Prohibición de la Fuerza en las Relaciones Internacionales

Establece que los miembros de la ONU no pueden usar la fuerza o amenazarla contra la integridad territorial o independencia política de otro Estado, ni en formas que contradigan los objetivos de la ONU.

Principio fundamental de derecho internacional que prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza.

Derecho de los estados a usar la fuerza como mecanismo de defensa o ataque para proteger sus intereses.

El derecho a la guerra se entendía como un medio de autoprotección o autotutela, sin un sistema de seguridad colectiva.

El derecho a la guerra, el concepto de "guerra justa" y la prohibición del uso de la fuerza comparten el objetivo de limitar la aplicación de la fuerza armada.

Tratado que condena la guerra como método para resolver controversias internacionales y establece la obligación de recurrir al arreglo pacífico.

Las Naciones Unidas establecen un sistema de seguridad colectiva que incluye la posible reacción a aquellos que violen el derecho internacional.

La Carta de las Naciones Unidas se combina con un sistema de seguridad colectiva para evitar el uso de la fuerza.

La Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza armada, directa o indirecta, entre Estados. Esto incluye ataques, amenazas y cualquier acción que pueda provocar conflicto.

Es la excepción a la prohibición del uso de la fuerza, permitida solo en defensa propia contra un ataque armado grave.

El envío de tropas, bandas armadas o mercenarias a un país para atacar a otro.

La coerción económica o diplomática no se considera uso de la fuerza, pero está prohibida por el principio de no intervención.

Son acciones armadas que pueden generar el derecho a la legítima defensa por parte del Estado afectado.

Acciones armadas menos intensas, como incidentes fronterizos o amenazas de guerra, que no necesariamente justifican la legítima defensa.

La posesión de armas nucleares no está prohibida, pero sí la amenaza de utilizarlas.

Es una excepción a la prohibición del uso de la fuerza que permite intervenir en un conflicto armado interno cuando se internacionaliza, pone en peligro la paz internacional o para proteger a nacionales.

La fuerza utilizada por una potencia dominante contra colonias o territorios no autónomos que buscan la descolonización está prohibida por el derecho internacional. Se debe promover el principio de autodeterminación para que estos territorios puedan decidir su propio futuro.

La legítima defensa en derecho internacional se aplica solo cuando se produce un ataque armado grave. No se puede usar para repeler amenazas o usos de la fuerza menos graves.

La Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho inmanente de los estados a la legítima defensa individual o colectiva frente a un ataque armado, hasta que el Consejo de Seguridad actúe para restablecer la paz.

La legítima defensa solo es admisible si se cumplen las condiciones de inmediatez, necesidad y proporcionalidad. La fuerza utilizada debe ser el último recurso y solo la necesaria para repeler el ataque.

La legítima defensa debe ser comunicada inmediatamente al Consejo de Seguridad y sus efectos no deben afectar la autoridad del Consejo en materia de paz y seguridad.

La acción militar de Estados Unidos en Afganistán tras los ataques del 11-S es un caso complejo. La legalidad de la acción se ha debatido en relación con la aplicación del derecho a la legítima defensa, la inmediatez, la necesidad y la proporcionalidad.

La conquista no puede ser utilizada como argumento legal para justificar el dominio sobre un territorio. La soberanía territorial debe basarse en fundamentos legales válidos.

El uso de la fuerza militar contra territorios no autónomos sin seguir el principio de autodeterminación puede acarrear consecuencias legales. Es posible que se genere responsabilidad internacional, que se activen mecanismos de seguridad y que se aplique el derecho de los tratados.

El órgano principal de las Naciones Unidas responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen poder de veto en decisiones sustantivas.

Derecho de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de bloquear cualquier resolución.

Proceso de resolución de conflictos mediante métodos pacíficos como la mediación o la conciliación.

Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas que se enfoca en las soluciones pacíficas a las controversias.

Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas que permite al Consejo de Seguridad tomar medidas coercitivas, incluyendo el uso de la fuerza.

Proceso que permite al Consejo de Seguridad tomar medidas coercitivas, como sanciones o el uso de la fuerza, en caso de amenazas a la paz o actos de agresión.

El Consejo de Seguridad debe considerar las competencias de la Asamblea General, el Secretario General y la Corte Internacional de Justicia en el ámbito de la seguridad internacional.

El Consejo de Seguridad puede tomar medidas para evitar que una situación se agrave, como pedir a las partes involucradas que cumplan con medidas provisionales.

El Consejo de Seguridad puede aplicar medidas que no implican el uso de la fuerza, como la interrupción de relaciones diplomáticas, económicas o de comunicación con el Estado involucrado.

El Consejo de Seguridad puede tomar medidas que implican el uso de la fuerza, como acciones militares, si considera que las medidas sin uso de la fuerza son ineficaces.

Los Estados miembros de la ONU se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, según sea necesario.

Los Estados miembros de la ONU están obligados a aceptar las decisiones del Consejo de Seguridad, siempre y cuando estas se tomen de acuerdo con la Carta de la ONU.

Las obligaciones impuestas por la Carta de la ONU prevalecen sobre las obligaciones contraídas en otros convenios internacionales.

El Consejo de Seguridad debe respetar los objetivos y principios de la Carta de la ONU al desempeñar sus funciones.

El Consejo de Seguridad debe actuar en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales según los principios de la justicia y el derecho internacional.

Los acuerdos regionales son tratados entre países de una misma región que buscan resolver disputas pacíficamente y mantener la paz y la seguridad en la región.

La Carta de la ONU no define específicamente lo que es un acuerdo regional.

Para ser reconocidos como acuerdo regional, los tratados deben ser reconocidos por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de la ONU.

Los acuerdos regionales tienen prioridad para resolver conflictos dentro de su región cuando las partes involucradas están de acuerdo.

No hay una regla que obligue a las partes involucradas a buscar la ayuda de acuerdos regionales primero.

Acuerdos regionales están subordinados al Consejo de Seguridad, el cual puede solicitarles la aplicación de medidas coercitivas.

Los acuerdos regionales pueden aplicar medidas coercitivas con la autorización expresa del Consejo de Seguridad.