Tema 8

El acto administrativo

• El Diccionario del Español Jurídico define el acto administrativo como una decisión de una administración pública, ya sea resolutoria o de trámite, adoptada en ejercicio de una potestad administrativa.
• La regulación jurídica se encuentra en el Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
• Una definición generalizada es "Cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizada por un órgano de la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa" (G. Zanobini, Corso).
• Actos administrativos son la aplicación del ordenamiento jurídico, no integran el ordenamiento jurídico como los reglamentos.
• Un acto administrativo es cualquier "declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria" (García de Enterría).
• Se excluyen las actuaciones materiales o las actuaciones ejecutivas que se proyectan sobre la realidad física del concepto de acto administrativo.
• Un acto administrativo puede ser una declaración de voluntad, una declaración del juicio, una declaración de conocimiento o una declaración de deseo de la administración.
• Las Administraciones Públicas ejercen las potestades atribuidas por el ordenamiento jurídico a través de los actos administrativos para la realización del interés general.
• Los actos administrativos están sometidos al Derecho administrativo.

Clases de Actos

• Los actos administrativos se pueden clasificar de varias formas.
• De acuerdo a los efectos jurídicos de su contenido, los actos pueden ser constitutivos (crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas) o declarativos (acreditan un hecho o situación jurídica sin incidir sobre su contenido).
• Los actos constitutivos pueden favorecer a los ciudadanos (amplían sus posibilidades jurídicas) o ser de gravamen (restringen la esfera de actuación de los ciudadanos).
• Por los órganos de los que emana, el acto puede ser simple (procede de un solo órgano administrativo) o complejo (se produce por la intervención de dos o más órganos administrativos).
• De acuerdo a la potestad dictada al dictarlo un acto se considera reglado (elementos predeterminados por el ordenamiento) o discrecional (algunos elementos no especificados por el ordenamiento).
• La administración no puede optar entre varias decisiones en un acto reglado.
• Todos los actos discrecionales deben motivarse.
• Por el modo de exteriorizarse, los actos pueden ser expresos (manifestación de voluntad escrita), tácitos (se presume la voluntad por la conducta de la Administración) o presuntos (significado expresado por el ordenamiento jurídico a través del "silencio administrativo").
• De acuerdo a su lugar en el procedimiento administrativo, un acto puede ser de trámite (no decide el fondo de la cuestión) o definitivo (decide sobre el fondo del procedimiento).
• Los actos definitivos pueden ser firmes (no revisables por los tribunales) o no firmes (se pueden impugnar).
• Por la extensión de sus efectos a los destinatarios, los actos pueden ser generales (dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas) o singulares/especiales (destinados a una o varias personas determinables).

Requisitos de los Actos Administrativos

• Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas se producirán por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
• El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
• Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos.
• En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, se requiere constancia escrita firmada por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente.
• Se permite refundir una serie de actos administrativos en un único acto, que especificará las situaciones particulares de cada interesado.

Motivación de los Actos

• Serán motivados los actos que:
  • Limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
  • Resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje.
  • Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
  • Acuerden la suspensión de actos o la adopción de medidas provisionales.
  • Acuerden la tramitación de urgencia, ampliación de plazos o realización de actuaciones complementarias.
  • Rechacen pruebas propuestas por los interesados.
  • Acuerden la terminación del procedimiento por imposibilidad material de continuarlo o el desistimiento por la Administración.
  • Propuestas de resolución en procedimientos sancionadores, actos que resuelvan procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial.
  • Se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
• La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias.

Eficacia de los Actos

• Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
• Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten.
• La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
• Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando:
  • Se dicten en sustitución de actos anulados.
  • Cuando produzcan efectos favorables al interesado,
• Siempre que los supuestos de hecho necesarios:
  • Existieran ya en la fecha en que se retrotraiga la eficacia del acto.
  • Ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
• La eficacia de los actos ha de observarse por el resto de órganos administrativos.
• Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas deben ser observadas por el resto de los órganos administrativos.
• Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que considere ilegal, podrá interponer recurso contencioso-administrativo si el requerimiento es rechazado.

Notificación de Actos

• El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos.
• Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
• Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución.
• La notificación debe indicar si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.
• Las notificaciones que omitan alguno de los requisitos surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento y alcance de la resolución.
• La notificación suficiente contendrá al menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
• Las Administraciones Públicas podrán adoptar medidas para la protección de los datos personales en las resoluciones y actos administrativos.
• Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos cuando el interesado esté obligado a recibirlas por esta vía.
• Se enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado, informándole de la puesta a disposición de una notificación.
• La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
• Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin.
• Cuando el interesado o su representante rechace la notificación la administración seguirá el proceso administrativo normal.
• Si el individuo es notificado por distintas vías, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que sucediera en tiempo en primer lugar

Validez y Supuestos al Notificar

• Las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario.
• La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
• Las notificaciones por medios no electrónicos solo practican cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado y solicite la comunicación en ese momento, cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante,
• No se notifica con medios electronicos cuando el acto incluye elementos no convertibles o incluyan medios de pago a favor de los obligados.
• Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio.
• Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se repetirá el intento por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes con al menos tres horas de margen entre ambas.
• Todas las notificaciones en papel son accesibles electrónicamente.
• Debe ofrecerse la opción de notificación electrónica cuando el contenido de la notificación se accede por medios electrónicos.
• Las notificaciones electrónicas se hacen a través de comparecencia en la sede electrocnica.
• El acceso al contenido de la notificación demuestra la recepción.
• Los medios electrónicos practicados de forma obligatoria se entederán rechazadas después de diez días naturales.
• La administración debe notificar durante el plazo establecido, en el lugar electronico adscrito.
• Los detalles de contacto pueden acceder desde el Punto de Acceso General Electrónico de la Administración.
• Se publicará un anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» en caso de procedimientos de interesados desconocidos.

Artículos finales sobre la notificación

• Cuando los interesados sean desconocidos o se ignore el lugar de la notificación, se publicará un anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
• Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias.
• Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras o cuando lo aconsejen razones de interés público.
• La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que se exigen respecto de las notificaciones.
• La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según la Administración.
• Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar una indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer.

Nulidad y Anulabilidad de Actos

• La validez del acto requiere todos sus elementos formales y de contenido.
• La falta de requisitos de validez puede conllevar una anulación debido a vicios subsanables o insubsanables dependiendo de la gravedad.
• La nulidad implica la ineficacia intrínseca del acto sin necesidad de una previa anulación.
• La anulabilidad implica una infracción del ordenamiento jurídico menos grave, que han de ser solicitadas dentro de un plazo.
• La anulabilidad se podrá subsanar de diversas formas.
• Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho si lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, o si son dictados por órgano manifiestamente incompetente, etc.
• También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución o que regulen materias reservadas a la Ley.
• Las resoluciones administrativas particulares no podrán vulnerar una disposición de carácter general.
• Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria.
• Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
• El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables o dé lugar a la indefensión de los interesados.
• La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido sólo implicará la anulabilidad si así lo impone la naturaleza del término o plazo.
• Se pueden convalidar los actos anulables, subsanando los vicios.
• El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos.
• La incompetencia no determinante de nulidad puede convalidarse por el órgano superior.
• Si falta alguna autorización, se puede convalidar el acto mediante su otorgamiento por el órgano competente.
• La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
• En un procedimiento selectivo se puede declarar nulo o anulable la baremación.
• Los actos nulos o anulables que cumplan los requisitos de un tipo distinto serán reestructurados a un acto valido de otra clase.

Revisiones de actos administrativos

• Las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos en cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.
• El órgano competente podrá acordar la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados.
• Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de un acto, podrán establecer indemnizaciones a los interesados.
• Si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, cadudará a los seis meses.
• Si el procedimiento fue solicitado por el individuo se podrá entender la desestimación por silencio administrativo.
• Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables a los interesados que sean anulables.
• La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
• Se debe notificar al individuo el deseo de declaración del proceso judicial en curso para que dé su opinión y haga alegaciones pertinentes.
• Caducardá a los seis meses igualmente.
• Las administraciones General del Estado ó de las Comunidades Autónomas son autorizadas para declarar los actos administrativos en la materia.
• Si se hace por un gobierno local, la anulación debe ser sancionada por la autoridad local.
• La anulación del proceso debe estar fundamentada en los artículos 106-107. Inicio del procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
• Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables revocando el orden administrativo.

Competencias.

• El Consejo de Ministros anula los actos dictados por los Ministros
• Los Ministros anulan las decisiones de los Secretarios de Estado
• Los Máximos Organos Rectores son la autoridad sobre las personas que dependen de ella