26. T-3 Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía - Derechos de los ciudadanos respecto de SSPA

La LSA establece que los ciudadanos son titulares y disfrutan de los siguientes derechos, con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía (art. 6 y 7 LSA): - A las prestaciones y servicios de salud individual y colectiva. - Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que puedan ser discriminados por razón alguna. - A la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la salud individual y colectiva. - A la información sobre los servicios y prestaciones sanitarios a que pueden acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. - A disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios recibidos. - A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y su estancia en cualquier centro sanitario. - A ser advertidos de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y tratamiento que se les apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación. - A que se le dé información adecuada y comprensible sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico, así como los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento. - A que se les extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando así lo soliciten. - A que quede constancia por escrito o en soporte técnico adecuado de todo su proceso. - Al acceso a su historial clínico. - A la libre elección de médico, otros profesionales sanitarios, servicio y centro sanitario en los términos establecidos. - A que se les garantice, en el ámbito territorial de Andalucía, que tendrán acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen. - A que se les asigne un médico, cuyo nombre se les dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad. - A que se respete su libre decisión sobre la atención sanitaria que se le dispense previo consentimiento informado - A disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso, en los términos en que reglamentariamente esté establecido. - A negarse al tratamiento, - A la participación en los servicios y actividades sanitarios, a través de los cauces previstos en la ley. - A la utilización de las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias, así como a recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente estén establecidos. - A disponer, en los centros y establecimientos sanitarios, de una carta de derechos y deberes por los que debe regirse su relación con los mismos. Los niños, los ancianos, los enfermos mentales, las personas que padecen enfermedades crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo tienen derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes. Los enfermos mentales, además de los derechos señalados en los apartados anteriores y de conformidad con lo previsto en el Código Civil, tienen también los siguientes derechos: - A que por el centro se solicite la autorización judicial en los supuestos de ingresos involuntarios sin autorización judicial previa, y cuando, habiéndose producido voluntariamente el ingreso, desapareciera la plenitud de facultades del paciente durante el internamiento. - A que por el centro se reexamine, al menos trimestralmente, la necesidad del internamiento forzoso. De dicho examen periódico se informará a la autoridad judicial correspondiente. Los ciudadanos tienen derecho al disfrute de un medio ambiente favorable a la salud