Regulaciones del Mercado Eléctrico

Un documento que busca impulsar la sostenibilidad en la movilidad, principalmente por medio del uso de combustibles alternativos como la electricidad.

Una directiva que pretende establecer una infraestructura para combustibles alternativos, incluyendo la electricidad.

Un plan que busca la neutralidad climática en el transporte, promoviendo el uso de combustibles bajos en emisiones, como la electricidad.

Un plan que busca impulsar la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado en España, contribuyendo a la electrificación del parque de vehículos.

Un sistema de recarga para vehículos eléctricos.

El reemplazo de vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos, buscando reducir las emisiones contaminantes.

El objetivo de la electrificación del parque de vehículos es:

Retos para la electrificación del parque de vehículos:

La obligación por parte del operador del punto de recarga de enviar información a la empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica cuando la prestación del servicio se realiza a través de esta empresa proveedora.

Un punto de recarga que se puede utilizar con un pago puntual, sin necesidad de un contrato o membresía.

La obligación de la empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica de mantener la privacidad de la información que se le confía.

La obligación de la empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica de informar a sus clientes sobre el origen y el impacto ambiental de la energía suministrada.

La obligación de la empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica de mostrar el precio de la energía y la cantidad utilizada.

Un servicio que permite a los usuarios de vehículos eléctricos recargar su vehículo sin necesidad de un contrato a largo plazo.

Una empresa que facilita la recarga de vehículos eléctricos, actuando como intermediaria entre el operador del punto de recarga y el usuario.

Un acuerdo entre diferentes operadores de puntos de recarga para permitir la interconexión y el acceso a sus redes.

Cuando los puntos de recarga ofrecen servicios adicionales, deben garantizar la transparencia en los precios, un sistema de atención al cliente para quejas e incidencias, asegurando la protección de los usuarios de vehículos eléctricos.

Este real decreto cumple con uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que busca impulsar el vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) incluye un plan estratégico para la infraestructura de recarga y el impulso del vehículo eléctrico.

Este real decreto forma parte de un marco normativo para regular los servicios públicos de recarga, incluyendo la relación entre operadores de puntos de recarga y proveedores de servicios de movilidad eléctrica.

El real decreto busca cumplir con el objetivo de impulsar la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico, establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los prestadores de servicios para la movilidad eléctrica actúan como intermediarios entre los usuarios de vehículos eléctricos y los operadores de puntos de recarga.

Este decreto busca garantizar la protección de los usuarios de vehículos eléctricos, asegurando un servicio de recarga claro, transparente y accesible.

Una entidad que ofrece servicios de suministro de energía eléctrica a los consumidores en el mercado libre.

Un listado de empresas que ofrecen el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), que se calcula según el mercado mayorista.

Un sistema que permite comparar las diferentes ofertas de electricidad disponibles en el mercado.

Un beneficio social para consumidores vulnerables que enfrentan dificultades para pagar su factura de la luz.

Un servicio que ofrece información sobre la facturación y contratación de energía eléctrica.

Cuando la factura se emite antes de que transcurran 15 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto, se envía el escrito informativo junto a la factura siguiente.

Si el consumidor después de recibir la información no ha contratado un servicio de energía o no ha pasado al PVPC, se le envía un nuevo aviso junto a la siguiente factura informándole del final de la oferta alternativa y la rescisión sin coste.

Se rescinde el contrato sin coste adicional si el consumidor no ha contratado un servicio de energía o no ha pasado al PVPC.

Si el consumidor no ha contratado ningún servicio antes de la factura siguiente, se le aplicará el precio voluntario para el pequeño consumidor.

El comercializador de referencia envía un escrito informativo al consumidor para comunicarle la desaparición de la oferta alternativa del precio voluntario para el pequeño consumidor.

El comercializador de referencia deja de ofrecer la oferta alternativa del precio voluntario para el pequeño consumidor a precio fijo.

El escrito informativo se incluye junto a la primera factura que se remita al consumidor después de la entrada en vigor del real decreto.

El real decreto deroga el título IV del Real Decreto 216/2014, que establecía la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor.

El artículo establece que las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 3.000 kW están sujetas a un procedimiento de autorización según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

El artículo indica que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto se sancionará según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Esta disposición indica que las convocatorias de ayudas para infraestructuras de recarga pueden requerir, además de los requisitos de la Ley General de Subvenciones, el mantenimiento y funcionamiento de las infraestructuras durante un plazo determinado.

Esta disposición trata sobre la evolución del despliegue de la infraestructura de recarga, pero no proporciona más detalles específicos.

La obligación de remisión de información referente a los puntos de recarga de vehículos eléctricos recae tanto en el operador del punto de recarga como en la empresa proveedora de servicios de movilidad eléctrica.

La Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, regula el sector eléctrico en España, incluyendo las infraestructuras de recarga.

El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, regula las actividades de transporte, distribución, comercialización y autorización de instalaciones de energía eléctrica, incluyendo las estaciones de recarga.

Las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 3.000 kW están sujetas a un procedimiento de autorización específico.