Ley 40/2015: Interoperabilidad

Introducción

• La interoperabilidad se encuentra en el artículo 3 de la Ley 40/2015, siendo un principio general de actuación de las administraciones públicas.
• Las administraciones públicas se relacionarán a través de medios electrónicos, asegurando la interoperabilidad y seguridad.
• En fomento de la cooperación, desarrollo, integración y prestación de servicios conjuntos, la interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y procedimientos de compartir datos.
• El objetivo es posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos, evitando pedir la misma información a los ciudadanos.
• Para lograr la interoperabilidad entre administraciones públicas, se necesita un marco jurídico basado en normas, acuerdos o convenios que rijan formas de actuar comunes.
• La Ley 40/2015 regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) en su artículo 156.
• El ENI se materializa en el Real Decreto 4/2010, que establece recomendaciones y criterios para la actuación interoperable de las administraciones públicas.
• Esta guía didáctica tiene como objeto la evaluación y análisis del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) a través del Real Decreto 4/2010.

Concepto y ámbito de aplicación

• El ENI se basa en la interoperabilidad de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, ahora derogada por la Ley 39/2015.
• La Ley 11/2007 define la interoperabilidad como la capacidad de los sistemas de información y procedimientos de compartir datos e intercambiar información.
• La Ley 11/2007 configuró el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), recogido en el artículo 42, para regular la interoperabilidad.
• Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, la normativa anterior quedó derogada, quedando el ENI recogido en el artículo 156 de la Ley 40/2015.
• «El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.»
• La materialización del ENI vino dada por el Real Decreto 4/2010.
• «El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y para evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.»
• La finalidad del ENI es crear las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad semántica, técnica y organizativa de los sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas.
• Permite el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos.
• Las administraciones públicas deben tener en cuenta estas condiciones al tomar decisiones tecnológicas, garantizando la interoperabilidad y evitando la discriminación tecnológica de los ciudadanos.

Objetivos del ENI

• Proporcionar elementos comunes que guíen las actuaciones de las administraciones públicas en materia de interoperabilidad de las tecnologías de la información.
• Proporcionar un lenguaje común para la comunicación eficaz y sencilla entre administraciones públicas.
• Facilitar la implantación de las políticas de seguridad.

Interoperabilidad según el Real Decreto 4/2010

• Cualidad integral: Desde la concepción de los servicios y sistemas a lo largo de su ciclo de vida (planificación, diseño, adquisición, construcción, despliegue, explotación, publicación, conservación, acceso o interconexión).
• Enfoque de soluciones multilaterales: Aprovechar las ventajas del escalado, aplicaciones modulares y multiplataforma para compartir, reutilizar y colaborar.
• Multidimensional: Se entiende y trata desde una dimensión organizativa, semántica, técnica y temporal.
• La multidimensionalidad del ENI se estructura en tres dimensiones: técnica, semántica y organizativa (estructura reflejada en el Real Decreto 4/2010).
• Para comprender la interoperabilidad es importante considerar la durabilidad o permanencia en el tiempo de los datos y la dimensión jurídica o normativa.

Dimensiones reguladas en el Real Decreto 4/2010

• Interoperabilidad organizativa: Capacidades de las entidades y sus procesos para colaborar y alcanzar logros mutuamente acordados en los servicios que prestan.
  • Un órgano administrativo debe ser interoperable con el resto de los órganos y entidades de su administración matriz.
  • Las administraciones públicas deben ser interoperables entre sí.
  • Las relaciones entre personas físicas o jurídicas y las administraciones públicas deben ser interoperables.
• Interoperabilidad semántica: La información intercambiada debe ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no participaron en su creación.
  • Para garantizar la adecuada comunicación, todos los sistemas deben utilizar la estructura del dato.
• Interoperabilidad técnica: Relaciones entre sistemas de servicios de tecnologías de la información, incluyendo interfaces, interconexión, integración de datos y servicios, prestación de información, accesibilidad y seguridad.
  • Consiste en garantizar que los componentes tecnológicos están preparados para interoperar entre sí.
• Interoperabilidad en el tiempo: Interacción entre elementos correspondientes a diversas oleadas tecnológicas.
  • Se manifiesta en la conservación de la información en soporte electrónico.

Manifestación práctica de la interoperabilidad

• Acuerdos interadministrativos.
• Despliegue de sistemas y servicios.
• Determinación y uso de estándares.
• Infraestructuras y servicios básicos de las administraciones públicas.
• Publicación y reutilización de aplicaciones.
• Documentación asociada y otros objetos de información.
• Garantía del acceso a la información a lo largo del tiempo.

Proceso de Establecimiento del ENI

• El ENI está establecido en el artículo 156 de la Ley 40/2015 y materializado en el Real Decreto 4/2010.
• Su creación requirió un trabajo coordinado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
• Participaron todas las administraciones públicas (AGE, autonómicas y locales) a través de órganos colegiados con competencia en administración digital.
• Se contó con las opiniones de las universidades, el ámbito judicial y asociaciones de la industria TIC.
• La elaboración del Real Decreto 4/2010 se basó en la normativa nacional y en instrumentos como el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), materializado por el Real Decreto 3/2010, derogado por el actual Real Decreto 311/2022.
• También se consideraron recomendaciones de la Unión Europea, como el Marco Europeo de Interoperabilidad, elaborado por el programa comunitario IDABC.
• Se tuvieron en cuenta otros instrumentos y actuaciones relacionados con la interoperabilidad: Centro Europeo de Interoperabilidad Semántica, Observatorio y Repositorio de Software de Fuentes Abiertas, Licencia Pública 49 de la Unión Europea y la Decisión 922/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Ámbito de aplicación

• El ámbito de aplicación del Real Decreto 4/2010 se detalla en su artículo 3 y hace referencia al ámbito de aplicación de la Ley 11/2007.
• La Ley 11/2007 fue derogada por las Leyes 39/2015 y 40/2014, por lo que se debe atender al ámbito de aplicación de estas últimas.
• La Ley 40/2015 se aplica al sector público, que comprende:
  • La Administración General del Estado.
  • Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
  • Las Entidades que integran la Administración Local.
  • El sector público institucional.
• El Real Decreto 4/2010 es aplicable a las relaciones que surgen entre las diferentes administraciones públicas.
• La Ley 40/2015 estipula la obligación de las administraciones públicas de comunicarse por medios electrónicos, asegurando la interoperabilidad y seguridad.

Estructura del ENI

• El Real Decreto 4/2010 pretende atender todos los aspectos que conforman la interoperabilidad, con la idea de que las administraciones públicas adecúen su funcionamiento.
• La interoperabilidad con la que las administraciones públicas deben cumplir se estructura en base a los siguientes puntos:
  • Carácter multidimensional.
  • Infraestructuras y servicios comunes.

Carácter multidimensional

• La interoperabilidad narrada a lo largo del Real Decreto 4/2010 implica integrar las diferentes dimensiones que la conforman; la organizativa, semántica y técnica.
• Dimensiones que ya quedaban contempladas en la derogada Ley 11/2007, recogidas en el artículo 41, y han quedado transcritas y desarrolladas en el Real Decreto 4/2010.
• La estructura marcada por el Real Decreto 4/2010 sirve de guía para que las administraciones adecúen su funcionamiento a las previsiones marcadas.
• Se deben realizar ciertos controles o valoraciones del cumplimiento de las medidas interpuestas con el ENI.
• Estos controles se pueden establecer en tres categorías siguiendo el modelo estipulado en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS):
  • Marco organizativo, cuyo cumplimiento exige de ciertas medidas relativas a los aspectos jurídicos, políticas de actuación o determinadas decisiones, frecuentemente referidas a la gobernanza de la interoperabilidad.
  • Marco operacional, cuyo cumplimiento requiere la adopción de prácticas, procedimientos y medidas alineadas con la administración de la interoperabilidad como un conjunto, incluyendo el diseño, la implementación, la configuración y explotación de sistemas interoperables.
  • Medidas técnicas, se refiere a requisitos concretos que permiten garantizar la interoperabilidad, incluyendo formatos, vocabularios o protocolos.
• La interoperabilidad organizativa es regulada en el Capítulo III del Real Decreto 4/2010 (artículos 8 y 9).
• Se determina que las administraciones públicas deben colaborar y permitir una interacción de los servicios, procedimientos y procesos entre administraciones, publicando las condiciones de acceso a los servicios, datos y documentos.
• Se deberán crear inventarios de procedimientos administrativos y servicios prestados, así como de órganos administrativos y oficinas de asistencia en materia de registros.
• De igual manera se deberán incluir aspectos relativos a la publicación de servicios a través de la red de comunicaciones de las administraciones públicas.
• Las administraciones públicas tendrán que regular la forma de creación y mantenimiento de este inventario, que será interoperable con el Inventario de la Administración General del Estado.
• La Administración General del Estado ha puesto a disposición de las diferentes administraciones públicas el Sistema de Información Administrativa (SIA) y el Directorio Común (DIR3).
• Las entidades locales pueden adherirse a dichos inventarios conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional segunda de la Ley 39/2015 y al artículo 65 del Real Decreto 203/2021 para cumplir con la obligación de crear inventarios de procedimientos y órganos administrativos.
• La interoperabilidad semántica es regulada por el artículo 10 del Real Decreto 4/2010.
• Se determina que las administraciones públicas deberán mantener actualizada su relación de modelo de datos de intercambio con la finalidad de compartir la información entre ellas, publicando sus modelos de datos correspondientes en el Centro de Interoperabilidad semántica (CISE).
• La finalidad es garantizar la correcta comunicación entre las diferentes aplicaciones de las administraciones públicas.
• Es necesario que todas las entidades utilicen las estructuras de datos, normalizando dichos datos y codificando y difundiendo dicha normalización semántica para que todas las administraciones tengan acceso.
• El Centro de interoperabilidad Semántica (CISE) es un instrumento definido en el ENI para publicar los modelos de datos de los elementos interoperables que permiten intercambiar información entre las administraciones públicas y entre éstas y los ciudadanos.
• Un modelo de datos es el conjunto de definiciones, interrelaciones y reglas y convenciones que permiten describir los datos para su intercambio, constituyendo el fundamento de la dimensión semántica de la interoperabilidad.
• Los datos previstos para su intercambio se componen de activos semánticos, y los activos semánticos son las unidades lógicas que describen estructuras de datos susceptibles de intercambio, compuesta de una serie de elementos o componentes que lo definen y que son interpretables de forma automática y reutilizables por aplicaciones que no intervinieron en la creación.
• La principal dificultad de la interoperabilidad semántica es la diversidad de lenguajes.
• Una aportación a la interoperabilidad semántica es el lenguaje XML, metalenguaje que sirve para almacenar datos y facilitar su transmisión entre diferentes tecnologías.
• Si una administración quiere intercambiar información, facilitará un fichero con un determinado formato.
• Ambas administraciones deberán acordar previamente la estructura del fichero para que pueda ser interpretable.
• La interoperabilidad técnica es regulada en el artículo 11 del Real Decreto 4/2010.
• Se centra en el uso de los elementos tecnológicos que forman parte de un sistema de información para permitir el acceso e intercambio de datos.
• Las administraciones públicas deberán aplicar lo previsto en la norma técnica de interoperabilidad de catálogo de estándares, utilizando estándares abiertos y de uso generalizado.
• En la mayoría de casos se implementan mediante servicios web y XML.
• La utilización de estándares abiertos facilita el funcionamiento de la interoperabilidad entre las administraciones públicas y asegura la adecuación tecnológica a los ciudadanos, que no tengan que operar con sus propias aplicaciones.
• Esta interoperabilidad está relacionada con la neutralidad tecnológica, evitando la discriminación de los ciudadanos por su elección tecnológica.
• La interoperabilidad temporal no está regulada como tal en el Real Decreto 4/2010, aunque existe una leve previsión en el artículo 6.
• Las administraciones públicas deben tomar las medidas tanto organizativas como técnicas para garantizar la recuperación y conservación de los datos y la información, es decir, de los documentos y expedientes electrónicos.
• Para cumplir con esta interoperabilidad, las administraciones tienen que crear repositorios electrónicos que sustituyan a los archivos tradicionales.

Infraestructuras y servicios comunes

• El artículo 12 del Real Decreto 4/2010 regula el uso de infraestructuras y servicios comunes a utilizar por parte de las administraciones públicas:
  • «Las Administraciones públicas enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que puedan implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes que proporcione la Administración General del Estado para facilitar la interoperabilidad y la relación multilateral en el intercambio de información y de servicios entre todas las Administraciones públicas.»
• Existe un conjunto de infraestructuras y servicios que dan respuesta a las necesidades comunes de la administración pública.
• Las infraestructuras y servicios comunes resuelven las necesidades comunes de las economías de escala, la eficiencia, la flexibilidad y la rapidez en el despliegue de los servicios públicos por el medio electrónico.
• La Administración General del Estado ha puesto en servicio una línea estratégica de infraestructuras y servicios que constituyen la columna vertebral de la administración electrónica (Ejemplo: la Red Sara, interadministrativa que conecta departamentos y integra a todas las Comunidades Autónomas y los diferentes municipios).
• El ENI hace un llamamiento a las administraciones públicas para que conecten sus infraestructuras y servicios con los que proporcione la Administración General del Estado.

Catálogo de servicios de la administración digital

• Contiene una colección de infraestructuras y servicios comunes desarrollados: diseñado para apoyar al procedimiento administrativo.
• Simplifica la cooperación entre administraciones públicas y la relación con los ciudadanos.
• Su objetivo es facilitar la implantación de las previsiones recogidas en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, que configuran un escenario de tramitación electrónica habitual.
• Es necesaria la utilización de servicios comunes, infraestructuras y otras tecnologías.
• El catálogo ofrece las siguientes infraestructuras y servicios comunes:
  • Identidad electrónica para las administraciones, Cl@ve:
    • Plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas y de certificados electrónicos centralizados.
    • Sistema interoperable y horizontal que evita que las administraciones públicas y ciudadanos tengan que implementar y gestionar diferentes sistemas de identificación y firma.
    • Utiliza sistemas de identificación basados en claves concertadas (usuario y contraseña) y certificados electrónicos (incluyendo el DNI-e).
  • Servicio de validación de firmas y certificados online, Valide:
    • Portal de servicios on-line para la validación de firmas y certificados electrónicos.
    • Permite al usuario comprobar si el certificado utilizado es válido y no ha sido revocado, así como la validez de una firma electrónica realizada mediante certificado digital emitido por un prestador reconocido.
    • Dispone de utilidades de valor añadido como la generación y validación de firmas electrónicas.
  • Sistema de información administrativa (SIA)
    • Actúa como catálogo de información sobre tramitación administrativa, incluyendo procedimientos y servicios, tanto dirigidos al ciudadano como propios de las administraciones públicas.
    • Permite mantener actualizado un inventario de información administrativa, clasificando y estructurando los procedimientos y servicios que prestan.
  • Directorio común de unidades (DIR 3)
    • Contiene el inventario estructurado de los órganos administrativos de las administraciones públicas y de sus organismos dependientes.
    • Recoge las estructuras de los diferentes órganos administrativos de las administraciones públicas, como las unidades, oficinas y otras unidades administrativas no orgánicas.
  • Sistema de Interconexión de Registros (SIR)
    • Permite el intercambio de asientos electrónicos de registro entre todas las administraciones públicas (Ley 39/2021 y Real Decreto 4/2010).
    • Elimina el tránsito de papel, aumenta la eficiencia y elimina los costes de manipulación.
    • El intercambio de información se realiza de forma segura y con conformidad legal.
  • Plataforma de Intermediación de Datos (PID)
    • Permite que una administración valide o consulte los datos necesarios en la tramitación de los procedimientos, sin requerir al ciudadano que aporte documentos que ya están en poder de la administración.
    • Simplifica el papeleo, ahorra tiempo, proporciona datos correctos y controla posibles falsificaciones.
  • Infraestructura y Sistemas de Documentación Electrónica (INSIDE)
    • Gestiona documentos y expedientes electrónicos cumpliendo con los requisitos del ENI.
    • Facilita la gestión documental electrónica de los expedientes vivos.
    • Permite almacenar documentos y expedientes en la nube.
  • Archive
    • Es una solución para archivo definitivo de expedientes y documentos electrónicos (Real Decreto 4/2010).
    • Aplicación web de archivo definitivo de expedientes, proporciona para la creación de un sistema de administración de centros de archivo.
    • Cubre todo el ciclo de vida de los documentos y sus sucesivas fases de archivo.
    • Se usa un modelo de referencia para la implantación de un sistema de repositorio digital estandarizado a través de la ISO 14721:2003.
  • Registro electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado (@podera)
    • Permite hacer constar y gestionar las representaciones que los interesados tengan con terceros para que estos puedan actuar en su nombre (Artículo 6 de la Ley 39/2015).
    • Aplicación que permite la inscripción de poderes apud-acta otorgados presencial o telemáticamente.
  • Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones (Notific@)
    • Plataforma para gestionar automáticamente todas las notificaciones y comunicaciones.

Comunicaciones de las administraciones públicas

• Las administraciones públicas deben establecer un plan de direccionamiento e interconexión de redes, tal y como figura en el artículo 14 del Real Decreto 4/2010.
• Se tendrá que contemplar la interconexión de las redes de las administraciones o de sus nodos de interoperabilidad con la red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas, denominada red SARA (Real Decreto 4/2010, artículo 13).
• La Red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) conecta las redes de las administraciones públicas españolas e instituciones europeas, facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios.
• La red SARA tiene como objetivo establecerse como un canal seguro común para las administraciones públicas que deseen intercambiar información.
• El acceso a la red SARA es para las administraciones públicas, no obstante, las entidades privadas pueden desarrollar diferentes aplicaciones o herramientas.
• Para que las entidades privadas que prestan servicios de administración electrónica en la nube obtengan la consideración de Punto de Presencia en la Red SARA (PDP), deben cumplir con las condiciones técnicas impuestas en la Resolución de 4 de julio de 2017.
• La Red Sara es infraestructura para la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas y se caracteriza por:
  • Fiabilidad: permitiendo garantizar la continuidad del servicio.
  • Seguridad: destaca el establecimiento de VPN's (Virtual Private Networks).
  • Capacidad: cubre las necesidades de los ministerios, las comunidades autónomas y las entidades locales.
  • Calidad de servicio: permite dotar a la red de mecanismos de calidad independientemente de la naturaleza del dato transmitido.
  • Punto-Multipunto: modelo de conexión mediante el cual no existe un nodo central.
  • Flexibilidad: posibilidad de evolucionar tecnológicamente.
• Los servicios ofertados a través de la red SARA son:
  • La Plataforma de Intermediación de Datos (PID)
  • La Plataforma @firma
  • Notific@
  • Valide
  • Infraestructura y Sistemas de Documentación Administrativa (INSIDE)
  • Sistema de Información Administrativa (SIA)

Reutilización y transferencia de tecnologías

• El Real Decreto 4/2010 regula la reutilización y transferencia tecnológica.
• Las administraciones públicas podrán aprovechar y reutilizar las aplicaciones tecnológicas de otras administraciones públicas.
• Los derechos de propiedad intelectual y documentación de las aplicaciones, sin contraprestación ni necesidad de convenio (Ej: la gestión de expedientes).
• La reutilización y transferencia de tecnologías queda regulada en el capítulo VIII del Real Decreto 4/2010 (artículos 16 y 17).
• El artículo 157 de la Ley 40/2015 indica: «1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas»
• Las administraciones públicas deberán tener un directorio que recoja todas las aplicaciones objeto de reutilización por otras administraciones públicas, interoperable con el de las demás administraciones públicas y con el Directorio General de Aplicaciones de la AGE.

Firma electrónica y certificados

• El capítulo IX del Real Decreto 4/2010 regula la interoperabilidad en la política de firma electrónica y certificados (artículos 18 y 20).
• Las administraciones públicas deben elaborar una política de firma electrónica y certificados aplicable a su ámbito de actuación.
• Conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración, aprobado en 2016.
• Esta norma permite la elaboración de criterios comunes relativos a la autenticación y reconocimiento mutuo de firmas electrónicas y sellos electrónicos basados en certificados electrónicos cualificados o reconocidos.
• La política de firma electrónica y de certificados debe estipular las características técnicas y operativas de la lista de prestadores de servicios de certificación de confianza.
• La interoperabilidad de la firma electrónica y de los certificados se orienta a la posibilidad de verificar de manera automática la firma en cualquier documento electrónico, utilizando sistemas de firmas comunes regulados en la Ley 40/2015 y en el Real Decreto 203/2021.

Recuperación y conservación del documento electronico

• Las administraciones públicas respecto de sus documentos electrónicos deberán establecer medidas para la interoperabilidad, recuperación y conservación.
• Conforme a las normas técnica de interoperabilidad de documento electrónico, expediente electrónico, digitalización de documentos, política de gestión documental y procedimiento de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.
• Se centra en el documento electrónico que debe ser interoperable, mediante la correcta conformación del mismo con los correspondientes metadatos.
• El documento electrónico debe estar regulado por las administraciones públicas, bajo la política de gestión de documentos electrónicos.
• La Política de gestión de documentos debe configurarse para las administraciones públicas den cumplimientos a las estipulaciones marcadas por el Real Decreto 4/2010.
• Deberán establecerse las directrices y responsabilidades para la creación y gestión de los documentos, fiables y disponibles a lo largo del tiempo
• Previsiones en el Real Decreto 4/2010:
  • Los expedientes administrativos que se elaboren deben integran un índice electrónico firmado por el órgano o entidad actuante.
  • Cada documento debe llevar una identificación única e inequívoca (Código Seguro de Verificación. CSV).
  • La asociación de los metadatos obligatorios a los documentos y expedientes electrónicos, a través del esquema de metadatos que se establezca.
  • Medidas relativas a la digitalización de documentos en soporte papel.
  • Medidas relativas a los formatos de los documentos a la hora de proceder a su conservación, preferentemente en formatos correspondientes a un estandar abierto.
  • Creación de archivos electrónicos que contemplen las medidas recogidas en las normas de conservación de los documentos.
  • Directrices sobre la eliminación de documentos y expedientes electrónicos. Establecer las pautas para el intercambio tanto de documentos como de expedientes electrónicos mediante la estructura XML.
• Las medidas recogidas en la política de gestión de documentos se aplicarán con el fin de garantizar la integridad, autenticidad, confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad, calidad, protección, recuperación y conservación física y lógica de los documentos electrónicos.
• Se llevarán a cabo teniendo en cuento los riesgos y plazos durante los cuales deban conservarse los documentos.

Desarrollo del ENI y las normas técnicas de interoperabilidad

• El Real Decreto 4/2010 contiene disposiciones de una naturaleza técnica, donde se estipulan definiciones de conceptos, se regula la red SARA, se proclaman los principios de interoperabilidad.
• Para estipular el desarrollo de las demás disposiciones recogidas en el Real Decreto 4/2010, se debe acudir a su Disposición Adicional Primera.
• Desplega una colección de normas técnicas de interoperabilidad que tratarán los aspectos narrados en el ENI.
• Las normas técnicas de interoperabilidad, son reglas de obligado cumplimiento que forman parte del ENI, aprobadas por el Consejo Superior de Administración Electrónica.
• Las normas técnicas de interoperabilidad son un conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones
  • Las administraciones públicas deben tener en cuenta para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
• Estas normas técnicas de interoperabilidad persiguen satisfacer las necesidades derivadas de la exigencia de que todas las administraciones púbicas se adecúen al ENI.
• Entre las normas técnicas de interoperabilidad destacan:
  • Norma Técnica de Catálogo de Estándares, aprobada por la Resolución de 3 de octubre de 2012.
  • Norma Técnica de Documento Electrónico, aprobada por la Resolución de 19 de julio de 2011.
  • Norma Técnica de Digitalización de Documentos, aprobada por la Resolución de 19 de julio de 2011.
  • Norma Técnica de Expediente Electrónico, aprobada por la Resolución de 19 de julio de 2011.
  • Norma Técnica de Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración, aprobada en 2016
  • Norma Técnica de Protocolos de Intermediación de Datos, aprobada por la Resolución de 28 de junio de 2012.
  • Norma Técnica de Relación Modelo de Datos, aprobada por la Resolución de 28 de junio de 2012.
  • Norma Técnica de Política de Gestión de Documentos Electrónicos aprobada en 2012
  • Norma Técnica de Requisitos de Conexión a la Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas Españolas aprobada en 2011
  • Norma técnica de procedimiento de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos aprobada en 2011
  • Norma Técnica de Modelo de Datos para el Intercambio de Asientos entre las Entidades Registrales (SICRES 4.0), aprobada por la Resolución de 22 de julio de 2021
  • Norma Técnica de Reutilización de Recursos de Información aprobada en 2013
• La anterior norma técnica aprobada mediante la Resolución de 22 de junio de 2021, viene a sustituir a la Norma Técnica de Modelo de Datos para el Intercambio de Asientos entre las Entidades Registrales (SICRES 3.0), aprobada mediante la Resolución de 19 de julio de 2011, normalizando los intercambios registrales entre las oficinas de registro para garantizar su interoperabilidad y, como novedad, permite la adecuación de los intercambios a las nuevas necesidades de las oficinas de asistencia en materia de registro y favorece el avance hacia una tramitación automatizada de la documentación intercambiada.