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Questions and Answers
¿Cuál es el objeto de la Ley según el artículo 1?
¿Cuántos títulos tiene la Ley en total, incluyendo el preliminar?
¿Qué temas cubre el título II de la Ley?
¿Qué tipo de trámites pueden incluirse según el artículo 1?
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¿Qué se incluye en la Ley respecto a los actos administrativos?
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¿Quiénes se consideran interesados en el procedimiento administrativo?
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¿Qué derechos tienen las asociaciones en el procedimiento administrativo?
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¿Qué se requiere para actuar como representante en el procedimiento administrativo?
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¿Qué ocurre si una persona física actúa en representación de otra ante las Administraciones Públicas?
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En el caso de derechos transmisibles, ¿qué pasa con la condición de interesado?
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Para formular solicitudes y renunciar a derechos en nombre de otra persona, ¿qué se debe hacer?
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¿Qué tipo de actos y gestiones se presume la representación sin acreditación?
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¿Qué derecho tienen los ciudadanos en relación con las Administraciones Públicas según el contenido?
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¿Qué pueden hacer los interesados en el procedimiento administrativo en cualquier momento?
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¿Cuál de los siguientes derechos no se menciona en el contenido proporcionado?
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¿Qué derecho tienen los ciudadanos respecto a los medios de identificación y firma electrónica?
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¿Qué se entiende por 'silencio administrativo' en caso de no resolverse un procedimiento en plazo?
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¿Cuál es la condición de acreditación para el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos?
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¿Qué sucede si no se acredita la representación adecuadamente?
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¿Qué pueden hacer las Administraciones Públicas respecto a personas autorizadas?
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¿Cuál de los siguientes es un derecho que tienen las personas ante las Administraciones Públicas?
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¿Qué se requiere para que la representación tenga validez?
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¿Qué lengua pueden utilizar las personas en su relación con las Administraciones Públicas según la ley?
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¿Qué derechos tienen las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?
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¿Qué debe incluir la habilitación de un representante por parte de las Administraciones Públicas?
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¿Qué puede hacer el interesado en cualquier momento durante el procedimiento?
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¿Cuál es el plazo máximo para subsanar la falta de acreditación de la representación?
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Study Notes
Objeto y Ámbito Subjetivo de Aplicación
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece las reglas para la validez y eficacia de los actos administrativos.
- La ley rige el procedimiento administrativo común para todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad.
- El objeto de la Ley es regular el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, con la finalidad de asegurar la eficacia del procedimiento administrativo.
- La Ley se compone de 133 artículos, distribuidos en 7 títulos y 8 disposiciones adicionales.
- El artículo 1 de la LPAC determina que solo mediante ley se pueden incluir trámites adicionales o distintos a los contemplados en la misma. Esto se aplica cuando es eficaz, proporcionado y necesario para alcanzar los objetivos del procedimiento.
De los Interesados: Capacidad, Concepto y Representación
- La ley define quiénes son considerados "interesados" en un procedimiento administrativo.
- Los interesados pueden iniciar el procedimiento o verse afectados por la decisión final.
- La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas es un requisito esencial para ser considerado interesado.
- Las personas jurídicas también pueden ser consideradas interesadas.
- La representación permite que un tercero actúe en nombre de otra persona ante la Administración.
- La representación debe acreditar la identidad del representante y los poderes que tiene reconocidos.
- La Ley establece diferentes formas de acreditar la representación, como el apoderamiento apud acta o la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.
Derechos de las Personas en sus Relaciones con las Administraciones Públicas
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La LPAC reconoce y amplía los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, incluyendo:
- Comunicación con las Administraciones Públicas a través de su Punto de Acceso General electrónico.
- Asistencia en el uso de medios electrónicos.
- Utilización de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.
- Acceso a la información pública, archivos y registros.
- Trato respetuoso y deferente por parte de las autoridades y empleados públicos.
- Exigencia de responsabilidades a las Administraciones Públicas.
- Obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica.
- Protección de datos de carácter personal.
-
El artículo 13 de la LPAC define los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, incluyendo el derecho a:
- Conocer el estado de la tramitación de los procedimientos.
- Identificar a las autoridades y personal bajo cuya responsabilidad se tramita el procedimiento.
- No presentar documentos originales, salvo que la normativa lo establezca de manera excepcional.
- No presentar datos y documentos no exigidos por la normativa.
- Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.
- Obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos.
- Actuar asistidos de asesor legal.
- Cumplir las obligaciones de pago a través de medios electrónicos.
Derechos en Procedimientos Sancionadores
- En los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tienen derechos específicos, como:
- Ser notificados de los hechos que se le imputan, de las infracciones y de las posibles sanciones.
- Conocer la identidad del instructor y la autoridad competente para imponer la sanción.
- Beneficiarse de la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa hasta que se demuestre lo contrario.
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Description
Este cuestionario examina la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, centrada en las reglas de validez y eficacia de los actos administrativos. También aborda aspectos clave como la capacidad de los interesados y la regulación de la iniciativa legislativa dentro de las Administraciones Públicas.
