Protección Familiar en Chile

El sistema jurídico chileno ha pasado por tres etapas en la protección de la familia y la infancia, con un mayor grado de intervención del Estado en cada etapa.

En la primera etapa, el Código Civil centraba la protección del menor en su patrimonio, dependiendo del criterio del "buen padre de familia" para la crianza y el cuidado.

La segunda etapa se inicia con la Ley 4.447 de 1928 y la creación del primer Tribunal de Menores, enfocándose en menores en "situación irregular" con riesgos materiales o morales.

La tercera etapa se caracteriza por la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce al niño como sujeto de derechos, no solo objeto de protección.

Doctrina que enfatiza un enfoque integral para proteger los derechos de los menores, tomando en cuenta sus necesidades, desarrollo y bienestar.

La creación de los Tribunales de Familia responde a la necesidad de unificar la jurisdicción en materia de familia, atendiendo a la doctrina de protección integral del menor.

Cambios profundos en el derecho de familia, como el reconocimiento de la capacidad plena de la mujer casada, la eliminación de las diferencias entre filiación legítima e ilegítima, y la adopción de nuevas normas en materia de alimentos, cuidado personal y relación directa con los hijos.

Ley N° 20.286 de 2008 que introduce cambios organizativos y procedimentales en los tribunales de familia, buscando una mejor gestión y procedimientos más expeditos.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y recibe especial protección constitucional, así como políticas que promuevan su fortalecimiento.

El concepto jurídico de familia abarca tanto a las familias matrimoniales como a las que no lo son, reconociendo diversidad de formas familiares.

Cualquier ley o política pública que regule asuntos de familia debe respetar el mandato constitucional, promoviendo la protección y el fortalecimiento de la familia.

Numerosas normas del derecho de familia que antes solo tenían rango legal obtienen el rango constitucional gracias a las garantías de la Constitución Política.

Principio que busca simplificar los procesos judiciales, evitando que la formalidad obstaculice la justicia.

El principio de oralidad establece que las actuaciones procesales deben ser verbales, excepto cuando la ley lo especifique de forma contraria.

El principio de concentración busca que el procedimiento se desarrolle en audiencias continuas, con el objetivo de agilizar la resolución de los asuntos.

El principio de inmediación establece que las audiencias y la obtención de pruebas se realizarán siempre con la presencia del juez, sin delegación de funciones.

El principio de actuación de oficio da al juez la facultad de tomar medidas para llevar a cabo el proceso con celeridad, especialmente en casos de protección a menores o víctimas de violencia intrafamiliar.

Principio que busca facilitar el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas entre las partes, minimizando la confrontación.

Principio que establece que las actuaciones judiciales y los procedimientos administrativos son públicos, excepto en casos excepcionales de protección a la privacidad.

Los principios del interés superior del niño y su derecho a ser oído son fundamentales en los procesos de familia, asegurando que las decisiones se tomen teniendo en cuenta el bienestar del niño y su opinión.

A medida que los niños y niñas crecen, desarrollan habilidades y adquieren autonomía para tomar decisiones, con la orientación de los adultos.

La opinión del niño debe ser considerada en los procesos de familia, tomando en cuenta su autonomía progresiva y capacidad de expresar su propio juicio.

Principio que permite que distintos asuntos relacionados con una familia se tramiten en un solo proceso, siempre que se sustancien con el mismo procedimiento.

La comparecencia de las partes en los procesos de familia se requiere con un abogado patrocinante y un representante legal, excepto en casos excepcionales.

En las causas donde los intereses de niños, niñas, adolescentes o incapaces están involucrados, el juez se asegura de que estén debidamente representados.

El padre o madre en cuyo hogar vive el alimentario mayor de edad tiene la legitimidad para demandar alimentos, sin perjuicio de que el alimentario pueda actuar personalmente.

Las partes pueden suspender la audiencia hasta dos veces de común acuerdo y con la autorización del juez.

Si ninguna de las partes comparece a la audiencia y el demandante o solicitante no pide una nueva citación dentro de 5 días, el juez declara el abandono del procedimiento y archiva el caso.

El juez puede decretar medidas cautelares para proteger los derechos involucrados en el proceso, priorizando el interés superior del niño, niña y adolescente.

La primera notificación a la demandada se realiza personalmente por un funcionario designado, con la opción de que la parte interesada contrate un receptor judicial.

Los juzgados de familia que dependen de la misma Corte de Apelaciones pueden decretar diligencias directamente en cualquier comuna dentro del territorio de dicha Corte.

La nulidad procesal se declara solo cuando existe un vicio que haya causado perjuicio a la parte solicitante, y se deben especificar los derechos afectados.

Los incidentes que surjan durante las audiencias se promueven y resuelven inmediatamente por el tribunal, excepto si se necesita producir pruebas no previstas.