Sistema Institucional de la Generalitat

Los municipios, comarcas, vegueries y otras entidades locales según la ley forman parte del sistema institucional de la Generalitat. Esto significa que se organizan territorialmente, pero son entidades autónomas.

El poder de la Generalitat proviene del pueblo de Cataluña, y se ejerce de acuerdo con el Estatuto y la Constitución.

Las relaciones entre la Generalitat y el estado se basan en la lealtad institucional, reconociendo la autonomía de la Generalitat.

Cataluña forma parte del Estado español y la Unión Europea. Esto implica compartir valores y obligaciones.

La Generalitat debe promover los derechos y libertades del Estatuto, la Constitución, la Unión Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros tratados internacionales.

La Generalitat debe fomentar la igualdad, libertad, democracia, pluralismo y otros valores fundamentales para la convivencia.

La Generalitat tiene la responsabilidad de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sean reales. También debe facilitar la participación en la vida política, económica, cultural y social.

La Generalitat debe promover la cohesión social, la equidad de género y el desarrollo sostenible.

Los poderes públicos deben fomentar la participación social en la creación, prestación y evaluación de las políticas públicas. También deben promover la participación individual y asociativa en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, siempre respetando los principios de pluralismo, libre iniciativa y autonomía.

Los poderes públicos deben facilitar la participación y la representación ciudadana y política, con una atención especial a las zonas menos pobladas del territorio.

Los poderes públicos deben asegurarse de que las campañas institucionales que se organizan durante los procesos electorales tienen como objetivo promover la participación ciudadana. Los medios de comunicación deben proporcionar información veraz, objetiva, neutral y respetuosa del pluralismo político sobre las candidaturas que compiten en los procesos electorales.

Los poderes públicos deben garantizar la calidad del sistema educativo e impulsar una formación humana, científica y técnica de los estudiantes basada en valores sociales de igualdad, solidaridad, libertad, pluralismo, responsabilidad cívica y otros que fundamentan la convivencia democrática.

Los poderes públicos deben velar por la convivencia social, cultural y religiosa entre todas las personas en Cataluña.

Los poderes públicos deben promover políticas que garanticen el reconocimiento y la efectividad de los derechos y deberes de las personas inmigrantes, la igualdad de oportunidades, las prestaciones y las ayudas que permitan su plena acomodación social y económica y su participación en los asuntos públicos.

Los poderes públicos deben emprender las acciones necesarias para establecer un régimen de acogida de las personas inmigrantes.

Los poderes públicos deben garantizar la calidad del servicio y la gratuïtat de los servicios sociales que las leyes determinan como básicos.

Los poderes públicos de Cataluña deben facilitar que todos los ciudadanos tengan acceso a la cultura, los bienes y servicios culturales, y al patrimonio cultural, arqueológico, histórico, industrial y artístico de Cataluña.

La Generalitat debe fomentar la creación de un espacio catalán para las relaciones laborales, basado en la realidad productiva y empresarial específica de Cataluña y sus agentes sociales.

Los poderes públicos catalanes deben adoptar medidas para garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, impulsando su participación en las empresas y en las políticas de empleo.

Los poderes públicos de Cataluña deben promover una distribución de la renta personal y territorial más equitativa dentro de un sistema catalán de bienestar.

Los poderes públicos de Cataluña deben promover el conocimiento suficiente de una tercera lengua al finalizar la educación obligatoria.

Los poderes públicos de Cataluña deben fomentar la investigación y la recerca científica de calidad, la creatividad artística y la conservación y difusión del patrimonio cultural de Cataluña.

Los poderes públicos de Cataluña deben promover e impulsar la participación de la familia en la educación de los hijos e hijas, en el marco de la comunidad educativa, facilitando el acceso a las actividades de educación en el tiempo libre.

Los poderes públicos de Cataluña deben adoptar las medidas necesarias para promover el progreso económico y social de Cataluña y sus ciudadanos, basados en los principios de la solidaridad, la cohesión, el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña garantiza a los municipios un conjunto de competencias propias que deben ser ejercidas por ellos mismos con total autonomía, sujetos solo al control de constitucionalidad y legalidad.

Los gobiernos locales de Cataluña tienen competencias propias sobre la planificación y gestión del territorio, incluyendo el desarrollo urbano, la disciplina urbanística y la protección del patrimonio público municipal.

Los municipios de Cataluña son responsables de la planificación, programación y gestión de viviendas públicas, y participan en la planificación del suelo municipal para viviendas de protección oficial.

Los gobiernos locales de Cataluña regulan y gestionan los servicios públicos básicos para la comunidad, incluyendo la gestión de equipamientos municipales.

Los municipios de Cataluña tienen la responsabilidad de regular las condiciones de seguridad en los espacios públicos y en los locales de concentración pública, y coordinar la actividad de los cuerpos de seguridad presentes en el municipio.

Los gobiernos locales de Cataluña regulan y gestionan el establecimiento de todo tipo de actividades económicas, especialmente comerciales, artesanales y turísticas, y fomentan la creación de empleo.

Los municipios de Cataluña tienen el poder de regular y gestionar los equipamientos deportivos y de ocio, y promover actividades relacionadas.

Los gobiernos locales de Cataluña regulan y gestionan la atención a las personas, los servicios sociales públicos de asistencia primaria y las políticas de acogida para los inmigrantes.

La Generalitat tiene el deber de promover el crecimiento de las empresas y fomentar el espíritu empresarial, teniendo en cuenta la responsabilidad social de las empresas, la libre iniciativa y las condiciones de competencia. Se debe proteger especialmente la economía productiva, la actividad de emprendedores autónomos y las pequeñas y medianas empresas.

La Generalitat debe estimular las acciones de las cooperativas y las sociedades laborales. Además, debe impulsar las iniciativas de la 'economía social', que busca el beneficio social y comunitario.

Las organizaciones sindicales y empresariales deben participar en la creación de políticas públicas que les afecten. La Generalitat debe promover la mediación y el arbitraje para resolver conflictos entre los diferentes actores sociales.

Las organizaciones profesionales y las corporaciones de derecho público, junto con las entidades del tercer sector, deben recibir consulta para la creación de políticas que les afecten.

La Generalitat, debido a la función social y económica de las cajas de ahorro, debe proteger su autonomía y promover su contribución social a las estrategias económicas y sociales de diferentes regiones de Cataluña.

Los poderes públicos deben proteger el medio ambiente con políticas basadas en el desarrollo sostenible y la solidaridad colectiva e intergeneracional. Esto implica actuar para preservar el medio ambiente para las próximas generaciones.

Las políticas ambientales deben enfocarse en reducir la contaminación, establecer estándares de protección, controlar el impacto ambiental, usar los recursos de manera eficiente y mantener los principios de preservación, reciclaje y reutilización.

Se deben crear las condiciones necesarias para preservar la naturaleza y la biodiversidad. Las políticas sectoriales deben integrar objetivos ambientales, y las personas deben tener acceso al patrimonio natural y paisaje.

El presidente o presidenta de la Generalitat de Catalunya es responsable de nombrar al fiscal superior de Catalunya.

El fiscal superior de Catalunya es el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y representa al Ministerio Fiscal en Cataluña.

El fiscal superior de Catalunya debe enviar un informe anual al Gobierno, al Consell de Justícia de Catalunya y al Parlamento.

El Consejo General del Poder Judicial, junto con el Consejo de Justicia de Catalunya, participa en la designación de los presidentes de sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

El Consell de Justícia de Catalunya tiene atribuciones que se establecen en el Estatuto, la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras leyes aprobadas por el Parlamento.

Entre las atribuciones del Consell de Justícia de Catalunya, está la participación en la selección del president o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

El Consell de Justícia de Catalunya también participa en la selección de los presidentes de sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y de las audiencias provinciales.

La Generalitat puede firmar acuerdos con el Ministerio Fiscal para colaborar en temas relacionados con la justicia.

Las personas con discapacidades tienen derecho a recibir la atención adecuada para mantener su autonomía personal en las actividades diarias, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen.

Las personas o familias en situación de pobreza tienen derecho a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos para una vida digna, de acuerdo con las condiciones legalmente establecidas.

Las organizaciones del tercer sector social tienen derecho a desempeñar sus funciones en los ámbitos de la participación y la colaboración social.

Los trabajadores tienen derecho a formarse y promocionarse profesionalmente, y a acceder gratuitamente a los servicios públicos de empleo.

Las personas excluidas del mercado laboral que no tienen medios de subsistencia propios, tienen derecho a recibir prestaciones y recursos no contributivos de carácter paliativo, en los términos que establecen las leyes.

Los trabajadores tienen derecho a realizar sus tareas laborales y profesionales en condiciones que garanticen su salud, seguridad y dignidad.

Las personas que no tienen los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, para lo cual los poderes públicos deben establecer un sistema de medidas que garantice este derecho, con las condiciones que determinen las leyes.

Las personas tienen derecho a vivir en un ambiente equilibrado, sostenible y respetuoso con la salud, y el deber de utilizar los recursos naturales de manera responsable y evitar el desperdicio.

Las instituciones de Cataluña deben promover el uso del catalán en todo el Estado, la Unión Europea y el resto del mundo.

Las entidades públicas en Cataluña deben incluir el catalán en las etiquetas, envoltorios e instrucciones de los productos comercializados en Cataluña.

Las instituciones públicas de Cataluña, las entidades privadas dependientes de ellas y las empresas concesionarias deben utilizar el catalán en sus operaciones internas y externas, especialmente en comunicaciones con personas o entidades residentes en Cataluña.

Las instituciones públicas deben garantizar la comunicación y el acceso a la lengua de signos catalana para personas con discapacidad auditiva.

La Generalitat debe promover la cultura de la paz y acciones de apoyo a la paz mundial.

La Generalitat debe promover acciones y políticas de cooperación para el desarrollo de las personas en el mundo, incluyendo programas de ayuda humanitaria.

Los poderes públicos deben garantizar el derecho a la información y promover la veracidad en los medios de comunicación, asegurando el respeto por la dignidad de las personas y la diversidad.

Las instituciones públicas deben promover el acceso equitativo a los servicios audiovisuales en Cataluña.

Los poderes públicos deben garantizar la protección de la salud, seguridad y los intereses legítimos de los consumidores y usuarios.

Los poderes públicos deben garantizar la existencia de mecanismos de resolución de conflictos entre consumidores y empresas.

El catalán debe ser protegido y promovido en todos los ámbitos de la sociedad.

Los poderes públicos deben asegurar el uso del catalán en la educación, investigación y otros ámbitos.

Los poderes públicos deben promover políticas de transportes que prioricen el transporte público y la sostenibilidad.

Los poderes públicos deben facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y personas necesitadas.

Los poderes públicos deben promover la cohesión económica y territorial, asegurando el desarrollo de las zonas rurales y de montaña.

Los poderes públicos deben promover la educación en valores ambientales y la protección del medio ambiente como un bien común.

El Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la Generalitat que vetlla per l'adequació a aquest Estatut i a la Constitució de les disposicions de la Generalitat en els termes que estableix l'apartat 2.

El Consell de Garanties Estatutàries pot dictaminar, en els termes que estableixi la llei, en diversos casos, com ara l'adequació a la Constitució dels projectes i les proposicions de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l'adequació a aquest Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament, l'adequació a aquest Estatut i a la Constitució dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern i l'adequació dels projectes i les proposicions de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern a l'autonomia local.

El Consell de Garanties Estatutàries ha de dictaminar abans de la interposició del recurs d'inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern, abans de la interposició de conflicte de competència pel Govern i abans de la interposició de conflicte en defensa de l'autonomia local davant el Tribunal Constitucional.

Els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries tenen caràcter vinculant amb relació als projectes de llei i les proposicions de llei del Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts per aquest Estatut.

El Consell de Garanties Estatutàries és format per membres nomenats pel president o presidenta de la Generalitat entre juristes de reconeguda competència, dues terceres parts dels quals a proposta del Parlament, per majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i una tercera part a proposta del Govern.

Els membres del Consell de Garanties Estatutàries han d'elegir d'entre ells el president o presidenta.

El Consell de Garanties Estatutàries té autonomia orgànica, funcional i pressupostària d'acord amb la llei.

La vegueria es una entidad territorial en Cataluña que cuenta con autonomía para gestionar sus propios intereses.

El Consell de Vegueria es el órgano de gobierno y administración de la vegueria, compuesto por el presidente y los consellers.

Las comarcas son entidades locales formadas por municipios para gestionar competencias y servicios.

El Conselh Generau es la institución de gobierno de la Val d'Aran, compuesta por el Síndic, el Plen des Conselhèrs e Conselhères Generaus y la Comission d'Auditors de Compdes.

L'Aran tiene un régimen jurídico especial que reconoce su especificidad organizativa y administrativa.

La creación, modificación o eliminación de las vegueries, y su régimen jurídico, se regula por ley del Parlamento.

La creación, modificación o eliminación de comarcas y su régimen jurídico, se regula por ley del Parlamento.

Los otros entes locales supramunicipales se basan en la colaboración entre municipios y el reconocimiento de las áreas metropolitanas.

El Consell de Justícia de Catalunya tiene la responsabilidad de proponer al Consell General del Poder Judicial los nombramientos y ceses de los jueces y magistrados que se incorporan a la carrera judicial temporalmente.

El Consell de Justícia de Catalunya tiene la capacidad de instruir expedientes y ejercer funciones disciplinarias sobre los jueces y magistrados, siguiendo las leyes establecidas.

El Consell de Justícia de Catalunya participa en la planificación de las inspecciones de juzgados, tiene la autoridad para ordenar estas inspecciones, y puede hacer propuestas en esta área.

El Consell de Justícia de Catalunya es un órgano del sistema judicial catalán que está compuesto por el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y otros miembros nombrados.

El Consell de Justícia de Catalunya tiene la función de informar al Consell General del Poder Judicial sobre las decisiones que toma y las iniciativas que lleva a cabo.

El Consell de Justícia de Catalunya está formado por el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y otros miembros que son nombrados.

El Consell de Justícia de Catalunya es responsable de la administración de justicia en Cataluña, y tiene una serie de funciones importantes, como nombrar jueces, disciplinarlos, y supervisar los juzgados.

El Consell de Justícia de Catalunya tiene la autoridad para aplicar y precisar los reglamentos del Consell General del Poder Judicial en el ámbito catalán.

El autogobierno de Cataluña se organiza a través de la Generalitat, que incluye al Parlament, la Presidència, el Govern y otras instituciones.

El català és la llengua pròpia de Catalunya. És la llengua que s'utilitza habitualment en les administracions públiques, els mitjans de comunicació públics i l'ensenyament a Catalunya.

Totes les persones a Catalunya tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials: català i castellà. Els ciutadans de Catalunya també tenen el dret i el deure de conèixer-les.

La Generalitat promou la comunicació i la cooperació amb altres comunitats que comparteixen el patrimoni lingüístic català.

La Generalitat ha de promoure el reconeixement de l'oficialitat del català a la Unió Europea i la seva presència en organismes internacionals.

Catalunya té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l'himne.

La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc. Ha d'estar present als edificis públics i els actes oficials a Catalunya.

La festa de Catalunya és la Diada de l'Onze de Setembre.

La capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona, que és la seu permanent del Parlament, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.

La Generalitat és la institució autònoma de Catalunya que té com a objectius promoure la seva cultura, llengua i tradicions. També gestiona els aspectes polítics i administratius de Catalunya.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix els drets històrics del poble català, les seves institucions seculars i la tradició jurídica catalana. Això li atorga un paper destacat en àrees com el dret civil, la llengua, la cultura i l'educació.

La Generalitat de Catalunya tiene la obligación de promover la comunicación, el intercambio cultural y la cooperación con comunidades y territorios, dentro o fuera de España, que tengan lazos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña. Esto puede incluir la firma de convenios, tratados y la creación de organismos conjuntos.

La Generalitat, dentro de los límites de la ley, debe fomentar las relaciones sociales, económicas y culturales con las comunidades catalanas en el extranjero. Esto incluye brindar asistencia a estas comunidades y formalizar acuerdos de cooperación, incluso a nivel internacional.

Las leyes y regulaciones de la Generalitat y el derecho civil catalán tienen efecto en todo el territorio catalán, con algunas excepciones específicas. Los extranjeros que adquieran la ciudadanía española siguen sujetos al derecho civil catalán mientras residan en Cataluña, a menos que expresen lo contrario.

El Consell de Garanties Estatutàries es la institución en Cataluña que garantiza que las leyes y decisiones de la Generalitat se ajustan al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la Constitución Española.

El Consell de Garanties Estatutàries tiene la facultad de emitir dictámenes en varios casos, como la revisión de proyectos de reformas al Estatuto de Autonomía de Catalunya, proyectos de ley, decretos legislativos y proyectos de ley que afecten la autonomía local.

El Consell de Garanties Estatutàries debe emitir un dictamen antes de que se presenten recursos de inconstitucionalidad o conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional, tanto por parte del Parlament como del Govern.

Los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries son vinculantes para proyectos o propuestas de ley del Parlament que desarrollen o afecten derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Catalunya.

La planificación, la organización y la gestión de la educación infantil, la participación en el proceso de matriculación en centros públicos y concertados, el mantenimiento y aprovechamiento de los centros públicos fuera del horario escolar y el calendario escolar.

Regula la circulación y los servicios de movilidad, incluyendo la gestión del transporte público.

La regulación de las autorizaciones y promoción de actividades económicas como el comercio, la artesanía y el turismo, incluyendo el fomento del empleo.

Formulación y gestión de políticas para la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

Regula y gestiona los equipamientos deportivos y de ocio, y fomenta las actividades relacionadas con el deporte y el entretenimiento.

Regula la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Regula y presta servicios de atención social, incluyendo la asistencia social primaria y las políticas de acogida para los inmigrantes.

Regula la gestión y vigilancia de las actividades y usos en las playas, ríos, lagos y montañas.

El municipio es el ente local básico de la organización territorial de Cataluña, un medio fundamental para la participación ciudadana en los asuntos públicos.

El gobierno y la administración municipales recaen en el ayuntamiento, compuesto por el alcalde y los concejales.

El Estatuto garantiza al municipio la autonomía para ejercer sus competencias y defender los intereses de la comunidad que representa.

Los actos y acuerdos del municipio no pueden ser controlados por otras administraciones en cuanto a su oportunidad, pero sí en cuanto a su legalidad.

La Generalitat tiene el deber de controlar si los actos del municipio son legales, y puede impugnarlos ante la justicia.

Los concejales son elegidos por los vecinos del municipio a través del voto universal, igual, libre, directo y secreto.

El Consell de Justícia de Catalunya es un órgano del sistema judicial catalán, con la responsabilidad de administrar la justicia en Cataluña.

El Consell de Justícia de Catalunya tiene la autoridad para proponer al Consell General del Poder Judicial los nombramientos y ceses de los jueces y magistrados que se incorporan temporalmente a la carrera judicial.

El Consell de Justícia de Catalunya tiene la capacidad de instruir expedientes y ejercer funciones disciplinarias sobre los jueces y magistrados.

El Consell de Justícia de Catalunya participa en la planificación de las inspecciones de juzgados, tiene la autoridad para ordenar estas inspecciones, y puede hacer propuestas en esta área.

El Consell de Justícia de Catalunya está formado por el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y otros miembros que son nombrados.

El Consell de Justícia de Catalunya tiene la función de informar al Consell General del Poder Judicial sobre las decisiones que toma y las iniciativas que lleva a cabo.

El Consell de Justícia de Catalunya es responsable de la administración de justicia en Cataluña, y tiene una serie de funciones importantes, como nombrar jueces, disciplinarlos, y supervisar los juzgados.

El Consell de Justícia de Catalunya tiene la autoridad para aplicar y precisar los reglamentos del Consell General del Poder Judicial en el ámbito catalán.

Se refiere a la ley que establece las funciones del fiscal y la fiscal superior de Cataluña.

La función principal del Síndic de Greuges es proteger y defender los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y el Estatuto de Cataluña.

El Síndic de Greuges supervisa la actividad de diversas instituciones públicas y privadas, incluyendo la Administración de la Generalitat, las empresas que gestionan servicios públicos y los organismos públicos o privados vinculados a la administración local catalana.

El Síndic de Greuges tiene la posibilidad de solicitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre proyectos y propuestas de ley que regulan los derechos reconocidos por el Estatuto de Cataluña.

El Síndic de Greuges tiene la capacidad de establecer relaciones de colaboración con otros defensores locales de la ciudadanía y figuras análogas en el ámbito público y privado.

Las administraciones públicas de Cataluña y las entidades y personas que gestionan servicios públicos tienen la obligación de cooperar con el Síndic de Greuges.

El Síndic de Greuges es elegido por el Parlament de Cataluña por una mayoría de tres quintas partes de sus miembros.

El Síndic de Greuges disfruta de autonomía reglamentaria, organizativa, funcional y presupuestaria.

La Sindicatura de Comptes es el órgano fiscalizador externo de los entes locales y la Generalitat de Cataluña.

La Sindicatura de Comptes dependa orgánicamente del Parlament de Cataluña, con plena autonomía organitzativa, funcional y presupuestària.

La Sindicatura de Comptes establece relaciones de cooperación con el Tribunal de Comptes.

La Sindicatura de Comptes está formada por síndics designados por el Parlament de Cataluña.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya es la autoridad reguladora en el ámbito de la comunicación audiovisual pública y privada en Cataluña.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya actúa con independencia del Govern de la Generalitat.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya es un órgano regulador independiente que vela por la comunicación audiovisual de calidad en Cataluña.

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva sobre las denominaciones de origen y otras menciones de calidad, incluyendo el régimen jurídico para su creación y funcionamiento, y la determinación de niveles de protección, derechos y obligaciones, titularidad de las denominaciones, regulación de la producción y comercialización, y régimen sancionador. También incluye la gestión y control de la denominación de origen, incluyendo la organización administrativa y la tutela administrativa sobre los órganos de la denominación.

La Generalitat tiene la capacidad de reconocer denominaciones o indicaciones geográficas, aprobar sus normas reguladoras y ejercer la gestión y control administrativo, incluyendo la tutela administrativa de los órganos de la denominación y la potestad sancionadora.

En caso de que una denominación de origen se extienda más allá de los límites de Cataluña, la Generalitat ejerce la gestión y el control sobre las actuaciones de los órganos de la denominación en relación con terrenos e instalaciones situadas en Cataluña. La Generalitat participa también en los órganos de la denominación y en el ejercicio de sus capacidades de gestión.

La Generalitat tiene la responsabilidad de proteger las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que ha reconocido, incluso fuera del territorio de Cataluña. Se colabora con instituciones europeas e internacionales para la protección de las denominaciones geográficas y de calidad catalanas.

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva sobre el derecho civil en Cataluña, excepto las materias que la Constitución Española atribuye al Estado. Esto incluye la determinación del sistema de fuentes del derecho civil de Cataluña.

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva en la regulación de los órganos de participación y consulta de los sectores afectados en la programación de la enseñanza en su territorio.

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva para determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil y regular los centros donde se imparte.

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva para crear, desarrollar organizativamente y regular el régimen de los centros públicos de educación.

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva para la inspección, la evaluación interna del sistema educativo, la innovación, la investigación y la experimentación educativas, y también para garantizar la calidad del sistema educativo.

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva para el régimen de fomento del estudio, de becas y de ayudas con fondos propios.

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva para la formación permanente y el perfeccionamiento del personal docente y otros profesionales de la educación.

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva para los servicios educativos y las actividades extraescolares complementarias con relación a los centros docentes públicos y privados.

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva para los aspectos organizativos de los enseñamientos en régimen no presencial dirigidos a alumnos mayores de edad.