Notas de Estudio sobre Derecho Español

Es el documento legal que establece la organización y competencias de cada Comunidad Autónoma.

Es el proceso de creación del Estatuto de Autonomía, donde los representantes de la provincia o isla participan para definir los aspectos clave de la autonomía.

Es el documento legal que define la organización y competencias de cada Comunidad Autónoma.

El Estatuto de Autonomía debe incluir la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la organización de sus instituciones y las competencias que asume.

El Estatuto de Autonomía es reconocido y protegido como parte del ordenamiento jurídico español.

El proceso para modificar un Estatuto de Autonomía depende del propio estatuto y requiere la aprobación de las Cortes Generales mediante una ley orgánica.

Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en áreas como la organización de sus instituciones, la ordenación del territorio, las obras públicas, el transporte, la agricultura, los montes y la gestión de recursos naturales.

Las funciones de administración del Estado sobre las corporaciones locales que sean transferidas, deben ser autorizadas por la legislación sobre Régimen Local.

Todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, a través de un sistema tributario justo, igualitario y progresivo, que no debe ser confiscatorio.

El gasto público debe distribuir los recursos de forma equitativa, teniendo en cuenta la eficiencia y la economía.

El derecho de todos a contraer matrimonio en igualdad de derechos, regulado por la ley que establece las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, derechos, deberes, causas de separación y sus efectos.

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, pero su contenido se define de acuerdo con la función social y las leyes.

El derecho a fundar instituciones de interés general, con regulación legal, incluyendo la posibilidad de fundaciones.

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a elegir su profesión, a la promoción laboral y a una remuneración justa, sin discriminación por sexo.

La ley regulará un estatuto para los trabajadores, que establece sus derechos y obligaciones.

Solo se pueden establecer impuestos y otras cargas públicas con base en la ley.

El Estado tiene la potestad de regular la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma.

El Estado establece las bases de la legislación básica referente a la protección del medio ambiente.

El Estado es el responsable de las obras públicas de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.

El Estado define las bases del régimen minero y energético, es decir, las reglas para la extracción y uso de minerales y energía.

El Estado establece las normas básicas para el control de la producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

El Estado fija las normas generales para los medios de comunicación social, como la prensa, radio y televisión.

El Estado tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. También administra los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal.

El Estado se encarga de la seguridad pública, aunque las Comunidades Autónomas pueden crear sus propias policías dentro de unos límites.

Cada lista electoral que obtiene representación en el ayuntamiento puede formar un grupo municipal.

Solo los concejales de la misma lista electoral pueden formar un grupo municipal.

Dentro del plazo establecido en el acuerdo, en municipios de más de 20.000 habitantes antes del primer pleno ordinario, cada concejal declara a qué grupo municipal quiere pertenecer.

Los concejales que no se integran en ningún grupo son automáticamente incluidos en el grupo mixto. Este grupo tiene los mismos derechos y funciones que los demás.

Los concejales que abandonan el grupo de la candidatura por la que fueron elegidos no pueden unirse al grupo mixto, se convierten en concejales no adscritos. Esto no aplica a las coaliciones electorales cuando uno de los partidos la abandona.

Los concejales no adscritos mantienen sus derechos y deberes individuales, incluyendo los económicos, y participan en las actividades del ayuntamiento como los demás.

El municipio, según el reglamento orgánico, debe proporcionar a los grupos los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas.

Las funciones y atribuciones de los grupos municipales no afectan a las funciones que la ley atribuye a los órganos municipales y a los miembros de la corporación.

Es el órgano de gobierno del Ayuntamiento que reúne a todos los regidores y es presidido por el alcalde.

Corresponde al Pleno supervisar y revisar el funcionamiento de los órganos de gobierno del Ayuntamiento.

El Pleno tiene la facultad de aprobar el reglamento interno del Ayuntamiento (cómo funciona) y las normas que regulan la vida del municipio (ordenanzas).

El Pleno puede definir los impuestos que se cobran en el municipio para obtener recursos propios.

El Pleno tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto anual del Ayuntamiento, cómo se gasta el dinero.

El Pleno puede delegar funciones al alcalde y a la comisió de gobierno, pero no todas.

El Pleno decide sobre la moción de censura al alcalde, un mecanismo para removerlo del cargo.

El Pleno puede plantear diferencias con otras administraciones públicas o entidades locales cuando existen conflictos de competencias.

El Pleno tiene la facultad de aprobar las operaciones de crédito del Ayuntamiento, con algunas limitaciones.

El Pleno tiene la facultad de contratar obras y servicios, con un límite máximo de gasto, según el presupuesto.

Cuando las Comunidades Autónomas no tienen competencia exclusiva sobre una materia, el Estado tiene la posibilidad de establecer regulaciones que prevalecen sobre las de las Comunidades Autónomas.

Las Cortes Generales pueden permitir a las Comunidades Autónomas crear sus propias leyes en áreas de competencia estatal, siempre y cuando estas leyes se mantengan dentro de los límites establecidos por la Ley Estatal.

El Estado puede transferir o delegar sus poderes a las Comunidades Autónomas, pero esto se debe hacer a través de una ley orgánica.

En caso de que sea necesario coordinar las leyes de las Comunidades Autónomas, el Estado puede crear leyes que establezcan los principios básicos para armonizarlas.

Se pueden acelerar los procesos de autonomía si las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada lo solicitan, y se ratifica por referéndum.

El Estado puede establecer las bases para que las comunidades se autogobiernen con un mayor grado de autonomía.

Es el órgano que permite al Estado supervisar las leyes que las Comunidades Autónomas crean en áreas de competencia estatal.

El Estado puede crear leyes para garantizar que las leyes de las Comunidades Autónomas se apliquen de manera uniforme a todos los ciudadanos.