Administración Pública en España

Las normas que regulan las materias reservadas a la ley solo pueden ser establecidas por la ley, no por reglamentos.

Se tendrá por efectuado el trámite y se continúa con el procedimiento cuando el interesado rechaza la notificación.

Los actos administrativos que infringen el ordenamiento jurídico son nulos de pleno derecho.

Los informes son obligatorios para la Administración, pero no vinculantes.

El trámite de audiencia del interesado se puede prescindir cuando no se presenten hechos ni alegaciones diferentes a las ya presentadas.

La resolución no puede empeorar la situación inicial del interesado en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado.

Se debe elegir el medio de ejecución forzosa menos restrictivo para la libertad individual, en caso de haber varios.

La Administración puede declarar la nulidad de los actos válidos en cualquier momento si estos no cumplen con el ordenamiento jurídico.

El Sistema de Seguridad Social en España está compuesto por un régimen general que aplica a la mayoría de los trabajadores y varios regímenes especiales para sectores específicos como los funcionarios públicos o los trabajadores autónomos.

La Administración Pública en España está bajo el control del Gobierno, que es responsable de su organización y funcionamiento.

El recurso de amparo es un mecanismo legal que protege los derechos fundamentales de las personas, y se presenta ante el Tribunal Constitucional.

Las Leyes Orgánicas son leyes estatales que requieren una mayoría absoluta en las Cortes Generales para ser aprobadas, y regulan materias de especial importancia como los derechos fundamentales.

Los Decretos Leyes son normas con rango de ley que son dictados por el Gobierno en situaciones de urgencia. Aunque tienen fuerza de ley, se deben convertir en leyes ordinarias para ser definitivas.

La Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las AAPP establece que los plazos administrativos pueden expresarse en días, meses y años.

Las leyes que establecen la organización y funcionamiento de las comunidades autónomas.

El proceso de transferir responsabilidades de un ente público a otro, generalmente de un nivel superior a uno inferior.

Los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales son órganos necesarios o preceptivos, lo que significa que su existencia es obligatoria para el correcto funcionamiento del departamento.

Las leyes que establecen los principios generales para una determinada materia, permitiendo el desarrollo de leyes más específicas.

Las Comisiones Delegadas del Gobierno son órganos colegiados dentro de la Administración central del Estado, es decir, están formadas por un grupo de personas que trabajan en conjunto.

Las Secretarías Generales Técnicas tienen el mismo rango que las Subsecretarías, esto significa que ambas figuras ocupan un puesto de similar importancia dentro de la estructura administrativa.

Normas jurídicas dictadas por los ministros para regular aspectos concretos de su área de responsabilidad.

España se organiza como un estado con un sistema democrático y que garantiza los derechos sociales.

Si la Administración te notifica una resolución sin especificar el recurso que puedes interponer, el plazo o el órgano competente, se considera un acto irregular. Esto significa que la resolución está incompleta y no cumple con lo establecido por la ley.

Las leyes que regulan las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, evitando conflictos.

El órgano que controla las cuentas del Estado y garantiza la legalidad del gasto público.

Los responsables de las diferentes áreas de la administración del Estado.

Son aquellos que se dictan como complemento de la ley a la que desarrollan, ampliando o detallando su aplicación.

Tienen personalidad jurídica propia para ejercer sus competencias, esto significa que pueden actuar en nombre propio y celebrar contratos, adquirir bienes, etc.

Pueden existir o no, no hay un número fijo. No pueden ser Diputados ni asumir la titularidad de un Ministerio.

No es un órgano obligatorio, pero si existe, suele tener rango de Director general y es un órgano superior dentro del ministerio. Puede existir excepcionalmente.

Es una potestad que se ejerce de manera limitada y siguiendo un procedimiento específico.

El Derecho Administrativo es el conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas, el ejercicio de sus poderes y sus relaciones con los ciudadanos.

Son órganos de la Administración del Estado que representan al Gobierno en las Comunidades Autónomas. Actúan como enlace entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

Si no hay respuesta expresa a un recurso de alzada, se considera que la administración rechaza implícitamente la solicitud.

La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencias de los Ministerios se establece mediante un Real Decreto, que es una norma con rango de ley dictada por el Rey a propuesta del Gobierno.

La reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas precisa, en todo caso, de la aprobación de las Cortes Generales mediante una ley orgánica. Esto significa que la reforma de estos estatutos requiere una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados.

Ceuta y Melilla son ciudades autónomas que tienen sus propios Estatutos, los cuales les confieren competencias legislativas. Esto significa que pueden dictar sus propias leyes en ciertas materias.

Las Comunidades Autónomas, mediante sus Estatutos, pueden asumir competencias sobre las materias que no están atribuidas expresamente al Estado por la Constitución. Esto significa que tienen autonomía en las áreas que no están definidas específicamente como competencia estatal.

La alteración de los límites de una provincia es aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Esto significa que la modificación territorial requiere de un proceso legislativo complejo con una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados.

La reserva de ley implica que determinadas materias sólo pueden ser reguladas por ley o norma con rango de ley. Esto significa que no se puede regular alguna materia con un decreto u otra norma de menor rango que una ley.

En los procedimientos relativos al derecho de petición, si la Administración no dicta resolución expresa en plazo, puede entenderse que se ha producido un silencio positivo. Esto significa que la petición se considera aceptada.