Leyes sobre Igualdad y Libertad Sexual

La Ley 15/2022 y la Ley Orgánica 6/2022 buscan garantizar la igualdad de trato y la no discriminación en España, inspirándose en los principios de la Unión Europea.

La Ley 15/2022 y la Ley Orgánica 6/2022 se basan en los principios de la Unión Europea, que consideran la no discriminación como un valor fundamental y un objetivo a alcanzar.

El Tratado de la Unión Europea considera la no discriminación como uno de los valores que comparten todos los países miembros.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene el mismo valor jurídico que los tratados de la UE, prohíbe la discriminación por cualquier motivo.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ha servido como modelo para la consolidación de la igualdad de trato y la no discriminación en las nuevas leyes.

La Ley 15/2022 y la Ley Orgánica 6/2022 buscan prevenir y erradicar la discriminación, protegiendo a las víctimas y educando para una sociedad más justa.

La nueva legislación española sobre la igualdad de trato y la no discriminación busca responder a la necesidad de un instrumento eficaz para combatir la discriminación en todos los ámbitos.

La Ley 15/2022 y la Ley Orgánica 6/2022 están diseñadas para abordar la discriminación desde una perspectiva moderna de los derechos humanos.

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, llamada "solo sí es sí", aborda la libertad sexual en el contexto de agresiones sexuales y redefine el consentimiento.

Esta ley no solo modifica el Título VIII del Código Penal, sino que también introduce la posibilidad de que las personas jurídicas sean responsables penalmente por ciertos delitos.

La ley elimina la distinción entre agresión y abuso sexual, uniéndolos en una categoría llamada "agresión sexual".

Agresión sexual

La "sumisión química" se considera ahora una forma de agresión sexual agravada. Esto significa que se puede castigar a quienes aprovechen de la situación de la víctima, incluso si no han sido quienes les hayan administrado las sustancias.

El nuevo modelo de consentimiento exige que la víctima exprese su voluntad de participar en el acto sexual de forma clara y inequívoca.

Esta ley busca garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la representación.

La "sumisión química" ahora puede ser castigada con una pena de prisión de hasta 15 años.

La ley introduce nuevas penas para el acoso sexual online a menores, conocido como "child grooming".

Las agresiones sexuales a menores de 16 años pueden conllevar penas de prisión de 2 a 6 años, y en casos de circunstancias agravantes, como la "sumisión química" o la relación previa con el agresor, la pena se incrementa.

La Ley introduce el concepto de "menor entidad" en el contexto de las agresiones sexuales, lo que puede resultar en penas pecuniarias o no privativas de libertad.

La "menor entidad" es un concepto jurídico indeterminado que aún debe precisarse y que puede generar diferentes interpretaciones.

El artículo 37 de la ley establece los requisitos para acreditar las situaciones de violencia sexual.

Las situaciones de violencia sexual pueden acreditarse con una sentencia condenatoria, una orden de protección, un informe del Ministerio Fiscal, o informes de servicios sociales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre otros.

Un nuevo marco de actuación para la prevención y erradicación de las violencias machistas en España, con un enfoque integral y colaborativo.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, ratificado por España en 2014. Busca proteger a las mujeres de la violencia, promover la igualdad y crear una sociedad libre de violencia de género.

Es un instrumento de planificación con el objetivo de proporcionar un marco de referencia para la acción pública en materia de prevención, sensibilización, atención y reparación integral de todas las violencias machistas.

Objetivo de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025: Mejorar la respuesta institucional y ciudadana a la violencia, avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres en España, y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en España.

Ampliar el conocimiento de la sociedad sobre las violencias machistas, promover un cambio de valores y empoderar a los hombres en la erradicación de estas violencias.

Mejorar la coordinación de los mecanismos de prevención, detección, asistencia y recuperación integral de la violencia machista, con el objetivo de disminuir la incidencia y prevalencia de casos.

Ejes de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025: Actualización y consolidación del marco de responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos frente a las distintas formas de violencia machista.

Ejes de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025: Sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencia machista.

Ejes de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025: Protección, seguridad, atención y reparación integral.

Ejes de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025: Respuesta coordinada y multiagencia para la protección y garantía de los derechos.

Conjunto de medidas concretas que se pondrán en marcha para alcanzar los objetivos de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025.

Plan de acción anual que se elabora para implementar las medidas de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025.

Prohibición de la divulgación o publicación de información que permita identificar a las víctimas menores de edad, incluyendo imágenes o datos que puedan facilitar su identificación, así como información sobre sus circunstancias personales y familiares.

Las víctimas menores de edad pueden acreditar su identidad mediante documentos sanitarios oficiales que comuniquen a la Fiscalía o al órgano judicial.

Derecho a la privacidad y protección de la identidad de las víctimas, incluyendo menores de edad, personas con discapacidad y víctimas de violencia sexual.