Procedimientos Administrativos y Representación

Para realizar acciones como presentar solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos en nombre de otra persona, es necesario demostrar la representación legal.

En los casos de trámites sencillos, se presume que la representación existe.

La representación se puede acreditar usando cualquier método legal que demuestre su existencia.

Se considera que la representación está acreditada si se realiza un apoderamiento apud acta, es decir, un poder otorgado en el mismo acto, o a través de un registro electrónico de apoderamientos.

El órgano administrativo que lleva el proceso debe verificar que la persona que representa a otra persona es la adecuada y tiene los poderes necesarios.

El documento electrónico que certifica la consulta al registro electrónico de apoderamientos sirve como prueba de la representación.

Si no se presenta o la acreditación de la representación es insuficiente, el acto administrativo se puede considerar realizado siempre que se presente la documentación o se solucione el problema en un plazo máximo de 10 días.

Las administraciones públicas pueden autorizar a personas o empresas para que realicen determinadas transacciones electrónicas en nombre de los interesados.

Las Administraciones Públicas ofrecen asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos para la identificación y firma electrónica, la presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y la obtención de copias auténticas.

Si un interesado no dispone de medios electrónicos, un funcionario público puede realizar su identificación y firma electrónica a través del sistema de firma electrónica.

El interesado debe identificarse ante el funcionario y otorgar su consentimiento expreso para la firma electrónica realizada por el funcionario.

Se debe registrar a los funcionarios habilitados para realizar la identificación o firma electrónica, y este registro debe ser interoperable con otros registros de las Administraciones Públicas.

Los ciudadanos tienen derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

Las Administraciones Públicas deben asistir a los ciudadanos en el uso de medios electrónicos para interactuar con ellas.

Los ciudadanos tienen derecho a utilizar las lenguas oficiales de su Comunidad Autónoma en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Los ciudadanos tienen derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley de Transparencia y otras leyes relacionadas.

Cuando una solicitud o escrito tiene varios interesados, las administraciones deben actuar con el representante o interesado que se haya indicado expresamente. Si no hay un representante claro, se debe actuar con el que figura primero en la lista.

Si durante la instrucción de un procedimiento no público se descubre que hay personas con derechos o intereses legítimos que podrían verse afectados por la resolución, se les debe comunicar la tramitación del procedimiento.

Las administraciones son obligadas a verificar la identidad de los interesados en los procedimientos administrativos.

Los interesados pueden identificarse electrónicamente mediante certificados electrónicos cualificados de firma o sello electrónico expedidos por proveedores fiables.

Las administraciones pueden aceptar otros sistemas de identificación electrónica, siempre que cumplan ciertos requisitos.

Para utilizar sistemas de identificación electrónicos alternativos, las administraciones deben registrar previamente al usuario y comunicarlo al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Este artículo establece las normas sobre la identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Esto implica la verificación de identidad, el uso de certificados electrónicos y la posibilidad de otros sistemas de identificación, pero con ciertas condiciones.

Los plazos para los procedimientos administrativos se cuentan desde la fecha del acuerdo de iniciación si el procedimiento se inicia de oficio. Si se inicia a solicitud del interesado, los plazos se cuentan desde la fecha en que la solicitud se recibe en el registro electrónico de la Administración.

Las Administraciones Públicas deben publicar en su página web los plazos máximos de duración de los procedimientos de su competencia y los efectos que produce el silencio administrativo.

En todos los casos, la Administración debe informar al interesado del plazo máximo para resolver el procedimiento y de los efectos del silencio administrativo.

La información sobre los plazos y efectos del silencio administrativo se debe incluir en la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento o en una comunicación dirigida al interesado.

Si el número de solicitudes o personas afectadas pudiera suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, se pueden habilitar medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tiene a su cargo el despacho de los asuntos y los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son responsables de cumplir con la obligación de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa en plazo puede conllevar sanciones disciplinarias.

En algunos casos, el plazo máximo para resolver un procedimiento puede ser suspendido.

Los plazos establecidos en las leyes, tanto por la administración pública como por los ciudadanos, son obligatorios.

La fecha y hora de inicio de un plazo para una Administración Pública se determina por la fecha y hora de la presentación del documento en el registro electrónico.

Los plazos expresados en horas, en caso de no haber una norma específica, se consideran hábiles, es decir, incluyen todas las horas de un día hábil.

La Administración debe comunicar a quien presentó un documento la fecha y hora exacta en que se considera que el plazo comenzó.

Los plazos expresados por días se entienden como hábiles, es decir, excluyen los fines de semana y festivos.

La sede electrónica de cada Administración Pública determina qué días son inhábiles para el cómputo de plazos, teniendo en cuenta el ámbito territorial donde ejerce sus funciones.

Si el plazo se define en días naturales, se debe especificar en la notificación.

Los plazos en meses o años se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación, hasta el mismo día del mes o el año en que se produzca.

La Administración, a petición del interesado o de oficio, puede ampliar un plazo sin exceder la mitad del tiempo original.

Para solicitar una ampliación de plazo, la petición o la decisión debe tomarse antes de la fecha de vencimiento del plazo.

Si el último día del plazo es inhábil, este se extiende al siguiente día hábil.

Cuando hay una falla técnica que impide el uso del sistema electrónico, la Administración puede ampliar los plazos no vencidos.

En caso de que un día sea hábil en el municipio del interesado pero inhábil en la sede del órgano administrativo, o viceversa, se considerará inhábil.

La Administración debe publicar en su sede electrónica tanto la falla técnica que ha ocurrido como la extensión del plazo.

Los interesados deben probar la veracidad de los documentos que presentan.

La Administración Pública puede autorizar a personas o empresas para realizar transacciones en línea en nombre de los interesados.