Seguridad en España

La Constitución Española de 1978 es la ley fundamental que regula la organización del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos.

La Constitución Española es rígida, lo que significa que su reforma requiere mayorías cualificadas, reflejando su importancia como ley fundamental.

La Constitución Española se divide en varias partes: preámbulo, título preliminar, títulos sobre la organización del Estado, derechos y deberes fundamentales, y disposiciones adicionales.

La Constitución Española garantiza la soberanía popular, lo que significa que el poder reside en el pueblo, quien elige a sus representantes.

La Constitución Española establece un Estado social y democrático de derecho, donde el Gobierno promueve la justicia social y protege los derechos individuales.

La Constitución Española establece el sistema autonómico, que permite a las regiones tener autonomía política y administrativa.

El jefe del Estado en España es el Rey, quien tiene funciones principalmente ceremoniales y representativas.

Las leyes orgánicas son aquellas que regulan los derechos fundamentales y libertades públicas, como el Estatuto de Autonomía o el régimen electoral.

El derecho a expresar libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

El conjunto de leyes y normas que rigen el orden de prelación de las normas jurídicas en España.

Los tratados internacionales son acuerdos entre estados que también forman parte del ordenamiento jurídico español.

La seguridad en España es una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

La seguridad privada se refiere a las actividades, funciones, servicios y medidas para proteger bienes ante actos intencionados o accidentales.

El personal de seguridad privada se clasifica en vigilantes de seguridad, escoltas privados y detectives privados.

El robo implica el uso de fuerza o intimidación para privar a alguien de sus bienes, mientras que el hurto es la sustracción de objetos sin violencia ni intimidación. El robo se castiga con penas más severas.

Este delito se caracteriza por la creación o alteración fraudulenta de documentos públicos o privados con la intención de engañar o causar perjuicio. Se castigan con penas de prisión e inhabilitación.

La falsificación de moneda se considera un delito más grave, dado su impacto en la economía, y se castiga con mayor severidad. La pena depende de la gravedad del delito y el daño causado.

La detención es la privación de libertad por parte de la policía o autoridades judiciales, con fundamento en la ley, para investigar un delito. Su duración está limitada a 72 horas, aunque puede prorrogarse hasta 5 días con autorización judicial.

El vigilante de seguridad, según su habilitación, tiene funciones de vigilancia, prevención y protección de bienes e instalaciones. Puede realizar actividades como la observación, control de accesos y la solicitud de auxilio a las fuerzas de seguridad.

Es un lugar donde las personas se sienten libres de las presiones sociales y pueden ejercer su libertad más íntima. La protección se extiende al espacio físico y a la esfera privada de la persona.

Un delito en el que la acción ilícita consiste en la omisión de un deber. Se castiga por no actuar en lugar de por hacer algo.

El bien jurídico protegido es la solidaridad humana. Se presenta cuando una persona desamparada en peligro grave no recibe ayuda, y no hay peligro para quien podría ayudar.

La persona debe estar desamparada, sin otros medios de ayuda, y en peligro manifiesto, donde la falta de ayuda agrave su situación.

Las penas pueden ser principales (de privación de libertad o de otros derechos) o accesorias (complementarias). Las penas principales se clasifican en prisión, localización permanente, responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa y penas privativas de otros derechos.

Se refiere a la pena de prisión más severa, sujeta a revisiones periódicas para determinar si el condenado puede acceder a libertad condicional.

Se aplica a delitos cometidos en el seno de una organización terrorista. Se exige demostrar haber abandonado la organización, colaborar con la justicia, y mostrar arrepentimiento hacia las víctimas.

Las penas se agravan cuando se ha puesto en peligro la vida o la salud de otra persona, o por omitir el deber u oficio como personal sanitario.

Los vigilantes de seguridad privada están limitados por la ley en el uso de armas de fuego, solo permitiéndoles su uso en casos excepcionales y con autorización previa.

Los vigilantes de seguridad deben respetar escrupulosamente los derechos fundamentales de las personas, incluyendo el derecho a la asistencia letrada, a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a ser informado de los cargos, a la asistencia sanitaria y a comunicarse con familiares.

La principal función del personal de seguridad privada es la prevención y disuasión, actuando como "ojos y oídos" al reportar actividades sospechosas a la policía.

Los vigilantes de seguridad pueden realizar detenciones en flagrancia, pero solo para entregar al detenido a la autoridad competente.

La seguridad privada es subordinada y complementaria a la seguridad pública, actuando bajo sus requerimientos e instrucciones.

El personal de seguridad debe ser capaz de detectar con antelación cualquier riesgo potencial mediante la observación y el análisis del entorno.

El personal de seguridad privada colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la persecución de infracciones penales, pero dentro de limitaciones específicas.

El personal de seguridad debe desarrollar y entrenar sus habilidades de observación para detectar con antelación cualquier posible riesgo.

Las penas de prisión que se imponen a las personas que cometen delitos graves en España y tienen una duración superior a cinco años.

Incluye sanciones que restringen derechos de las personas, tales como derecho a la tenencia de armas, conducir vehículos, etc. por más de ocho años.

Se refiere a diferentes tipos de sanciones que limitan la libertad del imputado, como ordenes de alejamiento o penas alternativas. Se aplican en casos donde se considera que la persona debe ser separada de la víctima o alejada de un área geográfica por un tiempo determinado.

Son penas de prisión que se aplican por delitos menos graves, con una duración de entre 3 meses y cinco años.

Se refiere a sanciones que restringen la libertad por un menor tiempo que las penas mayores, incluyendo multas, trabajos en beneficio de la comunidad y ordenes de alejamiento.

Se refiere a sanciones leves que se aplican a delitos menos graves, incluyendo inhabilitación para ciertas actividades, restricciones leves y penas menores.

Infracciones penales que se consideraban menos graves que los delitos, con penas menores como multas o arresto menor. Es un concepto jurídico que en la práctica ya no se utiliza pero es importante conocerlo.

La distinción entre delitos y faltas en el sistema judicial español. Antes, las faltas eran menos graves que los delitos, pero con la reforma del Código Penal en 2015, se eliminó la distinción formal. Sin embargo, en la práctica, se sigue considerando la diferencia.