Sociedades Anónimas y Limitadas

La responsabilidad de los socios de una sociedad limitada se limita al capital que han aportado a la sociedad.

Acto de crear una sociedad o empresa con el objetivo de evitar el pago de deudas existentes.

Una persona física o jurídica que participa en una sociedad de capital aportando capital y teniendo derecho a participar en los beneficios.

El conjunto de bienes y derechos que posee una sociedad.

Cantidad de dinero que los socios aportan para formar la sociedad.

Forma de sociedad en la que las acciones son libremente transmisibles y el capital mínimo es de 60.000 euros.

Forma de sociedad donde las participaciones sociales son más difíciles de transmitir, los socios tienen derecho de tanteo y no hay capital mínimo.

Parte de los beneficios de la sociedad que se distribuye entre los socios.

La adquisición de una participación social en una sociedad limitada o una acción en una sociedad anónima. Se adquiere por suscripción en la constitución o aumento del capital social, o por compraventa de acciones.

Derecho a votar en la Junta General de socios o accionistas. Permite a los socios expresar su opinión sobre los asuntos de la compañía.

Derecho a participar en la distribución de beneficios de la sociedad, recibiendo dividendos cuando estos existen. Es fundamental para los inversionistas.

Derecho a participar en la cuota de liquidación de la empresa cuando esta se disuelve. Recibir una parte del valor restante tras cubrir las deudas.

Derecho a impugnar las decisiones del consejo de administración y la junta general cuando estas son contrarias a la ley.

Derecho a comprar nuevas acciones de la empresa antes que otros inversionistas. Se asegura que los socios antiguos mantengan su participación.

Derecho a recibir información sobre la situación financiera y las decisiones importantes de la empresa.

Derecho a asistir a las reuniones de la junta general de socios, donde se discuten los asuntos cruciales de la empresa.

Un contrato en el que dos o más personas acuerdan aportar dinero, bienes o trabajo para obtener ganancias y compartirlas entre sí.

Un proceso legal para ayudar a individuos o empresas a manejar deudas y/o activos cuando no pueden cumplir con sus obligaciones financieras.

La capacidad de un grupo de accionistas minoritarios para votar y controlar las decisiones de la empresa.

Es el proceso por el cual un grupo de personas se unen para formar una entidad legal con identidad propia, lo que permite que la entidad opere independientemente de los individuos que la componen.

El conjunto de reglas que rigen la organización y funcionamiento de una sociedad.

La característica de una empresa privada que está en manos de un pequeño número de individuos.

La característica de una empresa pública accesible a un gran número de accionistas.

Las cláusulas generales en la legislación de publicidad se aplican a las situaciones que no están específicamente reguladas en la ley, como ventas a pérdidas desleales, actos de engaño, omisiones engañosas y prácticas agresivas.

La publicidad encubierta es una forma de publicidad que no se identifica claramente como tal, creando una confusión al consumidor sobre la verdadera naturaleza de la información proporcionada.

La publicidad ilícita es aquella que infringe la ley, no se identifica como publicidad o incumple las normas de protección al consumidor. Ejemplos incluyen publicidad dirigida a menores con contenido inapropiado o que induce a realizar actos peligrosos.

Las acciones publicitarias que buscan engañar o manipular al consumidor para que compre algo que no desea, causando un daño económico o moral.

Las acciones que conspiran contra la libre competencia del mercado, como prácticas desleales o carteles de precios, que buscan distorsionar el juego justo en la competencia.

La publicidad engañosa es aquella que transmite información falsa o inexacta sobre un producto o servicio con la intención de influenciar la decisión de compra del consumidor.

Las sanciones por publicidad ilícita pueden incluir: cese, rectificación, indemnización, multas y una campaña de publicidad contrarrestando la ilícita.

Las sanciones por competencia desleal incluyen: cese de la práctica, eliminación de la infracción, rectificación de la información engañosa, indemnización económica y resarcimiento por enriquecimiento injusto.

El artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa dentro de una economía de mercado. El estado protege y garantiza el ejercicio de esta libertad para asegurar la productividad, teniendo en cuenta las necesidades generales de la economía y la planificación. El artículo también establece límites a la libertad de empresa por razones de interés público y permite la intervención del Estado.

Las normas de competencia son un tipo de normas que regulan y protegen el mercado. Su objetivo es garantizar que la competencia sea justa y eficiente, permitiendo una distribución adecuada de recursos.

La defensa de la competencia es un principio que establece las condiciones mínimas para que haya competencia en el mercado. El objetivo es evitar prácticas que limiten la competencia, como, por ejemplo, que empresas en el mismo sector se pongan de acuerdo para fijar los precios.

La Ley de Defensa de la Competencia del 15 de julio de 2007 define las normas para proteger la competencia en España.

La economía de mercado es un sistema que asegura la libertad de empresa y la libre competencia, donde el precio de los bienes y servicios es determinado por la oferta y la demanda. El estado juega un papel importante en la regulación y la provisión de servicios públicos esenciales.

En una economía de mercado, la libertad de empresa y la libre competencia son dos elementos claves. Esto significa que las personas pueden iniciar y operar negocios libremente, y que los precios de los productos y servicios se determinan por la oferta y la demanda.

El estado, a través de la administración pública, interviene en la economía de mercado para regular la competencia, garantizar el cumplimiento de las normas y proporcionar servicios públicos esenciales.

Los presupuestos generales del estado son un instrumento que el gobierno utiliza para, entre otras cosas, financiar la provisión de servicios públicos esenciales dentro de una economía de mercado.

La Unión Europea puede regular a través de reglamentos, que son leyes aplicables directamente a todos los ciudadanos sin opción a que cada estado los apruebe, o directivas, que son normas que los países deben implementar según su contenido.

Se refiere al área geográfica donde una empresa compite, considerando factores económicos (como la cantidad de empleados o la producción mínima) y legales (como las regulaciones) que son homogéneos en esa zona.

Se centra en la clase de producto o servicio que una empresa ofrece. Busca que el producto sea sustituible por otro similar en términos tanto de oferta (precio, costos de producción) como de demanda (preferencias del consumidor).

Las leyes que protegen a los consumidores y usuarios son normas imperativas, lo que significa que no se pueden negociar individualmente. Su objetivo es proteger un interés público, que consiste en equilibrar la relación entre el consumidor y la empresa.

Es una ley que protege a los consumidores de prácticas comerciales injustas. Es una norma imperativa diseñada para proteger a los consumidores y usuarios ante desequilibrios con las empresas.

Es una ley que regula las condiciones de los contratos entre consumidores y empresas. Busca garantizar la claridad y la transparencia en las relaciones comerciales.

Se refiere a una persona que actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial. Es decir, cualquier persona que realiza una compra o utiliza un servicio como consumidor final.

Se refiere a una persona jurídica que actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial. Es decir, una empresa que ofrece productos o servicios a los consumidores.