Ley 29/1998 Jurisdicción Contencioso-administrativa

• Ley 29/1998, de 13 de julio, regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa
• Publicada en el BOE núm. 167 el 14 de julio de 1998

Contenido de la Ley

• Título I aborda el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
• CapítuloI designa el ámbito
• Capítulo II trata sobre órganos y competencias
• Capítulo III expone la competencia territorial de Juzgados y Tribunales
• Capítulo IV explica sobre la constitución y actuación de Salas de lo Contencioso-administrativo
• Capítulo V delimita la distribución de asuntos
• Título II designa a las partes
• Capítulo I determina capacidad procesal
• Capítulo II aclara la legitimación
• Capítulo III concreta la representación y defensa de las partes
• Título III discute el objeto del recurso contencioso-administrativo
• Capítulo I expone la actividad administrativa impugnable
• Capítulo II revela pretensiones de las partes
• Capítulo III aborda la acumulación
• Capítulo IV explica la cuantía del recurso
• Título IV explica el procedimiento contencioso-administrativo
• Capítulo I trata el procedimiento en primera o única instancia
• Sección 1 detalla las diligencias preliminares
• Sección 2 concreta la interposición del recurso y reclamación del expediente
• Sección 3 explica el emplazamiento de los demandados y admisión del recurso
• Sección 4 expone demanda y contestación
• Sección 5 aborda alegaciones previas
• Sección 6 trata sobre la prueba
• Sección 7 revela vista y conclusiones
• Sección 8 desarrolla la sentencia
• Sección 9 discute otros modos de terminación del procedimiento
• Capítulo II explica el procedimiento abreviado
• Capítulo III indica recursos contra resoluciones procesales
• Sección 1aborda recursos contra providencias y autos
• Sección 2 expone el recurso ordinario de apelación
• Sección 3 explica recurso de casación
• Sección 4 aborda recursos de casación para la unificación de doctrina
• Sección 5 describe recurso de casación en interés de la Ley
• Sección 6 concreta la revisión de sentencias
• Sección 7 revela recursos contra las resoluciones del Secretario judicial
• Capítulo IV explica la ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos
• Título V describe los procedimientos especiales
• Capítulo I concreto el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona
• Capítulo II abarca la cuestión de ilegalidad
• Capítulo III expone el procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos
• Capítulo IV explica el Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado
• Capítulo V revela el procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos
• Título VI explica las Disposiciones comunes a los Títulos IV y V
• Capítulo I indica los plazos
• Capítulo II concreto las medidas cautelares
• Capítulo III describe los incidentes e invalidez de actos procesales
• Capítulo IV aborda las costas procesales
• Disposiciones adicionales
• Disposiciones transitorias
• Disposiciones derogatorias
• Disposiciones finales

Exposición de Motivos

• La Jurisdicción Contencioso-administrativa es una pieza central en el Estado de Derecho
• Las leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845 instauraron esta jurisdicción en España
• La Ley de 27 de diciembre de 1956 le otorgó las características y atribuciones esenciales para controlar la legalidad de la actividad administrativa
• La Ley de 1956 combinó rigor y sencillez, generalizando el control judicial administrativo con excepciones políticas
• La Ley ratificó el carácter judicial del orden contencioso-administrativo, promoviendo la especialización judicial y un procedimiento eficaz
• Los cambios desde la Ley de 1956 exigen nuevas soluciones para la Administración de Justicia
• La Constitución de 1978 garantiza la tutela judicial efectiva, el sometimiento de la Administración a la ley y el control de la potestad reglamentaria
• Su eficacia produjo la derogación implícita de preceptos jurisdiccionales limitativos, generando controversia y necesidad de clarificación
• La jurisprudencia Constitucional extrajo muchas reglas que imponen determinadas interpretaciones de la ley
• La Constitución influye en la jurisdicción a través de principios sustantivos, derechos fundamentales y la estructura del Estado
• En la actualidad, la sociedad es más desarrollada, libre y consciente de sus derechos
• La Administración es extensa, compleja, descentralizada y dotada de recursos
• La litigiosidad entre ciudadanos y Administraciones genera problemas comunes a otros sistemas judiciales administrativos
• Existe falta de mecanismos desfasados para controlar actividades materiales, la inactividad administrativa, y ejecutar decisiones judiciales
• Esto ocurre a pesar del aumento de recursos judiciales, del esfuerzo jurisprudencial y del desarrollo de la justicia cautelar
• La Jurisdicción Contencioso-administrativa atraviesa un período crítico que requiere reformas
• Algunas reformas han sido abordadas por el legislador en textos dispersos, justificando una refundición
• La actual reforma considera trabajos parlamentarios previos, modificaciones parciales, y elementos revelados como inapropiados
• Pretende adecuar el régimen del recurso a los valores constitucionales y tomar aportes de la jurisprudencia
• A su vez, persigue dotar a la jurisdicción de los instrumentos necesarios a la luz de las circunstancias actuales
• Esta reforma compagina la tutela judicial contencioso-administrativa y un criterio favorable a las acciones y recursos
• Busca agilizar la resolución de litigios sin concesiones formalistas
• Existe preocupación por el equilibrio entre garantías, la calidad de las decisiones judiciales, la celeridad procesal y la efectividad de lo juzgado
• Una justicia ágil y de calidad no depende solo de una reforma legal
• El control de la legalidad administrativa puede y debe ejercerse por vías complementarias a la judicial
• El régimen legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa debe adaptarse a las condiciones actuales para hacer posible ese objetivo
• Esta reforma es tanto continuista como renovadora, manteniendo la naturaleza judicial la doble función garantizadora, conservando lo funcionado bien
• La amplitud de las transformaciones demandan una revisión general imposible con simples retoques de la legislación anterior, pretende responder a los retos actuales
• Asimismo, pretende introducir preceptos y cláusulas generales que la doctrina y la jurisprudencia corresponda dotar de contenido preciso

Ámbito y Extensión

• La Ley define el ámbito, el alcance y los límites de la Jurisdicción Contencioso-administrativa respetando la tradición
• Hay control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo
• Es necesario actualizar el concepto de Administración pública ateniendo a los cambios organizativos
• Se confirma la sujeción al enjuiciamiento de actos y disposiciones de otros órganos con naturaleza materialmente administrativa
• La Ley atiende a un problema práctico, consistente en asegurar la tutela judicial de quienes resulten afectados en sus derechos
• Es trascendental que se limita a enjuiciar las pretensiones deducidas en relación con las disposiciones de rango inferior a Ley y con los actos y contratos administrativos en sentido estricto
• Lo que justifica la es asegurar el exacto sometimiento de la Administración al derecho en todas las actuaciones que realiza como poder público
• Se somete a control jurisdiccional la actividad de la Administración pública de cualquier clase sujeta al Derecho Administrativo articulando acciones
• El orden contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones suscitadas en relación con los contratos administrativos y los actos separables de preparación y adjudicación
• La vía contencioso-administrativa se adapta a la legislación de contratos, evitando la aplicación del Derecho privado en actuaciones de utilidad pública
• La Jurisdicción Contencioso-administrativa conoce las cuestiones sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración pública
• La singularización del ámbito material incluye la atribución de ciertas competencias a otros órdenes jurisdiccionales por razones pragmáticas
• La Ley ya no recoge la relativa a los actos políticos del Gobierno, en contra un sometimiento pleno al ordenamiento jurídico

Órganos y Competencias

• La reforma de los aspectos organizativos debe considerarse prioritaria para responder con eficacia
• Novedad al regular las competencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo descongestionando a Tribunales
• La complejidad técnica de muchos asuntos y la trascendencia política requieren resolver la controversia para implantar definitivamente los Juzgados
• El problema definen la competencia de los Juzgados mediante un sistema de lista tasada para atribuir un conjunto de competencias uniformes
• Es posible aportar remedio a la saturación que soportan los Tribunales Superiores de Justicia, obteniendo un conjunto de competencias razonables
• Se regulan las competencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, con jurisdicción en toda España

Las partes

• La regulación de las partes se fundaba en un criterio sustancialmente individualista ha sido superada y corregida por normas posteriores
• La nueva Ley se limita a recoger las sucesivas modificaciones, clarificando puntos oscuros y sistematizando los preceptos
• Se pretende que nadie, persona física o jurídica, privada o pública, con capacidad jurídica suficiente y titular de un legítimo interés quede privado del acceso a la justicia

Artículo 1

• Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo
• Así como con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación
• A estos efectos, se entenderá por Administraciones públicas:
• La Administración General del Estado
• Las Administraciones de las Comunidades Autónomas
• Las Entidades que integran la Administración local
• Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales
• Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:
• Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados
• Del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo
• Así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo
• Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial
• La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

Artículo 2

• El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:
• La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
• Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas
• Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas
• Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos
• La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
• Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley

Artículo 3

• No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
• Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública
• El recurso contencioso-disciplinario militar
• Los conflictos de jurisdicción jurisdicción entre los Juzgados y tribunales
• Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas forales

Artículo 4

• La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales No pertenecientes al orden administrativo, pero directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo
• La decisión que se pronuncie No producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente

Artículo 5

• La Jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable
• Los órganos de este orden jurisdiccional apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días
• En el supuesto previsto en el apartado anterior, si la nueva demanda que se formule ante el juzgado o tribunal competente del orden jurisdiccional indicado en la referida resolución se presenta en el plazo de un mes desde que fuera notificada
• Se entenderá presentada en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo
• Al objeto de acreditar tales extremos la parte interesada podrá solicitar testimonio de los particulares necesarios