Normas Internacionales y su Aplicación

El Estado no necesita publicar las normas consuetudinarias para que sean parte del Derecho interno.

Las resoluciones obligatorias de las Organizaciones Internacionales (OI) no necesitan ser publicadas de forma obligatoria.

Los tratados y resoluciones de OI que no necesitan normas nacionales para su aplicación son directamente aplicables.

Los tratados válidamente celebrados y publicados en España producen efectos desde la fecha que el tratado determina o desde su entrada en vigor.

Las normas no autoejecutivas necesitan normas de desarrollo para su aplicación.

El Estado es responsable internacionalmente si una Comunidad Autónoma incumple un tratado internacional.

En caso de conflicto entre una Comunidad Autónoma y el Estado, se aplica el principio de cooperación.

Para que una disposición de un tratado o una resolución de OI tenga eficacia directa, debe cumplir con ciertas condiciones.

Principio que establece que los tratados internacionales deben ser cumplidos de buena fe por las partes contratantes.

Un Estado no puede alegar su propio Derecho Interno para justificar el incumplimiento de un tratado.

Procedimiento legal mediante el cual las normas internacionales recogidas en tratados internacionales se integran en el ordenamiento jurídico interno de un Estado.

Sistema de recepción de tratados donde un tratado se incorpora al ordenamiento interno de un Estado de manera automática una vez que es internacionalmente exigible.

Sistema de recepción de tratados donde un tratado se incorpora al ordenamiento interno de un Estado después de un proceso de aprobación legislativa.

El Estado no puede exigir a un particular el cumplimiento de una obligación recogida en un tratado no publicado.

La Constitución Española establece que los tratados forman parte del ordenamiento jurídico interno una vez que son publicados oficialmente.

La Ley 25/2014 de Tratados establece los requisitos para la publicación oficial de los tratados en España, incluyendo la publicación íntegra, continuada y en el momento de la entrada en vigor.

Un proceso complejo que implica cumplir con las obligaciones internacionales, pero no las internas. La declaración en sí no implica nulidad a menos que el tratado no se haya celebrado de forma válida. En caso de inconstitucionalidad, se debe denunciar el tratado para dejar de ser parte.

La mayoría de los ordenamientos estatales que aceptan la recepción automática de tratados, afirman que estos prevalecen sobre las leyes.

Los tratados no forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo que no se puede cuestionar la constitucionalidad de una ley por ser contraria a un tratado.

La legalidad de un reglamento puede cuestionarse si es contrario a un tratado, ya que infringe el ordenamiento jurídico.

Las normas consuetudinarias no pueden ser objeto de control de constitucionalidad porque no están escritas.

Interpretar una norma interna de acuerdo con la norma u obligación internacional correspondiente.

La interpretación de tratados y resoluciones de organizaciones internacionales debe ser realizada por los órganos internos.

El Derecho interno debe ser interpretado de acuerdo con el Derecho Internacional, siguiendo principios de buena fe y pacta sunt servanda.

Cuando un tratado o resolución no excluye explícitamente la aplicación directa de sus disposiciones, se considerará que tiene carácter self-executing. Esto significa que las disposiciones del tratado se aplican directamente en el ordenamiento jurídico interno sin necesidad de una ley de implementación.

En España, la Ley 25/2014 establece en su artículo 30 que los tratados internacionales tienen aplicabilidad directa y eficacia directa. La aplicabilidad directa se refiere a la posibilidad de aplicar el tratado directamente en el ordenamiento jurídico interno, mientras que la eficacia directa se refiere a la capacidad del tratado para generar derechos y obligaciones para los particulares.

Si bien el DI general no se encuentra sujeto a la aplicación directa, existe debate sobre la posibilidad de que algunas normas de derecho internacional general puedan tener eficacia directa en el ordenamiento jurídico interno.

Cuando un órgano internacional es el encargado de aplicar el derecho internacional, no tiene en cuenta la compatibilidad del derecho interno del Estado. Considera las normas estatales como simples hechos.

Cuando un órgano estatal es el encargado de aplicar el derecho internacional, tiene en cuenta el derecho interno y, en su caso, el derecho internacional. Aplicará el derecho interno y, si se da, el derecho internacional.

En caso de conflicto entre un tratado internacional y la Constitución, el tratado suele quedar subordinado a la Constitución. Esto significa que el tratado se puede rechazar o se requiere una reforma constitucional previa.

Algunos países conceden a ciertos tratados, como los tratados sobre derechos humanos, un rango constitucional. Esto significa que los tratados tienen la misma fuerza que la Constitución.

En España, el artículo 95.1 de la Constitución establece que se pueden celebrar tratados contrarios a la Constitución siempre que se modifique previamente la Constitución.