Título VI: Poder Judicial y Cumplimiento de Sentencias

Poder Judicial (Artículo 117)

• La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados.
• Los miembros del poder judicial son independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley.
• Los Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, excepto por causas y garantías legales.
• La potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes.
• Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas, salvo las atribuidas por ley en garantía de derechos.
• El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.
• La ley regula la jurisdicción militar en el ámbito castrense y en estados de sitio, según la Constitución.
• Se prohíben los Tribunales de excepción.

Cumplimiento de Sentencias (Artículo 118)

• Es obligatorio cumplir las sentencias y resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales.
• Se debe prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales durante el proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Justicia Gratuita (Artículo 119)

• La justicia será gratuita cuando lo disponga la ley.
• Se garantiza la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Actuaciones Judiciales (Artículo 120)

• Las actuaciones judiciales serán públicas, con excepciones previstas en las leyes de procedimiento.
• El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
• Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Responsabilidad por Error Judicial (Artículo 121)

• Los daños causados por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán derecho a indemnización a cargo del Estado.

Ley Orgánica del Poder Judicial (Artículo 122)

• La ley orgánica del poder judicial determina la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales.
• Regula el estatuto jurídico de Jueces y Magistrados de carrera, personal al servicio de la Administración de Justicia.
• El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno.
• La ley orgánica establece su estatuto y régimen de incompatibilidades, nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
• El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años.
• De estos veinte, doce son Jueces y Magistrados, y ocho son propuestos por el Congreso y el Senado.

Tribunal Supremo (Artículo 123)

• El Tribunal Supremo tiene jurisdicción en toda España y es el órgano jurisdiccional superior.
• El Presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Ministerio Fiscal (Artículo 124)

• El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público.
• V elar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
• El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.
• El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Acción Popular y Jurado (Artículo 125)

• Los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante Jurado.
• La participación del Jurado será en procesos penales que la ley determine y en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Policía Judicial (Artículo 126)

• La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito.

Incompatibilidades (Artículo 127)

• Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
• La ley debe asegurar la total independencia de los miembros del poder judicial.

Economía y Hacienda (Artículo 128)

• Toda la riqueza del país está subordinada al interés general.
• Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.
• Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio.