UNIDAD 1 EL REGISTRO COMO INSTRUMENTO DEL TRÁFICO JURIDICO PDF

BLOQUE I.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y PUBLICIDAD FORMAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. UNIDAD 1: EL REGISTRO COMO INSTRUMENTO DEL TRÁFICO JURÍDICO. 1. INSTITUCIÓN DE DERECHO PATRIMONIAL El Derecho Patrimonial comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre sujetos respecto...

BLOQUE I.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y PUBLICIDAD FORMAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. UNIDAD 1: EL REGISTRO COMO INSTRUMENTO DEL TRÁFICO JURÍDICO. 1. INSTITUCIÓN DE DERECHO PATRIMONIAL El Derecho Patrimonial comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre sujetos respecto de bienes y derechos con valor económico. Dentro de este ámbito, los derechos reales y, especialmente, el derecho de propiedad, son pilares fundamentales. Además, el Registro de la Propiedad se configura como una herramienta esencial para garantizar la seguridad jurídica en el tráfico de bienes inmuebles. 1.1. DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD El derecho de propiedad está definido en en el artículo 348 del Código Civil (CC)1 como: “El derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”. 1 Código Civil Español, Art. 348. Publicado en el BOE núm. 206, de 24 de julio de 1889, con modificaciones posteriores. Disponible en: BOE Código Civil. De esta definición se extraen dos facultades básicas: el disfrute pleno del bien y la potestad de disposición, ambas sometidas a las limitaciones impuestas por la ley. Desde una perspectiva doctrinal, Castán Tobeñas lo define como un “derecho subjetivo pleno y exclusivo que otorga al titular el dominio jurídico sobre un bien”. Sin embargo, la doctrina contemporánea, liderada por autores como Diez-Picazo y Gullón 2, insiste en que el ejercicio de la propiedad no es absoluto, sino condicionado por la función social del derecho, un principio consagrado en el artículo 333 de la Constitución Española. 2 Diez-Picazo y Gullón, Antonio. Sistema de Derecho Civil: Volumen sobre derechos reales. Editorial Tecnos. Revisión y análisis exhaustivo de los derechos reales en España. 3 Constitución Española, Art. 33 Publicada en el BOE número 311, de 29 de diciembre de 1978. Disponible en BOE Constitución Española. El Tribunal Constitucional, en diversas sentencias como la STC 37/1987 4 , ha reforzado esta idea al subrayar que el derecho de propiedad debe armonizarse con otros derechos e intereses legítimos, especialmente en ámbitos como el urbanismo o el medio ambiente. 4 Tribunal Constitucional STC 37/1987 sobre la función social del derecho de propiedad. Disponible en el Centro de Documentación del Tribunal Constitucional y publicada en el BOE correspondiente. 1.1.1. Características del Derecho de Propiedad El derecho de propiedad presenta las siguientes características esenciales, ampliamente desarrolladas en la doctrina: Absolutismo: Según Albaladejo5, el derecho de propiedad otorga al titular un poder pleno sobre e bien, salvo las limitaciones legales. Estas limitaciones incluyen restricciones administrativas, servidumbres y el principio de buena fe en el uso del derecho. Elasticidad: El derecho de propiedad permite al propietario recuperar todas las facultades sobre el bien una vez extinguidas las limitaciones y derechos reales que lo gravan. Bonnecase describe esta elasticidad como una cualidad que otorga dinamismo a la propiedad. Unidad: Aunque el bien pueda estar sujeto a otros derechos reales, como el usufructo o la hipoteca, la propiedad conserva su carácter unitario. Roca Sastre 6 resalta que esta unidad jurídica no desaparece, sino que se adapta a las particularidades del bien. Permanencia: El derecho de propiedad no se extingue por el transcurso del tiempo, salvo cuando así lo disponga la ley. Esta característica lo diferencia de derechos reales temporales, como el usufructo. 5 Albaladejo, Manuel. Comentarios al derecho de propiedad y los derechos reales en el Código Civil. Editorial Tirant lo Blanch. Reflexiones sobre las características esenciales del derecho de propiedad. 6 Roca Sastre, Luis. Derecho Hipotecario Español. Editorial Tirant lo Blanch. Considerada una obra esencial en el estudio del derecho hipotecario en España. 1.1.2. El registro de la propiedad: concepto y fines El Registro de la Propiedad, regulado por la Ley Hipotecaria (LH) y su Reglamento, tiene como finalidad dotar de seguridad jurídica al tráfico inmobiliario mediante la publicidad de los derechos reales inscritos. Según el artículo 1 de la LH7: “El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles”. 7 Ley Hipotecaria. Art. 1. Publicada en el BOE número 58, de 6 de marzo de 1946, texto consolidado con modificaciones posteriores. Disponible en BOE Ley Hipotecaria. Funciones del Registro. Publicidad Jurídica: Exterioriza la titularidad y las cargas sobre los bienes inmuebles, permitiendo a terceros conocer el estado jurídico de los mismos. Legitimación Registral: El artículo 38 LH presume que los derechos inscritos en el Registro existen y pertenecen a quien figura como titular, salvo prueba en contrario. Fe Pública Registral: El artículo 34 LH protege al tercero adquirente de buena fe, garantizando que los datos inscritos en el Registro prevalecen sobre situaciones no registradas. Para gozar de esta protección, es necesario que el adquirente haya actuado a título oneroso y haya inscrito su adquisición en el Registro. Es importante destacar que la fe pública registral genera una presunción de exactitud e inatacabilidad que no admite prueba en contratrio, salvo que el propio tercero haya actuado con mala fe o dolo. LH Ley Hipotecaria. Art. 34 Consultable en el mismo texto consolidado. Disponible en BOE Ley Hipotecaria. 1.2. LA PUBLICIDAD REGISTRAL Y SEGURIDAD JURÍDICA 1.2.1. Concepto y Naturaleza. La publicidad registral consiste en la exteriorización continuada y organizada de situaciones jurídicas inmobiliarias con efectos frente a terceros. La publicidad registral puede desglosarse en dos modalidades: Formal: Permite el acceso al contenido registral a quienes demuestren un interés legítimo, conforme al artículo 221 LH. Material: Otorga efectos jurídicos sustantivos a los asientos registrales, como la presunción de legitimidad y la protección del tercero de buena fe. La Ley 11/2023 refuerza la publicidad registral, mediante la introducción de plataformas digitales que permiten el acceso remoto y seguro a los datos del Registro de la Propiedad. Este cambio garantiza una mayor transparencia y reduce significativamente los tiempos de acceso a la información relevante para los interesados en las transacciones inmobiliarias. La Ley 11/2023 recoge el desarrollo de una plataforma interoperable para la consulta y gestión de información notarial y registral, garantizando su accesibilidad telemática y la seguridad de los datos. Esta plataforma amplía las posibilidades de acceso a quienes demuestren un interés legítimo, lo que incrementa la confianza en el tráfico jurídico y fomenta la transparencia en las operaciones inmobiliarias. Sede Electrónica: Artículo 240 LH https://sede.registradores.org/sede/sede-corpme-web/home Se dispone de una sede electrónica general y única a nivel nacional, gestionada por el Colegio de Registradores. Acceso y Presentación: Permite el acceso y la presentación de información y servicios registrales por parte de los ciudadanos. Publicación de Actos y Comunicaciones: Además de en boletines oficiales, se realizan a través de la sede electrónica. Su finalidad es la presentación, tramitación, solicitud de información y acceso a la totalidad de los servicios registrales disponibles. También tiene la finalidad de servir de sede electrónica para todo tipo de comunicaciones que deban realizar los registradores de forma telemática como canal de comunicación preferente. 1.2.1. Efectos jurídicos de la Publicidad Registral. Los efectos de la publicidad registral se concretan en los principios de legitimación, inoponibilidad y fe pública: Legimación Registral: El artículo 38 LH establece que los derechos inscritos se presumen ciertos y pertenecientes al titular registral. La doctrina resalta que esta presunción es “iuris tantum”, es decir, admite prueba en contrario. Fe Pública Registral: El artículo 34 LH protege al tercero adquirente de buena fe que confía en el Registro. Según Diez-Picazo, este principio otorga seguridad y estabilidad al tráfico inmobiliario. Inoponibilidad: Los derechos no inscritos no pueden afectar a terceros de buena fe, salvo excepciones previstas en la ley. 1.2.3 Principios rectores del sistema registral. Los principios que rigen el sistema registral español, establecidos en la Ley Hipotecaria, aseguran la eficacia, coherencia y seguridad jurídica del Registro de la Propiedad. Entre ellos, destacan los siguientes: Principio de Prioridad: Este principio, regulado en el artículo 17 de la LH, establece que los derechos inscritos en el Registro tiene prelación según el orden temporal de su inscripción. La prioridad registral se manifiesta como una preferencia excluyente, de manera que los derechos inscritos primero prevalecen sobre los posteriores que sean incompatibles. Asimismo, otorga prioridad de rango, garantizando que un derecho inscrito conserva su prelación frente a otros que puedan surgir con posterioridad. Principio de Tracto Sucesivo: Según el artículo 20 de la LH, “para inscribir o anotar títulos traslativos o declarativos del dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, es indispensable que conste previamente inscrito el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorgue el acto o contrato”. Este principio asegura la continuidad en la cadena de titularidades inscritas, exigiendo que todo nuevo derecho derive de un titular inscrito previamente. De este modo, se preserva la coherencia del historial jurídico del inmueble y se evita la interrupción en la secuencia de transmisiones. Principio de Especialidad: Este principio exige la descripción precisa del bien y del derecho que se inscribe, garantizando su individualización en el Registro. Así, se asegura que los asientos registrales reflejen de manera clara y exacta las características de los bienes y derechos afectados, evitando ambigüedades que puedan comprometer la seguridad jurídica. Principio de Rogación: Conforme a este principio, la inscripción en el Registro solo se realiza a solicitud del interesado, lo que respeta el carácter voluntario del sistema registral español. Este principio asegura que el Registro actúe únicamente a instancias de quien ostenta el interés legítimo en la inscripción, promoviendo un equilibrio entre la publicidad registral y la privacidad de los derechos. Estos principios, pilares fundamentales del sistema registral, son claves para garantizar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. La combinación de la prioridad excluyente y de rango, la continuidad del tracto sucesivo, la precisión descriptiva y la naturaleza rogatoria de la inscripción dotan al sistema de un alto grado de eficacia y fiabilidad, consolidando su relevancia en la dinámica jurídica y económica del mercado inmobiliario. 2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. INTRODUCCIÓN. El Registro de la Propiedad constituye una pieza clave en la articulación del tráfico jurídico inmobiliario y el desarrollo económico. El autor Roca Sastre ha subrayado su relevancia como institución que no sola otorga seguridad jurídica, sino que también facilita la eficiencia de los mercados al reducir la incertidumbre y los costes de transacción. El Banco Mundial, en su informe From Plan to Market, World Development Report (1996) Impacto de los sistemas registrales en las economías de mercado. Disponible en :World Bank Publications. , señala que: “Un Registro de la Propiedad resulta esencial para el desarrollo de una económia de mercado eficiente, al garantizar la titularidad, reducir los costes de transferencia de bienes y proporcionar un mecanismo eficaz para resolver disputas.” En este capítulo se analiza la relación entre el derecho de propiedad y el crecimiento económico, el papel del Registro en la reducción de asimetrías informativas y costes de transacción, y se estudian los sistemas registrales desde una perspectiva comparativa. 2.1 DERECHO DE PROPIEDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. El derecho de propiedad es un elemento esencial para la asignación eficiente de los recursos en una economía de mercado. Según Diez-Picazo y Gullón, “la propiedad constituye una institución jurídica que no solo protege al titular, sino que también organiza los incentivos necesarios para que los recursos sean utilizados de manera eficiente”. 2.1.1. Seguridad jurídica y desarrollo económico. Cuando los derechos de propiedad están protegidos, los individuos tienen incentivos para participar en actividades productivas. Autores como Albaladejo destacan que la protección jurídica de la propiedad permite una asignación más eficiente de los recursos al reducir los gastos asociados a la incertidumbre jurídica. Por el contrario, en contextos donde los derechos de propiedad no están claramente definidos, los costes de transacción aumentan, y las inversiones se ven limitadas. Según Hernando de Soto 14, “los sistemas registrales sólidos son esenciales para transformar los activos en capital productivo, facilitando el acceso al crédito y estimulando el crecimiento”. 14 Hernando de Soto. El misterio del capital. Editorial Ariel. Relevancia del Registro de la Propiedad en el desarrollo económico y la transformación de activos en capital. 2.2 EL REGISTRO COMO REDUCTOR DE ASIMETRÍA INFORMATIVA Y COSTES DE TRANSACCIÓN. 2.2.1. Asimetría informativa en los mercados inmobiliarios. La asimetría informativa en los mercados inmobiliarios surge cuando una de las partes en una transacción (generalmente el comprador) tiene menos información sobre el bien que la otra parte (el vendedor). Esto puede generar incertidumbre sobre: La titularidad del bien. La existencia de cargas o gravámenes. La validez de los derechos transmitidos. El Registro de la Propiedad elimina gran parte de esta asimetría al proporcionar información fiable y accesible. La Resolución de 3 de noviembre de 2015 15 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública subraya que “la publicidad registral es un instrumento esencial para garantizar la transparencia y la confianza en las transacciones inmobiliarias”. 15 Resolución de la DGSJFP, 3 de noviembre de 2015. Publicada en el BOE núm 271, de 11 de noviembre de 2015. La Ley 11/2023 juega un papel crucial en la reducción de la asimetría informativa al facilitar un acceso rápido y seguro a los datos registrales mediante herramientas digitales. La interoperabilidad entre el Registro de la Propiedad y otras instituciones, como el Catastro y el Registro Mercantil, permite la consulta unificada de información, eliminando redundancias y aumentando la eficacia del sistema. Además, la digitalización de la publicidad registral, prevista en esta ley, reduce significativamente los costes de transacción al eliminar desplazamientos y agilitar los trámites. 2.2.2 Reducción de costes de transacción. Los costes de transacción incluyen los gastos asociados a la búsqueda de información, la negociación y la ejecución de contratos. El Registro de la Propiedad actúa como un mecanismo que: Facilita el acceso a la información mediante la publicidad formal (artículo 221 LH). Reduce los riesgos jurídicos a través de la legitimación registral (artículo 38 LH). Protege al adquirente de buena fe mediante la fe pública registral (artículo 34 LH). Autores como Luis Díez-Picazo destacan que, al proporcionar certeza jurídica, el sistema registral fomenta un tráfico inmobiliario más dinámico y reduce los costes asociados a dispuestas legales. 2.3. SISTEMAS REGISTRALES: TIPOLOGÍAS Y COMPARACIÓN 2.3.1. Sistemas de mera inoponibilidad. En los sistemas de mera inoponibilidad, como los utilizados en Francia, el registro no garantiza la validez del derecho inscrito, limitándose a regular los efectos frente a terceros. Este sistema obliga a las partes a investigar la validez de los títulos anteriores, lo que incrementa los costes y la incertidumbre. 2.3.2. Sistemas de fe pública registral. En los sistemas de fe pública registral, como el español, el Registro protege al adquirente de buena fe, garantizando la validez del derecho inscrito, incluso frente a posibles defectos en el título del transmitente. Roca Sastre subraya que este sistema no solo aporta certeza jurídica, sino que también facilita el acceso al crédito y dinamiza el mercado inmobiliario. 2.3.3. Ventajas del sistema español El sistema registral español combina los principios de publicidad material y formal con la calificación registral, lo que lo convierte en uno de los sistemas más avanzados. Según Vallet de Goytisolo 16, “la combinación de la fe pública registral con el control jurídico ejercido por el Registrador garantiza un nivel de seguridad y eficacia difícilmente alcanzable por otros sistemas”. 2.4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL. El sistema registral español se distingue por las siguientes características: Publicidad material y formal: El acceso a la información (artículo 221 LH) y la presunción de exactitud (artículo 38 LH) garantizan la transparencia del tráfico jurídico. Fe pública registral: La protección al tercero adquirente de buena fe (artículo 34 LH) fomenta la confianza y la estabilidad en las transacciones. Calificación registral: El Registrador verifica la validez y legalidad de los documentos presentados antes de su inscripción, asegurando que cumplan con los requisitos legales. Tracto sucesivo: Garantiza que las transmisiones derivan de derechos previamente inscritos, evitando conflictos sobre la titularidad (artículo 20 LH). Reducción de costes de transacción: Al eliminar la necesidad de procedimientos judiciales ex post, el Registro facilita transacciones más rápidas y económicas. Adaptabilidad: El sistema español ha demostrado su capacidad para evolucinar y responder a las necesidades del mercado, incorporando avances tecnológicos y legales. Entre las características destacadas del sistema español, la Ley 11/2023 introduce las siguientes innovaciones: Gestión Telemática: Las solicitudes de inscripción y consultas pueden realizarse en tiempo real a través de plataformas digitales. Historial Digital de Expedientes: Cada operación cuenta con un registro digital que permite trazabilidad y control durante todo el proceso. 3. LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL. El Registro de la Propiedad se define como una institución jurídica destinada a dotar de seguridad y transparencia al tráfico inmobiliario, favoreciendo tanto la confianza de los contratantes como el correcto funcionamiento del mercado. Esta seguridad, especialmente para terceros adquirentes, ha sido reiteradamente reconocida por la doctrina y la jurisprudencia. El Tribunal Constitucional, en varias sentencias, ha afirmado que la seguridad jurídica incluye “la certeza de los derechos y obligaciones, así como la previsibilidad de los resultados jurídicos, elementos esenciales para la paz social”. De este principio derivan los beneficios del sistema registral español, los cuales analizaremos en los siguientes apartados. 3.1. FOMENTO DE LA LIQUIDEZ INMOBILIARIA. El Registro de la Propiedad facilita la generación de liquidez en el mercado inmobiliario al garantizar que los bienes inscritos pueden utilizarse como garantías fiables en operaciones de crédito. Según Roca Sastre, la hipoteca constituye el derecho real de garantía por excelencia, siendo “una herramienta jurídica y económica que convierte el inmueble en un activo líquido sin necesidad de desplazar su posesión”. 3.1.1. La hipoteca como garantía de crédito. El artículo 1875 del Código Civil establece que para que una hipoteca sea válida debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción otorga al acreedor hipotecario la posibilidad de ejecutar el bien en caso de incumplimiento por parte del deudor, tal y como dispone el artículo 1878 del Código Civil. “Es de esencia de estos contratos que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor”. La existencia de un sistema registral que garantiza esta ejecución efectiva reduce significativamente los riesgos para los acreedores, lo que se traduce en mayores facilidades para la concesión de créditos hipotecarios. Esto fomenta la inversión, dinamiza el mercado inmobiliario y, en última instancia, promueve el crecimiento económico. 3.2. REDUCCIÓN DE COSTES El sistema registral español no solo genera seguridad jurídica, sino que lo hace a un coste significativamente bajo. Según Vallet de Goytisolo, los costes asociados a la inscripción en el Registro son mínimos en comparación con los beneficios que ofrece, especialmente en términos de reducción de litigios y agilización de transacciones. La Ley 11/2023 tiene un impacto directo en la reducción de costes del sistema registral. Al permitir la realización de inscripciones y consultas de manera telemática, elimina gastos asociados a desplazamientos físicos y acelera la tramitación de expedientes. 3.2.1. Coste de inscripción El coste de inscribir una transacción inmobiliaria en el Registro de la Propiedad es del 0,1% del valor medio de una operación estándar. Este gasto es inferior al de sistemas alternativos, como los seguros de título utilizados en otros países. En España, este coste cubre la verificación de la titularidad, las cargas, y la actualización del Registro, garantizando la seguridad jurídica de la operación. 3.2.2. Comparación internacional En países como Estados Unidos, donde prevalece el sistema de seguros de título, los costes son considerablemente más elevados y no ofrecen el mismo nivel de protección. Mientras que el seguro únicamente compensa económicamente al comprador en caso de disputa, el sistema registral español otorga directamente la protección del derecho inscrito, evitando la necesidad de compensaciones ex post. 3.2.3. Rapidez y eficacia. El sistema registral español se caracteriza por su rapidez en la tramitación de inscripciones, con un plazo máximo de despacho de 15 días hábiles, según establece el Reglamento Hipipotecario. Esta celeridad reduce los costes indirectos asociados al tiempo de espera, como la incertidumbre o el impacto económico de operaciones retrasadas. 3.3. DISMINUCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD. Una de las principales ventajas del sistema registral español es su capacidad para prevenir conflictos legales relacionados con la titularidad de los bienes inmuebles. 3.3.1. Publicidad registral como prevención de conflictos. La publicidad registral, es su dimensión material, cumple una función esencial en la prevención de conflictos en el tráfico jurídico inmobiliario, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la LH. Este artículo establece una presunción de que los derechos inscritos en el Registro existen y pertenecen al titular registral. Dicha presunción, de carácter “iuris tantum”, evita que terceros puedan alegar derechos contradictorios, salvo prueba en contrario, aportando estabilidad y confianza al sistema jurídico. Un ejemplo paradigmático de esta función preventiva es el principio de fe pública registral, consagrado en el artículo 34 de la LH, el cual establece: “El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por causas que no consten en el mismo Registro. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro. Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviere su causante o transferente. Este principio garantiza al adquirente de buena fe protección frente a posibles defectos en el título del transmitente, eliminado la necesidad de litigios para resolver controversias jurídicas. La buena fe se presume, salvo prueba en contrario que demuestre que el adquirente conocía la inexactitud del Registro o actuó con mala fe o grave negligencia. Incorporación del Código Seguro de Verificación (CSV) en la Publicidad Registral Electrónica. En el contexto de la ditigalización promovida por la Ley 11/2023, la publicidad registral ha adoptado herramientas tecnológicas avanzadas que fortalecen su capacidad preventiva. Uno de los elementos más destacados es la implementación del Código Seguro de Verificación (CSV), que se convierte en un pilar de la publicidad registral electrónica. El CSV es un código único, generado electrónicamente, que garantiza la autenticidad e integridad de los documentos registrales emitidos en formato digital. Este código permite verificar en línea que un documento no ha sido alterado desde su emisión, asegurando así la confiabilidad del sistema. En este sentido, la introducción del CSV fortalece la protección de los derechos reales, evitando posibles disputas derivadas de documentos falsificados o manipulados. Transformaciones en la Publicidad Registral Según la Ley 11/2023 La reforma introducida en la Ley 11/2023 ha modernizado sustancialmente la publicidad registral, con especial énfasis en los apartados 2 y 9 del artículo 222 de la Ley Hipotecaria. Entre los aspectos más relevantes, destacan los siguientes: Formato electrónico: La publicidad registral se emitirá exclusivamente en formato electrónico, garantizando su integridad mediante el sello electrónico del Registro y el certificado electrónico cualificado del registrador. La nota simple se expedirá en formato electrónico con el sello electrónico del Registro con CSV (código seguro de verificación o código electrónico de verificación). Las certificaciones se expedirán con el certificado electrónico de firma del registrador con CSV. La publicidad electrónica podrá trasladarse a papel a petición del solicitante. Código de Verificación (CSV): Tanto las notas simples como las certificaciones llevarán un CSV, asegurando así la autenticidad y trazabilidad de los documentos. Prohibición del Fax: La información registral no se enviará por fax, salvo en casos de imposibilidad técnica justificada, lo que refuerza el compromiso con la modernización y seguridad de los sistemas de información. 3.3.2. Baja incidencia de litigios sobre titularidad. En España, gracias al sistema registral, los litigios sobre la titularidad de bienes inmuebles son significativamente menores en comparación con otros países. Según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, la mayoría de las demandas relacionadas con inmuebles en España tienen que ver con incumplimientos contractuales o reclamaciones pecuniarias, mientras que los conflictos sobre titularidad representan un porcentaje marginal. 3.3.3. Resoluciones administrativas como herramienta preventiva. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública emite resoluciones que aclaran dudas interpretativas y garantizan la uniformidad en la aplicación de las normas registrales. Por ejemplo, la Resolución de 15 de febrero de 2017 clarificó los requisitos para la inscripción de servidumbres, evitando futuras disputas entre titulares de derechos colindantes. 4. PRINCIPIOS DEL SISTEMA REGISTRAL El Registro de la Propiedad es una institución jurídica fundamental destinada para garantizar la seguridad en el tráfico inmobiliario y, con ello, fomentar la estabilidad y confianza en las transacciones económicas. Se organiza y opera conforme a una serie de principios básicos que proporcionan coherencia, eficacia y seguridad jurídica al sistema. Estos principios son pilares esenciales para entender su funcionamiento y trascendencia. Según el artículo 605 del Código Civil (CC), el Registro tiene por objeto la inscripción de actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Esta disposición otorga al Registro un papel central en la estructura del tráfico inmobiliario. Roca Sastre, uno de los más destacados tratadístas del Derecho Hipotecario,define el Registro como “una institución jurídica que, al robustecer la seguridad jurídica inmobiliaria, actúa como instrumento de protección y dinamización del tráfico inmobiliario”. Este concepto subraya su doble función: por un lado, garantizar la estabilidad de los derechos inscritos y, por otro, facilitar las operaciones económicas relacionadas con bienes inmuebles. 4.1. SEGURIDAD Y CONFIANZA ECONÓMICA. La seguridad jurídica es uno de los principios fundamentales del sistema registral español, recogido explícitamente en el artículo 9.3. de la Constitución Española (CE): “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Este precepto reconoce la seguridad jurídica como una piedra angular del Estado de Derecho. Según Oscar Alzaga, “la seguridad jurídica es el principio básico que permite construir un orden jurídico predecible y confiable, esencial para la paz social y el desarrollo económico”. 4.1.1. Dimensiones de la seguridad jurídica. Vallet de Goytisolo, distingue dos dimensiones fundamentales de la seguridad jurídica: Seguridad estática: Protege la titularidad de los derechos reales inscritos, asegurando que no pueden modificarse sin el consentimiento del titular. Seguridad dinámica: Facilita la transferencia de derechos, garantizando al adquirente la protección frente a posibles vicios o defectos en los títulos previos. El sistema registral español combina ambas dimensiones, lo que lo convierte en un modelo especialmente eficaz para garantizar la estabilidad en el tráfico inmobiliario. 4.1.2. Confianza económica. La confianza económica se deriva de la seguridad jurídica que el Registro proporciona. Esta relación entre seguridad jurídica y desarrollo económico ha sido reconocida por organismos internacionales como el Banco Mundial, que subraya que un sistema registral sólido es esencial para el crecimiento de las economías del mercado. 4.2. OTROS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES El sistema registral español, regulado principalmente por la Ley Hipotecaria (LH) y su Reglamento (RH), se fundamenta en una serie de principios que constituyen el eje central de su eficacia. Estos principios, esenciales para garantizar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, no solo ordenan las relaciones entre particulares en cuanto a derechos reales, sino que también proporcionan un marco de estabilidad y confianza para las transacciones. A lo largo del tiempo, destacados juristas como Roca Sastre, Vallet de Goytisolo y Téllez Miguelez han señalado que estos principios son la piedra angular que otorga al Registro de la Propiedad su carácter preventivo y organizador en el Derecho Patrimonial. 4.2.1. Principio de legitimación registral. El principio de legitimación registral, consagrado en el artículo 38 de la LH, establece: “A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo”. Este principio otorga a los asientos registrales una presunción de veracidad, asegurando que los derechos inscritos se presumen ciertos y válidos, salvo prueba en contrario. En el tráfico jurídico, el titular inscrito aparece como plenamente legitimado para disponer del derecho registrado, desplazando la carga de la prueba al impugnante. Como explica Roca Sastre, esta presunción dota al Registro de una capacidad de ordenación jurídica que permite actuar con seguridad a los titulares y previene eventuales conflictos. Presunción posesoria El artículo 38 también incluye una presunción posesoria, según la cual: “De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos”. Esta presunción no equivale a la posesión material del bien, sino a una posesión jurídica del derecho inscrito. En palabras de Vallet de Goytisolo, esta característica fortaleza la posición del titular en el tráfico inmobiliario, permitiéndole ejercer sus derechos con plena confianza en su protección jurídica, sin necesidad de acreditar constantemente su titularidad. El principio de legitimación registral es fundamental en el diseño del sistema registral español, ya que facilita la agilidad de las transacciones al evitar investigaciones exhaustivas sobre la historia registral de un derecho, trasladando la seguridad al adquirente y al sistema en su conjunto. 4.2.2. Principio de fe pública registral. El principio de fe pública registral, consagrado en el artículo 34 de la LH, protege al tercero adquirente de buena fe que confía en el contenido del Registro. Este artículo establece: “El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por causas que no consten en el mismo Registro. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que no conocía la inexactitud del Registro. Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviera su causante o transferente.”. Este principio otorga protección absoluta al tercero adquirente, siempre que su adquisición cumpla con los requisitos de buena fe, título oneroso e inscripción en el Registro. Como señala Téllez Miguelez, la fe pública registral elimina la necesidad de que el adquirente realice investigaciones adicionales sobre la validez de derechos anteriores, transfiriendo al Registro la responsabilidad de garantizar la exactitud de los asientos. La importancia de este principio radica en su capacidad para dinamizar el tráfico jurídico al ofrecer confianza plena a los adquirentes, consolidando el Registro como una herramienta eficaz para evitar conflictos en las transacciones. 4.2.3. Principio de prioridad registral. El principio de prioridad registral, regulado en el artículo 17 LH, dispone: “El título que primeramente ingrese en el Registro, en forma legal, prevalecerá sobre los que se presenten con posterioridad”. Este principio asegura la prelación de derechos en función de su orden cronológico de ingreso al Registro. Vallet de Goytisolo distingue dos manifestaciones de este principio: 1. Preferencia excluyente: Los derechos inscritos primero prevalecen sobre aquellos incompatibles inscritos posteriormente. 2. Prioridad de rango: Los derechos mantienen su prelación conforme a la fecha y hora de presentación en el Registro. El artículo 17 amplía su alcance al señalar que: “Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier título translativo o declarativo del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o posterior fecha que se le oponga o sea incompatible, por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real. Si solo se hubiera extendido el asiento de presentación, no podrá tampoco inscribirse o anotarse ningún otro título de la clase antes expresada durante el término de sesenta días, contados desde el siguiente al de la fecha del mismo asiento”. Este principio garantiza el orden temporal en las inscripciones, preservando la estabilidad del tráfico inmobiliario y evitando conflictos entre titulares de derechos incompatibles. El principio de prioridad garantiza un sistema cronológico que otorga estabilidad al tráfico inmobiliario, evitando conflictos entre titulares de derechos incompatibles y preservando el orden en las inscripciones registrales. 4.2.4. Principio de especialidad y folio real El principio de especialidad, desarrollado en el artículo 13 LH, exige una descripción precisa de los derechos inscritos, incluyendo su objeto, contenido y titulares: “Los derechos reales limitativos, los de garantía y, en general cualquier carga o linitación del dominio o de los derechos reales, para que surtan efectos contra terceros, deberán constar en la inscripción de la finca o derecho sobre que recaigan”. Este principio se vincula al sistema de folio real, que organiza el Registro por fincas. Cada finca cuenta con un folio individual que recoge, de forma ordenada y detallada, su historial jurídico, incluyendo transmisiones, gravámenes y extinciones. Roca Sastre subraya que esta estructura facilita la consulta de la información registral, proporcionando transparencia y previniendo errores en la identificación de derechos. 4.2.5. Principio de tracto sucesivo El principio de tracto sucesivo, regulado en el artículo 20 LH, establece: “Para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos”. El principio tiene dos implicaciones fundamentales: Regla general: Para inscribir un derecho, debe constar previamente inscrito el derecho del transmitente. Casos especiales: En situaciones específicas, como adjudicaciones judiciales o particiones hereditarias, se permite la inscripción, pero no constancia de las transmisiones realizadas. El artículo 20 también establece límites a ciertas anotaciones, como embargos o prohibiciones de disponer, cuando el titular registral no coincide con la persona contra la que se dirige el procedimiento. Este principio, columna vertebral del sistema registral según Roca Sastre, asegura la coherencia de los asientos registrales, evitando interrupciones en el historial jurídico y peviniendo conflictos sobre la titularidad de los bienes inmuebles. Este principio asegura la continuidad en la cadena de titularidades inscritas, exigiendo que cada transmisión derive de un titular previamente registrado. En palabras de Vallet de Goytisolo, “este principio garantiza la coherencia de los asientos registrales, evitando lagunas o interrupciones en el historial jurídico de las fincas”. El tracto sucesivo también actúa como mecanismo de control, verificando la legitimidad de cada acto jurídico antes de su inscripción en el Registro. Roca Sastre lo considera la columna vertebral del sistema registral, pues asegura la fiabilidad de los derechos inscritos y previene litigios derivados de irregularidades en las transmisiones. 5. LA CALIFICACIÓN REGISTRAL COMO GARANTÍA DEL SISTEMA: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La calificación registral es uno de los pilares fundamentales del sistema registral español. Constituye el mecanismo por el cual se verifica que solo los títulos validos y conformes a la legalidad accedan al Registro de la Propiedad. Según Roca Sastre, el principio de legalidad es “aquel que impone que los títulos presentados para inscripción en el Registro sean sometidos a un previo examen, garantizando que los asientos reflejen situaciones jurídicas válidas y perfectas”. La importancia de la calificación radica en que los efectos del Registro se presumen exactos y concordantes con la realidad jurídica. Por ello, resulta esencial que los documentos inscritos cumplan con todos los requisitos legales. Este control previo, a cargo del Registrador, es una garantía no solo para los titulares de derechos inscritos, sino también para los terceros que confían en el contenido del Registro. 5.1. BASES LEGALES DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL. El principio de legalidad se materializa a través de la titulación auténtica y la calificación registral, dos aspectos inseparables que aseguran la fiabilidad del Registro. La Ley 11/2023 refuerza la calificación registral mediante la obligatoriedad de que los documentos presentados al Registro cumplan con los estándares digitales de autenticidad y seguridad. Esto incluye el uso de firmas electrónicas cualificadas y la verificación automatizada de datos a través de plataformas interoperables. El registrador utilizará su firma electrónica cualificada, única que puede ser usada por el registrador, para los asientos electrónicos y demás documentos que deba firmar. Fallo del Sistema Informático: si durante más de seis horas el sistema informático queda inoperante por motivos técnicos, podrán realizarse las operaciones registrales imprescindibles de forma manual y en soporte papel, que será llevado en el plazo más breve posible a soporte electrónico. El artículo 241 LH dispone la creación de un repositorio electrónico con información estructurada de los datos registrales de la finca de que se trate, con la finalidad de permitir al registrador comprobar la coherencia de los datos obrantes en la aplicación con los asientos registrales antes de firmar el asiento correspondiente. Este repositorio llevará el sello electrónico del Registro en el mismo momento de la firma electrónica del asiento por el registrador. También se creará el mismo repositorio cuando se de información en línea. Estos repositorios servirán para la preparación de la información registral. 5.1.1. Titulación auténtica El artículo 3 LH establece que solo pueden inscribirse los títulos consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico emitido por autoridad judicial o administrativa. Los documentos privados solo son admitidos en casos excepcionales, como en el supuesto de heredero único (artículo 14.3 LH). Esta exigencia garantiza que los actos inscritos en el Registro estén respaldados por documentos auténticos y, por tanto, que las situaciones jurídicas publicitadas tengan una base sólida. 5.1.2. Calificación registral La calificación registral, regulada en el artículo 18 LH, es el examen de la legalidad de los documentos presentados para su inscripción. Según este precepto: “Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas.” Este control no solo garantiza que los documentos sean válidos, sino que también asegura que los asientos del Registro reflejen fielmente la realidad jurídica. 5.2. NATURALEZA DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL. Características de la calificación Obligatoria e inexcusable: El Registrador está legalmente obligado a calificar todos los documentos presentados. Carácter personalísimo: La calificación no puede ser delegada, lo que subraya la responsabilidad individual del Registrador (artículo 296 LH). Independiente e imparcial: El Registrador no está vinculado por las calificaciones de otros profesionales, como los notarios, ni por sus propias decisiones anteriores (RDGRN 20 de febrero de 1992). Global y unitaria: Según el artículo 258.5 LH, la calificación debe abarcar todos los aspectos del documento presentado, incluyendo su forma, contenido y concordancia con los asientos del Registro. Revisable: Las calificaciones negativas pueden ser objeto de recurso, ya sea ante otro Registrador mediante calificación sustitutoria o ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP). 5.3. EXTENSIÓN Y CONTENIDO DE LA CALIFICACIÓN El ámbito de la calificación registral varía según el tipo de documento presentado: 5.3.1. Documentos notariales En el caso de escrituras públicas, el Registrador debe verificar: La legalidad de las formas extrínsecas. La capacidad de los otorgantes. La validez de los actos dispositivos, conforme a lo que resulte de la escritura y de los asientos del Registro. 5.3.2. Documentos judiciales La calificación se limita a: La competencia del Juzgado o Tribunal emisor. La congruencia del mandato con el procedimiento de origen. Las formalidades extrínsecas del documento. Los obstáculos derivados de los asientos registrales. 5.3.3. Documentos administrativos En este caso, la calificación abarca: La competencia del órgano emisor. La congruencia de la resolución con el procedimiento seguido. Las formalidades del documento y los trámites esenciales. La relación del procedimiento con el titular registral. El plazo para la calificación y despacho de los documentos presentado en el Registro de la Propiedad se encuentra regulado en el artículo 18 LH y en su desarrollo reglamentario. Este plazo, establecido en 15 días hábiles, constituye una garantía esencial tanto para los interesados en la inscripción como para la seguridad y eficiencia del tráfico jurídico inmobiliario. Plazo y cómputo de los 15 días hábiles Conforme al artículo 18 LH, el Registrador tiene la obligación de calificar, bajo su responsabilidad, la legalidad de los documentos presentados y determinar si procede su inscripción. El plazo de 15 días hábiles comienza a contarse desde la fecha de presentación del documento en el Registro. Así lo reafirma el artículo 97 RH, que dispone: “Las inscripciones se practicarán, si no mediaren defectos, dentro de los quince días siguientes a la fecha del asiento de presentación, o de los treinta si existiese justa causa, y, en todo caso, dentro del plazo de vigencia de dicho asiento a que se refiere el artículo 17 de la Ley.”. Es importante destacar que el cómputo de este plazo excluye los días inhábiles, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (publicada Ley 39/2015 BOE 236, de 2 de octubre de 2015) que regula la forma de cómputo de plazos en el ámbito administrativo, aplicable supletoriamente. Consecuencias del incumplimiento del plazo El incumplimiento del plazo para calificar puede dar lugar a la responsabilidad del Registrador, tal como lo establece el artículo 296 LH, que señala: “Los Registradores responderán civilmente, en primer lugar, con sus fianzas, y en segundo, con sus demás bienes, de todos los daños y perjuicios que ocasionen.”. Esta responsabilidad busca garantizar la diligencia y celeridad en la gestión registral, salvaguardando los derechos de los interesados y evitando retrasos innecesarios que puedan afectar al tráfico jurídico. 5.4. TIPOS DE CALIFICACIÓN La calificación registral constituye un proceso esencial dentro del sistema hipotecario español, cuyo objetivo principal es verificar la legalidad y validez de los documentos presentados para inscripción. Este proceso puede culminar en tres posibles escenarios: Calificación positiva: Cuando el documento presentado cumple con todos los requisitos legales establecidos en la normativa vigente, el Registrador procede a practicar el asiento solicitado sin mayores contratiempos. Esto implica que el acto o derecho contenido en el título es válido, carece de defectos insubsanables y se ajusta plenamente a los principios registrales aplicables, como el principio de tracto sucesivo, legitimación y especialidad. Este tipo de calificación otorga al presentante la certeza jurídica de que su derecho queda debidamente protegido mediante su inscripción en el Registro. Calificación negativa parcial: Cuando se presenta un documento que contiene varios actos susceptibles de inscripción y alguno de ellos presenta defectos, se procede a una calificación negativa parcial. Esto significa que: 1. Inscripción de los actos válidos: Los actos que cumplen con todos los requisitos legales serán inscritos en el Registro de la Propiedad 2. Rechazo de los actos defectuosos: Aquellos actos que presenten defectos insubsanables o no cumplan con los requisitos legales serán rechazados, conforme a la normativa aplicable. Sin embargo, si la calificación negativa parcial afecta a alguna de las cláusulas esenciales de un negocio jurídico, el despacho parcial del documento solo puede realizarse con la autorización expresa del presentante. Esto se debe a que la inscripción parcial podría alterar la esencia o la eficacia jurídica del negocio contenido en el documento. En determinados casos, si el elemento suspendido o defectuoso es esencial para el negocio jurídico, podrá ser necesario solicitar nuevamente la autorización del presentante, ya que el despacho parcial podría comprender la validez o integridad del acto inscrito. Esta medida busca asegurar que el acto registrado refleje fielmente la voluntad de las partes y garantice la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. Calificación negativa total: Ocurre cuando el documento presentado contiene defectos que impiden por completo su inscripción en el Registro. En este supuesto, el Registrador deniega la inscripción en su totalidad, indicando de manera detallada los motivos de su decisión en la nota de calificación. Dicha nota debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, incluyendo: Una descripción clara y precisa de los defectos detectados. Referencias a las disposiciones legales que fundamentan la negativa. Indicación de los recursos disponibles para impugnar la decisión, así como los plazos correspondientes. Esta calificación busca proteger la seguridad jurídica del sistema registral, asegurando que solo acceden al Registro los actos jurídicos que cumplan estrictamente con los requisitos legales, evitando inscripciones que puedan generar inseguridad o conflictos futuros. 5.5. RECURSOS CONTRA LA CALIFICACIÓN NEGATIVA El sistema registral español, reconociendo la independencia de la que goza el registrador en su función de calificación, establece diversas vías de impugnación como garantía jurídica para los interesados. Estas vías no solo permiten controlar la legalidad de la calificación negativa, sino que también garantizan el equilibrio entre la autonomía del registrador y la protección de los derechos de los presentantes. 5.5.1. Recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) El recurso gubernativo, regulado en el Título XIV de la LH, permite a los interesados impugnar la calificación negativa directamente ante la DGSJFP. Este recurso tiene como finalidad revisar la decisión del registrador y garantizar que se ajuste a las disposiciones legales aplicables. Plazo de interposición: Según el artículo 326 LH, el recurso debe interponerse en el plazo de un mes desde la notificación de la calificación. Contenido del recurso: El escrito debe expresar claramente las razones de la impugnación, señalando los preceptos legales y las circunstancias que fundamenten la revisión de la calificación. Resolución: La Dirección General debe emitir una resolución en el plazo de tres meses. Si no se resuelve dentro de este plazo, se entiende que el recurso ha sido desestimado por silencio administrativo. Este recurso constituye una revisión especializada por un órgano técnico-jurídico que evalúa la interpretación y aplicación de las normas hipotecarias realizada por el registrador. 5.5.2. Calificación sustitutoria Como alternativa previa al recurso ante la DGSJFP, el interesado puede solicitar la calificación sustitutoria, regulada en el artículo 19 bis LH. Este procedimiento permite que otro registrador de la misma provincia o de una demarcación próxima revise la calificación inicial. Solicitud: El interesado debe solicitar la calificación sustitutoria en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la calificación negativa.  Designación del registrador sustitutivo: La Dirección General designa al registrador que llevará a cabo la nueva calificación. Resolución: El registrador sustitutivo dispone de 15 días hábiles para emitir su decisión, que puede confirmar, modificar o revocar la calificación inicial. La calificación sustitutoria es un mecanismo ágil que facilita una segunda opinión técnica, evitando recurrir directamente a instancias administrativas o judiciales. 5.5.3. Recurso judicial El recurso judicial, regulado en el artículo 66 LH, permite al interesado impugnar la calificación negativa ante los Juzgados de Primera Instancia de la capital de la provincia donde se encuentre el inmueble. Plazo de interposición: El recurso debe presentarse en el plazo de dos meses desde la notificación de la calificación o desde la resolución del recurso gubernativo. Procedimiento: Este recurso se tramita conforme a las normas del juicio verbal. El tribunal competente examina la legalidad de la calificación y puede confirmar o revocar la decisión del registrador. Resolución: La sentencia dictada por el juzgado puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial. Este recurso proporciona una vía jurisdiccional de control, permitiendo que los titulares analicen la interpretación jurídica del registrador. 5.5.4. Garantías en la calificación y plazos de impugnación La calificación negativa debe contener todos los elementos necesarios para que el interesado pueda ejercer su derecho de impugnación de manera informada y eficaz. Según el artículo 19 bis LH, la nota de calificación debe incluir: Descripción clara de los defectos: Detallando los motivos legales y registrales que fundamentan la negativa. Referencia a los preceptos legales aplicables: Indicando los artículos concretos de la LH, el RH u otras normas que respalden la calificación. Plazos y recursos disponibles: Señalando expresamente los plazos de impugnación y las vías disponibles para ello. El respeto a estos requisitos no solo asegura la transparencia y la fundamentación de la calificación, sino que también refuerza la protección del interesado. 5.5.5. Los recursos como garantía frente a la independencia del registrador La independencia del registrador en su función de calificación es un pilar esencial del sistema registral español. Sin embargo, esta independencia se equilibra con las diversas vías de impugnación, que actúan como garantías para los derechos de los interesados. La posibilidad de recurrir a instancias superiores, como la DGSJFP, otro registrador mediante calificación sustitutoria, o los tribunales, proporciona un control efectivo sobre las decisiones del registrador, asegurando que estas se ajusten a la legalidad y a los principios del sistema registral. De este modo, el sistema registral español no solo protege la autonomía técnica del registrador, sino que también garantiza la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en las decisiones adoptadas en el marco del Registro de la Propiedad. 5.6. LA CALIFICACIÓN COMO INSTRUMENTO DE SEGURIDAD JURÍDICA La calificación registral desempeña un papel crucial en al seguridad jurídica del sistema. A continuación, analizaremos algunos de los puntos más importantes: 5.6.1. Prevención de conflictos El examen de los documentos antes de su inscripción evita que se registren situaciones jurídicas defectuosas, reduciendo así la litigiosidad en el tráfico inmobiliario. 5.6.2. Confianza en el sistema registrale La independencia e imparcialidad del Registrador refuerzan la confianza de los ciudadanos en el sistema registral, al garantizar que las decisiones se toman de manera objetiva y conforme a la Ley. 5.6.3. La Reforma del Artículo 19 bis tras la entrada en vigor de la Ley 11/2023. El artículo 19 bis ha sido reformado para introducir nuevas exigencias en la emisión de certificaciones electrónicas por parte del registrador tras una calificación positiva. Practicados los asientos registrales que correspondan, en sustitución de la antigua nota de despacho, el registrador tendrá que expedir dos certificaciones: A) Certificación Electrónica Integral: Incluye los asientos practicados, datos del asiento de presentación, incidencias relevantes y una reseña de los asientos practicados, con una iserción, para cada finca, del texto literal del acta de inscripción practicada (en ella constará el derecho inscrito, con su extensión, y si la inscripción practicada lo ha sido con alguna reserva o limitación). Esta certificación amplía considerablemente el contenido de la tradicional nota de despacho, ofreciendo una visión completa y detallada del estado registral. B) Certificación Electrónica en Extracto: Proporciona una información estructurada sobre la situación registral vigente de cada finca resultante tras la práctica de los nuevos asientos, introduciendo fehaciencia y estructuración de la información. Esta certificación tiene como precedente la nota simple posterior al despacho del documento, sin embargo, presenta dos cambios importantes, la fehaciencia y su contenido estructurado. En el supuesto de calificación negativa, sea total o parcial, no existe un cambio sustancial con relación a la anterior regulación Consideraciones Nota simple: El artículo 333.2 RH sigue exigiendo la nota simple tras el despacho de documentos. Sin embargo, podría considerarse derogado tácitamente con la nueva normativa.