Principios Procesales (Artículos 1-5)

Principios Procesales (Artículos 1-5)

• El procedimiento penal se rige por las garantías y derechos de la Constitución Nacional, tratados internacionales y la Constitución Provincial.
• Las disposiciones de este Código prevalecen sobre otras de inferior jerarquía.
• La inobservancia de las garantías del imputado no podrá ser utilizada en su perjuicio.
• Toda persona en un proceso penal tiene garantizada una sentencia que no viole normas constitucionales y sea una derivación razonada del derecho vigente.
• Nadie puede ser condenado por acciones no consideradas delictivas al momento de cometerse y la pena no puede ser más grave que la aplicable en ese momento.
• Si una ley posterior impone una pena más benigna, el imputado se beneficiará.
• Nadie puede ser penado sin juicio previo y por jueces no designados según la Constitución Provincial.
• Toda persona se presume inocente hasta que se declare su culpabilidad por sentencia firme, asegurando las garantías necesarias para su defensa.

Derechos del Imputado (Artículos 6-13)

• Nadie puede ser privado arbitrariamente de su libertad, sino por las causas y condiciones fijadas en el Código.
• Toda persona en causa criminal tiene derecho a asistencia gratuita de un traductor o intérprete.
• Toda persona tiene derecho a comunicación previa y detallada de la acusación formulada.
• Esto incluye el hecho imputado, la conducta atribuida, la calificación legal y la prueba en que se basa la acusación.
• Toda persona sometida a proceso tiene derecho al tiempo y medios necesarios para preparar su defensa.
• Toda persona sometida a proceso tiene derecho a defenderse personalmente o por defensores letrados de su elección y a comunicarse libremente con ellos.
• Se le asignará un defensor proporcionado por el Estado si no nombra uno dentro del plazo establecido.
• Los defensores no pueden ser molestados ni allanados en sus domicilios u oficinas por el ejercicio de su profesión.
• Toda persona sometida a proceso tiene derecho a ofrecer y producir pruebas pertinentes en forma oportuna.
• Si no cuenta con medios técnicos, puede requerirlos al fiscal y recurrir ante el Juez de Control si se deniega su producción.
• Toda persona sometida a proceso tiene derecho a no declarar contra sí misma ni contra sus parientes cercanos, ni se le obligará a prestar juramento o a declararse culpable.

Protección a Niños, Adolescentes e Incapaces (Artículo 14)

• En decisiones que conciernen a niños, niñas, adolescentes e incapaces, los operadores judiciales se regirán por el interés superior del niño.
• Se tendrá derecho a protección en situaciones de urgencia o que requieran tutela especial.
• Los niños, niñas y adolescentes penalmente responsables deben ser juzgados en un proceso especial.
• En procesos con personas con padecimiento mental, se dará intervención al Ministerio Público de la Defensa Civil o al Organismo de Protección de derechos.

Plazos, Recursos y Principios Generales (Artículos 15-27)

• Toda persona sometida a proceso tiene la garantía de que la sentencia definitiva se pronuncie en un plazo razonable.
• Toda persona sometida a proceso penal tiene derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior.
• El condenado por sentencia firme tiene derecho a solicitar la revisión del proceso, cumpliendo los requisitos establecidos.
• Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya haya sido condenado o absuelto por sentencia firme (non bis in idem).
• Los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos.
• La prueba obtenida mediante torturas, amenazas, engaños o violación de derechos fundamentales no tendrá valor.
• En caso de duda, se debe estar siempre a lo más favorable al imputado, en cualquier instancia y grado del proceso.
• Los jueces no pueden ampliar por analogía las incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley en contra del imputado.
• Se interpretará restrictivamente toda disposición legal que coarte la libertad personal o limite el ejercicio de un poder conferido a los sujetos del proceso.
• La analogía solo se permite si favorece la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades.
• Se garantiza la intervención de las partes con iguales posibilidades de ejercer sus facultades y derechos.
• Los jueces deben preservar el principio de igualdad procesal y allanar los obstáculos que impidan su vigencia.
• Los jueces no pueden realizar actos de investigación penal, que será ejercida por el Ministerio Público de la Acusación.
• Las partes pueden acordar el trámite que consideren más adecuado, privilegiando la simplicidad, abreviación y la garantía del debido proceso.
• En todas las etapas del proceso penal se observarán los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplificación y celeridad.
• Los ciudadanos participarán en la administración de la justicia penal, de conformidad con lo previsto en la Constitución Nacional y según la Ley especial que se dicte al efecto.
• Cuando se trate de hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario, se deberán tener en cuenta sus costumbres.
• La acción penal pública se ejercerá exclusivamente por el Ministerio Público de la Acusación.
• Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la Ley.

Acciones, Inmunidades y Desafueros (Artículos 28-37)

• Cuando la acción penal pública dependa de instancia privada se ejercerá conforme lo dispuesto por el Código Penal.
• La acción privada se ejercerá por medio de querella, en la forma especial que este Código Establece.
• Cuando la solución de un proceso penal dependa de la solución de otro, el ejercicio de la acción se suspenderá hasta que en el segundo se dicte sentencia firme.
• El juez de control deberá resolver las cuestiones prejudiciales civiles, excepto las relativas a la validez del matrimonio o unión convivencial, donde se suspenderá la acción hasta que la jurisdicción civil se pronuncie.
• Cuando se presente una excepción de prejudicialidad, el juez puede apreciar si la cuestión es seria, fundada y verosímil, o si se opone para dilatar el proceso.
• Resuelta la suspensión del proceso, se ordenará la libertad del imputado, previa fijación de domicilio, y podrán disponerse medidas cautelares y practicarse actos urgentes de investigación.
• En caso de manifestaciones amparadas por la inmunidad de opinión de los Diputados Provinciales, se rechazará cualquier pedido de desafuero.
• Ante la existencia de una causa penal contra un legislador, funcionario provincial o magistrado sujeto a desafuero, remoción, juicio político o jurado de enjuiciamiento, el tribunal podrá efectuar todos los actos procesales, excepto la detención o prisión.
• No se podrá ordenar el allanamiento de los domicilios y oficinas particulares de los magistrados y funcionarios electivos sin autorización previa del órgano legislativo competente.
• En caso de dictarse alguna medida que afecte la libertad personal del legislador, funcionario o magistrado, la misma no se hará efectiva hasta tanto la autoridad que corresponda otorgue el desafuero, remoción o juicio político.
• Denegada la solicitud de desafuero, remoción, juicio político o jurado de enjuiciamiento, el tribunal declarará por auto que no puede proceder y ordenará el archivo provisorio de las actuaciones.
• Si un legislador, funcionario o magistrado hubiera sido detenido en flagrancia de delito doloso de acción pública, el fiscal pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente y requerirá el desafuero, remoción o juicio político acompañando copia del sumario.
• Contra la solicitud de desafuero, remoción, juicio político o jurado de enjuiciamiento, podrá interponerse recurso de apelación.

Disponibilidad de la Acción Penal (Artículos 38-47)

• El representante del Ministerio Público de la Acusación puede disponer de la acción penal pública en casos de: a) Criterios de oportunidad; b) Mediación; c) Conciliación y reparación; d) Suspensión del proceso a prueba; e) Aplicación de criterios de justicia restaurativa.
• No se podrá prescindir de la acción penal si el imputado es funcionario público y se le atribuye un delito cometido en el ejercicio de su cargo, o cuando se trate de delitos de violencia de género y/o familiar o motivado por razones discriminatorias.
• Tampoco en supuestos incompatibles con instrumentos internacionales o Leyes.
• El Fiscal puede archivar actuaciones si la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado son insignificantes, o si el daño sufrido por el imputado torna desproporcionada la pena, o si el imputado está afectado por enfermedad incurable en estado terminal.
• La víctima tiene derecho a la composión con la víctima.
• Si existe una oposición fundada de la víctima, la resolución será resuelta por el fiscal general.
• La mediación no procederá cuando se trate delitos sancionados con más de seis años ni tratándose de delitos donde existan funcionarios públicos como sujeto activo o son en perjuicio de la administración pública.
• Los acuerdos conciliatorios y de reparación económica se llevarán a cabo en la dirección de resolución alternativa de conflictos del Ministerio Público de la Acusación.

Excepciones y Nulidades (Artículos 48-53)

• Las únicas excepciones que pueden oponerse en forma de Artículo previo y especial pronunciamiento son: Falta de jurisdicción o de competencia, falta de personería en el acusador o sus representantes, falta de acción, cosa juzgada, amnistía o indulto, litis pendencia y prescripción de la acción.
• Si concurrieren dos o más excepciones deberán interponerse conjuntamente.
• Las excepciones se deducirán por escrito y si fuere el caso, deberán ofrecerse las pruebas, bajo pena de inadmisibilidad.
• Si las excepciones se basaren en hechos que deban ser probados, previamente se ordenará la recepción de la prueba por un plazo que no podrá exceder de tres (3) días.
• La analogía solo es permitida en cuanto favorezca al imputado.
• La autoridad judicial que sustancie un proceso conocerá solo de aquellas causas penales que le sean expresamente atribuidas.
• Ningún juez investigará ni juzgará causas cuando tenga enemistad manifiesta o falta de idoneidad manifiesta con alguno de los intervinientes en el proceso.
• Si se admitiere la falta de jurisdicción o de competencia, excepción que deberá ser resuelta antes que las demás y ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso, el tribunal que la declare remitirá las actuaciones al órgano jurisdiccional competente.
• Cuando se hiciere lugar a una excepción perentoria, se sobreseerá en el proceso y se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido.
• Cuando se hiciere lugar a una excepción dilatoria, se ordenará el archivo provisorio del proceso y la libertad del imputado, sin perjuicio de que se declaren las nulidades que correspondan.

Jurisdicción y Competencia (Artículos 54-77)

• La Jurisdicción Penal se ejercerá por los tribunales que la Constitución y la Ley instituyen, y se extenderá al conocimiento de los hechos delictuosos cometidos en el territorio de la Provincia, excepto los de jurisdicción federal.
• La competencia de aquellos será improrrogable. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable.
• Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal, el orden de juzgamiento se regirá por la ley nacional. Del mismo modo se procederá en caso de delitos conexos.
• Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro correspondiente a la jurisdicción de otra provincia, primero será juzgado en Jujuy, si el delito imputado aqui fuere de mayor gravedad.
• Es competente el Juez del lugar en que el hecho se hubiere cometido o del lugar donde se produjeren sus efectos.
• En caso de tentativa será competente el juez del lugar donde se cumplió el último acto ejecutivo.
• En caso de delito continuado o permanente, será competente el juez del lugar donde cesó la continuación o la permanencia.
• Será competente para juzgar el delito más grave.
• Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar el que se cometió en forma previa.
• Si los hechos fueren simultáneos o no se pudiera conocer cual se cometió en primer lugar, el competente para entender en el delito que haya motivado la detención del imputado.
• Las partes podrán promover la cuestión de competencia.
• Las partes podrán promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el juez que consideren competente o por declinatoria ante el que estimen incompetente.

Excusación y Recusación (Artículos 89-98)

• Las partes podrán recusar al juez si invocaren algún motivo serio y razonable que funde la ausencia de imparcialidad en la causa.
• El juez deberá excusarse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos.
• Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia sobre puntos a decidir; intervenido en el mismo proceso como magistrado denunciante, querellante.
• Si interviniere en la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad, parentesco por adopción o segundo grado de afinidad. Cuando él o sus parientes en igual grado, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la Sociedad Anónima.

El Ministerio Público de la Acusación (Artículos 99-107)

• El Ministerio Público de la Acusación es parte esencial en el proceso penal.
• Promoverá y ejercerá la acción penal pública, sin perjuicio de la participación que se concede a la víctima.
• Dirigirá a la policía como órgano de investigación, pudiendo aplicar sanciones disciplinarias a los miembros de las fuerzas que realicen tareas investigativas.
• Deberá adecuar sus actos a un criterio objetivo debiendo formular los requerimientos e instancias conforme a este criterio, aún a favor del imputado.
• El Organismo de Investigación cumplirá funciones bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.
• Se encuentra el Centro de Asistencia a la Víctima, que funciona en la órbita del Ministerio Público de la Acusación, tiene la función de brindar contención psicológica, asistencia jurídica, social y gratuita a víctimas en estado de vulnerabilidad.
• La dirección de resolución alternativa de conflictos funciona en la órbita del Ministerio Público de la Acusación, tiene la función de resolver por medios no punitivos los conflictos originados en infracciones penales y aplicar criterios de justicia restaurativa a los protagonistas del conflicto derivado del delito.

El Imputado (Artículos 108-115)

• Se denomina imputado a toda persona señalada o indicada formalmente o de cualquier otra manera como autor o partícipe de un delito.
• A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, debiendo la policía, el fiscal y los jueces, informarle de manera inmediata y comprensible.
• En caso de privación de libertad a conocer el o los hechos que se le imputan.
• A acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia sobre la existencia del proceso.
• A declarar cuantas veces quiera, siempre que no fuere manifiesta la intención de dilatar el procedimiento.
• A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad.
• La Oficina de Gestión Judicial deberá disponer el resguardo conveniente de los registros para garantizar su inalterabilidad e individualización futuras.
• Se le exigirá al imputado juramento o promesa de decir verdad, ni podrá ser sometido a ninguna clase de fuerza o coacción.
• Aprehendido el imputado después de cometido el hecho, será inmediatamente sometido a examen médico para apreciar su estado psíquico y físico, o si sufre intoxicación por ingesta alcohólica o uso de estupefacientes.

La Victima (Artículos 128-133)

• A la persona humana ofendida directamente por el delito.
• Al cónyuge al conviviente a los parientes hasta el cuarto grado cuando el resultado sea la muerte de una persona.
• A recibir un trato digno y respetuoso y que se hagan mínimas las molestias derivadas del procedimiento.
• A que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación.
• A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés. Toda persona considerada víctima por este Código, tendrá derecho a constituirse en parte querellante particular y como tal impulsar el proceso. Además de las víctimas, podrán querellar Los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la dirijan.

Actos Procesales (Artículos 144-167)

• En todos los actos procesales se utilizará el idioma nacional, se utilizarán formato y lenguaje accesibles.
• Para fechar un acto deberá indicarse el lugar, día, mes y año en que se cumple pudiendo registrarse igualmente por medios informáticos y tendrá plena validez.
• La oficina de gestión judicial deberá mantener una dependencia de recepción y atención de tiempo completo, a cargo de un funcionario letrado.
• Cuando se requiera juramento, el juez o el fiscal o el presidente del tribunal, lo recibirá bajo pena de nulidad después de hacerle saber las penas del falso testimonio.
• Las personas que fueren interrogadas deberán responder de viva voz y sin consultar notas o documentos, que pudieren afectar la independencia al formular la demanda.
• En el caso en que la víctima dificulte al imputado, éste podrá depositar la prestación a la que se haya obligado dentro del proceso. Cuando se trata de delitos que exijan para su realización la calidad de funcionario público como sujeto activo o que sean cometidos en perjuicio de la administración pública.
• En todos los casos se podrán utilizar los registros informáticos y electrónicos que se hubiesen conservado en la plataforma o sistema informático.

Notificaciones y Citaciones (Artículos 170-189)

• Cuando un acto procesal se deba ejecutar por intermedio de otra autoridad, el juez, tribunal o representante del Ministerio Público de la Acusación podrá encomendar su cumplimiento por suplicatoria, exhorto, mandamiento y oficio.
• Las resoluciones y citaciones de las partes o de terceros, deberán notificarse a quien corresponda con la urgencia que requiere el caso.
• Al comparecer en el proceso, las partes deberán constituir domicilio dentro del radio de tres kilómetros del asiento del tribunal y domicilio electrónico.

Términos Generales (Artículos 191-207)

• Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en este Código.
• Los plazos determinados por horas comenzaran a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción.
• Los plazos determinados por días comenzaran a correr al día siguiente de practicada su comunicación. A estos efectos, se computaran solo los días y horas hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.
• La audiencia debe ser con previo reconocimiento.
• La investigación penal preparatoria será pública para las partes o sus representantes, pero no para terceros.
• Sólo podrán oponer la nulidad las partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la observancia de las disposiciones legales respectivas, excepto los casos en que proceda la declaración de oficio.
• El Juez revisa el caso.

Medios de Prueba (Artículos 208-217)

• Todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba.
• Los elementos de prueba admisibles y regularmente incorporados serán valorados según las reglas de la sana crítica racional.
• Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento del ayudante fiscal, fiscal o el tribunal y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la Ley.