Ley Orgánica 1/2018: Régimen Económico de Canarias

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias se establece como una herramienta para el desarrollo económico y social del archipiélago. Consiste en una serie de medidas especiales que le permiten gestionar sus propios recursos y fomentar su identidad.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene la potestad para crear leyes y ejecutar políticas en relación al Régimen Económico y Fiscal, dentro de lo que permite la normativa estatal.

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias tiene como base la libertad comercial entre la Comunidad Autónoma y el exterior, la ausencia de monopolios estatales en el territorio y la aplicación de franquicias fiscales estatales sobre el consumo, junto a una política fiscal diferenciada y un sistema de imposición indirecta único.

Los recursos obtenidos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias se consideran adicionales a la financiación normal de la Comunidad Autónoma y de sus entidades locales. Estos recursos se mantienen separados del Sistema de Financiación Autonómica para mantener la independencia financiera de Canarias.

La riqueza de la Comunidad Autónoma de Canarias se considera un bien público que debe servir al bien común. El desarrollo económico y social del archipiélago está ligado a la implementación de políticas que compensen su situación geográfica y sus características insulares únicas.

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias está justificado por su particular historia, su condición de región ultraperiférica y su realidad insular.

Las Administraciones Públicas canarias deben trabajar por el progreso económico y social del archipiélago. Se busca que las instancias nacionales e internacionales implementen medidas que compensen las dificultades de ser una región Ultraperiférica de carácter insular. También se persigue un desarrollo equilibrado y solidario entre las islas.

Las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública pueden extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por la misma a favor de la persona deudora.

La normativa tributaria se aplica a los derechos públicos, como impuestos, cuando se quiere aplazar o fraccionar las cantidades adeudadas.

Las leyes reguladoras de los ingresos públicos pueden implementar sistemas de cuenta corriente para facilitar la compensación y los pagos de los créditos y débitos de la Hacienda Pública.

Este término se refiere al plazo máximo para que la Hacienda Pública pueda reclamar sus derechos. Después de este tiempo, la deuda prescribe.

Los recursos de la hacienda autonómica canaria incluyen el producto de su patrimonio, los ingresos de derecho privado, los ingresos procedentes de sus propios impuestos, los precios públicos, el rendimiento de los tributos cedidos por el Estado, el rendimiento de sus propias tasas y exacciones parafiscales, las contribuciones especiales, los recargos y participaciones en los tributos estatales, las asignaciones y subvenciones del Estado, las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, los fondos de la Unión Europea, los legados y donaciones, las multas y sanciones pecuniarias, los recursos asignados por transferencia de competencias, el producto de la emisión de deuda y cualquier otro ingreso que se establezca por ley.

Los recursos propios de las islas incluyen los establecidos en su legislación específica, los derivados del régimen económico y fiscal de Canarias, la participación en los tributos autonómicos, las asignaciones y subvenciones estatales, las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, y los fondos asignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de sus competencias.

Las desviaciones en el gasto serán compensadas con políticas de gasto eficientes.

El control de la recaudación y el gasto será periódico para asegurar una gestión financiera eficaz.

El Fondo de Compensación Interterritorial es una fuente de recursos para la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene la facultad de establecer contribuciones especiales para el ejercicio de sus competencias.

Las leyes del Estado o del Parlamento de Canarias son un marco legal para determinar los ingresos de la hacienda autonómica.

El Gobierno de Canarias es responsable de elaborar los planes de planificación económica de la Comunidad Autónoma. Esto se hace en colaboración con otros organismos, como los sindicatos y empresas, a través del Consejo Económico y Social de Canarias, un cuerpo consultivo que facilita la participación y el diálogo en asuntos socioeconómicos.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene la capacidad de coordinar las políticas de endeudamiento de las administraciones insulares y locales. Esto significa que puede establecer límites al endeudamiento de cabildos y ayuntamientos, y tiene la posibilidad de autorizar la aprobación de créditos a largo plazo por entidades locales.

Canarias se compromete a asegurar el equilibrio territorial y la aplicación del principio de solidaridad interna, considerando los costes de la doble insularidad. Para ello, se establece un Fondo de Solidaridad Interinsular o instrumentos similares.

Canarias tiene derecho a los mismos beneficios fiscales que el Estado español. Este derecho es garantizado por el Estatuto de Autonomía.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene la facultad de elaborar un programa de obras y servicios que se beneficiarán de la inversión de la deuda estatal. Este programa se aplica cuando la deuda se destina a la creación o mejora de servicios en el archipiélago canario y se transfiere a la Comunidad Autónoma.

El Parlamento de Canarias es responsable de la distribución de los recursos del Fondo de Solidaridad Interinsular o de otros instrumentos que tengan objetivos similares.

El funcionamiento y la composición del Consejo Económico y Social de Canarias, un órgano consultivo en materia económica y social, se regula mediante una ley.

El Estatuto de Autonomía de Canarias garantiza la autonomía financiera de las corporaciones locales, como los cabildos y ayuntamientos.

La Hacienda Pública tiene el derecho de no participar en los procesos concursales, pero puede suscribir acuerdos o convenios, establecer condiciones especiales de pago y realizar compensación de las deudas.

La Hacienda Pública puede establecer condiciones especiales de pago para sus créditos, pero no pueden ser más ventajosas para el deudor que las del acuerdo o convenio que finalizan el proceso judicial.

Para la suscripción y celebración de acuerdos y convenios sobre créditos de la Hacienda Pública se requiere la autorización del órgano competente en materia tributaria, de acuerdo con la ley o convenio.

Cuando hay créditos de la Hacienda Pública y de otras entidades públicas en un concurso, la Hacienda Pública tiene prioridad en el cobro.

Canarias tiene las mismas prerrogativas y beneficios fiscales que el Estado español dentro de sus competencias.

Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública se adquieren y nacen de acuerdo con la normativa reguladora.

Los derechos de la Hacienda Pública se extinguen por las causas previstas en la normativa tributaria y otras leyes.

La Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de sus competencias, goza de las mismas prerrogativas y beneficios fiscales que la ley establece para el Estado.

La Ley 11/2006, de 11 de diciembre, regula la actividad económica-financiera del sector público autonómico de Canarias.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles públicas son parte del sector público autonómico.

La ley regula el régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control de los fondos carentes de personalidad jurídica que reciben financiación mayoritariamente de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

El Parlamento de Canarias controla su propio presupuesto y finanzas, no se rige por las leyes de la Hacienda Pública Canaria.

Esta ley establece que la Comunidad Autónoma de Canarias no perderá su participación en los ingresos del Estado, incluso si se elimina un impuesto estatal que se aplicaba en su territorio.

Se refiere a las entidades que no son organismos o empresas publicas, pero que están relacionadas con el gobierno de las Islas Canarias.

Las fundaciones públicas, definidas en la Ley de Fundaciones Canarias, forman parte del sector público autonómico

Los consorcios con personalidad jurídica, adscritos a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se incluyen en el sector público autonómico