Ley 11/2006 de Hacienda Pública Canaria

La Ley 11/2006 de 11 de diciembre de Hacienda Pública Canaria se encarga de regular la gestión financiera y económica del sector público autonómico de Canarias.

El sector público autonómico de Canarias comprende diversos organismos, incluyendo la Administración pública, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones públicas y consorcios.

La Ley 11/2006 regula el presupuesto, las finanzas, la contabilidad y el control de los fondos que no poseen personalidad jurídica y que reciben financiación mayoritariamente de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Parlamento de Canarias goza de autonomía presupuestaria y financiera, por lo que la Ley 11/2006 no se aplica a él. Sin embargo, existe coordinación entre la Cámara y la Comunidad Autónoma para la elaboración del proyecto de ley de presupuestos generales.

La Ley 11/2006 clasifica el sector público en categorías para su mejor organización y control.

Las entidades públicas que no forman parte de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero que realizan actividades de interés público, también se incluyen en el sector público autonómico.

Los organismos autónomos son entidades públicas que dependen de la Administración pública pero que tienen cierta autonomía para gestionar sus actividades y recursos.

Son los recursos económicos que posee la Hacienda Pública.

Los tributos y otros derechos económicos que pertenecen a la Administración Pública de Canarias y entidades del sector público.

Se refiere a los derechos de propiedad intelectual, patentes y derechos comerciales.

La gestión de los derechos económicos de la Hacienda Pública.

No se pueden vender, gravar o arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública.

No se pueden conceder exenciones, condonaciones, rebajas o moratorias en el pago de los derechos de la Hacienda Pública.

Las controversias sobre los derechos de la Hacienda Pública se resuelven mediante un decreto del Gobierno.

Se regulan por la Ley y las normas especiales aplicables.

Si la Administración no paga al acreedor dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, debe pagar intereses sobre la cantidad debida.

El derecho a reclamar el pago de obligaciones ya reconocidas o liquidadas prescribe a los cuatro años si no se reclama por el acreedor o sus derechohabientes.

El derecho al reconocimiento o liquidación de una obligación por la Hacienda Pública prescribe a los cuatro años si no se ha solicitado presentando los documentos justificativos.

Las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública que han prescrito, causan baja en las cuentas tras la tramitación del expediente correspondiente.

El plazo para concluir el procedimiento de modificación presupuestaria para un pago es de tres meses desde la notificación de la resolución judicial.

La legislación específica de Canarias regula la extinción de deudas entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales mediante compensación.

Las leyes que regulan los ingresos públicos pueden establecer sistemas de cuenta corriente para facilitar la compensación y el pago de deudas con la Hacienda Pública.

Las entidades públicas del sector autonómico pueden saldar deudas con la Administración de Canarias mediante compensación si las deudas son vencidas, líquidas y exigibles.

Las entidades públicas del sector autonómico pueden compensar deudas entre sí si son vencidas, líquidas y exigibles.

La ley determina cómo se pueden tratar unitariamente los créditos y débitos frente a la Hacienda Pública a solicitud del contribuyente.

Los derechos de la Hacienda Pública prescriben a los cuatro años, salvo que las leyes reguladoras de los recursos establezcan otro plazo.

La prescripción de los derechos de la Hacienda Pública se interrumpe de acuerdo con las normas tributarias y se aplica de oficio.

Los derechos de la Hacienda Pública declarados prescritos deben darse de baja en las cuentas, previa tramitación del correspondiente expediente.

Se refiere a los derechos económicos de naturaleza pública, distintos de los tributos, que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y otras entidades sujetas al derecho público recaudan.

Es un procedimiento para reclamar contra actos administrativos de la Administración Pública de Canarias relacionados con derechos económicos de naturaleza pública.

Se refiere a la posibilidad de no cobrar deudas cuyo valor sea inferior a un límite mínimo establecido, debido a que el coste de la recaudación es mayor que la cantidad a recaudar.

La Hacienda Pública puede posponer o dividir el pago de las deudas que se deben en función de la normativa del derecho privado.

Las obligaciones de pago a la Hacienda Pública provienen de diferentes fuentes y se pueden reclamar mediante los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

El consejero competente en materia de Hacienda puede aplazar o fraccionar las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública en casos de derecho privado.

Las obligaciones de la Hacienda Pública se originan por la ley, contratos legales y acciones que, según la ley, las generan.

Para ser exigibles, las obligaciones de la Hacienda Pública deben surgir de la ejecución del presupuesto, sentencias judiciales firmes u operaciones no presupuestarias autorizadas.

Si una obligación se basa en servicios, el pago solo se realiza si el acreedor cumplió o garantizó su parte del acuerdo.

Las obligaciones de la Hacienda Pública se extinguen por las mismas causas que se aplican en el Código Civil y el resto del sistema jurídico.

Los bienes y derechos de la Hacienda Pública que están destinados a servicios o funciones públicos no pueden ser embargados.

El órgano administrativo competente debe cumplir las sentencias judiciales que obliguen a la Hacienda Pública, incluso con otras alternativas de ejecución.

El pago de las obligaciones de la Hacienda Pública se realiza con cargo al crédito presupuestario correspondiente, siguiendo las reglas del presupuesto.

En procedimientos concursales donde la Hacienda Pública comparte intereses con otras entidades del sector público canario o con procedimientos judiciales o administrativos de ejecución singular correspondientes a las mismas, se establecerán reglamentariamente mecanismos de coordinación.

Cuando la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias compite con otros entes del sector público autonómico, tiene prioridad en el cobro de los créditos.

La Comunidad Autónoma de Canarias disfruta de las mismas prerrogativas y beneficios fiscales que la ley establece para el Estado, en el ámbito de sus competencias.

Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública se adquieren y nacen de acuerdo con la normativa reguladora de cada derecho.

Los derechos de naturaleza pública se extinguen por las causas establecidas en las normas de carácter tributario y las demás previstas en las leyes, como la prescripción o la compensación.

Las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública se pueden extinguir total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por la misma a favor de la persona deudora, bajo ciertas condiciones reglamentarias.

Las deudas de naturaleza pública, tanto en gestión recaudatoria como ejecutiva, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por la Hacienda Pública a favor de la persona deudora, según las normas reglamentarias.

La custodia de fondos públicos puede ser encomendada a entidades privadas, las cuales deben brindar una garantía según lo establecido en la normativa.

La recaudación de derechos económicos de naturaleza pública puede llevarse a cabo durante un periodo voluntario o uno ejecutivo, aplicando las normas de la legislación tributaria.

Las providencias de apremio para derechos económicos de naturaleza pública distintos de los tributos son emitidas por los Servicios de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.

La cobranza de los derechos de naturaleza pública se realiza conforme a los procedimientos administrativos correspondientes, con las mismas prerrogativas establecidas para los tributos.

La Hacienda Pública tiene derecho a la abstención en los procesos concursales, pero puede suscribir acuerdos o convenios con el deudor.

Se pueden acordar condiciones especiales de pago para la Hacienda Pública, siempre que no sean más favorables para el deudor que las de un posible acuerdo o convenio.

La Hacienda Pública puede compensar sus créditos en los términos establecidos en la normativa de ingresos públicos.

La autorización del órgano competente en materia tributaria es necesaria para la suscripción de acuerdos y convenios en materia de créditos de la Hacienda Pública.

La Ley 11/2006 regula la actividad económica-financiera del sector público autonómico de Canarias.

La Administración pública de Canarias, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones públicas y consorcios conforman el sector público autonómico.

La Ley 11/2006 regula el régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control de los fondos sin personalidad jurídica que reciben financiación mayoritariamente de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

El Parlamento de Canarias tiene autonomía financiera, por lo que no se le aplica la Ley 11/2006. Sin embargo, hay coordinación con la Comunidad Autónoma para la elaboración del presupuesto general.

La Ley 11/2006 divide el sector público en categorías para facilitar su organización y control.

La Ley 11/2006 no se aplica a las empresas privadas.

Los organismos autónomos son entidades públicas que dependen de la Administración pública pero que tienen cierta autonomía para gestionar sus actividades y recursos.

La compensación de deudas entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales con la Administración Pública de Canarias se regula por la legislación específica de Canarias.

El derecho de la Hacienda Pública a reconocer o liquidar créditos prescribe a los cuatro años desde que pudo ejercerse ese derecho.

El derecho al cobro de los créditos reconocidos o liquidados prescribe a los cuatro años a contar desde la fecha de su notificación o, si no es preceptiva, desde su vencimiento.

El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos prescribirá a los cuatro años.

El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes, prescribirá a los cuatro años.