Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) regula el procedimiento administrativo general en España.

La LPACAP garantiza la audiencia del interesado en el procedimiento administrativo, asegurando su participación y derecho a ser escuchado.

La LPACAP establece que el procedimiento administrativo debe realizarse mediante una norma con rango de ley, no a través de normas reglamentarias.

La LPACAP se basa en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española, que otorga al Estado competencia exclusiva en la regulación del procedimiento administrativo común.

El procedimiento administrativo es un conjunto ordenado de trámites y actuaciones que se realizan para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración.

El procedimiento administrativo es una garantía de los derechos del administrado, ya que le permite participar en el proceso y defender sus intereses.

El procedimiento administrativo es un requisito esencial para la validez de los actos administrativos. La falta de procedimiento puede invalidar la decisión administrativa.

El procedimiento administrativo debe ser rápido, eficiente y transparente, con una participación activa de los ciudadanos.

Este principio garantiza que los procedimientos administrativos se lleven a cabo sin influencias ideológicas o personales que puedan afectar la imparcialidad. Para asegurar esto, se establecen causas para la abstención o recusación de los funcionarios, es decir, situaciones en las que un funcionario debe abstenerse de participar en un procedimiento por razones de conflicto de intereses.

Este principio establece que en caso de duda, el procedimiento administrativo debe resolverse en favor de su continuación. En otras palabras, se debe buscar garantizar el avance del proceso siempre que sea posible, evitando obstrucciones innecesarias.

Este principio implica que el cumplimiento de formalidades específicas no debe ser un obstáculo para la tramitación de un procedimiento administrativo. Por ejemplo, un error en la clasificación de un recurso no debe impedir su procesamiento.

Este principio establece que los servicios públicos de la Administración deben ser gratuitos para los ciudadanos. Esto significa que no se debe cobrar por el acceso a la información, los trámites o la resolución de solicitudes.