Principios del Procedimiento Penal

Las audiencias deben ser abiertas al público en general, excepto en los casos específicos que se mencionan en el Código.

Las partes en un proceso tienen el derecho de conocer, discutir y replicar las pruebas y las alegaciones de la otra parte.

Las audiencias deben llevarse a cabo de forma continua, sin interrupciones innecesarias, excepto en circunstancias excepcionales.

Las audiencias deben concentrarse en un período corto, generalmente en el mismo día o en días consecutivos, para evitar demoras innecesarias.

Las audiencias deben tener lugar en presencia de un juez, las partes y el resto de participantes. El juez no puede delegar la toma de decisiones, la evaluación de pruebas o la emisión de sentencias.

Todas las personas que participan en un proceso penal deben ser tratadas con igualdad y tener las mismas oportunidades para defenderse o acusar.

Se prohibe la discriminación por motivos como el origen étnico, el género, la edad o la condición social en los procedimientos penales.

Cuando el lugar del delito es desconocido, el órgano jurisdiccional del lugar donde fue detenido el imputado será competente. Si se descubre el lugar del delito, la causa continuará en el órgano jurisdiccional de ese lugar.

Si el delito comienza en un lugar y se completa en otro, el órgano jurisdiccional de cualquiera de los dos lugares será competente.

Si un delito comienza en el extranjero y se completa o tiene efectos en México, el órgano jurisdiccional federal será competente.

El Ministerio Público de la Federación puede ejercer la facultad de atracción para investigar delitos contra la libertad de expresión en ciertos casos.

La facultad de atracción se aplica cuando un servidor público está involucrado en el delito

La facultad de atracción se aplica cuando la víctima acusa a un servidor público en la denuncia.

La facultad de atracción se aplica cuando se trata de delitos graves que conllevan prisión preventiva oficiosa.

La facultad de atracción se aplica cuando la vida o integridad física de la víctima está en riesgo.

Los Órganos jurisdiccionales del fuero común son competentes para juzgar delitos cometidos dentro de su circunscripción judicial, de acuerdo con su Ley Orgánica o los acuerdos del Consejo.

Los Órganos jurisdiccionales federales son competentes para juzgar delitos federales.

Cuando un delito federal puede ser juzgado tanto por el fuero común como federal, primero lo juzga el fuero común, excepto que las leyes digan lo contrario.

El Ministerio Público Federal (MPF) puede investigar delitos del fuero común relacionados con delitos federales. Los Órganos jurisdiccionales federales pueden juzgar estos delitos.

Cuando un delito se comete en la frontera de dos circunscripciones judiciales, el Órgano jurisdiccional que primero inició el proceso es competente.

En caso de concurso de delitos, se aplicarían las sanciones y medidas de seguridad del fuero común pero el Órgano jurisdiccional federal podría imponerlas.

Si la Federación no ejerce su competencia para juzgar delitos del fuero común, las autoridades estatales deben hacerlo.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece las reglas de competencia territorial.

Cuando los procesados por delitos federales se encuentran en la fase de medidas cautelares, pueden cumplirlas en centros penitenciarios cercanos a donde se desarrolla el procedimiento, siempre y cuando la entidad federativa donde se ubique el centro lo acepte. Esta medida no aplica cuando el procesado requiere medidas especiales de seguridad no disponibles en el centro local.

Cuando el Ministerio Público o el Órgano jurisdiccional realizan diligencias urgentes en auxilio de otra jurisdicción, deben seguir las reglas establecidas en el Código.

El Juez de control competente puede autorizar diligencias urgentes que deban realizarse fuera de su jurisdicción. El Ministerio Público debe informarle luego al Juez de control correspondiente.

La incompetencia en un proceso penal puede ser decretada por declinatoria o por inhibitoria. Una vez elegida una forma, la otra no puede ser utilizada después.

La incompetencia se resuelve a petición del Ministerio Público, el imputado, su Defensor, la víctima, u ofendido o su Asesor jurídico.

Cuando las competencias se disputan entre Órganos jurisdiccionales de la Federación, el Juez que haya prevenido es quien tiene preferencia. Si hay dos o más competentes, el que haya prevenido tiene prioridad.

Si la víctima u ofendido se retira de la audiencia intermedia o de juicio, se considera que ha renunciado a sus reclamos.

Si el asesor legal de la víctima abandona o realiza un trabajo deficiente, el juez debe informar a la víctima sobre su derecho a elegir un nuevo asesor.

Si la víctima no puede o no quiere designar un nuevo asesor, el juez informará a la instancia correspondiente para que designe a otro. En caso de ausencia, el Ministerio Público podrá representar a la víctima.

El juez puede tomar medidas para asegurar que las partes comparezcan en juicio.

Las personas que asisten a la audiencia deben mantener un comportamiento respetuoso, en silencio y no pueden grabar imágenes o sonidos.

El juez puede utilizar medios de apremio establecidos por ley para mantener el orden en la audiencia.

Si durante la audiencia se descubre un nuevo delito, el juez informará al Ministerio Público correspondiente y le entregará la información pertinente.

El juez tiene la facultad de enviar la información a la instancia competente si durante una audiencia se encuentra evidencia de un nuevo delito.

Se debe grabar o registrar por medios tecnológicos todas las audiencias del Código.

El órgano jurisdiccional debe determinar medidas especiales para asegurar la seguridad de la audiencia, como la protección del imputado y la prevención de posibles actos de violencia o fuga.

Si el imputado en libertad no asiste a la audiencia en la fecha y hora fijada, se le puede imponer un medio de apremio y, previa solicitud del Ministerio Público, ordenar su comparecencia. Si el imputado ya está vinculado a proceso y no asiste, el Ministerio Público puede solicitar la imposición o modificación de medidas cautelares.

Las resoluciones del Órgano Jurisdiccional se anuncian de forma oral, con fundamentos y motivaciones. Quedan notificados los intervinientes y quienes debían asistir.

El debate debe ser público, pero el Órgano Jurisdiccional puede decretar que se lleve a cabo total o parcialmente a puerta cerrada en casos excepcionales que puedan afectar la integridad de las partes o alguna persona citada.

El Código permite excepciones a la publicidad de las audiencias si la información revelada pudiera afectar la integridad de las partes o de personas citadas.

El Órgano Jurisdiccional puede decretar que la audiencia se lleve a cabo total o parcialmente a puerta cerrada, de forma excepcional y aun de oficio, cuando se considere que la publicidad pueda afectar la integridad de las partes.

El Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de decidir si una audiencia se realiza en público o a puerta cerrada, priorizando siempre la protección de la información sensible.