Responsabilidad Fiscal y Inhabilitación

¿Cuál es la inhabilidad que se le aplica a quien ha sido declarado responsable fiscalmente?

¿Cuál es el plazo para que la Contraloría competente declare haber recibido el pago y cese la inhabilidad?

¿Cuánto tiempo continuará siendo inhábil quien ha sido declarado responsable fiscalmente si la cuantía fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes?

¿Qué es lo que se entiende por delitos que afecten el patrimonio del Estado?

¿Qué debe especificar la sentencia condenatoria?

¿Cuál es la condición para que la inhabilidad cese?

¿Qué sucede si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo?

¿Qué es lo que se considera como una conducta dolosa?

Consecuencias de la Responsabilidad Fiscal

Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante 5 años.
Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.

Duración de la Inhabilidad

Si la cuantía de la responsabilidad fiscal es superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la inhabilidad continuará por 5 años.
Si la cuantía es superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes pero no excede de 100, la inhabilidad continuará por 2 años.
Si la cuantía es superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes pero no excede de 50, la inhabilidad continuará por 1 año.
Si la cuantía es igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la inhabilidad continuará por 3 meses.

Delitos que Afecten el Patrimonio del Estado

Se consideran delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan una lesión directa del patrimonio público, como menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos.
La sentencia condenatoria debe especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado.

Descubre las consecuencias de ser declarado responsable fiscalmente, incluyendo la inhabilidad para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado.