Metodología del Derecho Penal

El proceso analítico es una metodología para aplicar el Derecho Penal que se centra en analizar todos los detalles relevantes de un caso. Implica responder a siete preguntas básicas para obtener una imagen completa del evento.

Las preguntas del proceso analítico abarcan distintos aspectos del evento: cuántos hechos ocurrieron, quiénes participaron, dónde, cuándo, cómo se desarrolló, y por qué ocurrió.

Se refiere a determinar si en el evento hay uno o varios hechos. En este sentido, determinar si se trata de un solo delito o de varios.

Se centra en la identificación de los participantes del evento, incluyendo su nombre, edad, si son personas físicas o jurídicas, y sus características relevantes para el análisis del delito.

Similar a los Sujetos Activos, se identifican los datos relevantes de las víctimas como el nombre, la edad, y las características clave para el caso.

Se refiere a determinar cómo se desarrolló el delito, describiendo la secuencia de eventos y los detalles de la acción.

Se centra en el porqué del delito, explorando las causas, motivaciones o justificaciones detrás de la acción.

Esta ficha es un instrumento que se llena con los datos del caso, uniendo el análisis de información fáctica con las normas legales y su interpretación. Es una herramienta para organizar la información del proceso analítico.

Determinar la fecha en que se inicia la acción o omisión, y la fecha de su conclusión, en el caso de un hecho de realización permanente. Esto ayuda a determinar el inicio del cómputo para la prescripción del delito.

Indica la ley penal que aplica al acto, teniendo en cuenta el principio de legalidad. Esto implica identificar el código penal vigente en el momento del delito, así como la ley especial o de menores aplicable, si fuese el caso.

Especificar el lugar donde se cometió o se descubrió el delito, incluyendo sus elementos espaciales. Por ejemplo, si fue en una casa habitada, un espacio natural o un lugar protegido.

Estudiar el tipo positivo y funcional del delito, donde se analiza el objeto del delito, es decir, los bienes jurídicos protegidos que resultaron afectados por este.

Identificar el nombre específico de la infracción penal que podría aplicarse, con su artículo correspondiente y la pena asociada a la misma categorización del delito.

Determinar la pena principal aplicable al delito, considerando las reglas generales de unidad fáctica o delictual, y las reglas especiales para el concurso de delitos. También tener en cuenta la posible retroactividad de leyes.

Aplicar las penas accesorias que puedan corresponder al delito, como las medidas de seguridad que aseguren el interés social o la responsabilidad civil derivada del acto.

Determinar la posibilidad de suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad, en caso de que se aplique, durante la ejecución de la misma. Esto se analiza solo si la pena principal aplicada implica prisión.

Identificar si hay responsabilidad civil derivada del acto punible, evaluando la posibilidad de restitución, reparación o indemnización a la víctima. Se determina quién será el responsable de su pago, si primordial o subsidiario.

Determinar si es necesario imponer las costas del proceso judicial, de acuerdo a los artículos legales pertinentes. Las costas son los gastos del proceso que se imputan a las partes involucradas.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, regula la responsabilidad penal de los menores en España. Se aplica a quienes, al cometer un delito o falta, tengan entre 14 y 18 años.

Los menores de 14 años que cometen delitos no son penados. Se aplican normas de protección de menores, como las del Código Civil.

Esta Ley se aplica a los menores de 18 años que cometen delitos, aunque hayan cumplido la mayoría de edad durante el proceso o antes de que este comience.

Las medidas que se pueden aplicar a los menores que cometen delitos se dividen en tres categorías: privativas de libertad, no privativas de libertad y terapéuticas.

El proceso penal para menores tiene diferentes etapas, desde la incoación del expediente hasta la ejecución de la sentencia por entidades públicas.

Son las medidas que se aplican a los menores de 18 años y mayores de 14 años que han cometido un delito, y están orientadas a su reeducación y reinserción social. Pueden ser privativas o no de libertad, y terapéuticas.

Son medidas de libertad vigilada, asistencia a un centro de día, realización de tareas socio-educativas, prohibiciones de aproximación o comunicación, etc. No implican privación de libertad.

Ejemplos de medidas privativas de libertad son: internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto, y permanencia de fin de semana. Implican la restricción de la libertad del menor.

Incluyen el internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto, y el tratamiento ambulatorio. Están diseñadas para tratar problemas de salud mental o adicciones.

El Juez de Menores no puede imponer una medida más restrictiva o por un tiempo más largo que la solicitada por el Ministerio Fiscal o el acusador particular. Esto protege los derechos del menor.

Es una medida que obliga al menor a residir en su domicilio habitual y asistir a un centro comunitario para realizar actividades educativas, formativas, laborales o de ocio.

Es una medida que implica convivir con otra persona, familia o grupo educativo durante un período específico, con el objetivo de orientar al menor en su proceso de socialización.

Es una medida no privativa de libertad que consiste en realizar actividades no retribuidas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad, siempre con el consentimiento del menor.

Es una medida en la que el Juez reprende al menor por los hechos cometidos, haciéndole reflexionar sobre su gravedad y las consecuencias, con el fin de evitar la reincidencia.

Es una medida que se aplica cuando el delito se cometió utilizando un ciclomotor, vehículo a motor o armas. Consiste en privar al menor del permiso de conducir, del derecho a obtenerlo o de las licencias para caza o uso de armas.

Son las reglas generales que establecen cuál es la medida aplicable para cada caso, según el tipo de infracción y la gravedad de la misma. También define la duración máxima de cada medida.

La duración de las medidas no puede superar los dos años, incluyendo el tiempo que el menor haya pasado en medidas cautelares. La duración de las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad no supera las 100 horas y la de permanencia de fin de semana, los 8 fines de semana.

Esta medida obliga al menor a asistir al centro docente correspondiente, si está en edad de escolarización obligatoria, y a acreditar dicha asistencia al juez. Si hay ausencias, deberá justificarlas ante el juez.

Implica que el menor debe comparecer ante el juzgado de menores o ante un profesional designado, para informar de las actividades que realiza y justificarlas.

El juez puede imponer otras obligaciones que considere adecuadas para la reinserción social del menor, sin atentar contra su dignidad. Un ejemplo es la obligación de acudir a la Unidad de Lesionados Medulares de un hospital para que el menor concientice sobre las consecuencias de algunos comportamientos.

Para menores de 14 o 15 años, la medida de internamiento en régimen cerrado puede durar hasta 3 años. Para menores de 16 o 17 años, la duración máxima es de 6 años.

Si el menor comete un delito grave como homicidio, asesinato, agresión sexual o terrorismo, el juez debe imponer una medida de internamiento en régimen cerrado y una medida de libertad vigilada.

En caso de delitos de terrorismo, además de las medidas generales, el juez impone al menor una inhabilitación absoluta, cuyo tiempo es mayor que el de la medida de internamiento.

Los límites de tiempo para las medidas se aplican incluso si el menor comete varios delitos relacionados, tomando en cuenta el delito más grave.

El juez puede modificar la medida impuesta al menor si es en su beneficio, pero solo después de un año del internamiento.