Reforma Constitucional en España

Las normas deben ser conocidas para ser cumplidas; su publicación es obligatoria, aunque no se requiera un conocimiento jurídico completo de los destinatarios.

Principio que garantiza que los ciudadanos y poderes públicos puedan conocer las normas y actuar conforme a ellas.

Las leyes entran en vigor 20 días después de su publicación en el BOE, a menos que la propia ley establezca otra fecha.

Una ley no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, salvo excepciones.

Normas que imponen sanciones o castigos, pero que no benefician al infractor, no se pueden aplicar a hechos anteriores a su entrada en vigor.

Normas que limitan o reducen derechos individuales o libertades públicas; no se aplican a hechos anteriores a su entrada en vigor.

Las leyes no pueden aplicarse a situaciones o acciones ocurridas con anterioridad a su entrada en vigor, salvo disposiciones favorables.

Publicación oficial donde se publican las leyes y demás disposiciones.

Modificaciones a la Constitución que no afectan a materias especialmente protegidas, regulada por el artículo 167 de la CE.

Cambios en la totalidad de la Constitución o en sus partes cruciales (Título Preliminar, derechos y libertades, Corona), regulada por el artículo 168 de la CE.

Artículo de la Constitución Española que regula las reformas parciales.

Artículo de la Constitución Española que regula las reformas totales de la Constitución.

Restricciones a la capacidad de modificar la Constitución en base a valores o principios fundamentales.

Falta de enfoque ideológico específico en la Constitución, pudiendo admitir posturas contrarias a ella en cierto modo.

Forma de gobierno que exige adherencia a una ideología específica, lo que limita la libertad e independencia política o ideológica.

Limitación del poder de los partidos políticos con criterios ideológicos implícitos a través del control de sus acciones políticas, en lugar de sus ideales.

Proceso de modificación de la Constitución Española en 2011, aprobado por el Congreso y Senado, y sancionado por el Rey.

Discusión acerca de la necesidad de modificar la Constitución Española para solucionar crisis políticas o problemas en el funcionamiento del Estado.

Tipo general de leyes estatales que regulan materias dentro de la Constitución

Forma acelerada para aprobar una ley en el Parlamento, a veces criticada por no dar tiempo suficiente para el debate y análisis exhaustivo

Crítica a la falta de participación de algunas fuerzas políticas en la modificación de la Constitución, limitando el consenso.

Argumentos en contra de una reforma constitucional que señalan a las fallas en la función de los partidos políticos y casos de corrupción, como causas de las crisis

Mejorar la aplicación de las leyes existentes dentro del marco constitucional para superar problemas, sin necesidad de cambiar la Constitución

La predisposición de los partidos políticos al pacto y al entendimiento, esencial para el óptimo funcionamiento de la democracia parlamentaria.

El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, pero antes pasan por el Ministerio correspondiente.

El Gobierno tiene la exclusividad para presentar proyectos de Ley sobre Presupuestos y planificación económica.

El proyecto de Ley se presenta ante la Mesa del Congreso, aunque va dirigido a ambas cámaras.

Luego de la publicación, se abre el periodo para que se propongan modificaciones o enmiendas al proyecto de ley.

El Gobierno puede retirar un proyecto en cualquier momento con apoyo del Consejo de Ministros.

El Congreso puede presentar proposiciones de ley por iniciativa de un diputado o grupo parlamentario.

Un diputado con 14 firmas o un grupo parlamentario con su portavoz pueden iniciar una propuesta de ley.

Los senadores requieren un proceso específico para proponer una ley.

Las Comunidades Autónomas pueden proponer leyes sobre temas que no están en sus Estatutos.

Ciudadanos proponen leyes con firmas.

Se requieren firmas de electores validadas por Notarios, Secretarios Judiciales, etc

Organismo que revisa y verifica las firmas de la iniciativa legislativa popular.

Ser ciudadano español mayor de edad, inscrito en el censo electoral.

Proceso para asegurar que los firmantes cumplen los requisitos.

Organismo que verifica la inscripción en el censo electoral de los firmantes.

Catorce días para la revisión de firmas válidas por la Junta Electoral.

Componentes fundamentales para la estructura y funcionamiento de las fuerzas armadas.

Institución que protege los derechos de los ciudadanos frente a la acción estatal.

Marco legal para restringir los derechos de personas vinculadas al terrorismo.

Normativa sobre la renuncia al trono y procedimientos en casos de incertidumbre sucesoria.

Mecanismo que permite a los ciudadanos proponer leyes.

Pautas para la realización de consultas populares.

Autorización para ceder competencias a Organizaciones Internacionales.

Funciones, principios y estatutos para las fuerzas de seguridad.