Resumen Tema 11 - Transparencia

Si la petición se hace de manera oral, debe registrarse electrónicamente con los detalles mencionados en la sección anterior.

Las unidades responsables de la información y las oficinas de información ofrecen ayuda para acceder a la información.

El solicitante no necesita explicar por qué solicita la información.

Si una petición es imprecisa, se le pide al solicitante que la aclare en 10 días. Si no lo hace, se considera que se ha retirado la petición.

Se rechazan peticiones que incluye información en proceso de elaboración o publicación general.

Peticiones que buscan información auxiliar, de apoyo, o que requiere reelaboración se rechazan.

Las peticiones que se dirigen a una entidad que no tiene la información solicitada, se rechazan.

Las peticiones que son repetitivas, abusivas o revelan datos personales se rechazan.

Las resoluciones sobre acceso a la información pública son la última etapa de la vía administrativa y se puede apelar directamente a la justicia contenciosa-administrativa, sin necesidad de pasos previos.

Puedes pedir acceso electrónico a la información pública. Si no es posible, o prefieres otro medio, puedes solicitarlo de otra forma.

La información se entrega en el formato que solicitaste, a menos que no sea posible.

La consulta directa a las fuentes de información y el acceso al lugar donde se encuentra la información se puede denegar si compromete la seguridad o la preservación de la información.

Si se concede el acceso a la información, pero un tercero se opuso, solo se permitirá acceder a la información después de que el plazo para apelar a la justicia haya terminado.

El acceso a la información pública es gratuito, pero las copias y cambios de formato pueden tener un costo.

Se puede apelar a la resolución de una solicitud de acceso ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información antes de recurrir a la justicia.

Las resoluciones dictadas por el Parlamento, Diputado Común, Audiencia de Cuentas y otros órganos similares, solo se pueden impugnar directamente en la justicia.

Las solicitudes de acceso a información que contenga datos personales especialmente protegidos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 Adaptable a la nueva LO 3/20018)

Se concede el acceso a información que contiene datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

Cuando la información solicitada no contenga datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirige la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos anteriores no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.

El procedimiento para solicitar acceso a la información empieza con la presentación de una solicitud al órgano u entidad que posee la información.

La solicitud de acceso a la información debe incluir la identidad del solicitante, la información solicitada, la dirección de contacto y la modalidad preferida de acceso a la información.

El procedimiento de acceso a la información se inicia con la presentación de una solicitud al órgano o entidad que posee la información. La solicitud debe incluir: la identidad del solicitante, la información que se solicita, la dirección de contacto y, en su caso, la modalidad preferida de acceso.

El derecho a acceder a la información pública en la Comunidad Autónoma de Canarias está garantizado para todas las personas, independientemente de su nacionalidad o residencia.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece diversos límites al derecho de acceso, como la seguridad nacional, la defensa o la protección de datos personales. Estos límites deben estar justificados por razones de interés público.

La Ley de Transparencia establece un procedimiento para solicitar el acceso a la información pública. Este procedimiento incluye la presentación de la solicitud, la resolución por parte del órgano competente y la posibilidad de recurrir la decisión en caso de denegación o incumplimiento del plazo.

La información pública se divide en varios tipos: información de la administración pública, información de las fundaciones públicas y información de entidades privadas que prestan servicios públicos. Cada tipo de información tiene un órgano específico para resolver las solicitudes de acceso.

Cuando la información solicitada contiene datos personales, la Ley de Protección de Datos debe ser aplicada. Esto significa que el acceso a la información personal solo es posible en ciertos casos y con ciertas limitaciones.

Si la información solicitada no se encuentra en su totalidad, el derecho de acceso puede ser parcial. Esto significa que se tiene acceso a la información que se encuentra disponible, mientras que la restante se justifica legalmente.

La ley establece diferentes medios de impugnación para cuando se considera que se ha infringido el derecho de acceso o se ha incumplido el procedimiento. Entre estos medios se encuentran la reclamación previa, el recurso administrativo y el recurso judicial.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias establece un marco jurídico para la transparencia y la participación ciudadana. Su objetivo es garantizar el acceso a la información pública como un derecho fundamental.

Si el órgano que recibe la solicitud no es competente para responder, debe indicar a qué órgano se debe dirigir el solicitante.

Si la información proviene de otro órgano, la solicitud se envía a ese órgano para que decida sobre el acceso.

Se permite a terceros afectados por una solicitud la posibilidad de presentar alegaciones en un plazo de 15 días.

El solicitante es informado de la audiencia de terceros y del plazo máximo de un mes para resolver la solicitud.

Si no hay respuesta en el plazo máximo para resolver, la solicitud se entiende como rechazada.

La resolución puede ser 'inadmitir la solicitud', 'conceder o denegar el acceso', 'fijar la modalidad de acceso'.

Las resoluciones deben estar motivadas en los casos de rechazo total o parcial, acceso a través de otra modalidad, o acceso con oposición de terceros.

Si la información ya ha sido publicada, la resolución solo indica cómo acceder a ella.