Responsabilidad Internacional de los Estados

En caso de conflicto con el Estado huésped, el inversor tiene dos caminos distintos que debe elegir: tribunales internos o arbitraje internacional.

Consiste en someter la controversia a los tribunales internos del país donde se realiza la inversión.

Un método alternativo para resolver disputas con un Estado, donde un tercero imparcial decide el caso.

Un organismo que ofrece mecanismos para la resolución de disputas entre inversores y Estados, fomentando la inversión extranjera.

Una cláusula en los tratados de inversión que asegura a los inversores extranjeros un trato no menos favorable que el dado a los inversores de otros países.

Conjunto de normas fundamentales del derecho internacional que no pueden ser infringidas por ningún Estado.

Actos ilícitos que violan gravemente las normas imperativas del derecho internacional (ius cogens).

Situaciones que excluyen la responsabilidad internacional de un Estado por un acto ilícito.

El consentimiento previo y libre otorgado por un Estado para la realización de un acto específico por parte de otro Estado.

Derecho de un Estado a defenderse de un ataque armado.

Medidas tomadas por un Estado en respuesta a una violación de sus derechos por parte de otro Estado.

Situación incontrolable que afecta la capacidad de un Estado para cumplir con una obligación.

Las acciones de un Estado en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no serán consideradas ilícitas.

Las contramedidas deben estar en proporción a la gravedad del daño causado por la violación del derecho internacional y los intereses en juego.

Antes de tomar contramedidas, el Estado afectado debe notificar al Estado responsable, ofrecer negociar y solicitar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

El Estado que toma contramedidas debe suspenderlas inmediatamente una vez que el Estado responsable cumple con sus obligaciones internacionales.

En casos de violaciones graves a normas imperativas, otros Estados pueden tomar contramedidas contra el Estado responsable, aún sin ser directamente afectados por la violación.

El objetivo principal de las contramedidas es obligar al Estado infractor a cumplir con sus obligaciones internacionales y cesar la conducta ilícita.

Las contramedidas no deben violar otras obligaciones fundamentales, como el uso de la fuerza, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

La protección diplomática es un derecho del Estado para defender a sus nacionales ante violaciones de derechos por parte de otro Estado.

El Estado tiene la discreción de ejercer la protección diplomática o no, y no está obligado a compartir los beneficios obtenidos con la víctima.

El Tribunal Supremo español considera que la protección diplomática es un acto político del gobierno. Esto significa que no es susceptible de ser revisado por los tribunales.

La Constitución Española de 1978 no menciona explícitamente la protección diplomática como un deber del Estado.

La protección diplomática es un derecho fundamental que está implícito en la Constitución Española.

El Consejo de Estado debe ser consultado antes de que el Estado español ejerza la protección diplomática.

El Estado español puede ser responsable ante un particular si no ejerce la protección diplomática o si lo hace de manera ineficaz. Esta responsabilidad se da si existe un nexo causal entre la actuación de la Administración y el daño causado por un Estado extranjero.

La doble nacionalidad no impide que el Estado español ejerza la protección diplomática. Sin embargo, si el Estado reclamante y el reclamado son los mismos, la CDI establece que no se puede ejercer la protección.

El particular debe agotar los recursos internos del Estado infractor antes de que el Estado español pueda ejercer la protección diplomática. Esto significa que el particular debe intentar obtener justicia en el Estado que le ha causado el daño antes de recurrir a España.

Los actos de particulares no son imputables al Estado, a menos que el Estado tenga un vínculo claro de control, dirección o reconocimiento sobre esos actos.

Un movimiento insurreccional es atribuible al Estado cuando pasa a representar al estado, cuando los actos cometidos durante la insurrección son imputables al nuevo estado independiente o cuando el estado preexistente reconoce y adopta esos actos como propios.

Cualquier violación de una obligación internacional, independientemente de su origen o naturaleza, puede constituir un hecho ilícito.

Un hecho ilícito continuo ocurre en un momento específico, pero continúa causando efectos ilícitos a lo largo del tiempo debido a la persistencia de la conducta del Estado.

Una serie de actos u omisiones que, individualmente, pueden no ser ilícitos, pero que en conjunto constituyen una violación del derecho internacional.

El Estado es responsable solo a partir del momento en que se completa la serie de actos que constituyen el hecho ilícito compuesto.

La responsabilidad del Estado por un hecho ilícito persiste mientras dure el efecto del acto ilícito.

La responsabilidad del Estado es independiente de cuándo comenzó la conducta que generó la violación.

Un Estado o una Organización Internacional (OI) pueden ser considerados responsables por las acciones ilícitas que ellos o sus agentes realicen de manera oficial en representación de la entidad.

A través de este proyecto, se analizan las similitudes y diferencias entre la responsabilidad internacional de los estados y la de las OIs por hechos ilícitos.

En la Unión Europea (UE), la responsabilidad internacional de la UE y sus estados miembros se entrelazan. La UE puede ser considerada responsable de actos ilícitos, mientras que sus estados miembros también tienen responsabilidades individuales.

Si un estado o una OI infringe una norma internacional, se puede invocar su responsabilidad. Esto se realiza a través de reclamos internacionales, demandas ante tribunales internacionales o mecanismos específicos dentro de un régimen internacional.

Los Estados afectados por la violación del derecho internacional tienen el derecho de invocar la responsabilidad. Si la violación afecta a un grupo de estados, los estados afectados deben unirse en la demanda.

Existen métodos para aplicar el derecho internacional de manera coactiva en caso de que un Estado o una OI incumpla una obligación internacional, como la autotutela por parte de la entidad afectada.

Las contramedidas son medidas que se toman frente a un acto ilícito para forzar al incumplidor a responsabilizarse, buscando obtener reparación del daño. Deben cumplir con ciertas condiciones.

Ciertas obligaciones, como la prohibición del uso de la fuerza, la protección de los derechos humanos fundamentales y el derecho internacional humanitario, no se pueden ver afectadas por las contramedidas.