Procedimiento Administrativo

Los recursos de alzada y potestativo de reposición.

Se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

Los recursos de alzada y potestativo de reposición.

No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

El recurso de alzada y el recurso de reposición.

Ponen fin a la vía administrativa.

Cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

Solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Derecho a conocer el estado de la tramitación, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente, y a obtener copia de los documentos.

Tendrán derecho a consultar la información en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

A no presentar documentos originales salvo que la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

Derecho a ser notificado de los hechos, infracciones y sanciones, y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa.

Las resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en alzada por los interesados o afectados.

El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes si el acto es expreso.

Mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.

Si el acto no es expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

De acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de tres meses.

La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

Se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.

Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición por los interesados o afectados.

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

Los actos de las Administraciones Públicas

Las que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Los actos de la Administración

Las que serán nulas de pleno derecho

Se puede interponer el recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes en vía administrativa.

El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión en el caso de error de hecho es de cuatro años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión en los demás casos es de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

Se puede interponer el recurso extraordinario de revisión en el caso de documentos de valor esencial cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recurrida.

Se puede interponer el recurso extraordinario de revisión cuando se hubiera incurrido en error de hecho, aparezcan documentos de valor esencial, documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de conducta punible.

El órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión es el mismo órgano administrativo que dictó los actos firmes en vía administrativa.

El recurso extraordinario de revisión se puede interponer dentro del plazo de cuatro años en el caso de error de hecho.

El recurso extraordinario de revisión se puede interponer dentro del plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

El establecido en el artículo mencionado no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.

Se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión en el caso de resolución dictada como consecuencia de conducta punible cuando se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.