Libro Segundo: Procedimiento y Acuerdo Reparatorio

Un acuerdo reparatorio es un acuerdo entre la víctima y el imputado que, una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplido en sus términos, extingue la acción penal.

Los acuerdos reparatorios son una forma de solución alterna del procedimiento.

Es un proceso simplificado para resolver delitos menos graves, donde se aplican reglas especiales y se busca una resolución rápida.

Los acuerdos reparatorios proceden en casos donde el delito se persigue por querella, por requisitos equivalentes de parte ofendida o que admitan el perdón de la víctima.

Los acuerdos reparatorios no proceden cuando se trata de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las Entidades Federativas.

El objetivo principal de los acuerdos reparatorios es evitar el juicio y resolver el conflicto de manera rápida y eficiente.

El Ministerio Público y la autoridad judicial tienen un registro para dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos, procesos de suspensión condicional y procedimientos abreviados.

El registro de acuerdos permite al Ministerio Público y la autoridad judicial evaluar la viabilidad de una solución alterna o la terminación anticipada del proceso.

Si el Juez de control no admite la solicitud de procedimiento abreviado, la acusación oral no se considera formulada y se continúa con el procedimiento ordinario.

El Ministerio Público puede volver a solicitar el procedimiento abreviado tras subsanar los errores o inconsistencias en la solicitud inicial.

La víctima puede oponerse al procedimiento abreviado si no se garantiza la reparación del daño.

El Juez de control debe verificar que se cumplan los requisitos del procedimiento abreviado y que la acusación esté respaldada por pruebas antes de autorizarlo.

En el procedimiento abreviado, se escuchan al Ministerio Público, a la víctima y al acusado antes de la sentencia.

La sentencia en el procedimiento abreviado se pronuncia en la misma audiencia y debe explicar los fundamentos de la decisión.

La pena impuesta no puede ser mayor que la solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado.

Los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación de la investigación son medios de convicción.

Cuando un bien objeto de delito ya no existe o no se encuentra por culpa del imputado, el Ministerio Público puede pedir que se incauten bienes del imputado para compensar el daño.

La autoridad judicial puede ordenar que se quiten bienes al acusado, salvo que hayan sido abandonados legalmente o estén sujetos a extinción de dominio.

Si se ha confiscado un bien, la autoridad judicial debe registrar la decisión en los registros públicos.

El Ministerio Público puede pedir al Juez de control que mantenga información en secreto después de iniciar un proceso legal.

La reserva de información solo se aplica cuando es necesario proteger pruebas, testigos o personas.

El juez decidirá si la reserva es necesaria y por cuánto tiempo.

La información reservada se debe revelar eventualmente para que el acusado pueda preparar su defensa.

La investigación de un delito puede iniciarse con una denuncia, querella o comunicación de hechos que sugieran un delito.

La policía y el Ministerio Público deben investigar cualquier información sobre un delito sin esperar a una denuncia formal.

Si la información es anónima, la policía debe verificar la veracidad de los datos antes de iniciar una investigación.

El Ministerio Público puede decidir no investigar si el delito es menor o si no hay suficiente evidencia.

Cuando la empresa que se encuentra bajo aseguramiento no puede realizar sus actividades debido a la posesión de productos ilícitos, puede solicitar la sustitución de estos por productos legales para continuar operando. Esto se realiza bajo la condición de que la empresa cuente con los recursos para adquirir los productos legales, y después de que la empresa sea transferida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Si un franquiciatario o permisionario es asegurado, el franquiciante puede rescindir el contrato en términos de la ley de la Propiedad Industrial, y el otorgante del permiso puede revocarlo.

Las comunicaciones entre el imputado y las personas que no están obligadas a declarar como testigos no se considerarán evidencia en el caso. Estas incluyen a quienes están protegidos por el secreto profesional, el parentesco o otras razones legales.

Excepto si se prueba que las personas mencionadas en el artículo anterior, a excepción del imputado, están involucradas en el delito o están encubriendo al imputado.

Cuando el Ministerio Público abandona la acción penal, aplica un criterio de oportunidad, archiva temporalmente el caso, se abstiene de acusar o levanta el aseguramiento, se procede a la devolución del bien.

Si la autoridad judicial levanta el aseguramiento o no decreta el decomiso, también se procede a la devolución del bien.

La devolución de los bienes asegurados se realiza en el estado físico en que se encuentren, o en su defecto, se devuelve su valor.

Las decisiones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deben ser notificadas a la víctima o ofendido, quienes pueden impugnarlas ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a la notificación.

El Juez de control convocará a una audiencia para decidir sobre la impugnación, citando a la víctima, al Ministerio Público y al imputado. Si la víctima no comparece a pesar de ser citada, la impugnación se declara sin materia.

La resolución del juez de control sobre la impugnación no admite recurso, excepto cuando se pronuncia sobre el no ejercicio de la acción penal. En este caso, la decisión del Ministerio Público queda suspendida hasta que la decisión definitiva del juez cause ejecutoria.

Cualquier hecho puede probarse con cualquier medio, siempre que sea legal. El juez evalúa las pruebas de forma libre y lógica.

Los datos de la investigación anteriores al juicio no son válidos para la sentencia definitiva, salvo excepciones. Sólo las pruebas presentadas durante la audiencia de juicio se tienen en cuenta para la sentencia.

El antecedente de investigación es cualquier registro en la carpeta de investigación que sirve para aportar datos de prueba.

Un dato de prueba es una referencia a un medio de convicción aún no utilizado en la corte, que se considera idóneo y pertinente para demostrar la existencia de un delito y la probable participación del imputado.

El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado.