Sistema Electoral Español

El Senado puede enmendar o vetar proyectos legislativos aprobados por el Congreso.

El Congreso puede levantar el veto del Senado por mayoría absoluta o mayoría simple después de dos meses.

El Senado puede aprobar, enmendar o vetar proyectos legislativos, pero no paralizar el proceso.

El Congreso interviene en situaciones excepcionales, como la convalidación de Decretos Leyes.

El Senado interviene por mayoría absoluta en el procedimiento del artículo 155 CE.

Las Cámaras del Parlamento funcionan de forma autónoma, con cada Cámara deliberando por separado.

La Constitución de 1978 prevé la reunión conjunta de las Cámaras para funciones no legislativas relacionadas con la Jefatura del Estado.

El Senado tiene atribuciones exclusivas relacionadas con su papel como Cámara de representación territorial.

La potestad de las Cortes Generales para determinar su propio presupuesto.

La Sección 02 de los Presupuestos Generales del Estado, que incluye el presupuesto de las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo, la Junta Electoral Central, entre otros.

Las Mesas de las Cámaras, compuestas por los representantes de cada cámara, son responsables de elaborar el presupuesto de las Cortes Generales.

El Gobierno presenta el proyecto de presupuesto a las Cortes Generales, incluyendo el presupuesto de las Cortes que fue elaborado por las Mesas.

El presupuesto de las Cortes Generales es aprobado por los diputados y senadores, quienes pueden votar a favor o en contra del presupuesto elaborado por las Mesas.

La Constitución Española garantiza la independencia y autonomía de las Cortes Generales a través de mecanismos como las prerrogativas parlamentarias, la inviolabilidad e inmunidad, la inviolabilidad de las Cámaras y las causas de incompatibilidad.

La inviolabilidad de las Cámaras, contemplada en el artículo 66.3 de la Constitución Española, protege a las Cortes de injerencias externas.

El sistema electoral que se utiliza en España para elegir a los miembros del Congreso de los Diputados, que es la cámara baja de las Cortes Generales.

El número de escaños que se elige en cada provincia para el Congreso de los Diputados.

Circunscripciones con baja representación en el Congreso, entre 7 y 14 escaños.

Circunscripciones con alta representación en el Congreso, 15 escaños o más.

El Congreso de los Diputados tiene 350 escaños, la mayoría se divide en función de la población por provincia.

Un sistema de distribución de escaños que busca una representación proporcional a la población de cada provincia.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece un mínimo de 2 diputados por provincia para el Congreso.

Se refiere a la asignación de escaños restantes en el Congreso después de aplicar la cuota inicial por provincia.

El Decreto de Convocatoria de Elecciones define el número de diputados que se elige en cada provincia.

El sistema electoral español se caracteriza por tener diferentes tamaños de distritos electorales, lo que provoca la existencia de tres subsistemas electorales distintos.

Los distritos electorales más pequeños, con hasta 5 escaños, aplican un sistema formalmente proporcional, pero en la práctica funciona como mayoritario.

Este subsistema incluye distritos con 6 a 9 escaños, buscando un equilibrio entre proporcionalidad y mayoritario.

Los distritos más grandes, con más de 9 escaños, implementan un sistema más proporcional que los subsistemas 1 y 2.

La fórmula electoral proporcional pierde importancia a medida que disminuye el tamaño del distrito electoral, pues los resultados tienden a ser mayoritarios.

El sistema electoral español es un sistema de geometría variable, ya que su funcionamiento varía dependiendo del tamaño del distrito electoral.

La diferencia en el tamaño de los distritos electorales crea una gran variabilidad en la representación parlamentaria.

En los distritos más pequeños, es más difícil obtener representación proporcional debido a la menor cantidad de escaños.

El sistema electoral español se diseñó con un principio de proporcionalidad corregido, es decir, intenta reflejar la voluntad popular pero con un sesgo mayoritario.

La intención principal del sistema era dar una mayoría absoluta al gobierno con un porcentaje de votos relativamente bajo, alrededor del 36-37%.

El sistema diseñado para favorecer a UCD en 1977 permitió al PSOE gobernar con mayoría absoluta en 1982, demostrando su flexibilidad y permitiendo la alternancia en el poder.

El sistema favorece a los partidos mayoritarios y desfavorece a los más pequeños, resultando en una desigualdad en el valor del voto.

El sistema electoral español tiene un sesgo conservador, favoreciendo a partidos que representan intereses más tradicionales.

La distribución de escaños entre las circunscripciones es desigual, dando más peso a las zonas rurales, y es la principal causa de la desigualdad en el voto y el sesgo conservador.

España tiene un Congreso con un número relativamente pequeño de escaños (350) y un elevado número de circunscripciones (52).

La relación escaños/circunscripción es baja (6,7), lo que significa que cada escaño representa a un número significativo de personas.

Un sistema electoral que otorga una mayor representación a las provincias menos pobladas, a menudo zonas rurales con tradiciones conservadoras, en relación a su población, lo que puede generar desigualdad en el voto.

La forma de la candidatura se refiere al modo en que los electores expresan su voto a una lista de candidatos. Puede ser unipersonal, donde solo figura un candidato, o de lista, donde se vota a un conjunto de candidatos.

Las candidaturas de lista se pueden clasificar en cerradas y bloqueadas, donde el voto es al conjunto de candidatos en un orden establecido, o cerradas y no bloqueadas, donde los electores pueden modificar el orden de los candidatos.

Es el número mínimo de votos que una candidatura debe obtener para entrar en el reparto de escaños. Este mecanismo evita una fragmentación excesiva del Congreso.

Es una noción fáctica que indica el número de votos necesarios para obtener un escaño en elecciones. No es un requisito legal.

En el sistema electoral español, la barrera legal para el Congreso de los Diputados es del 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción. Las candidaturas que no alcanzan ese porcentaje quedan excluidas del reparto de escaños.

El artículo 163.1 a) de la Constitución Española establece la barrera legal para el Congreso de los Diputados. Este requisito fue introducido por el legislador.

La barrera legal es un mecanismo que busca garantizar la estabilidad institucional evitando una fragmentación excesiva de la representación parlamentaria.