Ley 39/2015: Objeto y Ámbito Subjetivo

Objeto de la Ley 39/2015

• Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.
• Regular el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación.
• Establecer los principios a los que se ajustará el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
• Solo mediante ley, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales si es eficaz, proporcionado y necesario.
• Mediante reglamento se podrán establecer especialidades del procedimiento referidas a órganos competentes, plazos, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.

Ámbito Subjetivo de Aplicación

• La ley se aplica al sector público.
• El sector público comprende:
  • La Administración General del Estado.
  • Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
  • Las Entidades que integran la Administración Local.
  • El sector público institucional.
• El sector público institucional se integra por:
  • Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
  • Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, sujetas a esta Ley cuando ejerzan potestades administrativas.
  • Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley.
• Se consideran Administraciones Públicas:
  • La Administración General del Estado.
  • Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
  • Las Entidades que integran la Administración Local.
  • Los organismos públicos y entidades de derecho público.
• Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de funciones públicas atribuidas por Ley o delegadas, y supletoriamente por esta Ley.

Capacidad de Obrar

• Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
  • Personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar según las normas civiles.
  • Menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses permitidos por el ordenamiento jurídico, excepto menores incapacitados cuando la incapacitación afecte a los derechos o intereses en cuestión.
  • Grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica, y patrimonios independientes o autónomos, cuando la Ley lo declare expresamente.

Concepto de Interesado

• Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
  • Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
  • Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión.
  • Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento antes de la resolución definitiva.
• Asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos reconocidos por la Ley.
• Si la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición.

Representación

• Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, salvo manifestación expresa en contra.
• Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas (si previsto en sus Estatutos) podrán actuar en representación de otras.
• Para formular solicitudes, presentar declaraciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otro, deberá acreditarse la representación.
• Para actos y gestiones de mero trámite se presumirá la representación.
• La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho.
• Se entenderá acreditada la representación mediante apoderamiento apud acta (comparecencia personal o electrónica) o inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.
• El órgano competente incorporará al expediente administrativo la acreditación de la condición de representante y sus poderes.
• La falta de acreditación de la representación no impedirá el acto si se subsana el defecto en un plazo de diez días (o superior si es necesario).
• Las Administraciones Públicas podrán habilitar a personas físicas o jurídicas para realizar transacciones electrónicas en representación de los interesados, especificando las condiciones y obligaciones.
• El interesado siempre podrá comparecer por sí mismo en el procedimiento.

Registros Electrónicos de Apoderamientos

• La Administración General del Estado, las CCAA y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos.
• En el ámbito estatal, este registro es el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.
• Los registros generales de apoderamientos no impiden la existencia de registros particulares en cada Organismo.
• Los registros electrónicos deben ser interoperables entre sí para garantizar la interconexión, compatibilidad informática, y transmisión telemática de solicitudes, escritos y comunicaciones.
• Los registros electrónicos permitirán comprobar válidamente la representación mediante la consulta a otros registros administrativos, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.
• Los registros mercantiles, de la propiedad, y los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos.
• Los asientos en los registros electrónicos deben contener:
  • Nombre y apellidos o denominación social, DNI/NIF del poderdante.
  • Nombre y apellidos o denominación social, DNI/NIF del apoderado.
  • Fecha de inscripción.
  • Período de tiempo del poder.
  • Tipo de poder según las facultades otorgadas.
• Los poderes inscritos deben corresponder a:
  • Un poder general para actuar en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
  • Un poder para actuar en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
  • Un poder para realizar trámites específicos.
• El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica o personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
• Los poderes inscritos tienen una validez máxima de cinco años desde la inscripción, pudiendo ser revocados o prorrogados.
• Las solicitudes de inscripción, revocación, prórroga o denuncia del poder pueden dirigirse a cualquier registro y surtirán efectos desde la fecha de inscripción.

Pluralidad de Interesados

• Cuando una solicitud, escrito o comunicación tenga varios interesados, las actuaciones se efectuarán con el representante o el interesado señalado; si no, con el que figure en primer término.

Nuevos Interesados en el Procedimiento

• Si durante la instrucción de un procedimiento sin publicidad se advierte la existencia de personas con derechos o intereses legítimos y directos que puedan resultar afectados, se les comunicará la tramitación del procedimiento.

Sistemas de Identificación de los Interesados

• Las Administraciones Públicas deben verificar la identidad de los interesados mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación social, con el DNI o documento equivalente.
• Los interesados pueden identificarse electrónicamente mediante:
  • Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica.
  • Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico.
  • Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido, con registro previo como usuario y comunicación a la Secretaría General de Administración Digital.
• Las Administraciones Públicas deben garantizar la utilización de los sistemas de firma y sello electrónico cualificados para todo procedimiento, aunque admitan otros sistemas.
• Los recursos técnicos para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español.
• Los datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
• La aceptación de un sistema por la Administración General del Estado servirá para acreditar la identificación electrónica ante todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario.

Sistemas de Firma Admitidos por las Administraciones Públicas

• Los interesados pueden firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
• Cuando los interesados se relacionen electrónicamente con las Administraciones Públicas, se considerarán válidos a efectos de firma:
  • Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica.
  • Sistemas de sello electrónico cualificado y avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico.
  • Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido, con registro previo como usuario y comunicación a la Secretaría General de Administración Digital.
• Las Administraciones Públicas deben garantizar la utilización de los sistemas de firma y sello electrónico cualificados para todos los trámites, aunque permitan otros sistemas.
• Los recursos técnicos para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español.
• Los datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
• Cuando la normativa lo disponga, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación como sistema de firma si permiten acreditar la autenticidad de la voluntad y consentimiento de los interesados.