Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Este artículo define el objetivo principal de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Este artículo establece a quiénes se aplica la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Este artículo detalla las características específicas del personal funcionario de las Entidades Locales.

Este artículo menciona que existen grupos de empleados públicos con su propia legislación específica.

Este artículo hace referencia a la normativa que se aplica a los empleados de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

Este artículo se refiere a las leyes que regulan la función pública.

Este artículo trata sobre la normativa aplicable al personal laboral.

Este capítulo expone información vital sobre el personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Los funcionarios de carrera son aquellos que han superado un proceso selectivo y tienen una relación laboral estable con la Administración Pública.

Los funcionarios interinos son aquellos que cubren temporalmente un puesto vacante o durante la ausencia de un funcionario de carrera.

El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y realiza tareas que no requieren la condición de funcionario.

El personal eventual es contratado para realizar tareas específicas por un tiempo determinado.

Los funcionarios de carrera pueden ascender dentro de la Administración Pública, pasando a niveles superiores de responsabilidad.

La evaluación del desempeño es un proceso que permite valorar el rendimiento de los empleados públicos.

Las retribuciones de los empleados públicos se dividen en retribuciones básicas y retribuciones complementarias.

Las retribuciones complementarias son complementos salariales que se añaden a la retribución básica, como por ejemplo, el complemento de productividad.

Este artículo se refiere a las sanciones que pueden ser impuestas a los funcionarios públicos, incluyendo la inhabilitación absoluta o especial para cargo público.

Este artículo trata sobre la jubilación de los funcionarios públicos, incluyendo las condiciones para acceder a ella.

Este artículo explica cómo un funcionario público puede recuperar la condición de funcionario después de haber sido sancionado.

Este capítulo establece la planificación y organización de los recursos humanos en el ámbito de la administración pública.

Este artículo define la estructura del empleo público y la clasificación de los puestos de trabajo en las administraciones públicas.

Este artículo se refiere a la forma en que se cubren los puestos de trabajo en el funcionariado, incluyendo los diferentes procedimientos para acceder a un puesto.

Este artículo describe la posibilidad de que los funcionarios públicos cambien de puesto de trabajo dentro de la administración pública.

Este artículo establece los principios y procedimientos para cubrir los puestos de trabajo en el funcionariado.

Se establece que la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos se regirá por los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe, publicidad y transparencia, y se llevará a cabo a través de las organizaciones sindicales.

Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las de la comunidad autónoma y los sindicatos que hayan obtenido al menos el 10% de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, tienen derecho a participar en la negociación colectiva.

Las Mesas de Negociación son los espacios donde se desarrolla la negociacion colectiva para los funcionarios. Hay una Mesa General a nivel estatal y otras en cada comunidad autónoma.

Se permite que las Administraciones Públicas puedan delegar las actividades de negociación colectiva a órganos técnicos con el objetivo de simplificar el proceso.

Las asociaciones de municipios y las Entidades Locales de ámbito supramunicipal también tienen la capacidad de participar en la negociación colectiva.

Es posible que una Administración o Entidad Pública se una a acuerdos alcanzados en otros ámbitos, como en otras comunidades autónomas o en un ámbito supramunicipal.

Las Mesas Generales tienen la responsabilidad de negociar temas relacionados con las condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.

La negociación colectiva, que establece las condiciones laborales de los funcionarios, tiene lugar en Mesas de Negociación donde se reúnen representantes de la administración pública y de los sindicatos más representativos.

El derecho a la negociación colectiva se reconoce en el artículo 33, que establece que esta es un mecanismo para que los trabajadores participen en las decisiones que les afectan. Este derecho se ejerce a través de la negociación colectiva, que consiste en las conversaciones entre representantes de los trabajadores y de la administración para alcanzar acuerdos sobre distintos aspectos de la relación laboral.

Las Mesas Generales de Negociación son la principal vía para la negociación colectiva en el ámbito de la Administración General del Estado. Se establecen para cada Ministerio o departamento y están formadas por representantes de los trabajadores y de la administración. Son el lugar donde se negociaran los pactos y acuerdos que afectan a todo el personal del Ministerio o departamento.

En estas mesas se pueden negociar varios aspectos de la relación laboral como la jornada de trabajo, los salarios, las vacaciones, la formación o las condiciones de trabajo. No obstante, existen límites a la negociación, como por ejemplo, la posibilidad de que se puedan incluir cláusulas contrarias a leyes o reglamentos o que supongan un gasto superior a lo presupuestado.

Los Pactos y Acuerdos son el resultado de la negociación colectiva. Son documentos que recogen las condiciones laborales de los trabajadores y que tienen carácter vinculante para ambos: la administración y los trabajadores. Son importantes porque garantizan la estabilidad en la relación laboral y la participación de los trabajadores en las decisiones que les afectan.

Se pueden establecer distintos órganos de representación del personal. Por ejemplo, los Delegados de Personal o las Juntas de Personal. Estos órganos se encargan de defender los intereses de los trabajadores frente a la administración y participar en la gestión de los asuntos que les afectan. Son esenciales para que los trabajadores tengan voz y voto en lo que les concierne.

Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecen las condiciones de trabajo de los funcionarios en caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones salariales, después de intentar resolver el conflicto extrajudicialmente.

Los Pactos y Acuerdos que incluyen condiciones generales de trabajo comunes para funcionarios y personal laboral tienen un efecto específico para cada grupo, siguiendo la normativa del artículo 37 para los funcionarios y el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral.

El derecho a la jornada de trabajo es fundamental para la vida de los trabajadores y está regulado por la ley. Permite dedicar un tiempo a las tareas laborales y otro para la dedicación a la vida personal y familiar. El teletrabajo se ha convertido en una modalidad de trabajo cada vez más popular.

Los Pactos y Acuerdos pueden establecer reglas respecto a la estructura de la negociación colectiva, la resolución de conflictos de interés y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras.

El teletrabajo es una modalidad de trabajo que permite realizar las funciones laborales desde un lugar diferente a la oficina tradicional, lo que permite una mayor flexibilidad y autonomía a los trabajadores. El teletrabajo está regulado por la Ley y exige una serie de condiciones para su aplicación.

La Ley contempla la posibilidad de que los trabajadores puedan realizar su trabajo desde casa o desde cualquier lugar del mundo, pero se requiere de un acuerdo entre la administración y el trabajador para que se pueda desarrollar este tipo de trabajo.

Los Pactos y Acuerdos se cumplen por defecto, pero excepcionalmente pueden ser suspendidos o modificados por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas.

Si no hay un acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogan automáticamente por un año si ninguna de las partes los denuncia.

Una vez que los Pactos y Acuerdos terminan su duración, la vigencia de su contenido se mantiene según lo establecido en los mismos.

Los nuevos Pactos y Acuerdos derogan completamente a los anteriores, excepto los aspectos que expresamente se acuerde mantener.

Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal son los órganos específicos de representación de los funcionarios.