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Questions and Answers
¿Qué garantiza la Constitución según el artículo 9.3 CE?
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¿Cómo se menciona el principio de legalidad en la Constitución?
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¿Cuál es la implicación del artículo 9.1 CE en relación al principio de legalidad?
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El principio de legalidad implica que las acciones de la administración deben estar:
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La falta de referencia a la Administración en el artículo 9.3 CE sugiere que:
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¿Cómo se relaciona el principio de legalidad con el ejercicio de la Administración pública?
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En el contexto del artículo 9.1 CE, ¿cuál es la importancia de la legalidad para los ciudadanos?
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¿Qué significa que la Constitución no mencione explícitamente a la Administración en relación con el principio de legalidad?
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¿Qué consecuencias podría tener la violación del principio de legalidad en la Administración?
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¿Cómo se puede considerar el principio de legalidad como una garantía ante el poder administrativo?
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¿Qué se entiende por el principio de legalidad administrativa?
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Según el artículo 9.1 CE, ¿cuál es uno de los principios fundamentales que debe regir la actuación administrativa?
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¿Qué implicaciones puede tener la violación del principio de legalidad por parte de la administración?
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El principio de legalidad se considera una garantía ante el poder administrativo porque:
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Study Notes
Lección 5: El Principio de Legalidad Administrativa
- El artículo 9.3 de la Constitución Española (CE) garantiza el principio de legalidad.
- El artículo 9.1 CE establece la sujeción de los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
- El artículo 97 CE establece que el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- El artículo 103.1 CE establece que la Administración pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- La vinculación de la Administración a la ley es al menos igual a la de los ciudadanos, aunque se rige por el Derecho Administrativo.
- La Administración no puede contradecir el ordenamiento jurídico (vinculación negativa).
- La vinculación de la Administración a la ley puede ser más intensa, pudiendo actuar sólo conforme a lo permitido por el ordenamiento (vinculación positiva).
La Vinculación Negativa al Ordenamiento
- La Administración no puede vulnerar el ordenamiento jurídico.
- Las decisiones o actuaciones (u omisiones) de la Administración no pueden contradecir las normas abstractas del ordenamiento.
- La Administración tiene una vinculación negativa al Derecho, sus actuaciones y decisiones no deben contradecir las normas generales.
Vinculación Positiva al Ordenamiento
- La Administración no puede ejercer su actividad como los ciudadanos lo hacen, sino que su actividad está condicionada por el Derecho.
- La Administración no configura su actividad libremente, sino que el ordenamiento le atribuye potestades y orienta su actuación hacia ciertos fines.
- La Administración necesita una regla jurídica que le autorice a actuar (atribución de potestades por el ordenamiento).
- El ordenamiento atribuye a la Administración su potestad para actuar, limitándola y condicionándola.
Potestades Administrativas
- La Administración actúa en base a potestades atribuidas por el ordenamiento.
- Las potestades tienen una finalidad de interés general.
- La Administración actúa en ejercicio de potestades (jurídicas).
- La atribución de potestades se hace mediante normas jurídicas (leyes, reglamentos).
- Las potestades no significan solo el ejercicio de autoridad, sino cualquier posibilidad y obligación jurídica de actuar.
Conceptos Jurídicos Indeterminados
- Las normas pueden utilizar conceptos jurídicos indeterminados, que precisan de la aplicación de criterios para su interpretación.
- Este tipo de conceptos no determina con exactitud el supuesto de hecho, sino que deja margen a la discrecionalidad administrativa dentro de la ley.
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Description
En esta lección, exploraremos el principio de legalidad administrativa según la Constitución Española. Se analizarán los artículos que garantizan la sujeción de los ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento jurídico, así como la vinculación de la Administración a la ley. Este conocimiento es esencial para entender el funcionamiento del Derecho Administrativo en España.
