistran en interés del paciente, las inter- venciones y cuidados proporcionados sin GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 G A C E TA CONSTITUCIONAL “eutanasia activa” y “eutanasia pasiva” (f. j. 17.1) y, por el otro, de manera con- tradictoria, se cita un artículo en el que se dice textualmente que “no existe euta- nasia activa y pasiva, la eutanasia es una sola y es con la participación activa del médico; lo que se confunde como euta- nasia pasiva corresponde a la limitación del esfuerzo terapéutico, algo que no está prohibido en la ley” (f. j. 18.6). Solo esta última afirmación tiene sustento. Basta remitirse al Código de Ética Médica de la AMA (Asociación Médica Mundial), que define la eutanasia como: “la admi- nistración de un agente letal por otra per- sona a un paciente con el fin de aliviar el sufrimiento intolerable e incurable del paciente”12. Es decir, la eutanasia es un procedimiento en el que se administra un insumo, generalmente de manera intra- venosa por parte de un profesional de la salud, y eso solo puede darse de manera activa. Podemos señalar, entonces, que solo existe un tipo de eutanasia. Lo que cier- tos sectores persisten en llamar como “eutanasia pasiva” en realidad es un supuesto de adecuación del esfuerzo terapéutico. Los autores que la senten- cia cita primero definen la “eutanasia pasiva” como el “conseguir la muerte del paciente mediante la suspensión tanto del 12 AMA. Code of Medical Ethics. another person to a patient ring”. Disponible en el siguiente euthanasia 13 Texto original: “A decision or an inadvertent death during assisted suicide and euthanasia. and euthanasia should not deter cal interventions as appropriate. tinue to motivate some patients 184 del esfuerzo terapéutico. La sala supe- rior, además, comete el error de insis- tir en el uso de algunos “neologismos” como la distanasia u ortotanasia (la pri- mera, en realidad, hace referencia a un supuesto de encarnizamiento terapéutico, y la segunda, a la adecuación del esfuerzo terapéutico donde se busca evitar prolon- gar una muerte agónica) que, como bien indica la Comisión, son “términos que no se usan más y que deben ser desecha- dos”. Y agrega: La cesación, retirada u omisión de intervenciones terapéuticas que se limitan a prolongar la vida de un paciente que se encuentra en situación de enfermedad terminal o irreversible, no es eutanasia. ponde a lo que se denomina actual- mente adecuación del esfuerzo tera- péutico. Esto es lo que anteriormente se denominaba eutanasia pasiva, un término muy confuso, y que lleva, hasta el día de hoy, a reiteradas inter- pretaciones erróneas. (FEMI, 2020, p. 10) En un país como el Perú, donde la euta- nasia sigue siendo criminalizada bajo el delito de homicidio piadoso (mal llamado homicidio, porque no es una privación arbitraria de la vida), hay que insistir en que cumplir la voluntad de un paciente de suspender un tratamiento médico de soporte vital que ya no desea no es una eutanasia, por ende, no es un delito. Es, por el contrario, un deber del médico de respetar y garantizar el derecho de todo 14 Disponible en el siguiente enlace: 06fe9026c349a4/EXPEDIENTE+N%C2%B0+573 TRADA-EUTANASIA-22-7-2022pdf?MOD=AJPE c349a4 GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 G A C E TA CONSTITUCIONAL que sostiene la libertad de vivir o de vivir con libertad, sostiene el derecho a con- cluirla, si la vida carece de dignidad, de morir cuando aún la vida es digna o de no pasar una situación de indignidad que arrastre a la muerte indefectiblemente” (Exp. Nº 00573-2020-0-1801-JR-DC-11, f. j. 105). La citada resolución en consulta de la Corte Suprema hace una precisión muy importante sobre este derecho. Concluye que no existe un “derecho a morir (…) porque la muerte constituye el final natu- ral del ciclo de la vida (…) que constituye un hecho inexorable, por el cual transi- taremos todas las personas tarde o tem- prano”, sino que lo que existe es el dere- cho “a la dignidad al momento de morir o a morir con dignidad como parte del derecho a la dignidad que acompaña al ser humano durante todo el periodo de su existencia” y que este “incluye hasta la voluntad del paciente de disponer de su propia vida en ejercicio de su libertad y autodeterminación conforme a su pro- yecto de vida” (Exp. Nº 00573-2020-0- 1801-JR-DC-11, f. j. 105). En otras pala- bras, aclara que no se trata de un “derecho a morir a secas” porque la muerte forma parte de la vida y es un destino que nadie puede eludir. De lo que se trata, en buena cuenta, es que una persona pueda tener el derecho de morir “con dignidad” y, por ende, de que su proceso de muerte, cuando este se avecine no sea uno en sufrimiento en donde el final de la vida sea arrebatado del sentido de dignidad que cada uno le da según su forma de ver la vida. 15 La Adecuación del Esfuerzo tendientes a prolongar la vida, dad, dolor o sufrimiento en este. 186 pp. 173-195 con su decisión, EsSalud indirectamente estaba imponiendo a María enfrentar una muerte que llegaría de uno u otro modo de forma agónica y con sufrimientos, lo que ella precisamente quería evitar. Ello se confirma aún más con las declaracio- nes del procurador de EsSalud durante la audiencia única ante el sexto juzgado constitucional, en el que sostuvo que la institución estaba comprometida a insis- tir con el tratamiento no consentido hasta “lo que su cuerpo resista”16. El derecho a una muerte digna se erige no solo en la dignidad, sino también en la autonomía de cada individuo (Sentencia C-239-97). Al María solicitar a EsSalud el ventilador mecánico para dar paso a que su enfermedad siga su curso hacia una muerte natural, la negativa de EsSalud, en la práctica, implicaba una suplanta- ción de su voluntad en la que ellos, y no ella, terminaban definiendo la forma en la que ella eventualmente transitaría su proceso de muerte. La sala superior tuvo la oportunidad de profundizar y delimitar mejor los alcan- ces del derecho a una muerte digna, tal como lo ha hecho la Corte Constitucional de Colombia reiteradas veces, ampliando incluso su ámbito de protección al elimi- nar el requisito de enfermedad “termi- nal” para acceder a la eutanasia cia C-233/21, párr. 438) o agregando la asistencia médica al suicidio como una expresión más de este derecho (Sentencia C-164/22). La sala menciona el derecho 16 El procurador de EsSalud, el dad de acelerar el proceso de línea, agregó que esto significaba miento que recibe hasta donde la audiencia única obra en 17 Disponible en el siguiente enlace: GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 G A C E TA CONSTITUCIONAL forma en la que desea tener control sobre su proceso de muerte. En el caso de Ana Estrada, ella solicitó el procedimiento de eutanasia, como expresión de este dere- cho. En el caso de María, ella requirió la adecuación del esfuerzo terapéutico, específicamente a través del rechazo a tratamiento médico de soporte vital, regulado en la LGS, como es su ventila- dor mecánico. En ambos casos se trató de una decisión libre e informada de cada una sobre la manera más conveniente de transitar el propio proceso de muerte en paz. Por ende, aunque son pedidos dis- tintos, en ambos casos, son expresión del mismo derecho a una muerte digna. Esta sentencia, por ese motivo, era una oportunidad importante para delimitar sus alcances, y señalar como lo afirma el artículo que cita el fallo, que “morir con dignidad no es solo eutanasia”, sino que es esta y es mucho más. 4. Análisis bioético del pedido de María La sala superior formula un análisis sobre el rechazo a tratamiento médico sin posibilidades de mejora o recupera- ción de la salud conforme a los cuatro principios bioéticos desarrollados por Beauchamp y Childress (1983) (f. j. 19). Así, llega a la conclusión de que: i) sobre el principio de no maleficencia, es más perjudicial y atentatorio contra la dig- nidad del paciente mantener el trata- miento (f. j. 19.1.1); ii) sobre el princi- pio de beneficencia, es más beneficioso para la tranquilidad mental y bienestar emocional de la paciente retirar la tera- pia (f. j. 19.1.2); iii) sobre el de justicia, se dice que este principio “obliga a tra- tar a cada paciente como le corresponde”, pero no profundiza más en qué es lo que ello significa (f. j. 19.1.3); y, vi) sobre el de autonomía, se indica que el rechazo de 188 mayor beneficio al paciente, conforme dicta el principio de beneficencia, debe articularse con el principio de autono- mía que necesariamente involucra con- siderar los deseos del paciente y respe- tar su dignidad. El mismo Código de Ética Médica del Perú (2023) recoge que la formación humanista del médico radica en que la relación con el paciente debe darse en respeto a “la autonomía y cosmovisión de las personas como parte de los derechos humanos y den- tro del marco legal vigente” (artículo 2), dejando atrás el antiguo molde signado por el paternalismo médico, para tran- sitar hacia una relación horizontal entre ambos (artículo 6). IV. EL VOTO EN DISCORDIA Como se dijo líneas atrás, uno de los magistrados de la Tercera Sala Consti- tucional emitió un voto en discordia a favor de confirmar la sentencia en grado que declaró improcedente la demanda. El voto en discordia, al igual que el voto en mayoría, realiza la misma reconver- sión del hábeas corpus hacia un amparo y entra al fondo de la controversia, pero 18 Por poner solo unos ejemplos, del derecho a la vida digna, María no tiene una dolencia amparar su pedido porque tiene décimo); iii) que no existe nociendo el precedente de Ana mento noveno); iv) que el derecho Política del Perú (fundamento el derecho a la vida está en pretensión de María implicaría la salud)” (fundamento décimo de conciencia individual; vi) vada “desde que expresa tanto la decisión adoptada (…), improcedente”, sin señalar GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 G A C E TA CONSTITUCIONAL La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior cumplió su función tutelar al emitir una sentencia que protege los derechos fundamentales de María y ordena a EsSalud respetar y garantizar su decisión libre e informada de retirar el ventilador mecánico, previa aplicación de una sedación. Condicionar el derecho al rechazo a tra- tamiento médico de soporte vital a tener una enfermedad terminal generaría un trato diferenciado injustificado hacia quie- nes tienen una enfermedad que, pese a ser grave, incurable, degenerativa y fuente de sufrimientos, no permite pronosticar un tiempo de vista restante, como pasa con la ELA que vive María. Esa fue la razón por la cual la Corte Constitucional colombiana eliminó el requisito de “terminalidad” de la enfermedad para acceder a la eutanasia como forma de ejercer el derecho a una muerte digna, pues, a su criterio: “no con- tribuye a optimizar la autonomía de la per- sona para decidir cuándo poner fin a la vida, sino que supone infligir a las perso- nas que, teniendo una condición médica no terminal pero aún grave, incurable y con dolores intolerables, tratos crueles e inhumanos por un tiempo que no solo es escaso, sino que no se sabe cuánto (Sentencia C-233 de 2021, párr. 438). Con relación a sostener que no se puede acreditar clínicamente los dolores que 190 pp. 173-195 aborda el derecho a una muerte digna. En buena cuenta, se afirma que no es posi- ble acceder al pedido de María porque el Estado tiene una obligación de pro- teger y garantizar el derecho a la vida (ff. jj. 7 y 11). Aquí cabe explicar que esta obligación estatal es, conforme a la juris- prudencia de la Corte IDH, de dos tipos: una negativa, consistente en la prohibi- ción de que una persona sea “arbitraria- mente” privada de su vida y, otra positiva, que incluye el deber estatal de “generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificul- ten o impidan” (caso Comunidad Indí- gena Yakye Axa vs. Paraguay). En esa línea, no tiene sentido hablar de una privación “arbitraria” de la vida cuando quien autoriza a ponerle fin es el titular de esta vida, que considera que seguir prolongando su existencia no cali- fica más como una vida digna para sí. Además, tal como lo sostuvo la Corte Suprema en su resolución consultiva del caso Ana Estrada, “la vida no es una obli- gación, sino un derecho fundamental de las personas” (Exp. Nº 14442-2021 Lima, p. 34). La interpretación que el voto en discordia le atribuye al derecho a la vida 19 Véase el caso Hermanos Landaeta reparaciones y costas) emitida 20 En esta sentencia se discute artificiales) a Vincent Lambert relativo al final de la vida, Estados un margen de apreciación ficial de mantenimiento de la los medios lograr un equilibrio ción de su derecho al respeto 21 Estas son: 1) Pretty c. Reino 52032/16, 55072/16, 24510/17, chos Humanos 29 de abril de GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 G A C E TA CONSTITUCIONAL margen de apreciación de los Estados que caracteriza este sistema regional, la juris- prudencia del TEDH sí permite concluir que la autodeterminación en el proceso de muerte, incluso a través de la euta- nasia o el suicidio asistido –ninguno de los cuales aplica el caso de María–, es compatible con las obligaciones de pro- tección de los derechos a la vida y a la vida privada, siempre que existan salva- guardias institucionales. Así lo señaló en su más reciente decisión, Mortier c. Bél- gica (2022), al precisar que: “el derecho a la vida consagrado en dicha disposi- ción no puede interpretarse en el sentido de que prohíbe por sí mismo la despena- lización condicional de la eutanasia” y que, para ser compatible con el derecho a la vida, “debe ir acompañada del estable- cimiento de garantías adecuadas y sufi- cientes para prevenir los abusos y garan- tizar así el respeto del derecho a la vida” (párrs. 137-139). La vida, cabe recordar, no puede redu- cirse únicamente a su sentido biológico. El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General N° 36, ha precisado que el derecho a la vida no se refiere nece- sariamente a la vida en sentido físico, por eso incluye el derecho a disfrutar de una vida con dignidad (Observación Gene- ral Nº 36, párrs. 3 y 26). Desde este enfo- que, incluso, podría sostenerse que obli- gar a una persona a seguir padeciendo sufrimientos que ya no puede tolerar es una interferencia estatal que obstaculiza el derecho a la vida digna en el epílogo de Humanos 20 de enero de 2011); Humanos 19 de julio de 2012); nos [GC] 30 de setiembre de Derechos Humanos [GC] 5 de peo de Derechos Humanos 4 de 192 pp. 173-195 psíquicos y morales que experimentó en adelante no solo provenían de su enfer- medad, se acentuaron y se prolonga- ron innecesariamente por la decisión de EsSalud de cerrarle a María la posibili- dad de decidir cómo mejor gestionar- los, por tanto, de forzarle a continuar un tratamiento médico no consentido que no solo carece de fines curativos, sino que mantiene una vida artificial que para ella ya ha dejado de ser digna. Esta decisión no solo vulneró su liber- tad individual, entendida en términos de autonomía, sino que afectó su integri- dad personal y otros derechos constitu- cionalmente conexos. El hábeas corpus no solo fue la vía idónea por su ámbito de protección, sino por sus característi- cas de tutela urgente y célere frente a la posibilidad inminente de María de per- der el único medio de comunicación que tiene con el exterior. La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior cumplió su función tute- lar al emitir una sentencia que protege los derechos fundamentales de María y ordena a EsSalud respetar y garantizar su decisión libre e informada de retirar el ventilador mecánico, previa aplicación de una sedación. Es parte de su función tuitiva considerar la vía más adecuada para cumplir esta finalidad. Más la reconversión, es un acierto que hayan ratificado que el derecho a rechazar tra- tamientos médicos –sea o no de soporte vital– es expresión de derechos funda- mentales; que este es un procedimiento médico ya regulado en el Perú que no requiere de protocolo alguno; y que, salvo excepciones de amenaza a la salud de ter- ceros o a la salud pública, el derecho debe ser respetado en toda circunstancia por el personal de salud, con mayor razón si son funcionarios públicos. GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 G A C E TA CONSTITUCIONAL y de religión, pero un funcionario que las comparte debe saber que estas han de permanecer en su fuero personal y no intervenir en el ámbito institucional. Ello es aplicable a todo funcionario público, desde la función jurisdiccional hasta la administrativa. En lo que respecta a los profesionales de la salud directamente involucrados en el procedimiento médico de retiro del ven- tilador mecánico, tal como se expuso en la demanda a favor de María, garantizar el derecho de un paciente a rechazar tamiento médico es plenamente compati- ble con garantizar el derecho individual a la objeción de conciencia de los profesio- nales de la salud. La sentencia de la sala superior, en esa línea, precisa cedimiento médico de retiro de ventila- dor mecánico, previa sedación, a favor de María deberá realizarlo un médico no objetor. Sin embargo, hay que entender que este derecho individual no puede ser utilizado para obstaculizar el ejercicio de derechos constitucionales (Correa y Jara- millo, 2021, p. 53). Es deber de la entidad responsable contar con personal médico no objetor presto a garantizar la voluntad de un paciente. La objeción de concien- cia es un derecho individual y no puede ser invocada en bloque, como lo hizo el jefe de la Unidad de Cuidados Interme- dios del Hospital Rebagliati en respuesta al pedido de María de hacer cumplir la 22 Mediante Nota N. 57-SCI-DCI-GC-GHNERM el jefe de Servicios de Cuidados Nacional Edgardo Rebagliati al pedido de la paciente María tencial, los médicos asistentes en aplicación de nuestros derechos, de participar en el proceso Orihuela”. 194 Defensoría del Pueblo. (2018). Segundo Informe Anual. Mecanismo Nacional de Preven- ción de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. https:// w w w.defensoria.gob.pe/w p-content/ uploads/2018/09/Informe_tortura_2018 De Vicente, J. (2021). El consentimiento en las lesiones causadas por intervenciones quirúr- gicas. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (23-19), pp. 23-19. Federación Médica del Interior (FEMI). (2020). Principios éticos de la muerte digna. https:// femi.com.uy/wp-content/uploads/2021/01/ Principios_eticos_de_la_muerte_digna-1. pdf García, D. (1973). Los orígenes del hábeas cor- pus. Derecho PUCP, (31), pp. 48-59. Landa, C. (2005). El hábeas corpus Código Procesal Constitucional El derecho procesal constitucional Estudios en homenaje a Domingo Belaunde. Lima: Grijley. Méndez, J. (2013). Informe del sobre la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes. [A/HRC/22/53]. Consejo de Derechos Humanos de la Asam- blea General de las Naciones Unidas. GACETA CONSTITUCIONAL | Nº 196 GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL para ejercer una muerte digna to achieve a dignified death Josefina MIRÓ QUESADA GAYOSO* “Dejar partir también es una forma de amar y no ser tan egoístas. La muerte es parte de la vida. Pero a nadie le gusta hablar de la muerte, como si fuésemos inmortales”. María Tercera Sala Constitucional que declara fundada la su derecho a rechazar un tratamiento médico de de la Sala ordena a EsSalud a respetar y garantizar su mecánico, previa aplicación de una sedación. Así, crítico del referido fallo, en el que destaca los aciertos y de- que fundamenta la resolución. Entre los aciertos está de María no es una eutanasia y es legal, motivo por el cual para ello. Sin embargo, deja pasar una oportunidad vi- mejor los alcances del derecho a una muerte digna. Third Constitutional Chamber that declares María her right to refuse life-sustaining medical treatment. EsSalud to respect and guarantee its willingness to after applying sedation. Thus, a critical analysis of is developed, which highlights the successes and failures bases the resolution. Among the successes is maintaining not euthanasia and is legal, which is why a protocol is not misses a vital opportunity to deepen and better define the death. médico / Muerte digna / Ade- / Hábeas corpus / Autonomía Recibido: 28/02/2024 treatment / Death with dignity / Adequa- Aprobado: 18/03/2024 Habeas corpus / Autonomy Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Criminología por la Universidad Ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la PUCP. Miembro del Grupo Penal y Criminología (Gripec) y del Grupo de Investigación sobre Protección de las Personas y los Pueblos (Pridep) de la PUCP. Exasesora de la alta direc- Pueblo. Abogada de María Teresa Benito Orihuela y de Ana Estrada Ugarte. ABRIL 2024 ISSN 1997-8812 pp. 173-195 173 Estrada le dio esperanzas de que podría encontrarla en Perú. En abril de 2023, pidió a EsSalud que le retiraran el venti- lador mecánico que la mantiene artificial- mente en vida para ejercer así una muerte digna. EsSalud se lo negó señalando equí- vocamente que este era un pedido de euta- nasia, lo que sigue siendo un delito en nuestro país. Esta respuesta la obligó a demandar a la institución. Así empezó su batalla judicial que, en febrero de 2024 culminó con una sentencia a su favor emi- tida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la que declara fundada la demanda y ordena a EsSalud respetar y garantizar su deci- sión libre e informada de retirar su venti- lador mecánico, previa aplicación de una sedación paliativa, lo que deberá ser rea- lizado por un personal médico no objetor de conciencia. El pedido de María estaba amparado en los artículos 4 y 15 de la Ley General de Salud1-2 y en el 17 del Reglamento de la Ley de los Derechos de los usuarios de puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su con- la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impe- de este requisito las intervenciones de emergencia. a negativa a recibir exime de responsabilidad al médico tratante y al establecimiento tiene derecho a lo siguiente: (…) 2. (…) g) A ser informada sobre su o continuar el tratamiento y a que se le explique las consecuencias de esa el tratamiento puede expresarse anticipadamente, una vez conocido la enfermedad. informado, libre y voluntario, sin que medie ningún mecanismo el procedimiento o tratamiento de salud, en especial en las siguientes a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como del consentimiento informado las situaciones de emergencia, para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública. pp. 173-195 ISSN 1997-8812 ABRIL 2024 Nº 196 | GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL las 24 horas del día. En su caso, acceder a una muerte digna era viable sin necesi- dad de requerir a un juez la inaplicación del artículo 112 del Código Penal que hoy sanciona la eutanasia4. El retiro del ven- tilador mecánico a través del rechazo a tratamiento médico, que permitiera a la enfermedad seguir su curso hacia una muerte natural era –y es– una opción legal. Por eso, la primera alternativa no fue presentar una demanda, sino acudir a EsSalud a pedir que respetara su dere- cho a rechazar tratamientos médicos. Fue recién ante la arbitrariedad de la nega- tiva que recibió que se optó por presen- tar un recurso de hábeas corpus, debido a la afectación que esta decisión generó en su libertad individual, en su conte- nido de integridad personal y otros dere- chos conexos. El caso de María Benito es el segundo en el Perú en el que se discute judicialmente el derecho a una muerte digna luego del precedente de Ana Estrada. La senten- cia de la Tercera Sala Constitucional que, en última instancia, declara fundada su demanda le otorga a María la tutela de derechos fundamentales que necesitaba. No obstante, presenta algunos aspectos negarse a recibir o continuar un tratamiento por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o con- se le expliquen las consecuencias de esa negativa. El médico tratante clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuen- como su aceptación o negativa en relación al tratamiento, consignando ade- del paciente o de su representante, según corresponda (…) La negativa no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se o esta decisión ponga en riesgo la salud pública”. por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad Obtenido de: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf ILE/COD-PENAL_actualizado_16-09-2018.pdf ABRIL 2024 ISSN 1997-8812 pp. 173-195 175 como un mecanismo de tutela urgente frente a detenciones o arrestos arbitrarios (García Belaunde, 1973). Sin embargo, a la actualidad, el ámbito de protección que tutela este recurso ha sufrido una evolu- ción importante. La versión más actual, y la que acoge nuestro modelo consti- tucional, conforme lo reconoce la doc- trina nacional (Abad, 2019, p. 196; Landa, 2005, p. 466) protege espacios de libertad que trascienden a la libertad física. Por ello, el artículo 200 inciso 1 de la Cons- titución Política del Perú destaca que el hábeas corpus protege la “libertad indivi- dual”, entendida esta como una libertad más amplia que la libertad personal5. Tan es así que el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional (en adelante, nCPC) señala que el proceso de hábeas corpus procede “ante la acción u omi- sión que amenace o vulnere los siguien- tes derechos que, enunciativamente, con- forman la libertad individual”, entre los que se encuentra: el derecho a la verdad (19), a no ser exiliado (3), a no ser privado de DNI (11), a decidir voluntariamente prestar el servicio militar (9), entre otros. Esta interpretación encuentra eco en la jurisprudencia del Tribunal Constitucio- nal (en adelante, TC). Así, mediante STC Exp. Nº 01004-2021-PHC/TC6, en un caso de hábeas corpus por la privación de la y la jurisprudencia constitucional aún debaten las diferencias entre la “libertad individual”. Por un lado, un sector sostiene que si bien la Constitu- de “libertad individual”, el hábeas corpus debe remitirse a sus orígenes y física y corpórea de la libertad (véase fundamento de voto del exmagistrado en la STC Exp. Nº 00809-2018-PHC/TC). Por su parte, otro sector con- la figura del hábeas corpus ha transitado por una progresiva evolu- que concibe esferas más amplias de libertad, entendidas estas como del libre desarrollo de su personalidad que se encuentren en relación directa del núcleo psicosomático (Exp. Nº 01384-2008-PHC/TC). enlace: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/01004-2021-HC.pdf pp. 173-195 ISSN 1997-8812 ABRIL 2024 Nº 196 | GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL 29/22). Este enfoque exige interpretar el recurso de hábeas corpus tomando en cuenta las características que vive una persona con discapacidad física imposibi- litada de movilizarse. Limitar la libertad como ámbito de tutela a una de carácter ambulatorio no se adecua a sus necesi- dades. Siendo una persona con discapa- cidad física, el Estado tiene una obliga- ción de reforzar y optimizar la protección de su espacio de libertad, que en el caso de María se expresa en forma de autono- mía. Ello debe darse con mayor razón si se toman en cuenta las múltiples barre- ras capacitistas que las personas con dis- capacidad enfrentan en sociedades que continuamente ignoran o reemplazan su voluntad. suscep- Esta interpretación bajo un enfoque dife- rencial y de discapacidad permite soste- ner que el hábeas corpus es la vía idó- nea para proteger ámbitos de libertad que trascienden su esfera física. Con mayor razón si el acto lesivo compro- mete la libertad de personas con disca- pacidad física severa, que no solo enfren- tan barreras en el reconocimiento de su autonomía, sino mayores riesgos de que terceros ejerzan sobre ellas actos de con- trol o poder. Esto es algo que no pocas veces ocurre en entornos instituciona- les, como en el ámbito de los servicios de salud, donde los pacientes se encuen- tran sujetos a la custodia del personal médico, generalmente en situación de indefensión. Ello es particularmente rele- vante en el caso de las personas con dis- capacidad, colectivo que ha sido especial- mente afectado por prácticas que niegan su capacidad jurídica para adoptar deci- siones sobre sí mismo y que se encuen- tran en mayor riesgo de sufrir tratamien- tos forzosos (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014, ABRIL 2024 ISSN 1997-8812 pp. 173-195 177 estaba experimentando no solo pro- ducto de su enfermedad, sino de la deci- sión de EsSalud de desconocer y reem- plazar su voluntad sobre un aspecto tan personal como es el fin de su vida. Hay que recordar que la valoración del sufri- miento es enteramente subjetiva (Correa, 2020, p. 70). No hay persona más auto- rizada que uno mismo para saber cuán intensos son los dolores que uno vive y cuánto ello impacta en su integridad psí- quica y moral. La decisión de EsSalud de forzarla a continuar con tratamientos que ella consideraba fútiles para su mejora y que, por el contrario, la hacían sufrir en demasía, implicaban una prolongación y acentuación de sus sufrimientos físicos, psíquicos y morales, causándole una sen- sación de precariedad al saberse, además, impedida por EsSalud de cambiar en algo su situación. de no res- Esta afectación a su integridad personal era de tal intensidad que generaba una situación pasible de ser calificada como de “tratos crueles e inhumanos”. Los tra- tos crueles son actos que deliberadamente producen dolor y sufrimiento, pero que son de una menor intensidad que la tor- tura y los tratos inhumanos son aque- llos que afectan el núcleo esencial de la dignidad (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 22). Conforme al Derecho Internacio- nal, tanto la tortura como los malos tra- tos pueden darse con cualquier finalidad (caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, párr. 207) y en contextos que van más allá de interrogatorios o de averiguación de la comisión de un delito (caso López Soto y otros vs. Venezuela, párr. 195). Pueden darse en escenarios de custodia, domi- nio o control, como los servicios de salud (caso I.V. vs. Bolivia, párr. 263), y ante la tolerancia o aquiescencia estatal por actos que, aunque sean cometidos por ISSN 1997-8812 ABRIL 2024 Nº 196 | GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL uno de estos derechos constituciona- les generó un escenario de condiciones idóneas y propicias para que se vulnere consecuentemente su integridad perso- nal (STC Exp. Nº 03426-2008-PHC/TC, f. j. 34). En esa línea, al vulnerar su dig- nidad, manifestado en el desconoci- miento de EsSalud de tratarla como un ser moralmente autónomo para decidir sobre sí misma (Sosa, 2017, p.90) y, por el contraste, tratarla como un medio para preservar su vida biológica sin considerar su voluntad o sus intereses, se vulneró su integridad moral, ello debido a que invo- lucró un desconocimiento de EsSalud de su capacidad de desarrollar su vida personal conforme al cuadro de valores que derivan de su libertad de conciencia (STC Exp. Nº 02333-2004-HC/TC, f. j. 2.2). En estrecha vinculación, al vulnerar su libre desarrollo de la personalidad, se le negó a María su espacio de libertad para diseñar su proyecto de vida, específica- mente en su última etapa, conforme a sus ideas, convicciones y cosmovisión, lo que permitió a EsSalud decidir de manera paternalista sobre sus tratamien- tos, forzándola a mantener una interven- ción no autorizada en su integridad cor- pórea. Tercero, al vulnerar su derecho a una muerte en condiciones de dignidad, EsSalud se arrogó la libertad de María de decidir sobre los términos en los que ella enfrentaría eventualmente su propia muerte –de manera lenta y agónica–, lo que facilitó a EsSalud forzarla a mante- ner tratamientos médicos que no deseaba, prolongando artificial e indeterminada- mente los sufrimientos que vive. vulneración La negativa de EsSalud de respetar y garantizar el derecho de María a recha- zar tratamientos médicos, por ende, a forzarla a continuar con un ventilador mecánico sobre el que había retirado su ABRIL 2024 ISSN 1997-8812 pp. 173-195 179 garantizar la decisión libre e informada de María sobre el retiro del tratamiento médico que recibe. Con esta decisión, la sentencia de María adquirió firmeza y calidad de cosa juzgada. Conforme al artículo 24 del nCPC, no procedía inter- poner un recurso de agravio constitucio- nal contra esta decisión ante el TC. cuenta el En lo que respecta a los aciertos del fallo, sin duda, este significa un paso impor- tante en la ratificación del derecho funda- mental a rechazar tratamientos médicos, sean o no de soporte vital, al margen de si el rechazo desemboca en un resultado fatal. Si existían dudas sobre el alcance de lo dispuesto por la Ley General de Salud, esta sentencia las despeja en el sentido de que, salvo casos excepcionales7, nin- guna persona puede ser obligada a con- tinuar un tratamiento médico contra su voluntad, aun si ese tratamiento tiene una finalidad curativa o incluso mantiene artificialmente la vida. Además, el fallo precisa con suma claridad que el con- sentimiento que se otorga se puede reti- rar en cualquier momento (fundamento 14). Sobre todo, aclara que la adecuación del esfuerzo terapéutico8, cuando la deci- sión involucra suspender un tratamiento de soporte vital, no equivale a una euta- nasia y, por ende, no constituye un delito en el Perú (fundamento 17.6). En otras palabras, cualquier profesional de la salud que realice este procedimiento médico no incurre en responsabilidad ni penal conjunta del artículo 15, a) i, y el 4 de la Ley General de Salud, el derecho al rechazo a tratamientos no rige es cuando hay riesgo compro- o la salud pública, o en situaciones “de emergencia” cuando la per- su consentimiento ni en el momento ni antes. terapéutico” se entiende la no adopción, suspensión o retiro de medi- la vida, que son fútiles para la mejora del paciente, y que causan incomo- pp. 173-195 ISSN 1997-8812 ABRIL 2024 Nº 196 | GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL Si bien el resultado es un acierto para María y garantiza la tutela efectiva de sus derechos, es importante profundizar en algunos puntos que la sentencia desarrolla que merecen aclaración. Me voy a centrar en cuatro: 1) la reconversión del hábeas corpus a un amparo; 2) el concepto de eutanasia; 3) la oportunidad de delimitar el derecho a una muerte digna; y, 4) el aná- lisis bioético del pedido de María. 1. Reconversión del hábeas corpus a un amparo Sobre este punto, la sala analiza la posi- bilidad de reconvertir la demanda de hábeas corpus en un amparo debido a que, en su consideración, “no se le puede otorgar dos sentidos disímiles a un mismo concepto”, en referencia al con- cepto de “libertad individual” (funda- mento 8.2.5). Señala que con base en una referencia genérica de “libertad indivi- dual” se estaría queriendo “introducir materias a ser vistas por hábeas corpus que en puridad deberían canalizarse por amparo”, más aún si la controversia gira en torno “a la afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad” de María. Sobre la afectación a la integri- dad personal, asimismo, solo se pronun- cia sobre el extremo vinculado a la gene- ración de tratos crueles e inhumanos, negarse a recibir o continuar un tratamiento por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o con- se le expliquen las consecuencias de esa negativa. El médico tratante clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuen- su aceptación o negativa en relación al tratamiento, consignando ade- del paciente o de su representante, según corresponda (…) La negativa no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se o esta decisión ponga en riesgo la salud pública”. https://www.cmp.org.pe/wp-content/uploads/2023/02/Actualiza- por-el-comite-de-doctrina01feb.pdf ABRIL 2024 ISSN 1997-8812 pp. 173-195 181 del amparo se protegen los derechos dis- tintos al acceso a la información pública, a la autodeterminación y a la libertad personal (y los llamados derechos cone- xos a esta última)” (énfasis agregado) (f. j. 8.2.11); es decir, se afirma con esta cita referencial que, por descarte, el amparo protege los derechos fundamen- tales que no tutela el hábeas data o un hábeas corpus en el que se incluye la auto- determinación, la libertad personal y sus derechos conexos, como ámbitos tutela- dos por este último recurso. Con relación al argumento de la inte- gridad personal, como se dijo en la demanda, su afectación se manifiesta en tres sentidos, los que no fueron aborda- dos en su totalidad. Primero, la sala no analiza si el acto lesivo vulneraba la inte- gridad física, psíquica y moral de María debido a la decisión de EsSalud de recha- zar su pedido y con ello, indirectamente, prolongar y acentuar sus sufrimientos en esos tres niveles de integridad. Esto resulta cuestionable si más adelante en la sentencia se reconoce que el tratamiento que recibe María “no hace sino generarle mayor sufrimiento” (f. j. 17.6), que man- tenerla en terapia solo prolonga su ago- nía (f. j. 19.1.2) y que se estaría ejerciendo contra ella un “encarnizamiento terapéu- tico” (f. j. 18.6). Segundo, no se señala lo obvio: que cualquier intervención médica en el cuerpo de una persona no consen- tida es per se una afectación a su integri- dad corpórea, al margen de si el consen- timiento no se otorga al inicio o se retira “(…) criterio hermenéutico que informa todo el Derecho de los dere- cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más reconocer derechos protegidos o, inversamente, a la norma o a la inter- cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los extraordinaria”. pp. 173-195 ISSN 1997-8812 ABRIL 2024 Nº 196 | GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL referirse su integridad La negativa de EsSalud de respetar y garantizar el derecho de María a rechazar con autorizó”, tratamientos médicos, por ende, a forzarla a continuar con un ventilador mecánico y, por sobre el que había retirado su consentimiento no solo vulneraba su libertad llegan individual, más aún, en su contenido de integridad personal, sino también sus derechos conexos a la dignidad, al libre desarrollo de la crueles e personalidad y a una muerte en condiciones dignas. bien” consentimiento previo podrían califi- carse como ‘agresiones corporales’ ilega- les, lo que podría generar responsabili- dad, tanto civil como penal, del personal médico” (p. 29). Ello aplica tanto para el consentimiento no otorgado al inicio de una intervención médica, como retirado durante la intervención luego de darla. dolosas. 2. El concepto de eutanasia Hizo bien la sala en afirmar que la ade- cuación del esfuerzo terapéutico cuando se trata del retiro de una medida de soporte vital como lo es un ventilador mecánico no es una eutanasia. No obs- tante, a lo largo del fallo, se presentan inconsistencias sobre su definición. Así, por un lado, se recurre a una definición obsoleta que insiste en distinguir entre ABRIL 2024 ISSN 1997-8812 pp. 173-195 183 tratamiento médico como de la alimenta- ción, por cualquier medio” (f. j. 17.1). En suma, esto no es otra cosa que el retiro de medidas de soporte vital, pero de nin- gún modo es una eutanasia. El Código de Ética Médica Americana precisa clara- mente que “[l]a decisión de un paciente o de un representante autorizado de recha- zar un tratamiento para prolongar la vida o una muerte involuntaria en un intento por controlar el dolor debe distinguirse de la asistencia médica al suicidio y la eutanasia13. Como bien señala la Comisión de Ase- soramiento bioético de la Federación Médica del Interior (FEMI) del Uru- guay (2020), la eutanasia es una “acción encaminada a producir la muerte de un paciente, es decir, que la produce en forma directa mediante una acción causa- efecto única e inmediata” y esta única- mente puede ser “activa, directa y volun- taria” (p. 10). En otras palabras, descarta que podamos hablar de una eutanasia “pasiva”, “indirecta” o “involuntaria”. Si no es directa, no es eutanasia. Si no voluntaria, sería un homicidio, pues sería una privación no consentida de la vida por un tercero. Y si no es activa, esta- ríamos hablando de una adecuación del esfuerzo terapéutico. Y si no es “activa”, estamos hablando de una adecuación Texto original: “Euthanasia is the administration of a lethal agent by for the purpose of relieving the patient’s intolerable and incurable suffe- enlace: https://code-medical-ethics.ama-assn.org/ethics-opinions/ by a patient or authorized surrogate to refuse life-sustaining treatment an attempt to control pain should be distinguished from physician- Laws concerning or moral objections to physician-assisted suicide physicians from honoring a decision to withhold or withdraw medi- Fears that unwanted life-sustaining treatment will be imposed con- to request assisted suicide or euthanasia”. pp. 173-195 ISSN 1997-8812 ABRIL 2024 Nº 196 | GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL paciente de rechazar tratamientos médi- cos, sean o no de soporte vital. Tomando en cuenta las diferencias entre ambas figu- ras, y el hecho de que mientras la euta- nasia sigue siendo un delito, la adecua- ción del esfuerzo terapéutico sí es legal, en ambos casos se trata de expresiones vinculadas al derecho a una muerte digna. Es decir, en ambos casos, es la manifesta- ción de autodeterminación de una per- sona sobre su proceso de muerte, lo que incluye el decidir cómo, cuándo, dónde poner fin a la vida, cuándo seguir pro- longándola, es una fuente de sufrimien- tos contrarios a la propia idea de dignidad. biológica 3. Sobre el derecho a una muerte digna Corres- En el análisis de la reconversión del hábeas corpus al amparo, la sala supe- rior delimita el petitorio, señalando que entre los derechos fundamentales que se encuentran en reclamo y que cubren las pretensiones está el “de una muerte en condiciones de dignidad” (f. j. 9). Al desa- rrollar los alcances de los derechos fun- damentales vulnerados se incluye un acá- pite sobre el derecho a una vida digna y a morir con dignidad (f. j. 12), en el que se cita la resolución consultiva emitida por la Corte Suprema en el caso Ana Estrada (Exp. 14442-2021-Lima)14. Esta resolución convalidó el reconocimiento del dere- cho a una muerte digna formulado por la histórica sentencia en primera instancia, que sostuvo que “existe un derecho a una vida digna y, consecuentemente, a una muerte digna”, y que “el mismo derecho https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/d6be4e804a33eee98a- -2020-SENTENCIA+SUPREMA-CASO+ANA+ES- RES&CACHEID=d6be4e804a33eee98a06fe9026 ABRIL 2024 ISSN 1997-8812 pp. 173-195 185 El derecho a una muerte digna es un dere- cho fundamental innominado que deriva del artículo 3 de la Constitución, que con- siste en la facultad de toda persona de controlar su proceso de muerte, de decidir sobre el final de su vida, cuando debido a sufrimientos físicos y/o psíquicos intole- rables, seguir prolongando su existencia biológica es contrario a la propia idea de dignidad (Miró Quesada, 2020). La Corte Constitucional colombiana, el tribunal que más ha desarrollado sus alcances, lo ha definido como un derecho fundamen- tal, autónomo, independiente y multidi- mensional que involucra “un conjunto de facultades que permiten a una per- sona ejercer su autonomía y tener control sobre el proceso de su muerte e imponer a terceros límites respecto a las decisiones que se tomen en el marco del cuidado de la salud” (Sentencia T-721/17). En tanto multidimensional, puede expresarse de distintas maneras porque lo que lo define es la voluntad del titular de esa vida. La Corte ha reconocido al menos cuatro: i) los cuidados paliativos; ii) la adecuación del esfuerzo terapéutico15 (que incluye el rechazo a tratamientos médicos); iii) la eutanasia; iv) y la asistencia médica al suicidio (donde quien causa la muerte es el paciente que recibe los medicamentos para ello y no el médico). La demanda de hábeas corpus argumentó que la respuesta del Hospital Rebagliati de EsSalud de forzar a María a continuar un tratamiento médico de soporte vital vulneraba también su derecho conexo a la libertad individual de una muerte en condiciones dignas. La razón es sencilla: Terapéutico (AET) es la no adopción, suspensión o retiro de medidas que son fútiles para la mejora del paciente y que causan incomodi- ISSN 1997-8812 ABRIL 2024 Nº 196 | GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL a una muerte digna como derecho vul- nerado e incluye citas que hacen refe- rencia a este, como el Documento Téc- nico de Consideraciones éticas para la toma de decisiones en los servicios de salud durante la pandemia de COVID-19, aprobado por el Minsa, en el que se señala que “todo ser humano tiene derecho a una muerte digna”17. No obstante, luego afirma que la negativa a seguir un tra- tamiento no puede ser entendido como un derecho a la muerte digna (f. j. 18.5) y define este derecho como “la posibilidad de que se realice alguna práctica eutaná- sica o suicidio asistido” (f. j. 18.6). retiro de su Las referidas afirmaciones de la sala deri- van de una limitada comprensión del derecho a una muerte digna. Por un lado, porque el rechazo a tratamiento médico, cuando estos son de soporte vital, sí invo- lucra una manifestación de libertad sobre el final de la vida, con miras a evitar tran- sitar por un proceso de muerte en sufri- miento. En otras palabras, sí supone una expresión del derecho a tener una muerte digna. Siguiendo esta definición, ade- más, al ser un derecho multidimensional, como dice la Corte Constitucional, esta no se limita solo a la eutanasia o al suici- dio asistido, que son solo dos formas de expresar el derecho. (Senten- Si recordamos que se trata de un dere- cho construido sobre la base de la auto- nomía y la dignidad, dependerá, además, de la libertad de cada persona diseñar la Sr. Ramiro Coello, señaló que la institución no tiene ninguna finali- muerte de María, sino dejar que concluya de forma “natural”. En esa dejar que continúe su enfermedad, la ELA, y continuar el trata- su organismo o su cuerpo resista. El registro de esta intervención en la grabación realizada por el sexto juzgado constitucional. https://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/consideraciones_eticas.pdf ABRIL 2024 ISSN 1997-8812 pp. 173-195 187 la terapia es manifestación de la autono- mía del paciente (f. j. 19.1.4). En suma, la sala considera que el pedido de María es acorde a lo que dictan los cuatro princi- pios medulares de la bioética. Lo que resulta problemático es que estos principios se jerarquicen y se señale que los de no maleficencia y beneficencia deben prevalecer a los de justicia y auto- nomía (f. j. 19.2.1), más aún si la reciente historia de la bioética, en realidad, se caracteriza por darle una mayor prepon- derancia al principio de autonomía, de la cual surge la figura cardinal del consen- timiento informado (Negri, 2011). Como señala Puyol (2012): (…) una bioética adaptada a los tiem- pos actuales no solo debe proteger la autonomía de los enfermos para recha- zar los tratamientos que no desean, sino que también debe fomentarla en aquellos enfermos que la tienen dismi- nuida por su estado precario de salud o por otras circunstancias. (p. 49) Ciertamente, conforme indica el autor, los diversos debates bioéticos no se resuel- ven solo con el principio de autonomía, pero para ello es necesario articularlo con otros, particularmente cuando están en juego bienes individuales de terceros o colectivos, como la salud pública, lo que no ocurre en este caso. Establecer a priori la prevalencia de la no maleficencia y la beneficencia sobre el resto de los principios ref leja una visión obsoleta de la ética médica y des- conoce el modelo dominante de la bioé- tica contemporánea que se asienta sobre el principio de autonomía, y concibe a la persona enferma como un sujeto moral autónomo con valores y preferen- cias sobre su destino médico. Buscar el pp. 173-195 ISSN 1997-8812 ABRIL 2024 Nº 196 | GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL la rechaza por razones de hecho y de derecho. Más allá de las diversas afirma- ciones carentes de sustento que el voto presenta18, me voy a detener solo en dos puntos que me parecen importantes de aclarar: i) la condición médica de María; y, ii) los alcances del derecho a la vida. Sobre lo primero, entre las razones de hecho invocadas para desestimar la demanda, el voto alegó que la dolencia de María “no tiene el carácter de ter- minal, y tampoco cuenta con un riesgo de muerte” y que su condición médica “es estable sin riesgo de muerte inme- diata o próxima, no pudiéndose acredi- tar –al menos clínicamente– la existencia de dolores intolerables o insoportables” (fundamento décimo). Sobre este punto, cabe señalar que el derecho que invoca María a rechazar tratamiento médico no se encuentra condicionado a que una per- sona tenga o no una enfermedad termi- nal o una muerte próxima. El artículo 100e del Código de Ética Médica pre- cisa, de hecho, que el derecho a rechazar tratamiento lo puede ejercer cualquier paciente “en cualquier momento” y “sin obligación de expresión de causa”. se señala lo siguiente: i) que la demanda de María invoca la vulneración cuando este no fue alegado (fundamento sexto y décimo primero); ii) que “terminal” (fundamento décimo), pero luego, que el Estado no podría un deber de “cuidar al enfermo en etapa terminal” (fundamento duo- el derecho a morir dignamente en nuestro ordenamiento jurídico, desco- Estrada, incluido la consulta en revisión de la Corte Suprema (funda- a la vida se encuentra consagrado en el artículo 1 de la Constitución undécimo), desconociendo que el artículo 1 protege la dignidad, y que el artículo 2, junto al resto de derechos fundamentales; v) que acceder a la violentar el “derecho a la autonomía de la voluntad (del profesional de quinto), cuando este derecho es plenamente compatible con la objeción que la sentencia en primera instancia se encuentra debidamente moti- las razones de hecho como los fundamentos de derecho que sustentan pues ha expresado los motivos por los cuales considera que la demanda es exactamente cuáles son estas razones; etcétera. ABRIL 2024 ISSN 1997-8812 pp. 173-195 189 María experimenta, es de suma impor- tancia comprender que el sufrimiento que vive una persona es puramente sub- jetivo, y aun si existen herramientas para calificar o determinar el dolor, no hay persona más autorizada que uno para juzgar cuán intensos y qué tan indignos son los sufrimientos que uno vive (Sen- tencia T-970 de 2014). En el caso I.V. vs. Bolivia, la Corte IDH recalcó acertada- mente que “el sufrimiento es una expe- riencia propia de cada individuo y, en esa medida, va a depender de una multipli- cidad de factores que hacen a cada per- sona un ser único” (Caso I.V. vs. Bolivia, párr. 267). En la misma línea, la Corte Constitucional colombiana ha señalado que “cada persona tiene un acceso episte- mológico único y privilegiado a su pade- cimiento del dolor” y “el hecho de que el otro no puede aprehenderlo de forma directa, no implica que no pueda identi- ficarse el dolor en la realidad externa a quien lo padece” (Sentencia C-233-202, párr. 425). Siguiendo este razonamiento, resulta cuanto menos cuestionable que se invalide los dolores que María expresó en diversos formatos, en los que reiteró la dimensión de sus sufrimientos (tanto físicos, como los dolores en el sacro, las articulaciones, cuello, cuero cabelludo, como emocionales y morales, que deri- van de ser consciente del estado en el que se encuentra, de sus vivencias y valores), a los que se suman los informes médicos que acreditan objetivamente las caracte- rísticas de su enfermedad y otros elemen- tos que confirman cómo sus experiencias de dolor y su voluntad fueron ignoradas reiteradamente por EsSalud. durará” Sobre el punto vinculado al derecho a la vida, el voto en discordia reproduce una afirmación sobre su naturaleza que suele repetirse no pocas veces cuando se ISSN 1997-8812 ABRIL 2024 Nº 196 | GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL lleva un sentido de protección absoluta que no tiene cabina bajo las obligacio- nes del Estado en materia de derechos humanos (caso Artavia Murillo y otros [Fecundación in vitro] vs. Costa Rica). Sostener algo así implicaría afirmar que las personas tienen un deber de conser- var su vida con base en intereses ajenos a los suyos. Esto impediría validar figu- ras como la legítima defensa, el estado de necesidad o la privación de la vida que ocurre en el marco del uso legítimo de la fuerza (conforme a los principios de finalidad legítima, estricta necesidad y proporcionalidad)19. Resulta cuestionable también que, para desarrollar los alcances del derecho a la vida, el voto en minoría se haya que- dado, en el primer caso, emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Huma- nos (TEDH), la sentencia Pretty c. Reino Unido (2002), no solo porque ese caso es sobre un pedido de suicidio asistido, no de adecuación del esfuerzo terapéu- tico como lo solicita María (el caso Lam- bert y Otros c. Francia20 habría sido más pertinente), sino porque, además, exis- ten en la actualidad al menos seis deci- siones de fondo que ni son menciona- das21. Tomando en cuenta la doctrina del Mejías y otros vs. Venezuela (excepciones preliminares, fondo, el 27 de agosto de 2014 por la Corte IDH. si el retiro de tratamientos de soporte vital (alimentación e hidratación vulnera el derecho a la vida, y el tribunal concluye: “en este ámbito al igual que en el relativo al principio de la vida, debe concederse a los no solo en cuanto a permitir o no la retirada del tratamiento arti- vida y a las modalidades de dicha retirada, sino también en cuanto a entre la protección del derecho a la vida de los pacientes y la protec- de su vida privada y de su autonomía personal” (p. 148). Unido, N° 81519/12, 40547/15, 51218/15, 61276/15, 12995/16, 19138/16, 26747/17, 60448/17, 22122/19, 44686/19 (Tribunal Europeo de Dere- 2002); 2) Haas c. Suiza, N° 31322/07 (Tribunal Europeo de Derechos ABRIL 2024 ISSN 1997-8812 pp. 173-195 191 esta. El mismo Comité, de hecho, ya se ha referido a los Estados partes que permi- ten que sus profesionales médicos brin- den tratamientos o medios para facili- tar la terminación de la vida de adultos que sufren con enfermedades aquejados de graves dolores y sufrimiento físico o mental y desean morir con dignidad, y ha dicho que ello no vulnera el derecho a la vida y, por el contrario, que el deber de protección de este derecho radica en garantizar salvaguardias legales e insti- tucionales sólidas para verificar que la decisión de los pacientes sea libre, infor- mada, explícita e inequívoca, para pro- tegerlos de presiones y abusos (Mortier c. Bélgica, párr. 9). En otras palabras que la obligación que tiene un Estado de pro- teger la vida radica no en prohibir la libre autodeterminación de las personas en su proceso de muerte, sino en garantizar y optimizar que la decisión de un paciente que pide tener acceso a una muerte digna sea realmente libre. V. REFLEXIONES FINALES El pedido de María Benito nunca debió ser judicializado porque estaba plena- mente amparado en la Ley General de Salud. La arbitrariedad en la decisión del Hospital Rebagliati de EsSalud, con base en una interpretación equívoca, que confundió el derecho al rechazo a tra- tamiento médico de soporte vital con una eutanasia, obligó a María a exigir una tutela de derechos ante la justicia constitucional. Los sufrimientos físicos, 3) Koch c. Alemania, N° 497/09 (Tribunal Europeo de Derechos 4) Gross c. Suiza, N° 67810/10 (Tribunal Europeo de Derechos Huma- 2014); 5) Lambert y Otros c. Francia, N° 46043/14 (Tribunal Europeo de junio de 2015); y 6) Mortier c. Bélgica, N° 78017/17 (Tribunal Euro- octubre de 2022). ISSN 1997-8812 ABRIL 2024 Nº 196 | GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL La trascendencia del consentimiento informado, tanto en otorgarlo como en retirarlo, es que es un límite al poder superlativo que profesionales de la salud ejercen sobre la vida y salud de las perso- nas a quienes brindan servicios de salud, las que se encuentran de por sí en una relación desigual respecto de ellos. Con- validar su importancia aun si el rechazo a un tratamiento médico versa sobre una medida de soporte vital es indispensa- ble porque supone devolver el poder que cada uno tiene sobre su vida a manos del titular de esta vida, y no de terceros o del Estado. No hay persona más autorizada que uno para saber hasta dónde más se pueden tolerar los dolores que uno expe- rimenta y que se acentúan con la pro- longación de una vida en sufrimiento. Aunque no lo dice expresamente, la sala superior, con esta decisión, convalida que en el Perú el derecho a una muerte digna no solo se expresa a través de formas que siguen arbitrariamente criminalizadas como la eutanasia o el suicido médica- mente asistido, sino que hay opciones legales como la adecuación del esfuerzo terapéutico en su expresión del rechazo a tratamiento médico. La sala tuvo frente a sí la oportunidad de delimitar mejor el derecho a una muerte digna, pero la dejó pasar. allá de Este caso es una muestra representativa de que la ley por sí sola no garantiza su cumplimiento. Son varios factores que influyen en la actuación de funcionarios públicos reacios a cumplirla. Sin duda, no son ajenas las valoraciones religio- sas. En un Estado laico, sin embargo, no es dable invocarlas para fundamentar sus actos u omisiones. Tener conviccio- nes y valores anclados en una determi- nada moral religiosa es parte del derecho fundamental a la libertad de conciencia ABRIL 2024 ISSN 1997-8812 pp. 173-195 193 sentencia a su favor22. Los desafíos pen- dientes para garantizar este derecho, en el marco de una adecuación del esfuerzo terapéutico, más allá de los ajustes que se puedan hacer al marco normativo, radi- can en estos elementos que trascienden a la ley. Una forma de empezar a neu- tralizarlos para asegurar plenamente este derecho involucra capacitar y entre- nar íntegramente al personal de salud en bioética y derechos humanos. No es un favor el que le hacen a una paciente el de respetar su voluntad, es una obligación. tra- REFERENCIAS Abad, S. (2019). Manual de Derecho Procesal Constitucional. Lima: Palestra Editores. que el pro- Beauchamp, T. y Childress, J. (1983). Principles of Biomedical Ethics, (2nd ed). New York, Oxford University. Comité sobre los Derechos de las Personas. (2014). 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Laboratorio de Dere- chos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB). -GRPR-ESSALUD-2023 de fecha 13 de febrero de 2024, Intermedios del Departamento de Cuidados Intensivos del Hospital Martins, el Dr. Luis Carrillo Velásquez emitió un informe en respuesta Teresa Benito Orihuela en la que señala: “Desde el punto de vista asis- de Cuidados Intermedios del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, manifestamos nuestra objeción de conciencia para excluirnos de retiro del ventilador mecánico solicitado por la paciente María Benito pp. 173-195 ISSN 1997-8812 ABRIL 2024 Nº 196 | GACETA CONSTITUCIONAL LITIGIO CONSTITUCIONAL Miró, J. (2020). La muerte digna bajo la jurispru- dencia del derecho internacional de los dere- chos humanos. THEMIS Revista de Derecho, (78), pp. 503-519 Negri, S. (2011). The right to informed consent .pdf at the convergence of International biolaw and International human rights Law. En: Self-Determination, Dignity and End-of-Life Care. Leiden: Brill Nijhoff. Pinedo, X. 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Caso María Benito: Rechazo al Tratamiento Médico para una Muerte Digna (PDF)

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